Detienen a expresidente de Bolivia Luis Arce por presuntos actos de corrupción
El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles por agentes policiales en La Paz, por un caso de presunta corrupción cuando era ministro del exmandatario Evo Morales (2006-2019), según autoridades.
El izquierdista Arce, de 62 años, dejó el poder el 8 de noviembre. Su salida marcó el fin de 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Morales y la llegada al poder del centroderechista Rodrigo Paz.
Fuentes de la fiscalía dijeron a la AFP que Arce deberá responder por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes” y “conducta antieconómica”.
“Quiero felicitar a los efectivos (…) de la División Anticorrupción (…) por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal”, al expresidente Arce, dijo el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, en un video difundido por medios locales.
Cuando Arce era ministro de Economía del gobierno de Morales, presuntamente autorizó transferencias del tesoro público a cuentas personales de dirigentes campesinos, de acuerdo con la denuncia que motivó la detención.
El expresidente pasará su primera noche bajo custodia en una dependencia policial.
Detectan irregularidades en fondo a pueblos indígenas
El supuesto desvío de dinero que compromete a Arce se realizó a través del estatal Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios (Fondioc), que fue cerrado por irregularidades en 2015 y fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena.
Una de las beneficiadas fue la exdiputada izquierdista Lidia Patty, que la semana pasada fue detenida y reveló durante un interrogatorio que el traspaso de dinero fue avalado por el entonces ministro de Economía.
Según la investigación divulgada por la prensa, la exlegisladora recibió cerca de 100.000 dólares para un proyecto de cultivo de tomates.
El jefe del Ministerio Público, Roger Mariaca, señaló que Arce decidió guardar silencio durante la diligencia de este miércoles.
“Ahora esta persona pasa nuevamente a celdas policiales a esperar su imputación formal” hasta que un juez decida las medidas que le corresponden, dijo el fiscal.
Según Mariaca, como los hechos ocurrieron cuando Arce era ministro, será investigado por la justicia ordinaria.
No le corresponde un “juicio de responsabilidaddes”, que implica una aprobación previa del Congreso por su condición de expresidente.
En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno (Interior) Marco Antonio Oviedo señaló que pese a que este caso fue denunciado “hace muchos años atrás”, hoy “se ha dado con el principal responsable de este millonario daño económico” que se estima en más de 51 millones de dólares.
Arce no postuló a la reelección presidencial debido a la impopularidad de su gobierno, en medio de una severa crisis económica.
En la mira
La exministra de Arce (2020-2025) María Nela Prada señaló que el exmandatario fue detenido en el barrio de Sopocachi, cercano al centro de La Paz. “Él se encontraba solo. Lo han subido a un minibús de vidrios negros”, dijo Prada.
Fotos publicadas por la prensa muestran a Arce dentro de un vehículo durante su traslado hacia las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.
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Prada se mostró sorprendida por la captura, pues aseguró que “no se le ha realizado ningún tipo de notificación”.
“Lo habíamos dicho en una oportunidad: Luis Arce va a ser el primero en entrar preso. Y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo”, declaró el vicepresidente Lara.
En su primera semana de gobierno, Rodrigo Paz denunció que encontró un Estado convertido en una “una cloaca de dimensiones extraordinarias” por los presuntos malos manejos de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Al mismo tiempo anunció auditorías a empresas públicas. Esta semana, la fiscalía imputó a seis exejecutivos de la petrolera estatal YPFB por corrupción.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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