Detienen a un hombre presuntamente relacionado con el asesinato del periodista Alejandro Gallegos León en Tabasco
Un hombre presuntamente relacionado con el asesinato del periodista Alejandro Gallegos León en Tabasco fue detenido, informó este martes el gobernador Javier May en sus redes sociales.
“Informo al pueblo de Tabasco que, derivado de las investigaciones de la Fiscalía de Tabasco, ha sido detenido un masculino relacionado con el homicidio del periodista Alejandro Gallegos León”, escribió May en su cuenta de X.
El periodista y académico Alejandro Gallegos León fue hallado sin vida el sábado pasado en Tabasco tras haber sido reportado como desaparecido. Su cuerpo fue hallado a la altura del kilómetro 5 de la carretera que va al poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña en el municipio de Cárdenas.
Gallegos había sido visto por última vez en el municipio de Centro. De acuerdo con su ficha de búsqueda, la última comunicación que se tuvo con él se registró alrededor de las 14:25 horas del viernes 24 de enero.
Gallegos León, de 51 años, era un periodista especializado en temas educativos y políticos locales. Tenía una columna en el medio Tabasco HOY y administraba la página de denuncia ciudadana del medio La Voz del Pueblo, Noticias sin Censura. También se desempeñaba como catedrático en la Universidad Alfa y Omega de Villahermosa.
Familiares, amigos y comunidad universitaria despidieron a Alejandro Gallegos León en el Recinto Memorial en Villahermosa, Tabasco, donde rindieron un homenaje al periodista y catedrático, de acuerdo con imágenes de la agencia Cuartoscuro.
Organizaciones piden considerar labor periodística como línea de investigación
El sábado pasado, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de periodistas hicieron un llamado a las autoridades a investigar el crimen considerando la labor periodística de Gallegos León como una posible línea de investigación.
En este sentido se pronunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, así como Propuesta Cívica y Artículo 19. Ésta última organización incluso pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso y exigió a las autoridades correspondientes otorgar medidas de protección a sus familiares y frenar de manera urgente la violencia contra la prensa en el país.
Cuatro periodistas asesinados en cuatro meses
Con Alejandro Gallegos León suman cuatro periodistas asesinados en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum que comenzó el 1 de octubre de 2024.
El primer caso fue el de Mauricio Cruz Solís, director del medio digital Minuto x Minuto, quien fue asesinado el 29 de octubre de 2024, en Uruapan, Michoacán.
Cruz Solís, de 31 años, salió a las calles de Uruapan entre las 8 y 9 de la noche para realizar su primera transmisión en vivo del programa La Jiribilla NaiChow, un espacio relajado, “para chacotear” sobre política, que usualmente se transmitía desde sus casas.
Durante el recorrido, se encontró con Carlos Manzo, el primer alcalde independiente de Uruapan. El periodista solicitó una entrevista y le preguntó sobre los avances en la reconstrucción del mercado y los apoyos para los locatarios afectados. Dos minutos después de terminar la entrevista, fue asesinado a tiros.
Veinticuatro horas después, la reportera de espectáculos Patricia Ramírez González fue acribillada en un establecimiento de comida en el que trabajaba, ubicado en la capital de Colima.
Mientras que la semana pasada, el viernes 17 de enero, el periodista Calletano de Jesús Guerrero, subdirector de Global México, fue asesinado en Teoloyucan, Estado de México, a pesar de contar con medidas de protección.
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Como otras regiones en Colombia, el Catatumbo parece estar condenado por su riqueza natural, geográfica y de recursos.
El río Catatumbo es testigo de la historia de vida y muerte que marca a Colombia.
Baña a la región a la que da nombre, una de las más ricas en recursos y mejor geolocalizadas del país, y por años también fue depósito de los cadáveres que dejó la brutalidad paramilitar en la zona a fines de los 90.
Si bien la violencia nunca se apaciguó del todo, expertos ven ahora, más de dos décadas después, cómo se reviven algunas de las peores escenas de aquella época.
Desde el 15 de enero, violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC dejan al menos 80 muertos y más de 30.000 desplazados huyendo del horror.
La situación es ya considerada una crisis humanitaria.
La disputa por esta región es tan feroz que puso en jaque a la paz total que anhela el presidente Gustavo Petro para Colombia, quien suspendió las negociaciones con el ELN y movilizó a miles de soldados a la zona.
“La situación del Catatumbo es un fracaso de la nación”, dijo Petro.
Muchos leen la frase como un reconocimiento de que su política de paz está lastimada, pero otros la vinculan a las décadas que el Catatumbo acumula a merced de grupos armados, con un Estado que no logra resolver la violencia y precariedad a la que se exponen sus habitantes.
Como muchas otras partes del país, el Catatumbo parece condenado por su riqueza.
Qué implica controlar el Catatumbo
La región ocupa alrededor de la mitad del departamento Norte de Santander, en el nororiente colombiano, y parte del sur del Cesar.
Es un territorio de más de 4.800 km² junto a la frontera venezolana donde predominan bosques y selvas y una amplia variedad climática.
“Esta condición la hace muy apetecible como corredor estratégico y de movilidad para grupos armados insurgentes e ilegales”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
“En términos geográficos, el Catatumbo permite conectar el norte del país con Venezuela”, agrega por su parte Jorge Mantilla, doctor en criminología de la Universidad de Illinois en Chicago.
Si una guerrilla llegase a controlar por completo el Catatumbo, como ahora mismo se la disputan el ELN, disidencias de las FARC y grupos paramilitares, estaría cerca de dominar la frontera colombo-venezolana y el norte colombiano.
Esto es, en la práctica, hacerse con un vasto y estratégico territorio lleno de recursos naturales al que se le pueden sacar rentas millonarias.
Fue algo que comprendieron los primeros grupos guerrilleros que se asentaron en la región desde los 70, en pleno conflicto armado.
La riqueza que atrajo violencia
El Catatumbo fue en la primera mitad del siglo XX la primera provincia petrolera de Colombia.
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, su cuenca ha sido una de las más prolíficas del país, aunque el crudo no trajo el progreso esperado para la región.
En ese contexto llegaron las guerrillas, atraídas por rentabilizar esa industria y aprovechar que el territorio vivía “marginado por el Estado”, según describe el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL, ya desmovilizado) arribaron a fines de los 70. Las FARC a mediados de los 80.
Según se expandieron estos grupos insurgentes de izquierda, el Estado aumentó su presencia militar, intensificándose el conflicto.
Luego, a fines de los 90, los habitantes sufrieron lo que ellos llaman la “arremetida paramilitar”, una barbarie que desde entonces estigmatiza a la región con sangre y terror.
Las muertes masivas y selectivas fueron constantes. Decenas de cuerpos eran arrojados al río Catatumbo. Muchos por supuestamente estar vinculados a grupos guerrilleros (ELN, EPL o FARC), según las razones que daban los paramilitares.
Las riberas de los afluentes se convirtieron en fosas comunes de las masacres.
Un halo de esperanza apareció para los locales tras el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016, pero aquí nunca se materializó esa firma.
Como sucedió en diversas zonas ricas, amplias y de difícil acceso en Colombia, otros grupos armados llegaron antes que el Estado para ocupar los vacíos dejados por los desmovilizados de las FARC y apropiarse así de sus recursos.
En el caso del Catatumbo, “bosques, agua, petróleo, carbón y, desde los 90, coca”, menciona Arias, además de múltiples cultivos base para la alimentación.
Son recursos clave para el desarrollo que hasta la fecha no han servido para traer suficiente bienestar a sus habitantes.
Falta “inversión en infraestructura, en educación, en salud, en vivienda, en oportunidades laborales, en apoyo a proyectos productivos”, según un relato de la Comisión de la Verdad en Colombia.
Semillero de economías ilícitas
Las décadas de conflicto, la débil presencia del Estado y su ubicación estratégica convirtieron al Catatumbo en una región prolífica para rentas ilegales como el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes desde Venezuela y el lavado de activos.
Guerrillas como el ELN, surgidas en los 60 con fines políticos, “transitan hacia un escenario donde cada vez es más importante la delincuencia organizada y donde aumentan su dependencia de economías ilícitas”, describe Mantilla.
El Catatumbo es uno de los enclaves cocaleros más importantes del país y, según este experto, superó en los últimos años la producción de cocaína de otras regiones como Nariño o Putumayo.
Un informe de las Naciones Unidas de 2024 estima que el Catatumbo contaba en 2023 con casi 54.000 hectáreas de hoja de coca.
Esta región y otras tres en el país son las únicas que superan las 30.000 hectáreas de ese cultivo.
Una concentración que, de acuerdo a testigos e informes sobre terreno, es controlada por los grupos armados presentes.
“Por algunos años, el ELN y disidencias las FARC, de alguna forma, coexistieron aquí”, cuenta Arias, “a excepción de 2018 cuando hubo enfrentamientos entre un reducto del EPL y el ELN”.
El experto recuerda que incluso el ELN facilitó el rearme de facciones de las FARC que no se adhirieron al proceso de paz de 2016.
“Desde 2019, estos grupos elaboraron algunos acuerdos tácitos de respetar zonas, asuntos y temas de finanzas”, dice Arias.
Dichos tratos abordaban temas de narcotráfico, financiamiento y extorsión, y le dieron una mayor estabilidad a la zona.
Una especie de “gobernabilidad paralela”, dice la Comisión de la Verdad.
En medio, el ELN se sentó a la mesa negociadora de la administración de Petro en unos diálogos de paz que lograron avances prometedores y un cese al fuego.
Pero los diálogos se enquistaron desde mayo de 2024, los acuerdos entre el ELN y otros grupos de la región se quebrantaron y la breve estabilidad del Catatumbo se desmorona en este arranque sangriento de 2025.
Clave para la paz
El Catatumbo demuestra también su importancia política en un conflicto que hoy luce lejos de resolverse.
Es casi imposible, según expertos, que haya paz en Colombia si no hay paz con el ELN, la guerrilla en activo más numerosa del país.
Además, el dominio por décadas del ELN en esta región fronteriza contribuyó a que en los últimos años se convirtiera en actor “binacional” y un instrumento “clarísimo de Venezuela para influir en Colombia”, según el analista Mantilla.
Esto complica, más si cabe, cualquier resolución.
El gobierno de Venezuela es garante de paz del ELN en las negociaciones con funcionarios colombianos.
“Maduro se lo recuerda con frecuencia a Petro”, dice Mantilla.
El académico también advierte que “la fortaleza militar del ELN es la frontera con Venezuela y el hecho de que ahora esté asumiendo una posición más beligerante es un recordatorio de que cualquier conversación de paz pasa por ese país”.
Un escenario particularmente complejo a la fecha, dado que las relaciones entre los gobiernos de Petro y Maduro atraviesan su momento más complicado después de que Colombia no reconociera la victoria del venezolano en las elecciones del pasado 28 de julio.
En la pugna de poder del Catatumbo, este experto cree que el ELN acabará imponiéndose sobre las disidencias de las FARC y otros grupos armados.
“Esto podría acelerar los acuerdos con las disidencias, que quizás busquen protección del Estado”.
Lo que sucedería con un ELN más poderoso e influyente es una incógnita, aunque muchos en Colombia conciben que la violencia reciente es un golpe definitivo a la legitimidad de cualquier acuerdo de paz.
Todo indica que lo que pase en el Catatumbo marcará en Colombia el debate sobre la seguridad y la paz a poco más de un año de nuevas elecciones presidenciales.
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