
Alexander tenía 16 años y una vida ordenada. Iba a la escuela, ayudaba a su mamá en la empresa familiar y soñaba con estudiar ingeniería en logística. Le gustaba la música —Peso Pluma sonaba seguido en su celular—, las hamburguesas, las alitas y la morisqueta. No tenía vicios, no se metía en problemas, no salía de noche.
Su mundo era pequeño y seguro. Al menos eso creían él y su familia.

La noche del 5 de junio de 2023, Alexander acompañó a su madre, Issis Nínive Ortiz Cortez, a la terminal de autobuses de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Su hermano mayor viajaba a Guadalajara, donde estudiaba. Alexander se sentó en el asiento delantero, puso música y esperó. Luego regresaron a casa.
Eran cerca de las once de la noche cuando estacionaron la camioneta. Alexander pidió las llaves para ir a la tienda a comprar chocolate amargo. Su mamá se negó: era tarde. Issis subía la banqueta cuando escuchó lo que creyó que eran truenos.
No lo eran.
Los cristales estallaron. La camioneta quedó hecha pedazos. Alexander empezó a escupir sangre. Dos hombres vestidos de negro, a bordo de una motocicleta negra, disparaban a quemarropa. Uno de ellos lanzó un último tiro que le dio en el hombro.
Issis quedó inmóvil. Estaba cubierta de sangre, más no herida. Su hijo se ahogaba con su propia sangre. Quiso gritar, pero no pudo. Pitó con el claxon. Nadie salió. A media cuadra, un vecino escuchó y corrió a ayudar.

Cargaron a Alexander y lo llevaron primero a una clínica privada. No lo recibieron: las heridas eran demasiado graves. Condujeron entonces a toda velocidad al hospital del IMSS. Llegaron cerca de la medianoche.
Alexander tenía exposición de masa encefálica. A las 4:30 de la madrugada, los médicos declararon su muerte cerebral.
Había sido asesinado un adolescente más en Michoacán.
Casi tres años después del asesinato de Alexander, el hombre señalado como autor intelectual del crimen ya está de regreso en México, tras años prófugo de la justicia. Jorge Luis ‘N’, alias “El Marino”, fue extraditado desde Canadá y trasladado a Michoacán, donde un juez de control ya lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva.
La detención y extradición fueron resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán, dirigida por Carlos Torres Piña, y la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy, que durante años rastrearon su paradero fuera del país.
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Para Issis Nínive Ortiz, madre de Alexander, la extradición marca un punto de inflexión, pero no el final de la lucha. La mañana de este jueves acudió a la sede de la FGR en Ciudad de México, donde agradeció públicamente el trabajo de las autoridades estatales y federales para lograr que ‘El Marino’ enfrente a la justicia mexicana. Al mismo tiempo, entregó un escrito a la fiscal federal, Ernestina Gody, y envió un mensaje directo a las instancias judiciales para que mantengan la atención sobre el caso.
Aunque el presunto responsable ya fue vinculado a proceso y se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, el temor persiste. Issis pidió este jueves al Poder Judicial que valore todas las pruebas y actúe con rigor y contundencia. “Es una persona generadora de violencia”, advirtió en entrevista con Animal Político ayer miércoles, e insistió hoy en ese mensaje en la sede de la FGR, recordando, además, que “El Marino” formaba parte de los objetivos prioritarios del nuevo Plan Michoacán contra la delincuencia.
La mujer reiteró esta mañana que una eventual liberación no solo significaría impunidad por el asesinato de su hijo, sino un riesgo real e inmediato para su vida y la de su familia. “Si llega a salir, me va a matar a mí y a los míos”, dijo, para acto seguido preguntar ante los medios: “¿Cuántas familias más tienen que morir para que este señor sea sentenciado?”.
La Fiscalía de Michoacán sostiene que el crimen de Alexander fue una venganza laboral contra su madre. Issis Ortiz es empresaria y dueña de una compañía de seguridad privada. En mayo de 2021 contrató a Jorge Luis ‘N’, “El Marino”, para hacerse cargo de un área del negocio.
Al inicio, dice, el trabajo funcionó. Pero, poco después, comenzaron los problemas: robos, amenazas, intentos de extorsión, exigencias para convertirse en socio sin aportar dinero. Issis decidió despedirlo. Lo indemnizó conforme a la ley. Le dio incluso dos vehículos.
Pero no fue suficiente.
“El último día que lo vi, me dijo con pistola en mano: ‘te vas a acordar de mí’”, recuerda.
Un año después, Alexander fue asesinado.

Vecinos relataron que los atacantes gritaron un mensaje antes de huir: “Ahí le manda un saludo Jorge Luis”.
La frase quedó registrada en la investigación.
Tras el asesinato de Alexander, Issis denunció. La Fiscalía ofreció una recompensa de 100 mil pesos por información para localizar al presunto responsable. Las pruebas incluyen amenazas previas, rastreo de llamadas e intercepción de comunicaciones.
Pero la violencia no terminó ahí. La madrugada del 19 de septiembre, dos hombres colocaron un artefacto explosivo bajo una camioneta muy similar a la de Issis. Las cámaras de seguridad captaron el momento: caminaron cubiertos, salieron del encuadre, regresaron corriendo y segundos después se produjo la explosión.
La carga —presuntamente C4 de uso militar— destrozó el vehículo, que resultó ser de un vecino. La onda expansiva dañó varias casas. No hubo víctimas mortales.
“Estoy segura de que pensaron que era mi camioneta”, dice Issis.
Desde entonces, tuvo que abandonar Lázaro Cárdenas. Cambió de residencia. Vivir ahí ya no era posible.
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Con el paso de la investigación, las autoridades ministeriales michoacanas reconstruyeron que “El Marino” no solo arrastraba conflictos personales y laborales, sino que había quedado atrapado en una red mucho más amplia de violencia criminal.
Fuentes de seguridad lo vinculan con operaciones de lavado de dinero, robo de cargamentos de droga y disputas internas entre grupos delictivos que operan en Michoacán y Guerrero.
En su huida, “El Marino” habría traicionado a una organización criminal, apropiándose de droga que no le pertenecía, lo que lo convirtió también en objetivo de venganza. Esa doble condición —perseguido por la justicia y por el crimen organizado— desató una espiral de violencia que no solo cobró la vida de Alexander, sino que terminó alcanzando a su propia familia: su hermano, su esposa y su hija adolescente, asesinados como parte de un ajuste de cuentas dirigido a él.
Meses después del asesinato del adolescente, Santiago, hermano de Jorge Luis, fue asesinado a tiros en Nueva Italia, municipio de Múgica. De acuerdo con las investigaciones, había participado en tareas de vigilancia y seguimiento a Issis y su familia antes del crimen.
Luego vino el golpe más brutal.
El 2 de septiembre, Óscar, Guadalupe y Grecia N., hermano, esposa e hija de “El Marino”, fueron asesinados a tiros en una tenencia de Lázaro Cárdenas. Óscar y Guadalupe eran profesores de educación básica. Grecia apenas tenía 15 años.
La familia había huido de Nueva Italia por amenazas y estaba a punto de escapar del país. Esa noche subían maletas a una camioneta. Planeaban llegar a la terminal de autobuses y luego al aeropuerto. Ya habían iniciado trámites de asilo político en Estados Unidos.
Pero no alcanzaron a huir.
Días antes de ser asesinada, Grecia envió un mensaje de WhatsApp a su padre. En él lo responsabilizaba del peligro en el que vivían ella, su madre y el resto de la familia.
“Papá, no creo que estés pensando en mi felicidad ni en mi bien porque sigues haciendo estas cosas y provocándonos más problemas. El verdadero causante de todas estas situaciones eres tú”, escribió. Le dijo que lo amaba, pero también que ya no quería seguir viviendo así. “Creo que ya es momento de que nos dejes tranquilas por primera vez”.
Horas después del triple homicidio, un grupo criminal se adjudicó el crimen. El mensaje iba dirigido a “El Marino”: era parte del cobro por sus deudas y traiciones.
Las autoridades señalan que Jorge Luis ‘N’ ocultó durante años este historial ligado al crimen organizado. Presumía haber pertenecido a la Marina y al Ejército, aunque no hay registro oficial.
En su huida pasó por distintos estados. Trabajó en empresas portuarias y de seguridad privada. Fue despedido por abuso y violencia. A su paso, dejó una estela de víctimas: mujeres golpeadas, abusadas sexualmente, amenazadas; familias desplazadas; adolescentes asesinados.
Alexander, de apenas 16 años, fue una de esas víctimas.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la suspensión comenzará el 21 de enero y que la medida busca que se nieguen visas a personas que puedan depender de recursos públicos en algún punto.
El gobierno de EE.UU. congelará de manera indefinida el procesamiento de visados de inmigrante para al menos 75 países, según confirmó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado dijo que el objetivo era poner fin al “abuso” del sistema “por parte de quienes pretenden obtener beneficios económicos a costa del pueblo estadounidense” mediante el uso de programas de asistencia social y beneficios públicos.
Según informó previamente la cadena Fox News, la suspensión entrará en efecto el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indeterminada hasta que el Departamento de Estado “revise sus procedimientos” migratorios.
El reporte indica que dentro de los 75 países hay varios de América Latina y el Caribe, incluidos Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Saint Vincent y las Granadinas y Uruguay.
También están incluidos en la lista Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, y Yemen, entre otros países.
Tommy Pigott, del Departamento de Estado, señaló: “El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una carga pública para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense.
Y añadió: “El procesamiento de visas de inmigrante provenientes de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que harían uso de la asistencia social y los beneficios públicos”.
Tras la detención en noviembre de un inmigrante afgano acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., la administración prohibió o restringió la entrada de ciudadanos de 19 países.
En diciembre, amplió la prohibición de viajes a personas de otros cinco países y a quienes viajaban con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.
Los casos de asilo, la tramitación de la ciudadanía y las solicitudes de residencia permanente para inmigrantes de los 19 países inicialmente afectados por la prohibición también han sido suspendidos.
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