Procesan a 24 personas por violencia política de género tras privar de la libertad a una alcaldesa en el Congreso de Oaxaca
La Fiscalía de Oaxaca procesó a 24 personas, entre ellas 13 mujeres y 11 hombres, por los presuntos delitos de secuestro y violencia política en razón de género, luego de que este 24 de febrero ingresaran al Congreso del Estado tras una sesión y privaran de la libertad a Italivi Sarahí Juárez Ramírez, presidenta municipal de San Agustín Amatengo.
Los hechos ocurrieron durante una sesión en la que se discutía la revocación de mandato de la alcaldesa. Tras la votación de dicha propuesta, el grupo de personas ingresó al Congreso, sometió a Italivi Sarahí Juárez y la obligó a subir por la fuerza a una camioneta habilitada como ambulancia en la que fue sacada del lugar, según un comunicado.
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Las secretarías de la Defensa (Sedena), Marina, Guardia Nacional y elementos del Gabinete de Seguridad estatal, la Fiscalía de Oaxaca y policías auxiliares desplegaron un operativo en el municipio de San Raymundo Jalpan en el que ubicaron, dieron alcance a dicho vehículo y rescataron a la presidenta municipal de San Agustín Amatenango.
La fiscalía informó que los 24 detenidos, entre ellos el conductor de la camioneta, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El Ministerio Público deberá determinar su situación jurídica.
“La fiscalía de Oaxaca reiteró que lleva a cabo investigaciones integrales y multidisciplinarias con equipos especializados para esclarecer delitos de alto impacto y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables sin permitir la impunidad ante la comisión de cualquier conducta delictiva”, agrega el comunicado.
Irrumpen en el Congreso
Los pobladores ingresaron el pasado 24 de febrero al pleno del Congreso de Oaxaca luego de que legisladores rechazaran la solicitud de revocación de mandato de la presidenta municipal del Partido del Trabajo (PT) y la confrontaron por el supuesto robo de recursos de San Agustín Amatenango.
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“No es justo que esta señora vaya (al municipio) y se robe el dinero. Vamos, dale la cara a tu pueblo. Hay que dar la cara, no hay que ser tan sinvergüenza“, señaló una de las mujeres que ingresó a la sede.
En videos compartidos en redes sociales, se observa cuando varias mujeres persiguieron dentro de los pasillos del Congreso estatal a la presidenta municipal y, posteriormente, la sacan por la fuerza.
“Me están violentando”, dice la funcionaria. “Ayúdenme, por favor, miren cómo me están tratando”. En las mismas imágenes, se muestra el momento en el que la alcaldesa fue subida por varias mujeres al vehículo, en el que fue sacada de la zona.
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El exmandatario alega ser inocente, mientras a las afueras de la Corte se congregaron manifestantes a su favor y una fuerte presencia policial.
Prisión de por vida.
Esa es la sentencia que un tribunal dictó contra el expresidente Yoon Suk-yeol, quien fue declarado culpable de abuso de poder y de planificar una insurrección en Corea del Sur.
En diciembre de 2024, el exmandatario declaró la ley marcial e intentó usar a las fuerzas armadas para ejercer control en el país.
Su intento de golpe duró sólo seis horas, pero puso a prueba la democracia y causó una crisis política, con su partido siendo derrotado en las elecciones siguientes.
En enero, los fiscales dijeron que “la ley marcial de emergencia, inconstitucional e ilegal de Yoon, socavó el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral… destruyendo de hecho el orden constitucional liberal democrático”.
La pena máxima por organizar una insurrección en Corea del Sur es la condena a muerte o cadena perpetua. El Ministerio Público había solicitado la primera.
Durante la audiencia hubo una enorme presencia policial, así como manifestaciones en apoyo al político, en una muestra de lo polarizada que está la sociedad surcoreana en torno a este caso legal.
La ley marcial que declaró Yoon suspendía el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos, e imponía la censura a los medios de comunicación.
Él niega los cargos en su contra.
En el juicio, según la agencia de noticias Reuters, el también exfiscal argumentó que tenía autoridad presidencial para declarar la ley marcial y que su acción tenía como objetivo dar la voz de alarma sobre la obstrucción del gobierno por parte de los partidos contrarios a su administración.
Yoon ya está cumpliendo condena por otra sentencia relacionada con la ley marcial. Aún enfrenta dos juicios más relacionados con ella.
¿Quién es Yoon Suk-yeol?
Nacido en Seúl en 1960, Yoon ganó notoriedad en el país gracias a una larga carrera de fiscal en la que se ocupó de algunos casos destacados de corrupción, como el que salpicó en 2016 a la entonces presidenta Park Geun-hye.
Presentándose como un azote contra los delitos contra el patrimonio público y un “antifeminista” en un momento en el que la sociedad surcoreana parecía muy dividida en torno a cuestiones de género, Yoon desembarcó en la política y fue el candidato del conservador Partido del Poder Popular en las elecciones de 2022.
En los comicios, el político derrotó por un margen inferior al 1% a su rival Lee Jae-myung, del izquierdista Partido Democrático.
Yoon se benefició del rechazo generalizado a la gestión anterior de Mon Jae-in, del Partido Democrático, y alcanzó la presidencia tras una campaña centrada en sus promesas de combatir la corrupción.
El voto de los jóvenes varones atraídos por sus promesas de frenar lo que Yoon considera excesos feministas fue otra de las claves de su victoria electoral.
Según le dijo a la BBC Don S. Lee, profesor de Administración Pública de la Universidad Sungkyunkwan, en Seúl, había “grandes esperanzas” entre sus votantes de que el nuevo gobierno liderado por Yoon “perseguiría valores como la ética, la transparencia y la eficiencia”.
Pero esas expectativas se vieron en gran medida defraudadas por los escándalos en los que se vio envuelto el gobernante y sus allegados.
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