Fuego y olvido: el caso Garduño y las llamas que no se apagan
La noche del 27 de marzo de 2023 olía a plástico derretido, a miedo encerrado, a cuerpos atrapados detrás de barrotes que no cedieron. En la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, los gritos no atravesaron los muros, las llamas sí. A las 21:30, un incendio iniciado con colchones encendidos en protesta —dicen— comenzó a devorar el oxígeno de la celda masculina. Desde las cámaras de seguridad, se ve: los guardias se alejan, algunos miran, otros cierran puertas. No hay urgencia, no hay auxilio.
Los 68 hombres encerrados gritan, golpean los barrotes, patean las paredes. Algunos intentan trepar, otros rezan, todos suplican. Pero el fuego ya ha cruzado su umbral, y lo hace con el silencio de una política que nunca los nombró por su nombre. Cuando por fin se abre la reja, ya es demasiado tarde: 40 migrantes —guatemaltecos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, colombianos— han muerto calcinados o asfixiados. Otros 27 quedaron heridos, muchos de ellos con quemaduras en el rostro, las manos, la memoria.
Cuatro años antes del incendio que reveló la crisis humanitaria en la política migratoria del país, en junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombraba a Francisco Garduño Yáñez como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), tras la renuncia del Dr. Tonatiuh Guillén. Durante la ceremonia de toma de protesta, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó la trayectoria de Garduño y afirmó: “Estoy segura que trabajaremos juntos para cumplir con las instrucciones del presidente e iniciar una nueva etapa en el Instituto”. Por su parte, López Obrador expresó su confianza en Garduño, a quien conocía desde su gestión en la Ciudad de México, y señaló que su trabajo había sido “muy bueno hasta ahora”, subrayando que lo conocía desde hacía muchos años.
¿Cómo se muere en un incendio sin poder escapar? Primero se vuelve espeso el aire. No se ve el fuego, pero se siente: sube la temperatura del aliento, el humo se cuela por la nariz, por la garganta, por los ojos que arden como si lloraran gasolina. La piel se humedece de un sudor extraño —térmico, pegajoso— y la garganta se cierra, como si algo la apretara desde dentro.
Luego, se va el sonido. No porque no haya gritos, sino porque el cuerpo ya está ocupado sobreviviendo a lo mínimo: respirar. El humo negro llena los pulmones como una manta caliente y ácida. Los bronquios se queman. Los párpados se inflaman. Y el cuerpo, aún con vida, comienza a desmayarse por dentro.
Cuando el fuego se hace visible, ya es tarde. Lame la ropa, sube por las piernas, derrite los cordones de los zapatos. Algunos intentan aplastar las llamas con las manos. Otros intentan trepar las paredes o romper con los pies las rejas de acero que no ceden. En ese encierro no hay alarma ni extintor ni agua ni llave.
Los minutos se dilatan, y quienes no mueren calcinados, mueren de asfixia térmica: el oxígeno escapa primero que la vida. El cuerpo se derrumba. La piel se resquebraja. La muerte no llega como un descanso, sino como la imposición de lo irremediable.
En Ciudad Juárez, 40 hombres pasaron por esto. Y nadie, del otro lado de la reja, intentó evitarlo.
El 13 de abril de 2025, un tribunal federal de apelación ratificó la suspensión condicional del proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. A pesar de haber sido imputado por ejercicio indebido del servicio público —cargo relacionado directamente con su responsabilidad jerárquica en la tragedia de Ciudad Juárez—, Garduño no irá a juicio. El tribunal consideró que había cumplido con las condiciones impuestas por un juez en enero: ofrecer una disculpa pública, supervisar centros migratorios, implementar un supuesto plan de reparación del daño y garantizar indemnizaciones. Pero estas medidas, en su mayoría simbólicas y financiadas con recursos del erario, fueron impugnadas por las organizaciones que acompañan a las familias de las víctimas. Denunciaron que la reparación no fue adecuada, que no hubo justicia restaurativa real y que, una vez más, el sistema judicial exoneró al poder político. Aun así, el fallo quedó firme. Garduño, exonerado sin juicio, continuará su vida lejos del humo y del encierro.
El triunfo de la impunidad, castigos selectivos, perdón a los amigos. Mientras Garduño recibe el beneficio de la suspensión condicional y camina libre, al menos cinco funcionarios de menor rango —agentes migratorios y guardias de seguridad privada— siguen detenidos, acusados por omisión o negligencia. Las familias de estos trabajadores denuncian el doble rasero: a ellos, cárcel sin clemencia; a Garduño, la absolución protegida por una vieja lealtad política. “Él sí es amigo del presidente… por eso está libre”, dijo una de las esposas de los detenidos. La justicia, otra vez, midiéndose con vara política.
En Ciudad Juárez, la herida no cierra. A dos años del incendio, colectivos como Casa del Migrante, Uno de Siete Migrando y familiares de las víctimas mantienen vivas las preguntas que el Estado no quiere responder. ¿Por qué nadie abrió la reja? ¿Por qué no hay responsables reales? En actos pequeños, pero constantes —altares improvisados, ofrendas en la banqueta, vigilias frente a la antigua estación migratoria— insisten en que esos 40 nombres no serán borrados. “No fue un accidente, fue abandono. Los dejaron morir”, repite doña Irma, madre de un joven hondureño que buscaba cruzar a Texas. Cada palabra suya resiste el olvido. Cada vela encendida en Juárez ilumina lo que el fallo judicial intenta oscurecer.
¿México no aguanta más? Los agravios se acumulan, la justicia sigue siendo una promesa postergada, y los mecanismos del Estado parecen diseñados para proteger a los aliados mientras castigan a los de siempre. La muerte de 40 migrantes en una celda cerrada no puede explicarse solo como una tragedia: fue el resultado de decisiones políticas, de omisiones estructurales, de una mirada que convierte a las personas en cifras prescindibles. Hoy, la exoneración de Francisco Garduño envía un mensaje inquietante: el poder, una vez más, actúa como si pudiera salir ileso del fuego que ha contribuido a encender. Pero hay heridas que no se cierran, hay memorias que no se apagan. Y aunque el expediente se archive, lo que pasó esa noche en Ciudad Juárez seguirá ardiendo en la conciencia de un país que no debería acostumbrarse.
Kilmar Ábrego está encarcelado en El Salvador pese a que no tiene antecedentes penales.
La justicia de Maryland le exigió al gobierno de Donald Trump que devuelva a EE.UU. a un hombre que reconoció haber deportado por error a una megaprisión de El Salvador.
La administración Trump envió el mes pasado a Kilmar Ábrego García al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), junto a más de 200 venezolanos y salvadoreños, muchos de los cuales son miembros de las pandillas, según informaron las autoridades sin aportar pruebas.
La Corte Suprema de EE.UU. respaldó parcialmente la semana pasada la orden de la jueza Paula Xinis, que le exigía al gobierno que “facilitara” el regreso del salvadoreño, después de admitir que su deportación fue un “error administrativo”.
Los funcionarios de Trump siguen mostrándose contrarios a la orden, mientras que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo esta semana que no dejará que Ábrego regrese a Estados Unidos.
La jueza Xinis dio este martes al gobierno de Trump dos semanas para brindar más información sobre lo que ha hecho para liberar a Ábrego.
1. Quién es Kilmar Ábrego
Kilmar Ábrego llegó a Estados Unidos desde El Salvador ilegalmente en 2011.
Fue arrestado en 2019 junto a otros tres hombres en Maryland y detenido por las autoridades federales de inmigración.
Ese mismo año, un juez de inmigración le otorgó protección legal contra la deportación sobre la base de que podría estar en riesgo de persecución por parte de las pandillas de El Salvador.
Ábrego, de 29 años, había estado viviendo con su esposa y sus hijos bajo este estatus legal protegido en Maryland hasta el momento en que fue deportado a mediados de marzo.
La esposa del detenido, Jennifer Vásquez Sura, una ciudadana estadounidense, ha dicho que las administraciones de Trump y Bukele “continúan jugando juegos políticos con su vida”.
2. Qué dice la Casa Blanca
La administración Trump informó que la deportación de Ábrego fue un error administrativo. También dijeron que tiene vínculos con la pandilla MS-13, un grupo criminal que figura dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras.
Desde el gobierno de Trump dijeron que un informante confidencial demostró los vínculos de Ábrego con esta banda, algo que los familiares y abogados del salvadoreño desmienten.
La jueza federal que preside su caso dijo que Ábrego no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en El Salvador, y que los vínculos con las pandillas que se le atribuyen son “una acusación singular y sin fundamento”.
Ábrego García no ha sido acusado de tener vínculos con las pandillas.
Bukele dijo este lunes en un encuentro que mantuvo con Trump en la Casa Blanca que no enviaría de vuelta a Ábrego García porque “no nos gusta mucho liberar a los terroristas en nuestro país”, a pesar de que no se han visto pruebas que vinculen al joven con el terrorismo.
“La pregunta es absurda”, dijo Bukele, aliado de Trump desde que este regresó a la Casa Blanca en enero. “No tengo el poder de regresarlo a Estados Unidos”.
La Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en la reunión que “depende de El Salvador si quieren regresarlo”.
Bondi dijo que la Corte Suprema dictaminó “que si El Salvador quiere enviarlo de vuelta, facilitará la acción, proporcionando un avión”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que los demócratas y los medios de comunicación dijeron que habían “deportado a un candidato al padre del año”, alegando una vez más que era un miembro de la pandilla MS-13.
3. Su estatus legal
Poco después de su deportación al Cecot, los familiares de Ábrego le exigieron a la administración Trump que lo trajera de vuelta a Estados Unidos.
La jueza Xinis ordenó al gobierno que “facilitara y efectuara” su regreso antes del 7 de abril.
Después de que la administración Trump apelara el fallo ante la Corte Suprema, los jueces dictaminaron unánimemente que la administración Trump debe tratar de “facilitar” su regreso, al tiempo que solicitaron a la jueza del caso que aclare su directiva de “efectuar”.
Los jueces no le dieron al gobierno un plazo para que Ábrego sea liberado.
El martes, la jueza Xinis volvió a ordenar a la administración Trump que proporcionara más información sobre lo que ha hecho para liberar a Ábrego García y agregó que decidiría en dos semanas si el gobierno está actuando de buena fe o en desacato al tribunal.
Un funcionario estadounidense dijo durante el fin de semana que Ábrego García estaba “vivo y seguro” en la megaprisión de El Salvador.
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