Jalisco levanta “código rojo” a dos días del operativo contra “El Mencho”
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que se levanta el “código rojo” en todo el estado, en un paso hacia la recuperación de la normalidad tras los enfrentamientos y bloqueos por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El mandatario aclaró que, a pesar de esta medida, la Mesa Estatal de Seguridad continuará en sesión permanente para mantener la coordinación interinstitucional con el fin de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.
Reactivación económica y educativa en Jalisco en medio de refuerzo federal
Mediante un comunicado, Lemus señaló que este martes las cámaras y asociaciones industriales, instituciones bancarias, tiendas de conveniencia, de autoservicio y centrales de abasto retomaron sus actividades económicas y productivas en la entidad, anuncio que hizo desde la noche del lunes.
A la par de esta reapertura comercial, reiteró que las clases presenciales se reanudarán el miércoles 25 de febrero, en todos los niveles educativos del estado.
En cuanto a la movilidad y los bloqueos de las vías de comunicación, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, detalló que el pasado domingo se registraron más de 500 puntos con bloqueos.
Sin embargo, al corte más reciente, dijo que ya no se reportan bloqueos en las vías terrestres de la entidad y se han logrado liberar 470 puntos.
Añadió que continúan trabajando en el retiro de los vehículos siniestrados, incluyendo 21 unidades afectadas la noche del lunes en ocho municipios, y estiman que en un plazo de 36 horas las calles quedarán limpias y las unidades reubicadas en depósitos autorizados.
En cuanto a la movilidad ciudadana, indicó que el sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara opera en promedio al 70 %, mientras que las líneas de transporte público masivo funcionan al 100 %. En tanto, el servicio hacia Puerto Vallarta también opera con regularidad.
Como parte de las acciones en Jalisco, el gobierno federal, a cargo de Claudia Sheinbaum, desplegó a 2 mil 500 elementos de seguridad adicionales en la entidad.
Además, el gobierno estatal señaló que, para proteger zonas turísticas estratégicas, un buque de la Marina arribó a Puerto Vallarta con más de 100 efectivos dedicados a fortalecer las labores de vigilancia en la costa.
Mundial 2026 no está en riesgo
El gobernador Lemus también hizo frente a los rumores surgidos a raíz de los incidentes de seguridad en Jalisco, aclarando de forma contundente que es falso que México presente riesgo de perder las tres sedes programadas en el país para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Estas declaraciones del mandatario estatal ocurren luego de que Sheinbaum aseguró este martes que el Mundial de 2026 en la sede de Jalisco se realizará con plena seguridad para los visitantes.
En su conferencia matutina de este martes, y en respuesta a la pregunta de qué garantías existen para los asistentes al torneo, la mandataria sostuvo: “Todas las garantías. Todas las garantías, no hay ningún riesgo para los visitantes”.
Municipios de Jalisco mantienen alerta
Diversos gobiernos municipales en Jalisco informaron que seguirán sin reanudar sus labores tras la activación del “código rojo” en la entidad, luego de los enfrentamientos y bloqueos registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Las autoridades locales llamaron a los habitantes a mantenerse resguardados y realizar únicamente trámites urgentes.
El gobierno de Autlán publicó que este martes permanecerán cerradas las instalaciones de Presidencia Municipal y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) “como medida preventiva”. Indicó que solo Seguridad Pública, Movilidad Municipal y Protección Civil continuarán en funciones y “se mantienen en alerta permanente”.
En tanto, el gobierno municipal de Villa Purificación informó que las instalaciones oficiales, como la Presidencia Municipal, el Sistema DIF y la Casa de la Cultura, seguirán sin brindar servicios “para asegurar la integridad de nuestros ciudadanos”. Además, llamó a los ciudadanos a quedarse en sus hogares y atender las recomendaciones oficiales.
De la misma forma, los gobiernos de El Grullo y Tonaya señalaron que se mantiene el “código rojo” en ambos municipios, por lo que las dependencias y organismos oficiales permanecerán sin labores hasta nuevo aviso, “como medida preventiva ante los hechos de seguridad registrados en la región”.
Por su parte, el ayuntamiento de La Huerta informó que en sus oficinas se laborará mediante “guardias” que iniciarán a partir de las 09:00 horas y recordó que las clases siguen suspendidas en los diferentes niveles educativos. En el municipio de Cuautla fue cancelado un desfile conmemorativo que se tenía programado para este 24 de febrero.
“Esta decisión se toma priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de nuestras niñas, niños, jóvenes, docentes y familias“, publicó en sus redes sociales el ayuntamiento de Cuautla.
Álvaro González Alvarado, presidente municipal de Chiquilistlán, exhortó a los directores de los planteles educativos y a padres de familia a suspender las actividades escolares en todos los niveles “derivado de la situación de seguridad que aún prevalece en la región”.
Persisten bloqueos
El municipio de Chiquilistlán registró este martes nuevos bloqueos en la carretera a Capula y en la carretera hacia Colotepec, informó el presidente municipal Álvaro González Alvarado.
“Les estaremos informando oportunamente en cuanto quede liberado el paso. Se recomienda a la ciudadanía evitar transitar por estas zonas y mantenerse atenta a los canales oficiales para futuras actualizaciones”, señaló.
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Mientras que en el oficialismo consideran que la nueva regulación modernizará las relaciones laborales, los mayores críticos la asocian con la esclavitud.
Argentina se dirige hacia una reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei que apunta a redefinir las condiciones de trabajo en el país, una iniciativa que el gobierno define como “modernización” de las relaciones laborales y los críticos califican de “esclavista”.
Este jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que, una semana antes, ya habían aprobado los senadores.
Sin embargo, un artículo que causó polémica respecto a las licencias por enfermedad fue eliminado por el oficialismo en la votación en la Cámara Baja, por lo que el texto deberá volver al Senado para convertirse en ley, algo que se da por descontado.
El debate de este jueves se produjo en medio de un paro general convocado por la Central General de los Trabajadores (CGT) -la principal central sindical del país- y movilizaciones en la Plaza de los Dos Congresos, donde sesionaban los diputados.
Entre las propuestas que más controversia causan está la extensión de la jornada laboral en un máximo de hasta 12 horas por día, el cálculo de las indemnizaciones por despido y las restricciones de las licencias médicas.
Milei propuso un cambio legislativo que, para amplios sectores, implica un debate pendiente en Argentina, un país de larga tradición sindical y amplios derechos laborales que muchos consideran letra muerta.
“Nuestra legislación laboral se consolidó en la década de 1970 y refleja un mundo distinto, un modelo laboral de empleados de cuello blanco y obreros fabriles”, explicó a BBC Mundo el catedrático en Derecho Laboral Miguel Ángel Maza.
Hoy el país enfrenta una cifra histórica de informalidad, con casi la mitad de los trabajadores sin derechos laborales garantizados.
Esta cifra representa casi 6 millones de personas que no tienen derecho a la cobertura de salud, las licencias por enfermedad, las indemnizaciones por despido ni los aportes de jubilación.
Entre los menores de 29 años, la tasa de empleo informal alcanza a casi 6 de cada 10, y esta cifra es todavía más alta para las mujeres jóvenes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La precarización laboral ha ido en aumento en los últimos 13 años, con más trabajadores en relación de dependencia encubierta o, simplemente, sin ningún tipo de formalidad, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y la Encuesta Permanente de Hogares.
Estas son las principales claves en el centro del debate.
1. Las propuestas de la reforma
Entre los principales ejes de la reforma, el gobierno propone habilitar la ampliación de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas sin necesidad de pagar horas extra, siempre y cuando se respete el descanso de 12 horas y no se supere el tope semanal legal de 48 horas.
Para ello, creará un banco de horas extra para cada empleado, que la empresa podrá compensar con horas o días libres en lugar de dinero.
“No es el ideal, pero la realidad es que mucha gente trabaja más de 8 horas, muchísima gente, y no siempre pagándoles horas extras”, dijo el catedrático Maza.
El gobierno sostiene que los trabajadores podrán negociar, por ejemplo, trabajar de lunes a jueves más horas cada día y tener libres los viernes.
El proyecto permite que los salarios sean pagados en moneda nacional o extranjera, en una economía donde el dólar tiene un gran protagonismo, y también una parte en “especie, habitación o alimentos”.
Además, se incorpora el concepto de “negociación dinámica” del salario.
Este punto implica que un empleador cuenta con un mayor margen de maniobra para negociar nuevas condiciones posteriores a la firma del contrato.
Por otro lado, se redefine la fórmula de cálculo de las indemnizaciones por despido al acotar lo que se entiende por la remuneración del trabajador.
De aprobarse la medida, quedarán excluidas del cálculo las vacaciones, los premios y otros conceptos que no formen parte del sueldo mensual.
El oficialismo sostiene que en Argentina se ha conformado una “industria del juicio laboral” porque, ante una normativa difusa, los jueces determinaban montos por despidos que multiplicaban los salarios por decenas de veces, lo que incentivaba al empleado a recurrir ante los tribunales.
“Me parece razonable, porque es ponerle precisión al cálculo”, expresó Maza.
Relacionado a los despidos, el gobierno propuso crear un fondo con aportes del empleador, que podrá utilizar para pagar las indemnizaciones.
Ese porcentaje saldrá de lo que ya pagan de aportes patronales, por lo que no se les incrementarán los costos sino que el Estado recibirá menos dinero.
A su vez, el proyecto incrementa la lista de “servicios esenciales” que tienen fuertes restricciones al derecho de huelga al agregar al sector educativo y los servicios aduaneros, entre otros.
La reforma establece modificaciones en la ley de asociaciones sindicales. Las asambleas sindicales no deberán afectar el normal desarrollo de la empresa, deberán contar con autorización del empleador y el trabajador no cobrará por ese tiempo.
Por último, la reforma contempla beneficios fiscales para fomentar que las empresas contraten nuevos empleados.
Las firmas que incorporen a su plantilla personas desempleadas, autónomos o antiguos empleados públicos tendrán descuentos en el pago de las contribuciones patronales en los primeros cuatro años.
Por último, el artículo 44 del proyecto que fue eliminado por el mismo gobierno tras la primera votación en el Senado establecía que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobren el 50% o el 75% del salario, según el caso. Hoy es del 100%.
2. Los motivos del gobierno
La reforma se da en un contexto de pérdida de puestos de trabajo calificado. El sector de la industria acumula una pérdida de casi 65.000 puestos en los últimos dos años, según la Unión Industrial Argentina (UIA).
Milei puso fin a las políticas proteccionistas previas, que definió como de empresarios que “cazaban adentro del zoológico”, y que encarecían los bienes para los argentinos.
Para el oficialismo, el problema viene de los gobiernos anteriores y considera que la legislación vigente no ayuda.
El gobierno entiende que el nuevo marco normativo generará más empleo formal, debido al menor costo que implicará para las empresas.
“Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina”, definió la Oficina del Presidente en un comunicado tras la media sanción en el Senado.
“Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo”, añadió.
El documento destaca que la iniciativa es “una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado”.
Ya Milei había insistido en varias oportunidades sobre la necesidad de actualizar la normativa que regula el trabajo en Argentina.
Previo a la sesión de Diputados, un acalorado debate se dio el miércoles en una comisión del Congreso donde participó Gabriel Buenos, director de asuntos corporativos de Rappi, la aplicación de envíos a domicilio, quien defendió la propuesta.
“Promovemos este tipo de discusiones. Necesitamos reglas de juego claras que permitan el desarrollo de la economía de plataformas”, sostuvo Buenos, según registró la prensa argentina.
3. Las críticas a la iniciativa
Uno de los principales cuestionamientos a los cambios es que equiparan el poder de negociación de las empresas con el de los trabajadores.
“La reforma tiene un defecto de fondo muy grave, muy peligroso. Esconde una creencia ideológica de que las relaciones laborales son relaciones comunes, que no hace falta un derecho del trabajo. Es no creer en la inferioridad del trabajador con respecto al empleador”, señaló Maza.
“El derecho laboral no es un invento peronista, nace de reconocer que el trabajador, individualmente, no puede negociar de igual a igual con el empleador”, añadió.
Para el especialista en derecho laboral, la nueva ley incentivará el despido de trabajadores, porque los empresarios no dudarán en utilizar el fondo específicamente creado para ello.
“Mi experiencia me dice que posiblemente no aumente el empleo después de la medida, porque la carga social no es el elemento más importante. En lo que se van a fijar los empresarios a la hora de contratar es si van a tener clientes y si el margen de ganancia les va a permitir sostener el negocio”, dijo.
La mayor regularización laboral, sostuvo, se logra con inspecciones.
El jefe del bloque opositor peronista Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo antes de la votación del jueves que “la ley es horrible y absolutamente inconstitucional”.
“Lejos de ser una ley que moderniza es una ley que atrasa y que no le agrega ningún nuevo derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. Al contrario, lo que hace es generar un proceso regresivo en materia de derechos nunca visto en Argentina”, agregó a Radio 10.
“Si avanzan contra los derechos de las y los trabajadores, avanzan contra la industria nacional y el futuro del país. Los derechos no se negocian”, sostuvo la CGT tras el llamado a huelga.
Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestaron su rechazo a la reforma.
“Estamos convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo”, dijo en la red social X el gobernador peronista Axel Kicillof.
“Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral inestable”, agregó el gobernador.
Entre acusaciones cruzadas y visiones antagonistas del tema, los más escépticos creen que la reforma puede mantener la situación tal como está.
“No me parece una reforma que valga la pena, que vaya a cambiar las cosas, y esto es lo más lamentable”, concluyó Maza.
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