El presidente Joe Biden autorizó a Ucrania a usar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares en Rusia, indicó a AFP un alto funcionario en Washington, horas después de un bombardeo masivo ruso contra la red eléctrica ucraniana.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó informaciones de The New York Times y The Washington Post de que esta decisión se adoptó en respuesta al despliegue de tropas norcoreanas para ayudar a Moscú en la guerra contra Ucrania.
La decisión se dio a conocer horas después de un bombardeo masivo ruso de las infraestructuras energéticas de Ucrania, que dejó al menos 11 muertos y obligaron al país a anunciar cortes eléctricos el lunes.
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La medida se produce en momentos en que se acerca el temido invierno en esas regiones de Europa.
El masivo bombardeo ruso generó una cascada de condenas internacionales contra el gobierno del presidente Vladimir Putin.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el domingo los “inaceptables” ataques rusos, que tuvieron como objetivo “civiles e instalaciones energéticas”.
La jefa de la Comisión Europea, Urusla von der Leyen, calificó de “horribles” los bombardeos, en una entrevista con la TV Globo en Rio de Janeiro, donde se celebrará el lunes y el martes la cumbre del G20.
“Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario […] Puede contar con nosotros”, agregó.
El domingo por la noche, otro ataque ruso con misiles mató a ocho personas, incluido un niño, e hirió a una decena en Sumi, una ciudad del noreste, anunció la fiscalía regional ucraniana.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el domingo que Rusia había lanzado 120 misiles y 90 drones, hacia Kiev, así como hacia el sur, el centro y el extremo occidental del país.
El jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, calificó el ataque como “uno de los mayores” lanzados por Moscú desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.
El ministerio de Defensa ruso afirmó que había alcanzado todos sus objetivos en un ataque contra “infraestructuras energéticas esenciales de apoyo al complejo militar-industrial ucraniano”.
Muchos temen que este tercer invierno de guerra sea el más duro hasta la fecha.
Rusia ya ha destruido la mitad de la capacidad energética de la exrepública soviética con sus ataques con drones y misiles en estos casi tres años de guerra, según Kiev.
También pedía desde hacía tiempo la autorización de usar armas occidentales de largo alcance para atacar bases desde las cuales Rusia lanza sus bombardeos y contrarrestar el evance de las tropas rusas en el este.
Hasta ahora, los países de la OTAN se mostraban reticentes a ese pedido, por temor a una escalada.
Pero Biden, que dejará el poder en enero, acabó por dar esa autorización.
Polonia, un país de la OTAN limítrofe con Ucrania, , se felicitó por esa decisión.
Biden “respondió con un lenguaje que V. Putin entiende” a la reciente “entrada en guerra de tropas norcoreanas y al bombardeo masivo con misiles rusos”, afirmó en la red social X el canciller polaco, Radoslaw Sikorski.
Según Kiev, unos 11 mil soldados norcoreanos ya están desplegados en Rusia y habrían empezado a combatir en la región rusa de Kursk, controlada parcialmente por tropas ucranianas.
El canciller ucraniano declaró que los bombardeos masivos rusos son “la verdadera respuesta” de Putin a los dirigentes “que le llamaron o le visitaron” recientemente.
Kiev manifestó su molestia el viernes por una llamada telefónica entre el jefe de gobierno alemán Olaf Scholz y Putin, la primera desde diciembre de 2022.
Muy criticado por esa conversación telefónica, Scholz reiteró el domingo su apoyo a Ucrania y aseguró que no se tomará “ninguna decisión” sin ella para salir de la guerra.
Hablar con Putin equivale a “abrir la caja de Pandora”, estimó el presidente ucraniano.
A inicios de mes, Putin acogió a varios dirigentes mundiales en una cumbre de los BRICS.
La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses ha reabierto el debate sobre posibles negociaciones con Moscú y Kiev teme que le obliguen a aceptar concesiones.
Trump ha criticado en repetidas ocasiones la ayuda prestada por su país a Ucrania y ha afirmado que podría resolver el conflicto en “24 horas”, sin decir cómo.
Zelenski, que durante mucho tiempo había descartado esa opción, afirmó el sábado que quería poner fin a la guerra en su país en 2025, por “medios diplomáticos”.
Sin embargo, las posturas rusa y ucraniana siguen siendo opuestas: Kiev descarta ceder los territorios ocupados por el ejército ruso, pero Moscú impone esa permanencia como condición a una eventual negociación.
El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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