Casos como el suyo ocurren casi todos los días en México, pero el de Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada convertida en taxista que fue extorsionada y asesinada en Veracruz, conmovió a los mexicanos.

Por su edad de 62 años, por su pasado como profesora, por el video en el que aparece esposada, arrodillada, con una decena de hombres armados y encapuchados pidiendo a sus “compañeros taxistas” que “paguen su cuota o van a terminar como yo”.

“Terminar” como ella, da a entender en el video, sería acabar muertos por negarse a pagar la extorsión —conocida como “derecho a piso”— que los grupos armados cobran no solo a los taxistas de Álamo, el municipio del norte de Veracruz donde estaba Irma, sino a comerciantes, transportistas y demás trabajadores locales

Quizá, también, la conmoción se dio porque muchos mexicanos se vieron identificados con Irma.

Al menos siete taxistas han sido asesinados este año en Veracruz. Pero hay estados, como Guerrero, donde se han registrado 25 casos similares solo este año.

Según cifras oficiales, la extorsión ha aumentado 6 % este año, con un registro de casi 6 mil denuncias de un delito que, en general, la gente teme comunicar a las autoridades por el riesgo que eso implica.

Autoridades no pueden con la extorsión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoce que la extorsión es uno de los delitos —junto con las desapariciones— que su ambiciosa estrategia de Seguridad no ha logrado contener.

Sobre el caso de Hernández, la mandataria lamentó los hechos, prometió cero impunidad, destacó los tres arrestos relacionados realizados por la fiscalía local y apoyó a la gobernadora, Rocío Nahle García, compañera en la coalición de Morena.

García generó polémica cuando destacó que Hernández Cruz había muerto por un infarto, dando a entender que no había sido asesinada.

Luego clarificó: “Es de miserables (con) una familia enlutada llevarlo a niveles de escándalo, pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley, aquí está, la maestra Irma Hernández fue violentada y después de ser violentada, después de ser violentada desgraciadamente sufrió un infarto”.

El médico, en efecto, confirmó que el cuerpo tenía múltiples lesiones externas que posiblemente comprometieron su corazón.

Sheinbaum, aunque no desmintió la versión del infarto, calificó el caso de “homicidio”.

Para muchos mexicanos, en todo caso, la declaración de García sirvió como prueba de la supuesta negligencia de las autoridades. En México, el 90 % de los homicidios no se revuelve y solo el 2 % de las denuncias de extorsión —según cifras de México Evalúa, un centro de estudios— se traducen en condenas.

El poder estructural de los grupos

David Saucedo, uno de los expertos en seguridad más citados del país, explica que el caso no solo revela la incapacidad de las autoridades, sino “un círculo vicioso que les resulta funcional, de lanzar grandes campañas, anunciar arrestos, pero al final seguir en la incapacidad de resolver el tema de fondo”.

El también consultor asegura que la policía estatal veracruzana es “muy endeble” y las policías municipales del norte están “cooptadas por el crimen organizado, que además controla la zona, financia campañas políticas y actúa a voluntad porque no tiene oposición”.

Veracruz es un estado clave para las bandas criminales, porque tiene una larga costa en el Golfo de México que funciona como corredor de tráfico de narcóticos, combustibles y personas migrantes.

Aunque las tasas de homicidios bajaron este año, la extorsión ha aumentado y las tasas de desapariciones —más de 6 mil a mayo de 2025, según Red Lupa— están entre las más altas del país.

La prensa local ha reportado que las autoridades nacionales y locales manejan la versión de que en el norte de Veracruz el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más grandes del país, está en guerra contra el Grupo Sombra, una facción del Cártel del Golfo, por el control de las redes de cobro de extorsiones.

Y este último, bajo la bandera de un conjunto emergente llamado Mafia Veracruzana, es el señalado en el caso de Hernández.

“Al norte de Veracruz los taxistas son obligados a comerciar drogas, hacer halconeo (vigilancia), y es un negocio estable que cuenta con mercenarios contratados. Para eliminar resistencias, seleccionan a alguien que se oponga al derecho de piso y lo matan, y con ese mensaje de muerte logran los pagos”, explica Saucedo.

Un país conmovido

Aunque existen estudios que han reportado cierta normalización de la violencia en México, cada tanto, cada semana tal vez, surgen casos como el de Hernández que conmueven al país.

“Hablar de lo ocurrido es hablar de la deuda estructural que existe hacia las mujeres mayores, con las trabajadoras pensionadas, quienes no tienen un lugar seguro para envejecer”, escribió la abogada Melissa Ayala en El Universal.

El analista Ricardo Raphael publicó en Milenio una carta dirigida a Irma: “Maestra, ruego porque la vida que nos resta a los demás alcance un día para darle vuelta a la página de una época dolorida por la cobardía de unos cuantos y el espanto paralizante de la mayoría”.

Y el periodista Salvador Camarena escribió en El País: “Ahí donde la falla del Estado es sistémica, la extorsión se entroniza como crimen perfecto. Es un delito de delitos y, en el caso de México, la palmaria constatación de que en este país resulta más creíble la amenaza de los criminales que la promesa de las instituciones”.

Detrás del caso, entonces, no solo están los encapuchados armados que forzaron a Irma a grabar ese crudo mensaje.

Detrás, también, está un mundo hostil que limita al tránsito libre, que violenta a las mujeres en cifras alarmantes y que exige a los jubilados trabajar, porque el 60 % recibe un subsidio —no una pensión— de solo US$150 al mes.

Detrás de Irma hay una sociedad harta del crimen y de la incapacidad del Estado. Un país, pues, que pide el fin de la violencia.

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