EU planea exigir historial de redes sociales de los últimos 5 años a turistas exentos de visa
El gobierno de Donald Trump tiene previsto empezar a exigir a los turistas extranjeros exentos de visa que revelen sus historiales en redes sociales de los últimos cinco años antes de entrar en Estados Unidos, de acuerdo con un aviso oficial.
La propuesta, detallada en un aviso publicado el miércoles en el Registro Federal, se aplicaría a visitantes de los 42 países que no precisan visa para entrar a Estados Unidos, entre los que figuran Chile —único latinoamericano en la lista—, Francia, Reino Unido y Japón, por ejemplo.
Actualmente, esos viajeros solo deben solicitar un permiso conocido como Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), que de todos modos les exige proporcionar ciertos datos personales.
Recopilación de datos sería obligatoria
Bajo las nuevas reglas propuestas, la recopilación de datos de redes sociales pasaría a ser una parte “obligatoria” en las solicitudes del ESTA. Los solicitantes tendrían que proporcionar sus historiales de redes sociales de los últimos cinco años, de acuerdo con el aviso.
También tendrían que presentar otros “campos de datos de alto valor”, incluidos números de teléfono de los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico de la última década, datos personales de familiares e información biométrica.
El aviso precisa que el texto se aplicará dentro de 60 días salvo que sea impugnado en la justicia.
La administración Trump ha endurecido las restricciones para entrar a Estados Unidos, como parte de una amplia ofensiva contra la migración.
Junto con México y Canadá, el país será sede del Mundial de 2026, lo que seguramente atraerá a un gran número de aficionados al fútbol de todo el mundo.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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