
Las organizaciones que acompañan a víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo del 2023, rechazaron el nombramiento de Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), en la SEP al argumentar que se busca darle “protección política”.
El 19 de enero, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció la incorporación de Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la dependencia y lo reconoció como un “funcionario ejemplar”.
“Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación Media Superior que está en marcha con el #BachilleratoNacional. Esto se suma a la actualización de la oferta educativa en educación superior que se alinean con los sectores estratégicos del Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar”, escribió Delgado.
Sin embargo, las organizaciones manifestaron su preocupación por la designación, pese a que continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
“Este nombramiento envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”.
En su posicionamiento difundido por la Fundación para la Justicia, señalaron además que el nombramiento no esté respaldado por una trayectoria o experiencia acreditable en el ámbito educativo.
“Esta ausencia refuerza la percepción de que el nombramiento responde más a una lógica de protección política que a criterios de idoneidad y profesionalismo, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones públicas”.
Las organizaciones mencionaron que reciben el nombramiento con indignación, debido a que para las víctimas y sus familias, esto puede interpretarse como un premio inmerecido “que profundiza la impunidad y normaliza el olvido institucional frente a una tragedia que costó vidas. La justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni eludir responsabilidades pendientes”.
Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la presidenta, @Claudiashein, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo.
Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental… pic.twitter.com/jneZ6PzCwk
— Mario Delgado (@mario_delgado) January 20, 2026
Ante las presiones del entonces primer gobierno de Donald Trump a México para que detuvieran a más migrantes en la frontera sur y tras unas negociaciones en Washington con el entonces canciller Marcelo Ebrard para el envío de tropas de la Guardia Nacional, Tonatiuh Guillén, dejó la dirección del INM y Francisco Garduño fue nombrado en junio de 2019.
Desde ese momento, las detenciones de personas sin documentos se dispararon hasta alcanzar niveles nunca antes vistos en México —solo en 2024 casi se alcanzó el millón de detenciones, récord histórico—, al tiempo que se produjo una progresiva ‘militarización’ del instituto con la llegada a puestos clave en las delegaciones de personas que son o fueron militares, o tenían un perfil policiaco.
Pese al alza en detenciones, en abril de 2025, cuando dejó el cargo como titular del INM, Garduño dijo: “me voy con orgullo, misión cumplida”.
Mediante una publicación en redes sociales, el funcionario aseguró que en los seis años de su administración “se dignificó a las personas migrantes” y dijo que le tocó enfrentar la mayor crisis migratoria de los últimos tiempos.

Sin embargo, el aumento en las detenciones no fue el único problema que enfrentó. La noche del 27 de marzo de 2023 se registró un incendio en un centro de detención del INM ubicado a escasos metros del puente internacional que divide Ciudad Juárez de El Paso, Texas. El siniestro ocurrió luego de que algunos de los migrantes, en protesta por las condiciones de detención, quemaron unos colchones.
Ese día, ni personal del INM, ni de la empresa de seguridad privada, abrieron las puertas de las celdas, dejando que 40 personas murieran y otras 27 resultaran lesionadas.
Tras los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que procedería penalmente contra Francisco Garduño por “incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”.
El juez Víctor Manlio Hernández Calderón le otorgó la suspensión condicional bajo varias medidas: ofrecer la disculpa pública, continuar viviendo en la Ciudad de México bajo supervisión, entregar las compensaciones pendientes a las víctimas, realizar cursos de derechos humanos y protección civil, y supervisar periódicamente los centros de detención migratoria para garantizar condiciones adecuadas.
Por el caso, se vinculó a proceso a un migrante y cuatro agentes de seguridad por el incendio.
Tras la decisión del juez, el 26 de septiembre de 2025 y obedeciendo a una orden judicial, dos años y medio después del incendio, Garduño ofreció una disculpa pública a las víctimas directas e indirectas del incendio.
Para las familias de las víctimas, así como para organizaciones de la sociedad civil, la disculpa pública no representó el cierre del caso ni una exoneración de responsabilidades, y se trató de un acto personal, no estatal.