Directora RRHH

Nayeli Cid

En el caso de Ernestina Ascencio Rosario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) identificó un patrón de violencia sexual cometida por integrantes del Ejército mexicano contra mujeres indígenas, así como el <a href="https://animalpolitico.com/sociedad/corte-idh-mexico-violacion-tortura-y-muerte-ernestina-ascencio-ejercito" target="_blank" rel="noopener">incumplimiento de México de su obligación de investigar y juzgar estos hechos en el fuero civil</a>.
Esta práctica, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), afecta el acceso a la justicia al permitir que las investigaciones de este tipo de casos se realicen en el ámbito militar, donde, de acuerdo con la organización, “se favorecen la opacidad y el encubrimiento entre militares”.
Lee: <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/verdad-justicia-y-reparacion/ernestina-ascencio-rosario-14-anos-de-pacto-patriarcal-e-impunidad" target="_blank" rel="noopener">Ernestina Ascencio Rosario: 14 años de pacto patriarcal e impunidad</a>
Estas consideraciones fueron expuestas por Eduardo Guerrero, abogado de Centro Prodh, en entrevista con Animal Político, tras la sentencia emitida por la Corte Interamericana.
El pasado lunes, la Corte declaró al Estado mexicano responsable por la violación sexual, la tortura y la muerte de Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años. Los hechos ocurrieron en 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz, y de acuerdo con la sentencia, fueron cometidos por militares.
<figure id="attachment_1615142" aria-describedby="caption-attachment-1615142" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1615142 size-full" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/ernestina-ascencio-violencia-sexual-fuero-militar-impunidad-1.jpg" alt="Violencia sexual, fuero militar e impunidad: las claves del caso Ernestina Ascencio tras el fallo de la Corte IDH" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/ernestina-ascencio-violencia-sexual-fuero-militar-impunidad-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/ernestina-ascencio-violencia-sexual-fuero-militar-impunidad-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/ernestina-ascencio-violencia-sexual-fuero-militar-impunidad-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/ernestina-ascencio-violencia-sexual-fuero-militar-impunidad-1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1615142" class="wp-caption-text">Foto: Corte Interamericana de Derechos Humanos</figcaption></figure>
<h2>Militarización de la seguridad y violaciones a derechos humanos</h2>
Guerrero explicó que la relevancia del fallo radica en que la Corte Interamericana analizó el contexto de la política de seguridad pública en México y advirtió que se ha profundizado la <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/lo-que-quiso-decir/la-militarizacion-se-profundiza" target="_blank" rel="noopener">participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad</a>, lo que puede derivar en un aumento de violaciones a los derechos humanos.
Señaló que esta es la séptima ocasión en que la Corte condena a México por violaciones cometidas por militares, pero subrayó que, a diferencia de sentencias previas, en este caso el Tribunal examinó de forma más directa la política de militarización de la seguridad pública.
También lee: <a href="https://animalpolitico.com/sociedad/omision-atencion-medica-violacion-derechos-humanos-quejas-cndh-inegi" target="_blank" rel="noopener">Omisión en la prestación de atención médica: la violación a derechos humanos más reclamada ante la CNDH</a>
Indicó que la Corte estableció una relación entre esta política y la comisión de violaciones graves. “En un párrafo muy destacado, la Corte Interamericana dice que existe esta relación entre la profundización de la militarización y el aumento de la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales”, señaló.
<h2>Violencia sexual como común denominador en casos de mujeres indígenas</h2>
Guerrero añadió que estas violaciones tienen un impacto diferenciado en las mujeres, particularmente en mujeres indígenas. Recordó que en los casos de Ernestina Ascencio, Inés Fernández y <a href="https://animalpolitico.com/sociedad/valentina-rosendo-militares-violacion" target="_blank" rel="noopener">Valentina Rosendo</a>, la Corte identificó elementos comunes.
“Son mujeres, mujeres indígenas, con presencia militar en sus territorios y comunidades”, dijo, y agregó que “en todos los casos en los que México ha sido condenado por violaciones cometidas en contra de mujeres por parte de militares, el común denominador es la violencia sexual”.
<figure id="attachment_1615143" aria-describedby="caption-attachment-1615143" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1615143 size-full" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/ernestina-ascencio-violencia-sexual-fuero-militar-impunidad-2.jpg" alt="Violencia sexual, fuero militar e impunidad: las claves del caso Ernestina Ascencio tras el fallo de la Corte IDH" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/ernestina-ascencio-violencia-sexual-fuero-militar-impunidad-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/ernestina-ascencio-violencia-sexual-fuero-militar-impunidad-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/ernestina-ascencio-violencia-sexual-fuero-militar-impunidad-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/ernestina-ascencio-violencia-sexual-fuero-militar-impunidad-2-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1615143" class="wp-caption-text">Foto: Corte Interamericana de Derechos Humanos</figcaption></figure>
<h2>Fuero militar y doble investigación</h2>
Otro de los ejes del fallo es el uso del fuero militar. Guerrero recordó que la Corte ha sido consistente al ordenar que las <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/cndh-rosario-piedra-ejercito-violaciones-derechos-humanos" target="_blank" rel="noopener">violaciones a derechos humanos cometidas por militares</a> sean investigadas y juzgadas exclusivamente por autoridades civiles.
Criticó que en México continúe la práctica de realizar investigaciones paralelas en el fuero civil y en el militar, lo que —afirmó— constituye “un incumplimiento directo de las sentencias de la Corte”.
Explicó que este esquema afecta de manera directa el acceso a la justicia. “El fuero militar minimiza los delitos, impone penas menores, limita la participación de las víctimas y restringe el acceso a la información”, señaló. Añadió que estas prácticas “favorecen la opacidad y el encubrimiento entre militares”.
Puedes leer: <a href="https://animalpolitico.com/2020/12/reabren-caso-ernestina-ascencio-indigena-violada-militares" target="_blank" rel="noopener">Fiscalía de Veracruz reabrirá caso de Ernestina Ascencio, la indígena abusada por militares</a>
Cabe recordar que en diciembre de 2020, la Fiscalía General del Estado de Veracruz anunció la reapertura del caso de Ernestina Ascencio, con el objetivo de revisar nuevamente los hechos y agotar todas las líneas de investigación, luego de que había cerrado el caso con la versión oficial de que la causa de muerte fue anemia aguda asociada a padecimientos gástricos.
Guerrero indicó que la obligación del Estado es que estas violaciones sean investigadas únicamente por autoridades civiles. “El estándar es muy claro: todas las violaciones a derechos humanos deben llevarse en el fuero civil y no en instancias militares”, sostuvo.
<figure id="attachment_1615248" aria-describedby="caption-attachment-1615248" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1615248" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Violencia-sexual-fuero-militar-e-impunidad_-las-claves-del-caso-Ernestina-Ascencio-tras-el-fallo-de-la-Corte-IDH.jpg" alt="Violencia sexual, fuero militar e impunidad_ las claves del caso Ernestina Ascencio tras el fallo de la Corte IDH" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Violencia-sexual-fuero-militar-e-impunidad_-las-claves-del-caso-Ernestina-Ascencio-tras-el-fallo-de-la-Corte-IDH.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Violencia-sexual-fuero-militar-e-impunidad_-las-claves-del-caso-Ernestina-Ascencio-tras-el-fallo-de-la-Corte-IDH-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Violencia-sexual-fuero-militar-e-impunidad_-las-claves-del-caso-Ernestina-Ascencio-tras-el-fallo-de-la-Corte-IDH-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Violencia-sexual-fuero-militar-e-impunidad_-las-claves-del-caso-Ernestina-Ascencio-tras-el-fallo-de-la-Corte-IDH-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1615248" class="wp-caption-text">En 2013 Marta Inés Ascencio, Carmen Ascencio y Eugenio Ortega Ascencio, hijas y nieto de Ernestina Ascencio, denunciaron amenazas de muerte. Foto: Cuartoscuro</figcaption></figure>
<h2>Cumplimiento integral de la sentencia y supervisión internacional</h2>
Sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, Guerrero señaló que, si el Estado se limita a realizar actos simbólicos sin garantizar justicia en el ámbito civil, el proceso de supervisión internacional continuará abierto. “La sentencia tiene que cumplirse de manera íntegra”, afirmó, y subrayó que mientras no se investigue, juzgue y sancione a los responsables conforme a los estándares de la Corte, México seguirá en incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
El abogado recordó que el Estado mexicano mantiene un historial de incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, en particular en los aspectos estructurales relacionados con el acceso a la justicia y el juzgamiento de violaciones graves a derechos humanos.
Lee: <a href="https://animalpolitico.com/sociedad/caso-antonio-gonzalez-desaparicion-forzada-sentencia-corteidh-incumplimientos" target="_blank" rel="noopener">A un año de la sentencia de la Corte IDH por el caso Antonio González, el Estado mexicano todavía no cumple sus obligaciones</a>
Indicó que, aunque México ha sido condenado en múltiples ocasiones, la mayoría de los casos siguen en etapa de supervisión. “México, de los 15 casos que tiene, solamente en uno ha cumplido con todas las reparaciones de una sentencia”, dijo, al referirse al caso de Jorge Castañeda Gutman.
Explicó que, en general, el Estado cumple primero con medidas de carácter simbólico o administrativo. “Muchas veces lo primero que cumple el Estado es realizar <a href="https://animalpolitico.com/estados/cndh-ejercito-disculpa-muerte-leidy-alexa-ninas-badiraguato-sinaloa" target="_blank" rel="noopener">actos de disculpa pública, la publicación de la sentencia o el pago de reparaciones</a>”, señaló, pero agregó que “donde observamos una constante de incumplimiento es en los temas de acceso a la justicia e investigación de los hechos”.
<figure id="attachment_1615249" aria-describedby="caption-attachment-1615249" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1615249 size-full" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Violencia-sexual-fuero-militar-e-impunidad_-las-claves-del-caso-Ernestina-Ascencio-tras-el-fallo-de-la-Corte-IDH-2.jpg" alt="Violencia sexual, fuero militar e impunidad_ las claves del caso Ernestina Ascencio tras el fallo de la Corte IDH-2" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Violencia-sexual-fuero-militar-e-impunidad_-las-claves-del-caso-Ernestina-Ascencio-tras-el-fallo-de-la-Corte-IDH-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Violencia-sexual-fuero-militar-e-impunidad_-las-claves-del-caso-Ernestina-Ascencio-tras-el-fallo-de-la-Corte-IDH-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Violencia-sexual-fuero-militar-e-impunidad_-las-claves-del-caso-Ernestina-Ascencio-tras-el-fallo-de-la-Corte-IDH-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Violencia-sexual-fuero-militar-e-impunidad_-las-claves-del-caso-Ernestina-Ascencio-tras-el-fallo-de-la-Corte-IDH-2-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1615249" class="wp-caption-text">Solo en el caso de Jorge Castañeda México ha cumplido con todas las reparaciones de una sentencia. Foto: Cuartoscuro</figcaption></figure>
Guerrero apuntó que las sentencias permanecen bajo supervisión internacional porque no se ha garantizado justicia para las víctimas. “Estas sentencias siguen abiertas porque prácticamente en todas ellas sigue sin cumplirse con garantizar justicia, lo que implica una investigación adecuada y el juzgamiento y sanción de los responsables”, indicó.
Añadió que, en algunos casos, el incumplimiento no es solo parcial, sino que <a href="https://animalpolitico.com/sociedad/corte-interamericana-mexico-arraigo-prision-preventiva" target="_blank" rel="noopener">el Estado ha actuado en sentido contrario</a> a lo ordenado por la Corte Interamericana. Como ejemplo, mencionó las resoluciones sobre prisión preventiva oficiosa.
“En los casos Daniel García Rodríguez y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, la Corte le ordenó a México <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/personas-prision-preventiva-culpa-injusticia" target="_blank" rel="noopener">adecuar su legislación para prácticamente eliminar la prisión preventiva oficiosa</a>”, explicó, y agregó que “México no solo no adecuó el marco normativo, sino que amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa”.
<h2>Costo político y reputacional del incumplimiento internacional</h2>
Sobre las consecuencias de este desacato, Guerrero señaló que, aunque la Corte no cuenta con mecanismos coercitivos directos, el impacto es político y reputacional. “Frente a la comunidad internacional, México queda como un Estado que desacata y no cumple sus obligaciones internacionales”, afirmó.
Sigue leyendo: <a href="https://www.animalpolitico.com/genero-y-diversidad/feminicidio-lilia-alejandra-garcia-andrade-corte-interamericana" target="_blank" rel="noopener">A 24 años del feminicidio de Lilia Alejandra, México enfrenta sentencia ante la Corte Interamericana por su omisión en el caso</a>
Precisó que la Corte puede emitir resoluciones de seguimiento y convocar audiencias de supervisión, procesos que permanecen abiertos hasta que se acrediten todas las reparaciones ordenadas.
Por último, explicó que, ante incumplimientos persistentes, la Corte puede llevar el caso a un plano político regional. “El máximo mecanismo que tiene la Corte es reportar ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos cuando un Estado está abiertamente incumpliendo o desacatando una sentencia”, explicó.

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Violencia sexual, fuero militar e impunidad: las claves del caso Ernestina Ascencio tras el fallo de la Corte IDH

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Aunque la llamada “depresión decembrina” no es un diagnóstico clínico reconocido como tal, una combinación de factores ambientales y sociales durante esta temporada puede desencadenar malestares que sí se parecen a condiciones con patrón estacional, como el trastorno afectivo estacional (TAE), que suele aparecer en otoño e invierno debido a la disminución de luz y otros cambios sociales. 
“Estos síntomas se detonan debido a que durante el año algunas personas han atravesado situaciones negativas o que no se han disfrutado tanto”, indica la psicóloga Itzel Bazán, especializada en terapia familiar sistémica. “Al mismo tiempo, hay muchas personas que pierden a familiares. Estas fechas son época de familia, de amor, de paz, de tranquilidad. Al saber que no va a estar tu familiar, que perdiste tu trabajo, que la gran mayoría de las personas está en un ambiente de paz, tranquilidad y tú no, se empieza a generar ansiedad”, explica.
El TAE no es lo mismo que la depresión clínica. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (<a href="https://www.federaciocatalanatdah.org/wp-content/uploads/2018/12/dsm5-manualdiagnsticoyestadisticodelostrastornosmentales-161006005112.pdf">DSM-5</a>) y en la Clasificación Internacional de Enfermedades (<a href="https://icd.who.int/es/docs/Guia%20de%20Referencia%20(version%2014%20nov%202019).pdf">CIE-11</a>), el trastorno afectivo estacional se define como la pérdida de interés y placer por actividades que antes eran atractivas, durante al menos dos semanas, todos los días y en todo momento. 
Además, el TAE presenta al menos cinco síntomas de un listado de diez, entre los cuales se encuentran la pérdida de apetito, retraso psicomotor, dificultad para concentrarse, pensamientos de culpa excesiva, problemas de insomnio, presentar pensamientos suicidas y provocar un deterioro en la vida diaria, como en el trabajo, la escuela, las relaciones personales o el autocuidado.
El diagnóstico clínico no se basa en la presencia de algunos síntomas, sino de un conjunto de tales, así como la duración, la intensidad y el impacto en la vida de las personas afectadas. A pesar de que la depresión decembrina comparte síntomas como la tristeza, ansiedad, irritabilidad o agotamiento durante las fiestas, no necesariamente cumple con los criterios clínicos de duración, frecuencia e impacto funcional que exige un diagnóstico formal.
De acuerdo con datos del <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/biare/doc/889463926771.pdf">Módulo de Bienestar Autorreportado (Biare) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)</a>,  22.5 % de la población de 12 años y más presenta indicios de ansiedad y 12.6 % manifiesta indicios de depresión basados en síntomas recientes. Estos indicadores, medidos con escalas estandarizadas, muestran que no es raro experimentar malestar emocional en distintos momentos del año y que estos síntomas pueden intensificarse en contextos de estrés social y cambios de rutina.
La especialista menciona que, durante diciembre, otro de los factores que puede detonar la depresión es la exposición a redes sociales y las expectativas familiares y sociales que suelen mostrarse en ellas. 
“Las redes sociales y la presión social influyen de una forma más negativa que positiva. Tanto en el tener que aparentar, que endeudarte, que estar compitiendo con todos los demás en adornar, en comprar, en gastar, en verte bien”, asegura. 
Además, Itzel Bazán recalca que el fin de año concentra múltiples factores de riesgo emocional, pues la presión por cumplir expectativas sociales de felicidad, los balances personales, los duelos no resueltos, el estrés económico y los conflictos familiares pueden coincidir con cambios en las rutinas y el descanso.
Asimismo, la menor exposición a la luz natural y las alteraciones del sueño pueden afectar el estado de ánimo y la regulación emocional. 
Estos factores no implican necesariamente un trastorno de salud mental, pero sí pueden intensificar síntomas en personas con antecedentes de depresión o ansiedad o en quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad.
Lee más: <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/menstruacion-digna-estrategia-nacional">Menstruación Digna: ¿en qué consiste la estrategia nacional del gobierno de Sheinbaum para estudiantes?</a>
<h2>Principales síntomas de la depresión decembrina</h2>
Aunque la depresión decembrina no es un diagnóstico clínico reconocido, especialistas en salud mental utilizan este término para describir un conjunto de síntomas emocionales y conductuales que suelen aparecer o intensificarse durante las fiestas de fin de año. Entre las señales más comunes se encuentran la pérdida de energía, irritabilidad, dificultades para dormir (como insomnio o sueño no reparador), falta de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban, así como ansiedad persistente y sensación de vacío o tristeza.
Estos síntomas suelen estar relacionados con factores propios de la temporada, como los balances personales de fin de año, los duelos no resueltos, la presión social por mostrarse feliz, el estrés económico y los cambios en las rutinas diarias. De acuerdo con Itzel Bazán, los adultos y las personas adultas mayores se encuentran entre los grupos más vulnerables, ya que pueden enfrentar con mayor intensidad la soledad, las pérdidas afectivas, los problemas de salud o la falta de redes de apoyo.
“Las personas más vulnerables para este tipo de malestar emocional suelen ser adultos y personas de la tercera edad debido a que atraviesan experiencias difíciles a lo largo de la vida y, además, están expuestas a una narrativa constante de felicidad en medios y redes sociales, lo que puede incrementar la sensación de contraste o aislamiento durante esta temporada”, señala la psicóloga. 
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¿Cómo identificar la depresión decembrina y qué hacer si se padece?
Para la especialista, identificar la depresión decembrina implica observar la duración, la intensidad y el impacto de los síntomas. Sentirse triste o cansado algunos días durante diciembre puede ser una reacción normal al estrés de las fiestas. Sin embargo, cuando el malestar se mantiene por varias semanas, interfiere con la vida cotidiana o se acompaña de aislamiento, desesperanza o ansiedad constante, es importante prestarle atención.
“Hasta cierto punto es normal sentirse mal en estas fechas por los factores que ya mencionamos, pero es importante vigilar cuánto tiempo llevas sintiéndote así y si esto hace que te sea complicado seguir con tu rutina”. 
Además, recomienda no minimizar las señales y comenzar por reconocer sin culpa lo que se está sintiendo, reducir la presión por cumplir expectativas sociales, “obligarse” a mantener rutinas básicas de sueño y alimentación, y buscar apoyo en personas de confianza. “Aun cuando no haya energía o motivación, el obligarse a seguir rutinas resulta de buena ayuda para ir saliendo poco a poco de este episodio”.
Asegura que pedir ayuda psicológica es una tarea que se puede hacer todo el año y no solo en un mes específico, pues siempre se enfrentan situaciones en las que se pueda necesitar de ayuda extra. “Yo considero que puedes buscar ayuda psicológica todos los meses y los 365 días del año por diferentes factores. En diciembre se busca más la ayuda cuando se tienen duelos no concluidos o duelos no enfrentados; sin embargo, siempre hay situaciones en la que puedas considerar que necesitas más ayuda de un especialista”. 
Finalmente, recomienda buscar atención psicológica siempre que se crea necesaria, ya que un diagnóstico oportuno permite acceder a orientación y tratamiento adecuados. Además, afirma que si se busca establecer contacto inmediato con alguien, se puede hablar a un contacto de confianza o marcar a la línea para la prevención del suicidio, que es 988.

depresión decembrina

El Sabueso

salud mental

Depresión decembrina: ¿en qué consiste y cómo identificarla?

Estados Unidos <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2025/12/10/eu-corta-suministro-a-maduro-intercepta-e-incauta-buque-con-crudo-venezolano/" target="_blank" rel="noopener">impuso un bloqueo</a> a Venezuela. Este es el último desenlace en las tensiones entre Caracas y Washington. Sin embargo, el bloqueo a la exportación de crudo venezolano no es solo una forma de coaccionar al régimen de Nicolas Maduro, sino que demuestra un cambio en la conducción de la política exterior estadounidense que responde a una realidad: las sanciones económicas usadas como arma de guerra económica pierden su eficacia como método de coacción internacional. Por lo que la Casa Blanca se ha visto obligada a recurrir a métodos más directos y peligrosos de presión. Una dinámica que probablemente sea el nuevo estándar en la política exterior estadounidense.
El pasado 10 de diciembre, fuerzas especiales de Estados Unidos <a href="https://www.dw.com/es/estados-unidos-incauta-un-buque-petrolero-frente-a-las-costas-de-venezuela/a-75099973" target="_blank" rel="noopener">abordaron</a> el buque petrolero Skipper frente a las costas de Venezuela y tomaron control de la embarcación, bajo el <a href="https://www.dw.com/es/estados-unidos-incauta-un-buque-petrolero-frente-a-las-costas-de-venezuela/a-75099973" target="_blank" rel="noopener">argumento</a> de que era utilizada por Venezuela e Irán para comerciar hidrocarburos, pese a las sanciones internacionales impuestas a ambos países. De acuerdo con la información disponible, el <a href="https://edition.cnn.com/2025/12/10/politics/oil-tanker-seized-venezuela" target="_blank" rel="noopener">barco</a> había zarpado de Venezuela con destino a Cuba y posteriormente se dirigiría a Asia con un cargamento de crudo venezolano. No obstante, el Skipper no navegaba en aguas estadounidenses, no enarbolaba la bandera de Estados Unidos ni era operado por una empresa estadounidense, lo que ha abierto un debate sobre la <a href="https://www.cbsnews.com/news/what-we-know-oil-tanker-the-skipper-seized-us-near-venezuela/" target="_blank" rel="noopener">legalidad</a> de la operación, que incluso ha sido calificada por algunos como un acto de piratería.
Esto tiene implicaciones importantes para el comercio marítimo y preocupa que abra la puerta a escenarios de interrupción del comercio marítimo en distintas regiones. Ya lo vimos en el Golfo de Omán hace un par de días con la <a href="https://www.middleeastmonitor.com/20251213-iran-seizes-oil-tanker-in-strait-of-hormuz-on-suspicion-of-smuggling-fuel/" target="_blank" rel="noopener">toma de un buque petrolero</a> por parte de Irán bajo la sospecha de que traficaba hidrocarburos. Sin embargo, más allá de las implicaciones inmediatas en el comercio internacional, con la incautación del Skipper y el bloqueo venezolano vemos un síntoma de un tema más amplio: la pérdida del control hegemónico del sistema financiero internacional, el fracaso de las sanciones como instrumento de política exterior y el retorno a una lógica de control internacional más agresiva.
La captura del Skipper no se puede entender como un hecho aislado, sino que forma parte de un esfuerzo más amplio para presionar económicamente a Caracas mediante una amplia cartera de sanciones financieras y comerciales impulsadas por Washington. Sin embargo, resalta lo agresivo de la acción y del bloqueo a Venezuela como método de coacción. Usualmente las sanciones internacionales impuestas por Washington buscan afectar al contrincante al mismo tiempo que evitan enfrentamientos o acciones como esta. Las sanciones económicas operan a través del control de los nodos centrales del sistema financiero internacional: el acceso al dólar como moneda de intercambio global, el sistema bancario occidental y, sobre todo, al sistema de mensajería financiera SWIFT, indispensable para realizar transferencias internacionales. Estados Unidos sanciona a partir del control de estos mecanismos pues, al quedar excluido de estos, un país y sus empresas enfrentan enormes dificultades para cobrar exportaciones, pagar importaciones o mover recursos a través de canales formales, lo que convierte a las sanciones en una forma de asfixia económica que busca limitar la capacidad operativa de un país sin recurrir, al menos en teoría, al uso abierto de la fuerza.
Estados Unidos ha <a href="https://www.csis.org/analysis/back-forth-3-do-sanctions-work#:~:text=Moreover%2C%20sanctions%20have%20failed%20to,era%20of%20great%20power%20competition." target="_blank" rel="noopener">recurrido en las últimas dos décadas</a> a las sanciones económicas como una de sus herramientas predilectas de política exterior para castigar y disuadir a gobiernos que considera hostiles, como ocurrió con Irán, Rusia, Cuba o Venezuela. En estos casos, Washington restringió el acceso al dólar, congeló activos, prohibió transacciones mediante el sistema SWIFT y expulsó a bancos y empresas de estos países del sistema financiero internacional. Esto se dio especialmente en <a href="https://www.aei.org/research-products/one-pager/sanctions-on-russia-and-the-splintering-of-the-world-oil-market/" target="_blank" rel="noopener">sectores como los hidrocarburos</a> y otras materias primas, lo que efectivamente limito el comercio de estas materias utilizando la infraestructura occidental. Todo esto con el objetivo de asfixiar sus economías. Sin embargo, esto dio como resultado que los Estados sancionados busquen otros mercados, así como mecanismos económicos y financieros alternativos ajenos al control estadounidense.
El uso extensivo de sanciones por parte de Estados Unidos ha incentivado a numerosos países a buscar vías de escape del sistema financiero occidental como mecanismo de protección frente a la coerción económica. Países como Rusia, Irán y China, junto con otros miembros de los BRICS han desarrollado mecanismos para eludir las sanciones mediante la diversificación de mercados en el Sur Global, el comercio en monedas nacionales, el uso de sistemas de pago alternativos al SWIFT y la construcción de arquitecturas financieras internacionales paralelas al control de Washington. Esto, al tiempo que refuerzan espacios de coordinación tanto comercial como militar en el Sur Global, como la Organización de Cooperación de Shanghái y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Este desplazamiento gradual hacia arreglos financieros y políticos alternativos e incluso ajenos a Occidente no solo reduce la eficacia de las sanciones, sino que también revela cómo la presión económica estadounidense está acelerando la fragmentación del orden financiero internacional.
Esta situación incrementa la presión en Washington, pues una de las grandes vulnerabilidades del dominio estadounidense es la aparición de mecanismos financieros alternativos que puedan erosionar el papel del dólar como moneda de reserva global y, con ello, la capacidad de Estados Unidos para regular los intercambios comerciales y aplicar sanciones económicas, a la par que generaría mayores costos de endeudamiento, presiones inflacionarias, un menor margen fiscal para sostener gasto público y militar, y un ajuste estructural profundo en su modelo económico basado en un fácil acceso a deuda barata sostenida por el valor y aceptación internacional del dólar como moneda de intercambio global. Washington no puede darse el lujo de perder el control del comercio internacional y el estatus del dólar como moneda central del sistema internacional.
Frente a este escenario critico en donde las sanciones ya no cumplen con sus objetivos, Estados Unidos recurre a las herramientas coercitivas que aún conserva para controlar su entorno estratégico. Esto implica que la política exterior estadounidense está retomando las lógicas propias de la “gunboat diplomacy”, en las que la coerción militar complementa o incluso sustituye completamente a la presión económica como forma de lograr sus objetivos de política exterior. Esto lo plantea en su nueva <a href="https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf" target="_blank" rel="noopener">estrategia de seguridad nacional</a>, en donde Washington deja abierta la posibilidad de adoptar formas de intervención más directas en América Latina. El caso del bloqueo venezolano es un ejemplo de este giro, al combinar sanciones económicas con acciones coercitivas que buscan imponer costos inmediatos en contextos donde los instrumentos financieros han dejado de ser eficaces.
De esta forma, a medida que las sanciones económicas pierden eficacia por la proliferación de redes comerciales ajenas a Estados Unidos, sistemas financieros alternativos y la menor dependencia del dólar, Washington pierde una de sus herramientas centrales de presión al ver reducida su capacidad para imponer costos a sus adversarios sin recurrir a la fuerza. En ese vacío, el bloqueo a Venezuela aparece como un laboratorio de una política exterior más dura y agresiva, donde las sanciones son reemplazadas con acciones más frontales para asfixiar económicamente al adversario y controlar el comercio internacional. Esto indica una forma más agresiva de conducir la política exterior estadounidense en América Latina. En otras palabras, el giro hacia medidas más agresivas como la incautación del Skipper y el bloqueo venezolano no son solo una elección estratégica aislada, sino la reacción estadounidense al desarrollo de un mundo multipolar que cada vez puede comerciar más sin depender de Occidente y al fracaso de las sanciones económicas para producir los resultados que antes garantizaban.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

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El fracaso de las sanciones y el endurecimiento de la política exterior estadounidense

La competencia como motor del desarrollo vuelve al centro del debate público. Este mes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) <a href="https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/la-vision-del-bid-sobre-como-impulsar-la-competencia-puede-transformar-el-pib-de-latam/" target="_blank" rel="noopener">publicó</a> el estudio <a href="https://publications.iadb.org/es/mercados-y-desarrollo-como-la-competencia-puede-mejorar-vidas-resumen-ejecutivo" target="_blank" rel="noopener">Mercados y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas</a>. En él ofrece una coyuntura inmejorable para revisar cómo las reglas que diseñan los gobiernos inciden —para bien o para mal— en el crecimiento económico, la innovación y el bienestar social. El mensaje del BID es claro: cuando los mercados están cerrados, capturados o distorsionados por regulaciones mal diseñadas, los precios suben, la productividad se estanca y las oportunidades se concentran en unos cuantos. Cuando la competencia funciona, los beneficios se traducen en un uso más eficiente del dinero público, lo que a su vez promueve economías más dinámicas que entregan a los consumidores mejores bienes y servicios a menores precios.
Uno de los hallazgos más relevantes del análisis del BID es que la falta de competencia en América Latina no es un accidente ni una fatalidad estructural. En buena medida, es el resultado de decisiones públicas. En la región abundan regulaciones que levantan barreras de entrada a nuevos competidores, excepciones amplias que favorecen la discrecionalidad de las autoridades, y marcos institucionales que permiten que los mercados se cierren en favor de ciertas empresas con poder monopólico. En este sentido, la política de competencia va más allá de la aplicación de las leyes antimonopolios, debe abarcar el análisis del diseño de regulaciones que incluyen los procesos de contratación pública.
<h3>Un ejercicio de estudio inmersivo</h3>
Con esta convicción como punto de partida, México Evalúa aceptó la invitación del Tecnológico de Monterrey para formar parte en el <a href="https://tec.mx/es/socios-formadores?srsltid=AfmBOopxCVjGfLIVo54OnQr9N7uP9h5THvWCaA3rXUfSVcLa5Tx6BJmK" target="_blank" rel="noopener">Programa Socio Formador</a><a href="https://tec.mx/es/socios-formadores?srsltid=AfmBOopxCVjGfLIVo54OnQr9N7uP9h5THvWCaA3rXUfSVcLa5Tx6BJmK">.</a> Gracias a este convenio, estudiantes de licenciatura participaron en un proyecto inmersivo junto con sus profesores y el equipo de investigación de México Evalúa. El objetivo fue ambicioso y poco común en la formación universitaria tradicional: estudiar las mejores prácticas en materia de competencia económica y regulación.
El ejercicio partió de una premisa fundamental: las leyes no son sólo textos jurídicos, son diseños de mercado. Las reglas escritas definen incentivos, moldean comportamientos y determinan si un mercado será disputable entre muchos participantes o estará cerrado a solo unos cuantos.
El criterio de referencia para el estudio incluyó la revisión regulatoria de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la <a href="https://www.cofece.mx/proyecto-de-ley-general-de-adquisiciones-arrendamientos-y-servicios-del-sector-publico/" target="_blank" rel="noopener">Ley Marco de Contrataciones</a>. Esta última fue propuesta en el 2020 al Congreso de la Unión mediante el trabajo conjunto de México Evalúa, la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Partiendo de esa revisión, el equipo de investigación examinó los 32 marcos normativos estatales de contratación pública para la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios en México.
El análisis combinó el enfoque jurídico con el económico, preguntando no sólo si las normas son legales, sino si promueven o inhiben la competencia, el emprendimiento, la innovación y el mejor uso del dinero público. En otras palabras, si los gobiernos estatales juegan a favor del crecimiento económico o si, por el contrario, frenan la economía mediante reglas que concentran el poder.
<h3>Ejemplo de caso de estudio: Yucatán</h3>
Un caso de estudio destacado fue el de Yucatán. El equipo conformado por José Gabriel Olea, María Quintero y María Paula Vargas analizó los 37 artículos de la <a href="https://consejeria.yucatan.gob.mx/documentos/VL02_D0581988.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles</a>. Se utilizó una metodología de revisión regulatoria y un semáforo de riesgos a la competencia según cinco categorías: 1) límites al número o tipo de oferentes; 2) proclividad a facilitar adjudicaciones con poca o nula competencia; 3) elementos legales que facilitan el ejercicio de decisiones arbitrarias de las autoridades tomadoras de decisiones; 4) reducción de mecanismos de transparencia, controles y rendición de cuentas, y 5) elementos que refuerzan el poder de mercado de ciertos proveedores.
Los hallazgos son ilustrativos y preocupantes. En 2023, de 83,931 contratos estatales apenas 0.4 % se adjudicaron mediante licitación pública, a pesar de que debería ser el mecanismo ordinario. El hecho es que la redacción de la norma permite e incluso incentiva procedimientos con poca o nula competencia.
Entre los principales problemas identificados se encuentran las disposiciones que restringen quién puede participar. Así, el padrón de proveedores obligatorio contiene criterios poco claros y modificables discrecionalmente por las autoridades en turno. Hay además cláusulas que. mediante la aplicación legal de conceptos vagos como “circunstancias extraordinarias o imprevisibles”, facilitan justificar la no obligación de licitación para realizar adjudicaciones directas en la contratación pública. Tampoco se detectaron mecanismos efectivos para impugnar los fallos.
Reglas como éstas reducen la participación, desalientan a nuevos oferentes y favorecen las adjudicaciones a proveedores históricamente beneficiados por dichos criterios, generalmente conectados por intereses políticos con los tomadores de decisión. Es decir, la falta de competencia puede establecer riesgos de corrupción y de falta de transparencia en la contratación pública.
La OCDE advierte que excepciones mal definidas reducen el número de oferentes y facilitan la colusión, porque se termina contratando con el mismo grupo de proveedores. En Yucatán, la combinación de un sistema sin recursos de revisión y una cláusula amplia para evitar la licitación ayuda a explicar por qué un porcentaje ínfimo de los contratos se adjudicaron en 2023 mediante procesos abiertos.
<h3>Propuestas puntuales de mejora regulatoria</h3>
El análisis realizado no se quedó en el diagnóstico. El equipo formuló propuestas concretas de mejora.
Primero, es fundamental formalizar y transparentar el padrón de proveedores. Si bien el objetivo del padrón es filtrar los riesgos, es necesario expedir el reglamento faltante y fijar los requisitos de manera clara y proporcionada para que no impida el paso a nuevos competidores.
Segundo, recuperar certeza jurídica. Es necesario permitir que las empresas puedan impugnar un fallo cuando consideren que hubo errores o arbitrariedad, y obligar a que la autoridad explique de forma clara y pública por qué eligió a un proveedor.
Tercero, acotar las excepciones. Definir con precisión qué es “extraordinario o imprevisible” y exigir justificación pública cuando se evite una licitación.
Finalmente, delimitar las preferencias locales. Se debe permitir la participación de proveedores extranjeros con capacidad de ofrecer mejores precios y calidad.
<h3>Un aprendizaje para todas y todos los participantes</h3>
Más allá del caso específico, el valor de este ejercicio radica también en el aprendizaje. Para los estudiantes, significó comprender de manera práctica el papel de los gobiernos como actores económicos relevantes a través del gasto público. Leer una ley dejó de ser un ejercicio abstracto para convertirse en el análisis de un mercado real, con efectos tangibles sobre hospitales, escuelas, seguridad y desarrollo regional.
En sus palabras: “A simple vista, las compras públicas pueden parecer un tema lejano, técnico, ‘de gobierno’. Pero detrás de ellas están los medicamentos de los hospitales, el mantenimiento de las escuelas, las patrullas que vemos en las calles y muchas otras decisiones que influyen en cómo vivimos y en la capacidad de un país para desarrollarse. Conforme avanzamos nos dimos cuenta que el derecho y la economía, a pesar de ser campos tan diferentes, están profundamente conectadas y que, en casos como éste, las leyes no son solo textos legales: son diseños de mercado. Por eso es tan importante que abogados y economistas trabajen juntos. Los primeros aportan certeza jurídica; los segundos, una evaluación de cómo esas reglas afectan la competencia económica y, por ende, el bienestar social”.
Para México Evalúa, el proyecto reforzó una convicción central: mejorar la competencia requiere construir capacidades, generar evidencia y formar nuevas generaciones de jóvenes que comprendan que el desarrollo económico también se juega en el diseño de las reglas.
En línea con el llamado del BID, avanzar hacia mercados más competitivos no es una discusión ideológica, sino una agenda práctica para mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Las compras públicas, bien diseñadas, pueden ser una palanca poderosa para lograrlo.
* Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. José Gabriel Olea, María Quintero, María Paula Vargas son alumnos de las licenciaturas en economía, derecho y relaciones internacionales, respectivamente, en el Tecnológico de Monterrey.

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desarollo económico

¿Quién gana cuando el gobierno compra?

Cuando en alguna empresa el Director General (CEO) se jubila o deja el cargo, suele haber un sucesor perfilado para reemplazarlo o habrá una breve disputa interna entre los ejecutivos de alto nivel, que cesará en el momento en que el Consejo de Administración haga una designación.
En las organizaciones criminales, como empresas ilegales, las cosas funcionan diferente, ahí las sucesiones se dirimen por lo general con violencia e incluso cuando el anterior líder haya perfilado algún sucesor, los principales jefes de plaza no necesariamente acatarán la decisión.
Un ejemplo de ello se dio en 2013-2014. Tras arresto de Eduardo Costilla Sánchez “El Coss”, el Cártel del Golfo entró en una crisis de liderazgo, al acabarse las figuras fuertes que garantizaran la obediencia de todos los operadores. Si bien se pudo imponer de forma efímera a Mario Ramírez Treviño “El X20”, éste duró menos de un año ya que también fue arrestado. Y cuando se impulsó a Homero Cárdenas Guillén, el último de los hermanos de Osiel Cárdenas, parte de la organización se inconformó, generando una ruptura.
De forma que el Cártel del Golfo dejó de ser una sola organización a partir de 2013, para pasar a ser una marca, de la que <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/tamaulipas-guerra-facciones-criminales" target="_blank" rel="noopener">se desprendieron varias facciones.</a> Las dos de mayor tamaño son los Metros, la cual controla Reynosa, y la segunda son los Ciclones-Escorpiones, que controlan Matamoros; pero también hay otras como los Rojos en Tampico o las Panteras en Soto la Marina.
Estos procesos debilitan a las organizaciones criminales. No es casual que en 2014 el Cártel del Golfo fuera la segunda organización criminal más grande del país y que en estos momentos sus dos principales facciones, los Metros y los Ciclones, están en la quinta y la sexta posición por detrás del CJNG, la Mayiza, los Chapitos y la Nueva Familia Michoacana. Es decir, han tenido un retroceso importante por una mala gestión en la sucesión, algo similar a lo que ahora le está pasando al Cártel de Sinaloa, que se encuentra dividido en dos grandes facciones.
<figure id="attachment_1615048" aria-describedby="caption-attachment-1615048" style="width: 790px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1615048" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diagrama-narcos-ok.png" alt="Diagrama sobre la sucesión en el liderazgo de los cárteles mexicanos." width="800" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diagrama-narcos-ok.png 800w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diagrama-narcos-ok-600x600.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diagrama-narcos-ok-768x768.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption id="caption-attachment-1615048" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia.</figcaption></figure>
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Incluso en los casos en los que se ha podido lograr una sucesión “tersa”, por ejemplo, cuando un familiar sucede a otro, se generan trastornos en la organización. Sobran ejemplos en la historia del narco mexicano de sucesiones entre hermanos, en donde quien llegó carecía del carácter, la inteligencia, el liderazgo o los contactos para dirigir la organización.
Quizá el caso más ilustrativo es el del Cártel de Juárez, la organización más poderosa en la década de los 90, que dirigió Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos&#8221;. Y si bien a su muerte la sucesión fue clara en favor de su hermano Vicente -quien duró al frente de la organización 19 años, lo cual supondría estabilidad- lo cierto es que con Vicente dicho cártel experimentó un debilitamiento paulatino, perdiendo territorios frente al Cártel de Sinaloa, por lo que pasó de ser una organización de cobertura nacional a una de corte regional, que hoy apenas tiene presencia en la mitad norte de Chihuahua.
Situación similar atravesó el Cártel de Tijuana, que ante la falta de sus dos líderes históricos, Benjamín y Ramón Arellano Félix en 2002, comenzó una secuencia sucesoria en donde otros de los hermanos Arellano e incluso un sobrino se han pasado el poder cada que alguno es arrestado, sin que dicha organización haya podido recuperar la influencia de antaño.
Esto nos lleva a inferir que los cambios de liderazgo suelen ser un factor que afecta a las organizaciones criminales. Por ejemplo, mientras estuvieron al frente del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, dicha organización se mantuvo fuerte y tuvo años de crecimiento. Pero al perder estos liderazgos, comenzó un proceso de erosión interna que hoy se traduce en una lucha abierta entre dos grandes facciones, en la que los hijos de ambos personajes se disputan el liderazgo desde hace más de un año sin que quede claro, si alguno de los grupos podrá vencer al otro, por lo que en la práctica ya no existe un Cártel de Sinaloa, sino dos grupos criminales independientes, los Chapitos y la Mayiza. 
En contraparte, un factor que ha ayudado al Cártel Jalisco Nueva Generación a crecer y ganar terreno frente a sus competidores, al grado que hoy se considera que es la organización más poderosa de México, es que ha tenido un liderazgo estable. Desde el surgimiento de esta organización en 2010, Nemesio Oseguera Cervantes ha estado al frente de la misma, lo cual ha evitado conflictos mayores en su interior, que permiten que los operadores se enfoquen en el proceso de expansión territorial y diversificación de las fuentes de ingreso.
Lo anterior nos obliga a revisar la forma en la que el Gobierno de México ha contribuido a acelerar los procesos sucesorios complejos en las organizaciones criminales y con ello ha propiciado inestabilidad interna, que se ha traducido en un recrudecimiento de la violencia en muchas zonas del país. Comenzando en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que al optar por una política de confrontación activa definida como guerra contra el narco propició una crisis en el liderazgo del Cártel del Golfo, que derivó en la separación tanto de la Familia Michoacana como de los Zetas, incrementando la violencia en el occidente y en el noreste. También la crisis de sucesión de los Beltrán Leyva que trajo consigo la aparición de una veintena de grupos criminales en Guerrero, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, así como la transformación del Cártel del Milenio al Cártel Jalisco Nueva Generación, derivado del ascenso en su interior de una nueva cúpula de poder.
Lo anterior no implica que se deje de combatir a las organizaciones criminales desde el gobierno, todo lo contrario, sino que el objeto central de la política no debe de ser el arresto o el abatimiento de los líderes, sino el debilitamiento paulatino de toda la estructura criminal, para que los golpes a la misma no propicien escaladas abruptas en la violencia que se vive en las diversas zonas del país.
Es decir, un enfoque basado en la inteligencia que tenga como eje el garantizar que de forma constante se disminuya la violencia en el país. Al final esta debe ser la misión del Estado a la hora de garantizar la seguridad de su población, que el combate al crimen organizado se traduzca en menos violencia, en lugar de la estrategia de descabezamiento de organizaciones criminales que se siguió por varios sexenios, la cual contribuyó en muchos momentos al incremento de la misma.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

cárteles de la droga

El problema de la sucesión en los cárteles de la droga

Como resultado de casi un año de incidencia colectiva, hace algunas semanas, desde la Junta Local de Cuidados de Aúna en la Ciudad de México, recibimos la invitación del Congreso de la Ciudad de México para participar en lo que se denominó el Órgano Técnico Consultivo para el proceso de consulta previa de la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México.
Junto con organizaciones aliadas como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Mujer Ideas Desarrollo e Investigación S.C. (MIDI), Familias y Retos Extraordinarios, Oxfam México, entre muchas otras, fuimos convocadas para acompañar a las y los diputados en este proceso participativo.
La consulta inició con dos largas jornadas de foros temáticos en torno al derecho al cuidado: su importancia, sus retos y sus interseccionalidades. Ahí tuvimos la oportunidad de participar y acompañar las conversaciones. Escuchamos la visión legislativa, que, hay que reconocerlo, ha sido hasta ahora plural; al menos las principales fuerzas políticas se han visto involucradas.
En varias ocasiones conocimos la postura de la Secretaría del Bienestar frente al reto institucional que implica esta política y sobre lo que ya se está haciendo, así como la de otras dependencias como la Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo, la Consejería Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos, la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana, el Instituto de las Personas con Discapacidad, el Instituto de Reinserción Social y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, entre otras.
Hago hincapié en estas instituciones porque las mesas desarrolladas en torno a sus atribuciones abrieron un panorama sumamente relevante sobre los múltiples retos para el diseño de esta política pública.
Además, mientras se llevaba a cabo la segunda jornada de foros, que comenzó con la mesa sobre presupuestos, fue entregado el Paquete Económico 2026 de la Ciudad de México por parte del secretario de Administración y Finanzas. En el apartado de alineación al programa de gobierno, el Eje “Ciudad cuidadora y de bienestar con igualdad sustantiva y de derechos plenos” cuenta con un presupuesto asignado de poco más de 46 mil 300 millones de pesos, lo que representa casi el 15 % del gasto total para 2026.
De esa bolsa, se prevé destinar 400 millones de pesos a la implementación del Sistema de Cuidados, específicamente para la construcción de 16 Casas de las 3R del Cuidado, espacios que buscan ofrecer servicios gratuitos para reconocer, redistribuir y reducir la carga de las tareas de cuidado; además de otros 168 millones para su equipamiento y operación.
Al respecto, vale la pena hacer una observación importante. Durante los foros, diversas personas reiteraron la necesidad de orientar este gasto a través de un Anexo Transversal que permita reconocer con claridad en qué se están destinando efectivamente los recursos para garantizar el derecho al cuidado y a quiénes están dirigidos. Este pendiente sigue vigente en el paquete económico presentado.
Desde la Junta Local de Cuidados participamos en la mesa sobre experiencias y horizontes de implementación, donde compartimos distintas miradas sobre los retos para poner en marcha el sistema, y nos centramos en uno de los desafíos que va de la mano con el fin último de la Ley y del propio Sistema: el cambio cultural.
Cuando tomamos conciencia de la importancia de los cuidados, entendemos que la vida tiene sentido, que el futuro nos pertenece y que la paz es una mejor forma de habitar el mundo.
Pero para construir esa paz no basta con cuestionar la injusta división sexual del trabajo. También debemos preguntarnos cómo estas construcciones sociales y culturales han moldeado la manera en que entendemos la justicia y cómo esa visión nos ha fallado. Gracias a la Constitución de la CDMX, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Ciudad de México hoy sabemos que los cuidados, en sus diferentes dimensiones, son un derecho humano y que, como todo derecho, implican la responsabilidad del Estado de garantizarlos.
También sabemos que, si queremos sacar los cuidados del ámbito exclusivo del hogar, involucrar a todas las personas y liberar el tiempo de las mujeres y de las familias, necesitamos defender y exigir este derecho como una responsabilidad compartida: del Estado, sí, pero también de las empresas, las comunidades y las familias. Precisamente porque se trata de una responsabilidad colectiva, plural y diversa.
Este cambio cultural pasa, además, por asumir que no existe una sola forma de cuidar. El cuidado es tan diverso como quienes habitamos la ciudad, y esa diversidad es la que debería sostener al Sistema de Cuidados.
Desde esta visión identificamos dos retos centrales. El primero es la brecha de información y la territorialización: cómo llegar a las zonas de la ciudad que más necesitan esta información y estos servicios, cuando incluso en territorios como Iztapalapa aún no se conoce plenamente qué son las UTOPÍAS ni los servicios que ahí se brindan.
El segundo reto, quizá el que más nos preocupa, es la facilidad con la que como sociedad recurrimos a respuestas penales. Castigar es sencillo; atender los problemas es lo que realmente cuesta trabajo, y aquí también se juega el cambio cultural. Hoy, el Código Penal de la ciudad, y el de muchos estados, contempla el delito de omisión de cuidados, cuya configuración afecta de manera desproporcionada a las mujeres, porque históricamente se nos han impuesto las responsabilidades de cuidado. Dentro de este grupo, impacta de forma particular a quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad.
En la Ciudad de México, este tema atraviesa con fuerza a las familias que duermen y trabajan en las calles, pues son ellas a quienes se les abren carpetas de investigación por este delito. A nivel territorial, existe una concentración en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que reúnen más del 40 % de los casos.
Sin embargo, este delito no afecta únicamente a las poblaciones callejeras. Existen casos muy mediáticos, como el de Alejandra Cuevas, y otros mucho menos visibles: el de una madre que viajaba en coche con su hija menor de edad; la niña sufrió un accidente al caer de su silla y, días después, presentó complicaciones de salud. El Ministerio Público imputó a la madre por feminicidio y le impuso una pena de sesenta años. O el caso de una madre y su hija, ambas privadas de la libertad en el mismo penal, donde la hija, que ya cumple con los requisitos para un cambio de medida cautelar, no puede acceder a él porque realiza labores de cuidado dentro del penal.
Estos casos revelan una profunda contradicción: no podemos seguir castigando de manera individual lo que es una responsabilidad colectiva. La lógica punitiva termina siendo, muchas veces, un boomerang que golpea a quienes supuestamente buscaba proteger.
Poner los cuidados al centro implica revisar y transformar esta lógica. Si queremos que el Sistema de Cuidados y una sociedad que pone los cuidados en el centro sean una realidad, necesitamos sostener de manera simultánea los avances normativos, presupuestales e institucionales, pero también impulsar la transformación cultural, porque sin cambio cultural no habrá paz posible.
Si deseas conocer más sobre cómo se llevó a cabo esta consulta, puedes consultar <a href="https://sistemadecuidados.congresocdmx.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> su página oficial.
* Silvana Carranza Navarro (<a href="https://x.com/sil__carranza" target="_blank" rel="noopener">@sil__carranza</a>) es politóloga y maestra en políticas públicas y género, con experiencia en administración pública y el poder legislativo local y federal. Desde 2023 impulsa colectivamente una estrategia jurídica y de incidencia política para aprobar la Ley de Sistema Integral de Cuidados en la Ciudad de México, producto de lo anterior se han presentado amparos y obtenido dos sentencias que obligan al Congreso a discutirla y dictaminarla. Desde octubre de 2025 representa a la Junta Local de Cuidados de Aúna CDMX en el Órgano Técnico Consultivo para la aprobación de esta Ley. IG: <a href="https://www.instagram.com/sil__carranza/" target="_blank" rel="noopener">@sil__carranza</a>.

sistema de cuidados

Proceso de consulta previa sobre la Ley para un Sistema de Cuidados en la CDMX

El libro “<a href="https://goo.su/B7PFZe" target="_blank" rel="noopener">Escuelas democráticas, una perspectiva desde México</a>” recoge 27 historias de docentes en 16 estados de México. No es un tratado teórico, sino una compilación de narraciones donde las y los autores comparten sus perspectivas, los retos que enfrentaron, y los cambios que operaron en sus espacios escolares para lograr entornos incluyentes donde la diversidad se valora y la ciudadanía se fortalece en las prácticas cotidianas.
Escribir el libro fue, en sí mismo, un proceso democrático en el que las y los docentes de educación básica -preescolar, primaria y secundaria- y ganadores del Premio ABC otorgado por Mexicanos Primero desde 2008, levantaron la mano para iniciar un camino de aprendizaje mutuo. Las y los autores eligieron si querían trabajar de manera individual o en equipo con colegas de sus escuelas o zonas escolares; un maestro decidió escribir con dos de sus exalumnas, ahora estudiantes de preparatoria. A partir de ahí, se realizaron talleres virtuales y presenciales para la revisión de los textos.
La primera pregunta que surgió fue: ¿cómo se ve una escuela democrática? Las maestras y maestros tenían alguna idea, incluso habían elegido el tema que tratarían en sus capítulos, pero faltaba un marco conceptual que guiara el trabajo y que les permitiera a todas, a todos -y también a las y los lectores- entender cómo algo tan abstracto como la ciudadanía se vive en la realidad escolar.
Recurrimos así a los 4 pilares de las escuelas democráticas trabajados por la profesora Linda Nathan de la Universidad de Harvard. En el libro encontrarán dichos pilares descritos de manera profunda, aquí empezaremos hoy a hablar del pilar 1 y las 5 experiencias que en él se enmarcan. Cabe aclarar que en un mismo relato pueden estar presentes más de un pilar, incluso los 4.
La educación democrática enfatiza el flujo abierto de ideas, opciones y perspectivas, independientemente de su popularidad
Estudiantes y adultos tienen la libertad para expresarse sin limitar los derechos de otras personas. Los entornos de aprendizaje democráticos deben crear espacios seguros y empoderadores que permitan que todas las voces y perspectivas sean escuchadas. Las discrepancias no pueden deshumanizar.
Fueron Martha del Estado de México, Teresita de Querétaro, Juan Carlos de Tamaulipas, Blanca de Puebla y Carlos Ángel de Hidalgo quienes muestran en sus narraciones que las escuelas democráticas permiten escuchar las diversas voces, y que cuando toda la comunidad participa y los derechos se respetan, se pueden generar ambientes apropiados para el aprendizaje. Así sucedió en la secundaria en la que Martha es directora y que enfrentó el reto de la violencia, pero que encontró en la comunidad una fuente de consenso para generar soluciones que protegieran a sus estudiantes. O la primaria donde Teresita es maestra y se atrevió a explorar nuevas maneras de expresión a través del arte, no solo para desarrollar habilidades pictóricas, sino para crear un lenguaje nuevo que permitiera mejor acompañamiento socioemocional.
Por su parte, Juan Carlos escribe sobre el recreo como espacio para llegar a acuerdos, vivir la ciudadanía y solucionar conflictos, porque la escuela no es únicamente una suma de materias impartidas, también es un espacio para reconocer al otro y vivir en comunidad incluso mientras se juega. Coincide con Blanca, docente de preescolar que generó estrategias en el aula para que sus estudiantes pudieran expresar qué y cómo querían aprender, desafiando la creencia de que las niñas y niños más pequeños no pueden tomar decisiones. Ella nos recuerda que en la escuela democrática se escuchan todas las voces sin importar la edad o, mejor aún, entendiendo que se puede participar desde los primeros años de vida.
Y finalmente está la historia de Carlos, que desafió la idea tradicional de la disciplina impuesta por el docente: frustrado porque su grupo mostraba comportamientos irrespetuosos para el maestro, entre compañeros decidió que la solución no era endurecer las reglas de manera vertical, sino generar juntos acuerdos de convivencia que se cumplieran desde la importancia de interiorizar el respeto y no desde el castigo o la amenaza, logrando así mejorar el comportamiento y, principalmente, mayores habilidades ciudadanas para formar parte de un salón de clase y de una comunidad.
Esta es una primera aproximación a las narraciones que se encuentran en el libro. Esperamos que dichas experiencias sean inspiradoras y que permitan a las comunidades escolares encontrar posibilidades para transformar la escuela en espacios de escucha y participación, porque la democracia no es un tratado que se enseña, se vive en cada aula, en cada escuela y en cada zona escolar cuando hay espacio para todas las voces.
* Laura Ramírez es directora de Fortalecimiento de Comunidades Educativas en Mexicanos Primero.

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Escuelas democráticas: escuchar todas las voces

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