Trump prevé estado de emergencia nacional y uso del ejército para deportación masiva de migrantes
Para entender mejor
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que tiene previsto declarar el estado de emergencia nacional y utilizar al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes.
“Buenas noticias: según algunos reportes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión (permitida por el presidente Joe) Biden a través de un programa de expulsiones masivas”, escribió Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, en la plataforma Truth Social del republicano.
El magnate que asume el cargo el 20 de enero respondió al mensaje con un “¡Es verdad!”.
La guardia nacional es un cuerpo militar bajo el mando del gobernador de cada estado que puede ser convocada para la protección del país en caso de conflicto o desastre.
En abril Trump declaró que esta fuerza “debería ser capaz” de hacerse cargo de las expulsiones de migrantes en situación irregular.
“Si no es así, utilizaría el ejército”, es decir, las tropas federales, declaró a Time.
Desde su victoria contundente en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, el republicano de 78 años ha dado pasos encaminados a aplicar las expulsiones masivas de migrantes, a quienes acusa de envenenar “la sangre” de Estados Unidos, de “infectar” el país, de comer mascotas, de ser “asesinos” y “salvajes”, entre otros calificativos despectivos extremos.
Durante los últimos días se apresuró a nombrar a Tom Homan como “zar de la frontera”. No detalló en qué consistirá el trabajo de este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración (ICE) durante su primer mandato pero el nombre del cargo habla por sí solo.
Homan es partidario de la mano dura en materia migratoria. Entre 2017 y 2018 supervisó una política que provocó la separación de 4 mil niños migrantes de sus padres.
El presidente electo reforzó este nombramiento con otros dos halcones: Kristi Noem a la cabeza del departamento de Seguridad Interior, encargado de la protección de aduanas y fronteras y de la gestión de la migración y Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos.
Muchos economistas también han advertido que una expulsión masiva conlleva un costo exorbitante y tendría un impacto devastador para la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra.
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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