El narco desplaza a 500 personas de Apatzingán y deja atrapadas a mil más en comunidades de Michoacán
Al menos 500 personas fueron desplazadas por la violencia del crimen organizado el pasado 15 de marzo en las comunidades de El Alcalde y El Guayabo, en Apatzingán, Michoacán, mientras que otras mil personas están “atrapadas” en otras cuatro comunidades de Tierra Caliente, donde grupos del crimen organizado no permiten la entrada ni salida de personas, ni de ayuda humanitaria, reportó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR.
Las cuatro comunidades donde al menos un millar de personas no pueden salir son El Mezquital, Guanajuatillo, Holanda y Los Laureles.
Todo lo anterior se da en un contexto en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación busca entrar y establecerse a la cabecera municipal de Apatzingán y en las comunidades aledañas, donde otros grupos delictivos, como el Cártel de Tepalcatepec y Los Caballeros Templarios, ya están establecidos. En la mitad de esa ‘guerra’ entre grupos criminales, se encuentran atrapados miles de ciudadanos.
En un boletín urgente que emitieron la tarde del miércoles, ACNUR señaló que el pasado 16 de marzo un observatorio de derechos humanos de Apatzingán notificó a las autoridades de que al menos 150 personas sí lograron escapar de sus comunidades para desplazarse a la cabecera del municipio y otras comunidades de los alrededores, donde algunos, sobre todo jornaleros agrícolas provenientes de otros estados que no cuentan con redes de apoyo en la zona, fueron resguardados en albergues del DIF.
Violencia en Michoacán y desplazamientos forzados
Desde noviembre de 2024, la violencia en Tierra Caliente y en las áreas limítrofes con los estados de Colima y Jalisco ha “escalado”, debido a la confrontación entre diferentes grupos del crimen organizado, provocando el desplazamiento forzado de miles de personas.
Asimismo, en diciembre pasado cuatro soldados del Ejército mexicano fueron asesinados en Buenavista, Apatzingán y Cotija por minas terrestres, mientras que varios agricultores fueron lesionados y asesinados en los meses siguientes, también por minas. InSight Crime ha señalado que 40 % de los explosivos incautados en México en 2024 provenían de esta región de Tierra Caliente, mientras que el 30 % de las escuelas cerró en enero de este año debido a hechos de violencia.
Hasta el momento, al menos 700 personas de Michoacán han sido desplazadas por la violencia hacia albergues en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, donde buscan pedir asilo. Una situación que en enero de este año documentó Animal Político en varios refugios de esa ciudad de Baja California. “A Michoacán no podemos volver por el narco”, refirieron varias de las personas entrevistadas por este medio.
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Asimismo, en Michoacán existen comunidades como Coahuayana, ya colindando con el estado de Colima, donde ante la acción del crimen organizado se crearon grupos de autodefensas.
En Coahuayana se creó también una ‘colonia de la paz’, a la que llegan personas desplazadas de las comunidades vecinas que huyen del crimen organizado.
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El crimen de Franco fue motivado por su resistencia contra una ley que legalizaría unos condominios en la zona oeste de Río de Janeiro.
Un tribunal en Brasil condenó este miércoles a cinco hombres implicados en el asesinato a tiros de la concejala Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, ocurrido en 2018 en Río de Janeiro.
Todos ellos ocuparon cargos en el gobierno del país sudamericano.
Y, de acuerdo con la policía, la ejecución se debió a la resistencia de la también activista y su agrupación, el Partido Socialismo e Liberdade, a un proyecto de ley que legalizaría los condominios en la zona oeste de la ciudad carioca.
Los barrios del área están controlados por milicias que explotan desarrollos inmobiliarios ilegales.
Los condenados son: Domingos Brazão, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro; el exdiputado federal Chiquinho Brazão, hermano de Domingos; el mayor Ronald Alves de Paula, de la Policía Militar; y el expolicía militar Robson Calixto, asesor de Domingos.
El exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa, fue absuelto por el asesinato. Sin embargo, fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de obstrucción a la justicia y corrupción pasiva, por haber recibido dinero de la milicia para obstaculizar las investigaciones.
“El tema político se combinó con la misoginia, el racismo y la discriminación. Marielle era una mujer negra y pobre que estaba desafiando los intereses de los milicianos. ¿Qué mensaje más fuerte se podía enviar? Y en las mentes misóginas de los perpetradores, ¿a quién le importaría eso?”, señala un comunicado del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso.
Los hermanos Brazão, señalados como los autores intelectuales, recibieron condenas de 76 años y 3 meses de prisión cada uno por doble homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictiva armada.
El cargo de tentativa de homicidio corresponde a que en el auto, que fue alcanzado al menos por nueve disparos, también viajaba la colaboradora de la concejala, Fernanda Chaves, quien sobrevivió al ataque.
Por su parte, Alves de Paula fue condenado a 56 años de prisión por doble homicidio y tentativa de homicidio, mientras que Calixto a nueve años de prisión por participación en asociación delictiva.
Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los hermanos Brazão
Los hermanos Brazão tienen una larga trayectoria en la política de Río de Janeiro.
Chiquinho Brazão, el hermano mayor, fue diputado federal por Río de Janeiro hasta su destitución en abril de 2025.
En octubre de 2023, fue nombrado por el alcalde de Río, Eduardo Paes, para la Secretaría Especial de Acción Comunitaria, pero dejó el cargo después de que el nombre de su familia fuera mencionado en el testimonio de Élcio Queiroz, expolicía militar arrestado y acusado de conducir el vehículo utilizado el día del asesinato de la concelaja.
Domingos Brazão, por su parte, mantuvo su cargo como miembro del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) hasta su condena, y recibió su compensación de 56.000 reales (más de US$10.000), incluso estando en prisión preventiva.
Exdiputado estatal y empresario de la industria petrolera, ganó sus primeras elecciones en 1996, convirtiéndose en concejal en Río de Janeiro.
Su base electoral es la zona oeste de la ciudad, cuna de las milicias del estado. En el año 2000, se postuló a la alcaldía, pero quedó en octavo lugar; su labor siempre fue regional.
En 2015 fue elegido miembro del Tribunal de Cuentas del Estado.
Controvertido, el nombre de Brazão fue incluido en un informe sobre milicias de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2007.
El asesor del Tribunal de Cuentas siempre negó las acusaciones de participación en delitos e irregularidades. Las atribuyó a disputas políticas, a la lucha por votos y a bastiones electorales.
Brazão admitió, sin embargo, haber asesinado a un hombre durante un debate legislativo en 2014.
“Sí, maté a alguien”, dijo Brazão, quien también reconoció haber sido arrestado por el crimen, pero afirmó haber sido absuelto, según el periódico O Dia.
“Pero eso fue hace más de 30 años, cuando tenía 22 años. Fue un matón que fue a mi calle, a mi casa, el día de mi cumpleaños, para confrontarme a mí y a mi familia. La justicia falló a mi favor”, afirmó en aquel momento.
En 2017, también fue vinculado a una presunta trama de sobornos, caso del que salió airoso.
Un exdirector de la Policía
Rivaldo Barbosa, exdirector de la Policía Civil de Río de Janeiro, asumió el control de la agencia un día antes de la muerte de Marielle.
Fue condenado por obstrucción a la justicia y corrupción pasiva por usar su cargo para proteger a los hermanos Brazão de las investigaciones.
Dirigió la policía entre marzo y diciembre de 2018, dejando el cargo tras la investidura del exgobernador Wilson Witzel.
Se destacó como jefe de policía en la década de 2010, desempeñándose como director de la División de Homicidios de 2012 a 2015. Su labor resultó en un aumento en la resolución de casos de homicidio en Río.
Barbosa fue nombrado jefe de la Policía Civil en 2018 durante una intervención federal en Río de Janeiro ordenada por el entonces presidente Michel Temer tras un aumento de la delincuencia durante el Carnaval.
En la primera fase de la investigación del caso de Marielle Franco, dijo que garantizaría una investigación exhaustiva y que el crimen no quedaría impune.
En una entrevista con GloboNews, la madre de Marielle, Marinete Silva, confirmó que el jefe de policía recibió a la familia después del crimen.
“Era un hombre que decía que era una cuestión de honor para él resolver este caso”, declaró.
El mayor Ronald y Robson Calixto Fonseca
El expolicía militar Ronald Paulo de Alves, conocido como el “mayor Ronald”, está acusado de vigilar a la concejala. Anteriormente había sido arrestado por su participación en la milicia en Rio das Pedras y sus alrededores, en la zona oeste de Río.
En 2004, recibió una condecoración del entonces diputado Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro por sus servicios al Estado.
Estaba destacado en el 22.º Batallón de la Policía Militar en el Complexo da Maré y fue condecorado por el parlamentario tras un operativo que abatió a tres delincuentes en la comunidad.
Robson Calixto Fonseca, conocido como Peixe, es un policía militar retirado y exasesor de Brazão en la legislatura de Río de Janeiro y posteriormente en el Tribunal de Cuentas.
Según una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, también está involucrado en las milicias de Río.
Con información de Wilson Tosta para BBC News Brasil.
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