Xóchitl Gálvez reprocha al gobierno por reconocer sólo 12 homicidios de candidatos durante proceso electoral
Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, acusó al gobierno federal de “darle la vuelta” al número de candidatos asesinados en el pasado proceso electoral, luego de que las autoridades solo reconocieron 12 muertes.
Gálvez criticó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, por minimizar el problema de la violencia política al no contabilizar las personas que fueron asesinadas antes de que se registraran oficialmente para un cargo público.
“La secretaría de seguridad publica dice que solo 12 personas fueron asesinadas candidatas oficialmente, señora secretaria, las otras 27 no llegaron porque las mataron”, reclamó la excandidata presidencial en una conferencia de prensa en el Senado.
Según un conteo hecho por Animal Político, al menos 35 personas que aspiraban a un cargo público fueron asesinadas en el proceso electoral.
Ante esta cifra, Xóchitl Gálvez criticó al gobierno por dejar afuera a las candidaturas que aún no estaban registradas oficialmente para argumentar que el anterior no fue el proceso electoral más violento del país.
“¿Esa es su cuenta? Ellos eran aspirantes a candidatos, fueron asesinados, qué consuelo, no habían sido registrados y por lo tanto no los contamos y por lo tanto no fue uno de los procesos electorales más violentos en la historia del país”, dijo Gálvez.
Gálvez reclama presunta intervención del crimen organizado en elecciones
La senadora panista también cuestionó la presunta intervención del crimen organizado el día de las votaciones.
“Hubo una casilla allá en Durango donde prácticamente gobierna la familia de ‘El Chapo’ (Guzmán), en Tamazula, donde el 100% votó por Morena y el 100% del padrón votó”.
Esta es la segunda ocasión que Xóchitl Gálvez acudió al Senado de la República luego de ser derrotada en las elecciones presidenciales.
El día de hoy la panista presentará una iniciativa de ley para que, en futuras elecciones, el presidente o la presidenta de México pueda ser sancionado con hasta 50 años de prisión por romper las leyes electorales.
