
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado la reforma constitucional que establece que ningún exfuncionario público reciba pensiones que rebasen la mitad del salario de la propia mandataria, que actualmente es 134 mil 290 pesos mensuales.
La iniciativa presidencial reformaría el artículo 127 de la Constitución y afectaría principalmente a exempleados de empresas públicas estatales como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, su alcance es para funcionarios de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.
Así, el tope a las jubilaciones aplicaría a personal de confianza de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado; sociedades nacionales de crédito y empresas de participación estatal mayoritaria; fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales; administraciones paraestatales y paramunicipales de todas las entidades federativas y municipios.
La iniciativa destaca que los cambios no aplicarán en pensiones de elementos de Fuerzas Armadas, jubilaciones derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales (Afores), y a sistemas de ahorro complementarios financiados por los sindicatos.
En la exposición de motivos, el gobierno federal señala que algunas pensiones y jubilaciones financiadas con recursos públicos, particularmente en el sector paraestatal, donde se han detectado percepciones desproporcionadas frente al promedio de la población mexicana.

Si no se limitan las percepciones excesivas, dice la iniciativa, se pueden comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.
En los artículos transitorios, la iniciativa señala que todas las pensiones actuales que superen el límite del 50% de la remuneración presidencial deberán ajustarse de inmediato, salvo las excepciones de ley. Tanto el Congreso federal como los estatales tienen hasta 90 días para armonizar sus leyes locales.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la llegada del documento e informó que la iniciativa será turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para que dictaminen el documento y pueda ser votado en el pleno del Senado.
La senadora destacó que la reforma implicaría un ahorro de hasta 5 mil millones de pesos cada año, que podrían servir para programas sociales.