Realizan consulta y aprueban, en dos días, construcción de presa Margarita Maza en Oaxaca, cancelada en 2014
Para entender mejor
El gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), realizó en dos días una consulta en el municipio de Villa Sola de Vega, Oaxaca, para aprobar la construcción de la presa Margarita Maza antes llamada Paso Ancho, proyecto que forma parte del Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La consulta se llevó a cabo los días 6 y 7 de septiembre, en tres asambleas comunitarias, según la Conagua, aunque no especificó en qué comunidades. Las asambleas habrían contado con la participación de representantes de 40 comunidades de la región, que emitieron mil 655 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
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El proceso difiere de los estándares internacionales que exigen que las consultas a pueblos indígenas sean previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas. Fue coordinado por la Conagua, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Gobierno del Estado de Oaxaca.
Un mes antes, la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar informó que ya se había iniciado proceso de licitación de esta obra con la entrega de los paquetes técnicos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Consulta en medio de conflictos entre comunidades
A principios de este mes, cinco días antes de la consulta, autoridades del municipio de San Vicente Coatlán, que mantiene un conflicto agrario con Sola de Vega, advirtieron que continuar la construcción de la presa, sin solucionar el problema, podría ocasionar violencia o enfrentamientos.
La comunidad explicó que parte de la presa será construida dentro de su territorio, el cual disputan desde 1970 con Villa Sola de Vega, por un error en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La aprobación de esta presa también se da a pesar de que ha sido calificada desde 2024 como inviable técnica, social y jurídicamente, además de costosa, por al menos 20 organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano y Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca.
En realidad, la construcción de esta obra inició en 2012 con el nombre de presa Paso Ancho, pero fue cancelada en 2014 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por no contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
En esa fecha, además, se reportaron irregularidades en las empresas responsables de los dictámenes de impacto ambiental, que debían incluir un análisis jurídico. La obra se paró y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca (ahora Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública) inició una investigación, pero hasta la fecha no hay información al respecto, a pesar de un exhorto en el Congreso local para que se informe del resultado.
Falta transparencia, señala observatorio ciudadano en Oaxaca
En marzo de este año, el director general de la Conagua, Efraín Morales López, anunció una inversión total de 4 mil 600 millones de pesos para esta presa, sin embargo, un documento de la plataforma del gobierno federal Compras MX indica una inversión de 7 mil 775 millones de pesos y contempla: presa, obra de toma, acueducto, planta potabilizadora y líneas de interconexión y redes.
La obra contará con una altura de 72 metros y una longitud de 214 metros, capacidad para almacenar cerca de 20 millones de metros cúbicos de agua y un gasto de mil litros por segundo. Autoridades estatales consideran que con eso se garantizaría el derecho humano al agua de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, durante los próximos 50 años.
Ambientalistas como Juan José Consejo Dueñas, del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad en Oaxaca (INSO), consideran que este proyecto representa un retroceso, ya que los paradigmas para enfrentar los temas ambientales han cambiado. Afirma que las presas suelen tener una vida útil de entre 20 y 25 años, un periodo muy corto en relación de lo que cuesta construirlas.
Para el observatorio ciudadano, una obra de esta envergadura constituye un asunto de evidente interés público, por ello, haciendo uso del derecho a la participación pública que se establece en el Artículo 1 del Acuerdo de Escazú, firmado por el Estado mexicano, pide la aplicación de principios de publicidad y transparencia, algo que, dicen, hasta la fecha no ha sucedido.
Además, señalan, sin un proceso de información ni consulta de fondo a los pueblos originarios por donde pasará el acueducto, la comunidad donde estará la planta potabilizadora y finalmente a la población de la zona metropolitana de Oaxaca, esta obra parece emular “el desastroso proyecto de Paso Ancho”.
Las organizaciones, personas, colectivos e instituciones de educación e investigación que integran el Observatorio demandan un diálogo abierto para abordar con transparencia los alcances del proyecto y sus componentes, así como la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional que es un documento clave, y que se pongan a consideración otras alternativas, no sólo para garantizar el abasto hídrico, sino para encontrar formas sustentables, y medidas de combate ante la crisis hídrica y adaptadas al calentamiento global, con soluciones basadas en la naturaleza.
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La administración Trump ha nombrado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico, Tony Blair, como dos de los miembros fundadores de su Consejo de Paz para Gaza.
El enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, también formarán parte de la “junta ejecutiva fundadora”, según informó la Casa Blanca en un comunicado emitido el viernes.
Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
Se espera que supervise temporalmente la gestión de Gaza y gestione su reconstrucción.
También forman parte de la junta ejecutiva fundadora Marc Rowan, director de una firma de capital privado; el director del Banco Mundial, Ajay Banga; y el asesor de seguridad nacional estadounidense, Robert Gabriel.
Cada miembro tendrá una cartera “crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza”, según el comunicado de la Casa Blanca.
Trump había dicho el jueves que se había formado la junta, calificándola de “la junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar”.
La Casa Blanca anunció que se nombrarán más miembros de la junta en las próximas semanas.
Tony fue primer ministro de Reino Unido de 1997 a 2007 y llevó a su país a la guerra de Irak en 2003. Tras dejar el cargo, se desempeñó como enviado para Oriente Medio del Cuarteto de potencias internacionales (EE.UU., la UE, Rusia y la ONU).
Fuerza de estabilización
Esto se produce tras el anuncio de un comité tecnocrático palestino independiente de 15 miembros, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargado de gestionar la gobernanza diaria de la Gaza de posguerra.
Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de la Cisjordania ocupada que no están bajo control israelí, presidirá este nuevo comité.
El comunicado de la Casa Blanca de este viernes también indicó que Nickolay Mladenov, político búlgaro y exenviado de la ONU para Oriente Medio, será el representante de la junta sobre el terreno en Gaza, trabajando con el NCAG.
El plan de Trump establece que también se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza para entrenar y apoyar a las fuerzas policiales palestinas, y el comunicado de la Casa Blanca indicó que el mayor general estadounidense Jasper Jeffers encabezará esta fuerza para “establecer la seguridad, preservar la paz y establecer un entorno duradero libre de terrorismo”.
La Casa Blanca indicó que se estaba formando una “junta ejecutiva de Gaza” independiente que contribuiría a la gobernanza e incluye algunos de los mismos nombres que la junta ejecutiva fundadora, así como otras personas designadas.
El plan de paz de Estados Unidos entró en vigor en octubre y desde entonces ha entrado en su segunda fase, pero todavía hay una falta de claridad sobre el futuro de Gaza y de los 2,1 millones de palestinos que viven allí.
En virtud de la primera fase, Hamás e Israel acordaron un alto el fuego en octubre, así como un intercambio de rehenes por prisioneros, una retirada parcial de Israel y un aumento de la ayuda humanitaria.
A principios de esta semana, Witkoff afirmó que la segunda fase contemplaría la reconstrucción y la desmilitarización total de Gaza, incluyendo el desarme de Hamás y otros grupos palestinos.
“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones”, advirtió, señalando que estas incluyen la devolución del cuerpo del último rehén israelí fallecido. “De no hacerlo, habrá graves consecuencias”.
Sin embargo, el alto el fuego es frágil, y ambas partes se acusan mutuamente de reiteradas violaciones.
Casi 450 palestinos han muerto en ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, mientras que el ejército israelí afirma que tres de sus soldados han muerto en ataques de grupos palestinos durante el mismo período.
Las condiciones humanitarias en el territorio siguen siendo graves, según la ONU, que ha insistido en la necesidad de un flujo sin restricciones de suministros esenciales.
La guerra en Gaza se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.
Más de 71.000 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio.
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