Mario Aburto: a 30 años del magnicidio de Colosio, la nueva Corte podría anticipar su libertad
A más de tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, un magnicidio que marcó la historia política de México, el expediente de Mario Aburto Martínez, el único sentenciado por el crimen, llegó nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que podría emitir una resolución que determine su inmediata libertad.
Este miércoles, por mayoría de seis votos, el pleno del máximo tribunal del país decidió ejercer su facultad de atracción para conocer del amparo directo 104/2021, relacionado con la posible reducción de la condena de Mario Aburto a 30 años de prisión. Aburto, de 45 años —señalado como el asesino confeso de Colosio— cumple ya 30 años y 10 meses preso y actualmente se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12, en Ocampo, Guanajuato.
Sin embargo, el debate de fondo no se centra en la autoría material del crimen, sino en el procedimiento judicial, señalado por diversas violaciones al debido proceso, incluyendo alegatos de tortura, fallas en la defensa técnica de Aburto y la aplicación indebida de leyes federales en delitos del fuero común.
Lo que sigue ahora, es que el caso se turne a una de las nuevas ministras o ministros de la Corte, que deberá revisar todo el proceso judicial para elaborar y presentar una propuesta de sentencia que ponga punto final al asunto.
Las irregularidades del caso Colosio que la Corte estudiará
Hace más de 30 años, Mario Aburto fue declarado responsable de los delitos de portación de arma de fuego y homicidio calificado, cometidos en agravio del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que le fue impuesta una pena de 45 años de prisión.
La defensa legal de Aburto promovió años después un juicio de amparo directo (104/2021), resuelto el 5 de octubre de 2023 por un Tribunal federal que determinó anular la sentencia de 45 años de prisión en su contra y ordenó que se le aplicara la pena por homicidio, prevista en el Código Penal de Baja California, que era de 30 años.
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El tribunal federal concedió el amparo a Aburto básicamente porque, desde el 2010 existe una jurisprudencia firme —y, por tanto, obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales— que indica que cuando los jueces federales juzgan delitos del fuero común, relacionados con delitos federales, las normas penales que deben aplicarse son las de la entidad federativa en la que se cometió el delito; es decir, la pena del fuero común y no la federal.
Días después de esta resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo y solicitó a la Suprema Corte atraer el caso. En consecuencia, la extinta Primera Sala de la Corte ordenó reponer el proceso para que la familia del excandidato presidencial fuera tomada en cuenta en el juicio, manteniendo así en prisión al sentenciado.
De haberse confirmado la sentencia en aquel momento, Aburto hubiera recuperado su libertad, desde el 23 de marzo de 2024, tras cumplirse 30 años del magnicidio ocurrido en 1994 durante un acto de campaña en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana.
Caso Colosio vuelve a la Corte
Poco más de un año después, el caso dio un giro inesperado y volvió a la Corte, cuando —tanto integrantes de la FGR, como magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito—, presentaron dos solicitudes de atracción (929/2025 y 947/2025, respectivamente) para que resuelva en definitiva si la condena de Aburto debe reducirse o no de 45 a 30 años.
La votación para ejercer la facultad de atracción culminó con una mayoría de 6 votos a favor de los ministros y ministras: Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte; Lenia Batres Guadarrama; Loretta Ortiz Ahlf; Giovanni Figueroa Mejía; Irving Espinosa Betanzo y Arístides Guerrero Rodrigo García.
Previo a la votación del asunto, el pleno declaró impedida por unanimidad de votos a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra para formar parte de la discusión y resolución debido a que durante nueve años fue titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), órgano que estuvo a cargo de la investigación del magnicidio.
Impacto político: la herida abierta del 94
La posible liberación de Aburto tiene una enorme carga política. Una resolución que lleva a su liberación no solo sentaría un precedente legal sobre la corrección de procesos históricos, sino que reactivaría la conversación pública en torno a la duda que prevalece sobre la investigación y los verdaderos motivos detrás del magnicidio, un tema que el Estado mexicano se esforzó en cerrar desde 1994.
Se espera que en un plazo no mayor a seis meses, la nueva Suprema Corte sesione para abordar el tema, manteniendo durante este tiempo en vilo a la opinión pública sobre una de las decisiones judiciales más sensibles de los últimos 30 años.
