Elecciones Yucatán 2024: Conflictos por el territorio y mantener la seguridad, los retos de aspirantes a la gubernatura
En junio de 2024 los mexicanos elegirán nuevo presidente y también se renovarán nueve gubernaturas, entre ellas la de Yucatán.
La entidad del sureste mexicano también tendrá elecciones para el Congreso local, que cuenta con 41 diputados, para 27 presidencias municipales, 217 sindicaturas y mil 819 regidurías.
Yucatán, gobernado por Mauricio Vila Dosal del PAN y que llegó en alianza con Movimiento Ciudadano (MC), se ha mantenido como uno de los estados más seguros del país pero también es escenario de constantes conflictos territoriales.
Quien gane la gubernatura de Yucatán, ya sea que el PAN continúe, Morena gane el estado o bien el PRI logre algo solo o en alianza, tendrá como retos principales mantener la seguridad en la entidad así como mediar y resolver los diversos conflictos por el territorio y el cuidado al medio ambiente.
Yucatán entre los estado más seguros
Yucatán es la entidad con menor número de asesinatos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y se ha mantenido así a lo largo de la administración de Mauricio Vila, que tomó posesión en octubre de 2018.
Ese año, el estado registró 59 homicidios; 46 en 2019; para 2020 la cifra subió a 72; en 2021 bajaron a 55 y 2022 cerró con 54, señalan cifras del Inegi. Entre enero y agosto de este 2023 van 25 casos, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A su vez, Yucatán tiene las menores tasas de asesinatos por cada 100 mil habitantes en los últimos cinco años: 3 en 2018 y 2020; 2 en 2019, 2021 y 2022.
La entidad es la segunda, después de Baja California Sur, en la que sus habitantes dicen sentirse seguros. El porcentaje de percepción de inseguridad pública es de 37.8%, señala la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 del Inegi.
Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano da cuenta de la tendencia a la baja que mantiene Yucatán desde 2018 en incidencia delictiva. Ese año se registraron 18 mil 195 delitos y para 2019 la cifra subió a 21 mil 391; en 2020 fueron 10 mil 332 y 10 mil 610 en 2021. El año pasado el estado cerró con 5 mil 521 delitos en total.
Conflictos territoriales y medio ambiente
Otro de los retos que deberá enfrentar el o la futura gobernadora de Yucatán son aquellos relacionados con los conflictos territoriales así como el cuidado al medio ambiente y comunidades por megaproyectos agroindustriales y deforestación.
En agosto pasado, pobladores del municipio Ixil se enfrentaron con policías de Yucatán, tras acusar a las autoridades de intentar despojarlos de tierras ejidales. Los habitantes denunciaron que en el presunto despojo están relacionadas familias dueñas de gasolineras y de empresas de transporte y construcción.
En Sisal, uno de los ecosistemas más frágiles de la Península, Eugenia Correa, exfuncionaria del gobierno de Mérida, y una empresa impulsan un complejo habitacional construido con irregularidades y que, según vecinos y especialistas, causará daños ambientales.
La empresa a cargo del proyecto, Foster Corporation, en conjunto con la consultora de Correa, Ambiente Sustentable, han deforestado casi 60% del terreno para construir un edificio de siete pisos de altura, cuatro más de lo permitido por las normas.
Por otra parte, desde 2021 los habitantes de municipios como Izamal o Kinchil se han organizado ante el impacto negativo de las granjas de cerdos que les impusieron en su territorio y que han provocado problemas graves de contaminación. Han realizado protestas en las que han denunciado represión y detenciones ilegales de activistas.
Un informe de Greenpeace reveló que de 257 granjas porcícolas localizadas en Yucatán en los diferentes registros federales y estatales, al menos 43 están ubicadas en zonas protegidas.
En cuanto a deforestación de la selva, apicultores denuncian avance en la tala de árboles y organizaciones señalan que por obras del Tren Maya se han deforestado hasta el momento 6 mil 659 hectáreas en Yucatán, de acuerdo con investigaciones de Mongabay.
Se registran aspirantes de Morena y aliados para candidatura
Luego de que el pasado 18 de septiembre Morena emitió una convocatoria para elegir a su coordinador o coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en Yucatán, es decir el virtual candidato a la gubernatura, al menos 18 personas se registraron como aspirantes.
Sin embargo, este 29 de septiembre, el consejo estatal de Morena dio a conocer a sus cuatro finalistas para participar en la encuesta en la que se definirá a los candidatos de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo.
Entre los elegidos están Joaquín “Huacho” Díaz Mena, delegado estatal de la Secretaría de Bienestar, quien renunció a su cargo y realizó su registro para competir por la candidatura de Morena en Yucatán.
También pasó a la siguiente etapa Rocío Barrera, diputada federal que participó activamente en la promoción de Claudia Sheinbaum durante el proceso interno de Morena antes de ser elegida como coordinadora nacional de la defensa de la cuarta transformación.
Además, la senadora Verónica Camino Farjat y la diputada local Jazmín Villanueva también participarán en el proceso.
En días pasados Federica Quijano, diputada por el Partido Verde y cantante de Kabah, anunció que buscaría competir por la candidatura al gobierno del estado como parte de la coalición “Juntos haremos historia”, sin embargo no fue elegida por su partido.
José Carlos Ramírez Marín, senador que apenas renunció a la bancada del PRI y se sumó a la del Verde, no quedó entre los seleccionados de Morena, pero sí será propuesto por el Partido Verde.
Ramírez Marín fue dos veces diputado local por el PRI y dirigente estatal, tres veces legislador federal, presidente de la Mesa Directiva en Cámara de Diputados y vicecoordinador de campaña de Peña Nieto en 2018 y funcionario federal en su gobierno.
¿Quiénes han levantado la mano en el PRI, PAN y otros partidos para gobernar Yucatán?
Contrario a lo que pasa a nivel nacional y en otros estados, en Yucatán no hay una alianza entre el PRI y el PAN, partido que actualmente gobierna el estado y que llegó en coalición con Movimiento Ciudadano.
Por el PAN los nombres que suenan para ser candidatos a la gubernatura del estado son Renán Barrera, actual alcalde de Mérida; Julián Zacarías, presidente municipal de Progreso, y Liborio Vidal, secretario de Educación del estado.
En tanto, por el PRI algunos de los nombres que han figurado son los de los diputados federales Pablo Gamboa Miner y Mauricio Sahuí Rivero.
El PRD, que anunció irá solo por la gubernatura, ha perfilado a Jorge Zavala Castro, excandidato por el mismo partido hace seis años y quien también fue director del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán.
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El presidente electo de EU, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional y de utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de migrantes
Una de las mayores preocupaciones de los votantes en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el control migratorio en la frontera de ese país con México.
Tras su contundente victoria electoral, el presidente electo, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional (que le permitiría conseguir recursos adicionales) y utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados.
Su recién nombrado “zar de la frontera”, Tom Homan, ha dicho que los inmigrantes que sean considerados como una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública serán una prioridad, sin ofrecer más detalles.
Y el vicepresidente entrante, JD Vance, ha declarado que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas.
Cuando Trump llegue a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, es posible que inicie de inmediato el proceso de deportaciones como lo ha prometido en innumerables ocasiones.
“Vamos a cerrar la frontera porque ahora mismo tenemos una invasión”, dijo el sucesor de Joe Biden.
“Vamos a hacer la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Según la última estimación del Departamento de Seguridad Nacional, con datos hasta 2022, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados.
Expertos proyectan que en la actualidad esa cantidad de personas habría aumentado a por lo menos 12 millones.
¿Cuánto aportan a la economía del país?
El debate es intenso porque muchas de las cifras son estimaciones y porque hay poca información reciente.
Algunas investigaciones señalan que los migrantes aumentan el tamaño de la economía, pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios públicos, hacen el trabajo que otros no están dispuestos a hacer y elevan el consumo interno.
En cambio, los partidarios de las deportaciones aseguran que los “sin papeles” les quitan los puestos de trabajo a los estadounidenses, tienen bajos salarios, consumen poco, no pagan impuestos (o pagan muy poco) y son una carga para las redes de asistencia social.
¿Quiénes son los indocumentados en Estados Unidos?
De todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, unos 3 millones no son “deportables”, dado que tienen permiso para vivir y trabajar en el país, según le explica a BBC Mundo Jeffrey Passel, investigador del centro de estudios Pew Research Center.
En ese grupo están aquellas personas que han solicitado asilo, los que se han acogido al Estatus de Protección Temporal (TPS), los que pertenecen al programa de personas llegadas en la infancia (DACA), y aquellos que están en el país con permisos de permanencia temporal conocidos como parole.
Sin embargo, bajo la nueva administración, puede haber cambios que le quiten esa protección a quienes no tienen una residencia permanente.
Como en el último par de años se ha disparado el número de migrantes que cruzan la frontera sur, es posible que los indocumentados sean muchos más de lo que señalan las estimaciones.
Sea cual sea su estatus, dice Passel, “lo que sabemos es que contribuyen al aumento del tamaño de la economía”.
Gabriela entró a Estados Unidos hace más de dos décadas en el maletero del auto de un contrabandista.
Ahora empleada doméstica en Maryland, la boliviana es una de los millones de migrantes que viven en el país.
Ella no está preocupada por lo que pueda ocurrir con las deportaciones.
“En realidad, no tengo miedo en absoluto”, le dice a la BBC. “Eso es algo de lo que deben preocuparse los criminales. Yo pago impuestos y trabajo”.
A otros, en cambio, les preocupa que su familia sea dividida.
Brenda, una dreamer (como se les dice a las personas protegidas por el programa DACA que llegaron a EE.UU. de forma irregular siendo menores) piensa que su marido y su madre podrían ser deportados.
Sus dos hijos nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses.
“La idea de estar separados asusta”, le explica a la BBC.
Estas son algunas de las contribuciones que hace este grupo de personas que actualmente están en el centro de una batalla política que divide profundamente al país.
Mercado laboral
Según el Pew Research Center los indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos.
La mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería.
Nan Wu, directora de investigación del Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, dice que hay industrias como la construcción y la agricultura que tienen escasez de mano de obra.
Una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores. “Les haría aún más difícil encontrar suficientes trabajadores”, le dice Wu a BBC Mundo.
Probablemente aumentaría los costos de producción, causaría retrasos en los proyectos de construcción y provocaría interrupciones en los servicios, argumenta.
“Haría que los alimentos y la vivienda sean aún menos asequibles en muchas partes del país” y causaría un aumento de la inflación.
Potencialmente los más afectados son los trabajadores agrícolas. Las estimaciones señalan que entre un 40% y un 50% de ellos son indocumentados.
En cuanto a las remuneraciones, varios estudios sostienen que los indocumentados no son realmente una competencia para la mano de obra “con papeles”, en la medida que hacen trabajos más riesgosos, mal pagados y que muchos no están dispuestos a realizar.
“No es un juego de suma cero”, escribió Chloe East, investigadora no residente del Hamilton Project del centro de estudios Brookings Institution.
La evidencia muestra que no es verdadera la creencia de que cuando un migrante ocupa un puesto de trabajo, un estadounidense lo pierde.
El pago de impuestos
¿Cuánto pagan en impuestos los migrantes?
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron casi US$97.700 millones en impuestos en 2022.
Lo hicieron, y lo hacen, cada vez que compran un producto o un servicio, cuando arriendan o adquieren una propiedad y cuando pagan tributos sobre la renta personal y empresarial.
Una parte de esos recursos, señala el ITEP, fue destinada al financiamiento de servicios públicos a los que por ley no pueden acceder, como por ejemplo, la seguridad social, el seguro de desempleo, o la mayor parte de los programas de salud para personas en una situación económica precaria.
El Consejo Americano de Inmigración, por otro lado, calcula que en 2022 el pago de impuestos hecho por los indocumentados fue cercano a los US$76.000 millones.
Más allá de las distintas estimaciones sobre la contribución impositiva, lo que está claro es que existe un aporte importante de recursos.
“Una deportación masiva privaría a los gobiernos federales, estatales y locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales”, dice Nan Wu.
Sin embargo, los partidarios de las deportaciones argumentan que estas personas son una carga fiscal neta porque reciben más recursos en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos.
Consumo, inflación y crecimiento económico
Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) plantea que si se concretan los planes de deportación anunciados por Trump (bajo el supuesto de que afecten a 1,3 millones de personas), las consecuencias para el crecimiento económico serían negativas.
Calculan que para el año 2028, el Producto Interno Bruto (PIB) bajaría un 1,2% y disminuirían los puestos de trabajo.
Por otro lado, argumentan, los indocumentados también son consumidores.
“Deportarlos significa menos demanda de alimentos, vivienda, servicios y otras necesidades domésticas”, escriben Anjali Bhatt, Megan Hogan, Marcus Noland y Warwick J. McKibbin.
Bajo su perspectiva, “las deportaciones masivas aumentarían los precios, costarían empleos y dañarían la economía estadounidense”.
El debate político actual se ha centrado en la llegada de inmigrantes en el último par de años.
Poca información hay disponible sobre este período, dado que los estudios disponibles trabajan con datos hasta 2022.
Sin embargo, lo que se conoce oficialmente es que el año pasado hubo un récord de inmigrantes de 2.5 millones que cruzaron la frontera sur, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Esas personas solicitan asilo y, mientras esperan durante varios años una respuesta a su solicitud, tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos en calidad de indocumentados, contribuyendo a la economía.
Pero “una economía más grande no equivale necesariamente a una mejor economía”, dice un artículo del Wall Street Journal.
Economistas han advertido que “se espera que los inmigrantes recientes tengan salarios más bajos y sean menos productivos que sus predecesores”, señala la publicación.
Aunque a largo plazo, agrega, podrían tener un efecto positivo al ser más jóvenes que el promedio de la población estadounidense.
Como tienen una vida laboral más extensa, tienden a contribuir más en impuestos de lo que reciben en beneficios.
Cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca en menos de dos meses, se espera que entregue los detalles de su plan de deportación que, como él ha prometido, comenzará desde el primer día que asuma la presidencia.
Mientras, el anuncio de que va a declarar una emergencia nacional y que utilizará al ejército para deportar a los indocumentados resuena en los oídos de quienes pueden verse afectados.
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