Centro Digna Ochoa denuncia criminalización como herramienta para forzar desalojos en el Corredor Interoceánico
El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa acusó que el gobierno federal está utilizando la criminalización como estrategia de desalojo para obligar a familias de Arriaga y Pijijiapan, Chiapas, a entregar el derecho de vía que han ocupado desde hace más de dos décadas, ante el avance del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En entrevista con Animal Político, Nataniel Hernández, director del Centro, aseguró que las denuncias penales interpuestas por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SCIT) representan un uso punitivo de la justicia para desplazar a familias vulnerables.
“Nos preocupa el uso del sistema de justicia penal para obligar a estas familias a entregar el derecho de vía sin incorporarlos a ningún programa de vivienda para la reubicación correspondiente”, afirmó.
El Centro señaló que estas acciones constituyen un acto de criminalización y un “uso indebido del derecho penal”, advirtiendo que podrían implicar violaciones al debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la vivienda.
Familias con más de 20 años viviendo junto a las vías y en condiciones de vulnerabilidad
Las familias afectadas no son recién llegadas. Según Hernández, son personas que han vivido a la orilla de las vías por lo menos más de 20 años en Arriaga y Pijijiapan, donde construyeron su patrimonio.
Son hogares asentados “de manera pacífica, civil, continua” desde hace décadas, en terrenos que históricamente habitaron familias ferrocarrileras que, como era costumbre en la región, construyeron sus viviendas junto al derecho de vía.
El director del Centro explicó que varias de estas personas envejecieron en esos mismos espacios. “Son personas con una edad arriba de los 60 años, la mayoría son mujeres jefas de familia (…) personas adultas mayores con pocas posibilidades de ingreso”, detalló.
La vivienda no solo es su casa: también es la fuente de su sustento. “Una tiendita de abarrotes, venta de agua, lavado de autos, negocios que permiten generar ingresos”, dijo Hernández, señalando que el gobierno no consideró que muchas casas cumplían esta doble función.
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En algunos casos, los espacios fueron descartados por Conavi porque no se ajustaban a su categorización para programas de vivienda, lo cual dejó a varias familias sin alternativas reales.
Estas comunidades han vivido por décadas en un entorno de tolerancia institucional. Hernández indicó que “hubo consentimiento para la construcción de viviendas en estos espacios, no hubo ningún reclamo hasta ese momento”. Los conflictos surgieron, indicó, a partir del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que amplió legalmente el derecho de vía para la rehabilitación del ferrocarril.
Seis carpetas de investigación y riesgo de judicialización
El Centro ha documentado la integración de seis carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General de la República con sede en Tuxtla Gutiérrez, interpuestas contra cinco personas del municipio de Arriaga y otras tres personas más del municipio de Pijijiapan.
Las denuncias fueron presentadas por la representación legal del FIT y de la SCIT, bajo el argumento de “invasión del derecho de vía” conforme al artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales.
Las notificaciones a las personas denunciadas se dieron recién en diciembre, primero mediante invitaciones ante el mecanismo alternativo de la FGR y luego mediante requerimientos para comparecer.
Hernández advirtió que “hay probabilidad de que en cualquier momento la FGR turne el asunto a un juez federal para que solicite la audiencia inicial”.
Aunque aún no existe judicialización, la FGR ya realizó diligencias como “una inspección ocular en el lugar de donde están las viviendas”.
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Promesas incumplidas de reubicación y viviendas en malas condiciones
El director del Centro relató que, al anunciarse la rehabilitación del proyecto, autoridades ofrecieron construir viviendas en un fraccionamiento; sin embargo, varias personas rechazaron la primera propuesta por el tamaño o las condiciones de las casas. Después se propuso comprar un terreno y construir una casa, pero ese proceso se quedó a la mitad.
Aún peor: las casas entregadas a otras familias fueron descritas como construcciones “en pésimas condiciones”. El Centro anunció que prepara una denuncia al respecto.
Hernández explicó que actualmente las autoridades proponen incorporar a las familias a un programa de reubicación, pero sin la garantía explícita de acceso a vivienda digna, lo cual mantiene a las personas en una situación de incertidumbre.
Un patrón de criminalización
Aunque el Centro acompaña solo algunos expedientes, Hernández subrayó que el problema es mayor: “Hay más población que está denunciada, este es un patrón que identificamos para criminalizar a las personas que ocupan el derecho de vía y poder evitar incorporarlas a un programa que les permita garantizar el acceso a la vivienda”.
Esta situación ocurre en el contexto del megaproyecto del Corredor Interoceánico, donde desde 2023 se han registrado desmontes, demoliciones y reubicaciones a lo largo de la línea ferroviaria que atraviesa la región Costa y Soconusco.
Exigen desistimiento penal y una mesa de trabajo
Las familias plantean dos exigencias centrales: el desistimiento de la acción penal, y que se instale una mesa de trabajo donde estén Semar, Corredor Interoceánico, Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, la Conavi, los ayuntamientos municipales y el gobierno estatal para acordar un proceso de reubicación respetuoso y garantizar el derecho a la vivienda.
Hasta ahora, el Centro no ha recibido respuesta de autoridades tras el comunicado que emitió el jueves.
El director del Centro advirtió que la tensión podría escalar si no se garantiza una salida negociada y respetuosa para las familias. Señaló que, aunque han insistido en el diálogo y en opciones de reubicación digna, las señales enviadas por las autoridades apuntan en otra dirección.
“Me parece que de alguna u otra manera, como es un proyecto de interés del gobierno federal, que de alguna u otra forma van a intentar que las familias desocupen el derecho de vía, ya sea de manera voluntaria, ya sea con este proceso penal o bien a través de utilizar el uso de la fuerza pública”, dijo, subrayando el riesgo de que la presión institucional derive en un desalojo forzado.
Ante esto, Hernández concluyó con un llamamiento a la sociedad “para evitar que ocurra una situación grave y lamentable respecto a que las familias pudieran enfrentarse a un proceso judicial arbitrario e injusto”.
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Israel respondió lanzando una campaña militar en Gaza, durante la cual han muerto más de 71.660 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.
El ministerio afirma que al menos 509 palestinos han muerto desde que comenzó el alto al fuego el 10 de octubre de 2025. También han muerto cuatro soldados israelíes.
Aunque Israel ha cuestionado anteriormente las cifras del Ministerio de Sanidad de Hamás, los medios de comunicación locales informaron de que una fuente de alto rango de seguridad afirmó que el ejército acepta que más de 70.000 palestinos han muerto durante la guerra en Gaza.
Las cifras del Ministerio de Sanidad son consideradas fiables por la ONU y otros grupos de derechos humanos, y han sido ampliamente citadas por los medios de comunicación internacionales.
Israel no permite que las organizaciones de noticias, incluida la BBC, entren en Gaza para informar de forma independiente.
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