General experto en operaciones anticrimen asume comandancia de la Tercera Región Militar en Sinaloa y Durango
Héctor Ávila Alcocer, general de División Diplomado de Estado Mayor y considerado experto en operaciones anticrimen, fue designado comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa, entidad que vive una crisis de violencia desde septiembre de 2024.
El nombramiento del mando castrense se hizo oficial el pasado 27 de enero y rendirá protesta este 3 de febrero.
Ávila Alcocer ya estuvo en Sinaloa en 2021 como comandante de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, donde combatió a células criminales del Cártel de Sinaloa. Ahora vuelve al estado en un escenario marcado por constantes hechos de violencia, en el que se han registrado ataques a plena luz del día contra funcionarios y autoridades.
Considerado un mando que conoce las preocupaciones de Estados Unidos en materia de narcotráfico, Ávila Alcocer tendrá bajo su control la Novena Zona Militar, en Sinaloa, y la Décima Zona Militar, en Durango, estados clave en la estrategia de combate a las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.
El general Ávila Alcocer es oficial de Artillería, egresado del Heroico Colegio Militar, con una destacada carrera en mandos territoriales y áreas estratégicas del Ejército. Ha sido comandante de diversas zonas militares en Sinaloa, Baja California Sur y Michoacán, así como de la Guarnición Militar de Agua Prieta, Sonora. También integró el Cuerpo de Fuerzas Especiales, fue subjefe de Estado Mayor y dirigió la Escuela Superior de Guerra, además de desempeñarse como agregado militar y aéreo adjunto en la Embajada de México en Washington.
En noviembre de 2025 fue ascendido a general de División por la presidenta Claudia Sheinbaum, ascenso ratificado por el Senado. Cuenta con formación académica en administración y análisis estratégico, y sustituyó al general de Brigada Guillermo Briseño Lobera, quien ocupaba el cargo de manera interina tras el relevo del general de División Francisco Jesús Leana Ojeda.
Violencia en Sinaloa
La entidad atraviesa una crisis de violencia desde septiembre de 2024, producto de las disputas entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones del Cártel de Sinaloa, la cual se acrecentó tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien aseguró haber participado en el secuestro y entrega del líder criminal a Estados Unidos.
Del 9 de septiembre al 1 de febrero, en el estado se han registrado 2,749 homicidios dolosos, 3,177 personas privadas de la libertad, 3,259 personas detenidas y 169 abatidas.
Cifras preliminares del Informe Diario de Seguridad revelan que en enero de 2026 hubo más de 90 asesinatos en Sinaloa, es decir, alrededor de tres diarios.
Entre los hechos de violencia más recientes en la entidad se encuentran el ataque armado en Culiacán contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, diputados locales de Movimiento Ciudadano, así como la privación de la libertad de 10 trabajadores de una empresa minera en el municipio de Concordia.
Con información de Noroeste.
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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