Camionetas blindadas, “robo” de arte y falta de transparencia marcan la primera defensa fallida de la Suprema Corte
La estrategia parecía clara desde el inicio: culpar a los fantasmas del pasado para justificar los tropiezos del presente. Bajo los murales del segundo piso de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministras y ministros intentaron apagar un incendio mediático desencadenado por la compra de nueve camionetas blindadas.
Lo que comenzó como una ofensiva contra la administración anterior que se apagaría con la decisión de “no utilizar” las camionetas blindadas, asegurando que ahora existen nuevas políticas de austeridad institucional, terminó convertido en una defensa ríspida sobre contratos invisibles, acusaciones sin argumentos sólidos y la dudosa salida de una magistrada del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ).
SCJN y la renovación de vehículos blindados: la decisión de “no utilizarlos”
La conferencia, inédita en esta administración, comenzó con el rigor protocolario. Antes de cualquier discurso político, la voz institucional de la Corte dictó las instrucciones de Protección Civil: repliegue a zonas de menor riesgo y no usar elevadores en caso de sismo. Una metáfora involuntaria de su situación actual: una institución que busca su zona de seguridad ante los temblores políticos.
El ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, abrió la sesión con un tono solemne. Reconoció que la compra de camionetas blindadas desató una tormenta, pero argumentó que era una necesidad técnica ante una herencia “chatarra”.
Según el relato del ministro presidente, de la administración anterior recibieron un parque vehicular mermado. Reveló que los ministros salientes, como parte de su haber de retiro, compraron y se llevaron cuatro de las mejores camionetas blindadas adquiridas recientemente, mientras que ellos recibieron vehículos modelos 2019 a 2021, deteriorados y con fallas mecánicas que incluso los han dejado varados en carretera.
No obstante, reconoció que la percepción pública pesa: “hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos”, insistiendo en su idea de asignar estas unidades a jueces y magistrados penales que enfrentan riesgos reales de seguridad en el país.
Pero la verdadera artillería llegó con el micrófono del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien, en un intento por desviar el escrutinio, lanzó una acusación inédita contra los ministros salientes, al asegurar que no solo se llevaron las cuatro mejores camionetas como parte de su haber de retiro sino hasta obras de arte.
“Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la integración anterior, no solamente se llevaron obras de arte, sino que además se llevaron las cuatro camionetas“, dijo con indignación. Así, Arístides cuestionó el privilegio de la vieja guardia: “díganme en qué trabajo les permiten autocomprarse el automóvil a un precio mucho menor al del mercado”.
No obstante, el contraataque se topó con la realidad inmediata. Los periodistas, lejos de conformarse con las culpas al pasado, cuestionaron el presente, asegurando que se habla de una nueva era de apertura, pero los contratos de adquisición de los vehículos no aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El maestro Néstor Vargas, presidente del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), tuvo que admitir las fallas técnicas. Aunque prometió que “todo va a estar en el portal”, reconoció que al intentar acceder a la información, los enlaces fallan.
La fricción en la Corte: renuncia de magistrada, placas de Morelos y supuesta evasión fiscal
La tensión aumentó cuando Animal Político preguntó por un “fantasma” actual: la renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, quien a poco menos de cuatro meses de haber tomado protesta en su cargo presentó su renuncia al poderoso órgano de administración.
La respuesta del ministro presidente fue evasiva: “no conozco yo las razones que la llevaron a tomar esa decisión”. Sin embargo, informó que esta semana la Corte designará a una nueva integrante del OAJ.
El guión de la conferencia se rompió definitivamente cuando un reportero tocó un nervio sensible: la presunta evasión fiscal por parte de los ministros.
El reportero cuestionó si las nuevas camionetas habían sido emplacadas en el estado de Morelos para no pagar tenencia en la Ciudad de México, sugiriendo la comisión de delitos fiscales por parte de los “garantes de la Constitución”.
El ministro Aguilar perdió la compostura institucional. Visiblemente molesto, reviró: “yo la verdad estoy impresionado con este tipo de notas. Es falso. No se han emplacado los vehículos, menos en el estado de Morelos”.
Aguilar aseguró que se pagó la tenencia en la capital y corrigió las cifras: las unidades no costaron 3.5 millones de pesos, sino 2.4 millones ya con blindaje.
Para cerrar, la austeridad volvió a ser cuestionada. Ante la pregunta de por qué el erario debe pagar la comida de los ministros (con un supuesto ahorro de 118 millones de pesos), el ministro Aguilar justificó el privilegio describiendo jornadas extenuantes. “No cualquiera está trabajando de 7 de la mañana a 12 de la noche”.
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El remate de la conferencia encapsuló la contradicción de todo el evento. Tras defender la necesidad de vehículos blindados y luego anunciar que no los usarían por presión social, el ministro presidente lanzó una hipérbole final para intentar conectar con la ciudadanía: “yo, en lo personal, puedo andar hasta en metro, no tengo problema“.
Así, entre promesas de viajar en transporte público y acusaciones de robo de arte, la nueva Corte dejó claro que, aunque intenta cambiar la narrativa, las explicaciones sobre su propia gestión siguen tropezando con la misma piedra que criticaban: la falta de transparencia.
