
El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó su apoyo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ante la crisis con Estados Unidos, en una conversación telefónica este jueves, según comunicados de Moscú y Caracas.
La llamada se produjo tras la captura por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas de Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe iniciado a fines de agosto con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.
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“Vladimir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa”, informó el Kremlin.
Según la presidencia rusa, ambos mandatarios confirmaron además su “compromiso mutuo” con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económico, energético y comercial.
El gobierno de Maduro informó poco después que los mandatarios “reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales”, según un comunicado de la cancillería venezolana.

Putin dijo a Maduro que “los canales de comunicación directa entre ambas naciones se mantienen abiertos de manera permanente, y aseguró que Rusia continuará apoyando a Venezuela en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina”, indicó el texto.
Maduro, un fiel aliado de Putin, le ratificó al líder ruso que Venezuela “está ganando la batalla por la paz, el crecimiento económico y la estabilidad social”, apuntó la cancillería.
El mandatario venezolano anunció en mayo un nuevo acercamiento entre Moscú y Caracas con la firma de un tratado de cooperación.
Estados Unidos multiplica las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el presidente venezolano, a quien acusa de dirigir un cártel de drogas, lo cual él niega. En una reciente entrevista, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los días de Maduro están “contados”.
Maduro cuestiona las maniobras estadounidenses y afirma que buscan un “cambio de régimen” para apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo venezolanas.

La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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