La Corte sale de la CDMX y lleva a Tenejapa, Chiapas, el debate sobre los derechos indígenas
Este jueves 26 de febrero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevará a cabo su primera sesión extraordinaria en territorio en el municipio de Tenejapa, Chiapas. Este acto institucional marca la primera vez en la historia reciente del país en que las ministras y los ministros se trasladan fuera de la Ciudad de México para, de manera pública, debatir y votar asuntos constitucionales relacionados con derechos indígenas, pueblos originarios y cultura.
El caso central de la agenda es la discusión del amparo en revisión 344/2025, promovido por autoridades tradicionales tsotsiles de la comunidad de La Candelaria, en San Cristóbal de Las Casas, quienes exigen la creación de un marco normativo claro en Chiapas para el reconocimiento de los gobiernos comunitarios como sujetos de derecho público.
Además del caso de la comunidad tsotsil en Chiapas, los ministros tienen programado analizar un asunto relacionado con el patrimonio cultural del estado de Hidalgo y un amparo promovido por la comunidad rarámuri de Tehuerichi, en Chihuahua, vinculado al derecho a la identidad.
Sin embargo, la elección de esta sede se sustenta también en las características sociodemográficas de la región. De acuerdo con los datos oficiales, Tenejapa es un municipio donde más del 90 % de la población es indígena. En este territorio, los habitantes enfrentan brechas persistentes en el acceso a la educación, la conectividad y los servicios básicos.
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A nivel estatal, Chiapas concentra la tercera población indígena más grande de México y concentra a 12 de los 68 pueblos originarios reconocidos en el país. A la par de esta diversidad cultural, las estadísticas oficiales indican que alrededor del 70 % de la población del estado vive en situación de pobreza multidimensional.
En este contexto geográfico y social, el tribunal revisará tres asuntos que se transmitirán en vivo a través de Plural TV y de las plataformas digitales oficiales de la SCJN.
Propone ordenar a Chiapas legislar sobre autogobierno tsotsil
El primer asunto que se debatirá podría cambiar el rumbo de los derechos indígenas del país, debido a que el proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf propone ordenar al Congreso del Estado de Chiapas crear las leyes necesarias para garantizar el autogobierno y entregar un presupuesto directo a la comunidad tsotsil de La Candelaria.
“La presencia de pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Chiapas reviste una especial relevancia para comprender el desarrollo del constitucionalismo contemporáneo en México. En esa entidad, caracterizada por una notable diversidad cultural y lingüística, coexisten pueblos tzeltales, tsotsiles, ch’oles, tojolabales, mames, zoques y jacaltecos”, se puede leer en el proyecto.
Para fundamentar la necesidad de impartir justicia en estos temas, el proyecto de resolución parte de la premisa de que “México es una nación con una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”.
Asimismo, la ponencia argumenta sobre la deuda histórica hacia estas comunidades, señalando de forma textual que “la dignidad de los pueblos exige hoy un proceso de justicia que transforme la subordinación heredada en participación efectiva, autonomía real y reivindique su autodeterminación”.
El recorrido legal de una comunidad tsotsil hacia el autogobierno
El 28 de noviembre de 2021, la comunidad tsotsil de La Candelaria, ubicada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, celebró una Asamblea Comunitaria en la que sus integrantes acordaron iniciar gestiones para hacer efectivo su derecho al autogobierno.
Como resultado de este acuerdo, el 4 de enero de 2022, una comisión acudió ante el Congreso del Estado de Chiapas para presentar un escrito en el que solicitaron el reconocimiento formal de este gobierno comunitario y de la comunidad como sujeto de derecho público.
Ante la falta de respuesta inicial por parte de los legisladores, las autoridades tradicionales de la comunidad promovieron un juicio de amparo el 17 de febrero de 2022, reclamando la omisión de resolver su derecho de petición.
Días después, el 24 de febrero, el Congreso emitió un oficio de contestación argumentando que la competencia para resolver la solicitud correspondía al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas. Adicionalmente, la autoridad legislativa señaló que no existía en el orden jurídico estatal un procedimiento que reconociera la autonomía y libre determinación de los gobiernos comunitarios.
Frente a esta negativa y la derivación de responsabilidades, la comunidad amplió su demanda de amparo para reclamar formalmente “la omisión legislativa constitucional y convencional para garantizar los derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno indígena”.
En su defensa, los representantes indígenas argumentaron que el Congreso no podía excusarse en la falta de leyes secundarias o trasladar el asunto al ayuntamiento, puesto que tiene la obligación de establecer los procedimientos necesarios para salvaguardar los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.
Tras un largo recorrido en tribunales, el caso fue atraído por la Suprema Corte, donde se propone conceder el amparo a la comunidad y ordenar al Poder Legislativo de Chiapas que trabaje en la creación o adecuación de las leyes necesarias para instrumentar y garantizar el ejercicio efectivo del autogobierno indígena.
