Conagua y el gobierno de Oaxaca reiniciarán la construcción de la presa Paso Ancho, clausurada en 2014
Desde 2014, el proyecto de la presa Paso Ancho en Oaxaca fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); sin embargo, el próximo mes de agosto reiniciará la construcción de la obra y cambiará de nombre a “Margarita Maza” en honor a la esposa del expresidente de México, Benito Juárez García.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó esta semana que la presa forma parte de los proyectos de infraestructura del Plan Nacional Hídrico presentado la semana anterior por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el que se planea atender las zonas con mayor escasez de agua en el país.
De acuerdo con este plan, la construcción de la presa “Margarita Maza” iniciará en agosto de este año y se concluirá a principios del 2027, y tendrá una inversión total de 4 mil 600 millones de pesos.
Se busca garantizar mil litros de agua por segundo y beneficiar a los habitantes de la zona metropolitana de la capital oaxaqueña; es decir, alrededor de 650 mil personas.
“Vamos en ruta correcta, Oaxaca seguirá siendo el motor de crecimiento del sur-sureste y ejemplo de que la Cuarta Transformación coloca en primer lugar a los más pobres y genera una prosperidad compartida para todas y todos los mexicanos”, dijo el gobernador el pasado 17 de marzo.
¿Por qué clausuró la Profepa en 2014?
La construcción de la presa Paso Ancho inició en 2012, durante la administración del entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, en los municipios San Vicente Coatlán y Sola de Vega, con una inversión inicial de 3 mil 341 millones de pesos.
En esa fecha, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca (Sinfra), a cargo de Nezahualcóyotl Salvatierra (quien también fue secretario de Infraestructuras del gobierno de Salomón Jara Cruz hasta diciembre de 2024) pagó a dos empresas por adjudicación directa al menos 2 millones de pesos, sólo para la elaboración de dictámenes de impacto ambiental para la Presa de Paso Ancho, que debían incluir un análisis jurídico.
Uno de los contratos fue para la empresa “Planeación, Sistemas y Control, SA de CV” del Distrito Federal, por 980 mil pesos, y otro a “QV Gestión Ambiental S. C.” por 958 mil pesos.
Pero meses después la Profepa clausuró el proyecto “de manera total temporal” por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Semarnat informó que la empresa responsable de obra, Tradeco infraestructura, no presentó información técnica y documentación legal del lugar donde se desarrollaba el proyecto. Por ello, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat resolvió desechar dicha autorización que implicaba la afectación de una superficie de más de una hectárea.
La obra se paró en su totalidad y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad (ahora Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública) inició una investigación por presuntas irregularidades.
Es un proyecto inviable, dicen organizaciones
Desde agosto de 2024, al menos 20 organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano y Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca, calificaron de inviable técnica, social y jurídicamente esta iniciativa, además de costosa.
Debido a los antecedentes del proyecto Paso Ancho, clausurado por la Profepa en 2014, pidieron su justificación ecológica, económica y ambiental, así como sus impactos esperados.
El ambientalista Juan José Consejo Dueñas, del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad en Oaxaca (INSO), advirtió que en la zona metropolitana de Oaxaca hay una crisis que pone en riesgo la viabilidad del Valle Central, una “crisis grave y compleja” que no puede ser resuelta por una obra, sino que requiere de un conjunto de medidas legales, técnicas, administrativas y económicas.
Advirtió que han cambiado los paradigmas y la discusión de cómo abordar los temas ambientales e hídricos, por lo que retomar este proyecto es un retroceso.
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“Sabemos que tiene elementos insalvables, por ser obras increíblemente caras, y existen muchos análisis al respecto, no sólo se trata del vaso y la presa, sino también un acueducto de más de 80 kilómetros, que tardaría mucho, es decir, ya no es una respuesta a los muchos problemas del agua”, comentó.
Consejo Dueñas dijo que los supuestos en que está fundado son hoy más discutibles pues las presas suelen tener una vida útil de entre 20 y 25 años, un periodo muy corto en relación de lo que cuesta construirlas.
Las organizaciones integrantes del OCCAMA señalan que hay otras soluciones al problema hídrico de Oaxaca e hicieron énfasis en la necesidad de que las autoridades impulsen procesos participativos donde los diferentes niveles de gobierno asuman su responsabilidad para recuperar y sanear fuentes de agua a nivel local, fortaleciendo la gobernanza del agua desde una visión de cuenca, antes de emprender proyectos donde se vulneran derechos de comunidades en beneficio de grandes urbes que no modifican sus dinámicas de sobreexplotación y contaminación del agua.
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El centro de adiestramiento del Cartel de Jalisco encontrado cerca de Guadalajara conmocionó al mundo, pero los vecinos del predio temen ser estigmatizados.
En una inmensa sabana forrada de cultivos de caña, en el estado de Jalisco, México, destaca un pequeño predio rectangular con muros de concreto, dos precarias edificaciones y un portón negro de madera, con dos caballos pintados, que da a conocer el nombre del lugar: Rancho Izaguirre.
Un lugar que para los vecinos del municipio de Teuchitlán solía pasar desapercibido, hasta que en septiembre de 2024 la Guardia Nacional allanó el terreno entre tiroteos y arrestó a 10 personas, rescató a dos secuestrados, y encontró un cadáver.
La semana pasada, después de que la Fiscalía local dijo que no encontró más cosas tras los allanamientos, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que ahí, además de un campo de adiestramiento del Cartel de Jalisco Nueva Generación, había hornos crematorios para desaparecer los cuerpos de las víctimas de una de las empresas criminales más poderosas de México.
La misma fiscalía jalisciense descarta los hornos, aunque el grupo de buscadores mantiene su versión. Y los vecinos los califican de “cómplices”, que “están quemando al pueblo”, que son “maña”.
Y las investigaciones, cada día más empapadas por la desconfianza hacia las autoridades, continúan.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha pedido “esperar a los resultados”. Mucho de su gestión depende del tema seguridad.
Al predio llegan cada mañana, bajo un sol punzante y una oleada de polvo, una decena de camionetas de las fiscalías local y nacional, así como de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, que en Teuchitlán no tiene más de 30 oficiales. Por la tarde se van y el predio en la noche queda solo, como si no fuera un foco de atención nacional y mundial.
Que lo es porque los buscadores, con su denuncia, dieron a conocer las fotos de sus hallazgos, donde se veían los zapatos corroídos, las playeras agujereadas y las mochilas polvorientas de los jóvenes que pasaron por este otro epicentro de la crueldad humana.
“El nombre de Teuchitlán está en el ojo del huracán del mundo”, me dice Jaime Gustavo Nabel, el párroco del municipio, mientras suenan niños hablando y riendo como en cualquier tarde calurosa de catequesis en la parroquia.
“Dicen que somos el Auschwitz mexicano, el infierno en la tierra, la herida abierta de la humanidad, y no, Teuchitlán no es el asesino ni el culpable de este horror”.
“Está canijo”
Teuchitlán está a 50 kilómetros de Guadalajara, una de las tres ciudades más grandes de México, y su gran riqueza, además de las industrias cañera y agavera, es una pirámide cilíndrica, conocida como Guachimontones, que construyeron las culturas prehispánicas acá antes de esta era.
Una atracción turística a la que cada domingo, reporta el recepcionista, llegaban un promedio de 100 turistas, y ahora, después de que el pueblo se convirtió en noticia mundial, llegan poco más de 20.
Pero la sensación de la localidad no es la de una emergencia: los niños juegan en las calles, los campesinos se reúnen en plaza a compartir el atardecer y las madres llevan a sus hijos a tarde de catequesis.
Sol Rivera es una de ellas. “No es que haya negación o falta de empatía —dice, sonriente—, sino que nosotros no somos eso y más bien queremos seguir mostrando a las madres que estamos con ellas, que les tenemos respeto y admiración por todo lo que han hecho”.
El domingo el pueblo hospeda una vigilia, a la que vendrán cientos de madres buscadores de todo el país.
Rancho Izaguirre está en la zona rural del municipio: convenientemente, tan cerca y tan lejos del pueblo y la gran metrópoli.
A dos predios de distancia, un campesino regando un cultivo de caña me dice, en condición de anonimato, que “ahora esto da miedo, esto antes era tranquilo, pero imagínate cuando la caña esté alta, de dos metros, y este desierto se convierta en un laberinto de callejones”.
Otro campesino de la zona, también reacio a darme su nombre, añade: “Esto está canijo, yo vivo en Estados Unidos y mi hijo también, por esto nomás, por esta violencia”.
En Guadalajara, donde Rancho Izaguirre también parece estar en todas las conversaciones, muchos se preguntan por la interacción de los vecinos con el predio: ¿cómo no iban a saber, me dicen, o haber visto, o incluso abastecer de tortillas a esta presunta academia paramilitar?
Academia militar
David Saucedo, un experimentado consultor en seguridad, tiene una explicación: “Estos centros logísticos están aislados de los entornos urbanos porque como hay detonaciones, gritos por las prácticas de tortura, explosivos, necesitan privacidad, necesitan una barra perimetral de seguridad que los aísle”.
Al tiempo, “están cerca de la ciudad porque es ahí donde necesitan a los reclutas (…) En Guadalajara en este momento hay una batalla entre dos carteles que necesitan nuevos soldados y estos centros se suelen usar para abastecer la batalla”.
“El reclutamiento voluntario o forzado es una práctica común de la estructura criminal de los carteles, sirven para formar halcones (vigilantes), sicarios y narcomenudista, y son gestionados por exmilitares y mercenarios”, señala Saucedo.
Si algo se puede deducir de las imágenes de dron que los medios locales han podido sacar del predio es que en él había varios espacios típicos de una academia militar, como un camino de obstáculos hecho de llantas o huecos en la tierra que sirven como piloto de trinchera.
Para Saucedo, estas academias muestran el carácter organizado del crimen, cuya estructura incluye hospitales, bodegas y centros de monitoreo.
El criminólogo añade que la mayoría de los prospectos narcos entran a este tipo de academias por voluntad, pero un 40% —estima— llegan de manera forzada.
“La fe para sanar”
Carlos Eduardo Amador Magaña desapareció a sus 19 años un martes de junio 2017 en un momento en el que, como ahora, el Cartel de Jalisco había sufrido una escisión y sus nuevas ramas estaban en guerra y en busca de soldados.
Rosalba Magaña —vestida de rojo, cargando su foto, de verbo preciso y rebelde— es su madre, una jubilada soltera que crió a tres hombres; y lo sigue buscando.
Dos días después de la desaparición, me dice, ya le había dado a las autoridades videos, transcripciones de llamadas y pruebas que “permitían hacer un plan de búsqueda, y hoy es fecha que eso no se agota”, que no le dan información.
La madre buscadora —así les llaman en México a un creciente símbolo del valor y la esperanza— añade: “Yo he trabajado y peleado con las autoridades, he buscado en basureros, he gritado y llorado en mi casa, porque yo cometí el error, quizá porque tenía una vida relativamente feliz, porque no sabía que esto pasaba, de confiar en que las autoridades iban a responder ante esto de manera organizada, y no”.
Lo que más le “da coraje”, afirma, es que las desapariciones aumenten.
“Cuando mi hijo desapareció, en 2017, eran 3.700 los desaparecidos, y ahora son 16.000”, dice, sobre una cifra que genera polémica en México, pero que, si se toman los números históricos, puede llegar a 120.000.
“Claro que tengo fe de encontrarlo”, insiste, a pesar de que no cree en las autoridades. “En el campo de exterminio, o como indigente, pero la fe la necesito para sanar”.
Luego repite una frase que se ve en las camisetas y afiches de los familiares de desaparecidos que por estos días vuelven a protestar en Guadalajara y sus municipios aledaños: “Mientras no lo encuentre, no voy a descansar”.
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