A 10 años de Ayotzinapa, solidaridad y aliento para las familias de los jóvenes desaparecidos
La palabra es un rasgo que define nuestra humanidad. Con ella expresamos infinidad de sensaciones, sentimientos, ideas, deseos, pensamientos. Razonamos con palabras y nos construimos y deconstruimos con ellas. Hoy, convoco a las personas lectoras a juntar un manojito de ellas para que en la conmemoración por los diez años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, expresemos a sus familias mensajes de apoyo y solidaridad en su búsqueda de justicia.
La idea es sencilla pero poderosa. Para la elaboración de sus mensajes les proponemos utilizar una o varias de las siguientes palabras: búsqueda, esperanza, lucha, impunidad, resiliencia, solidaridad, protesta, rabia, indignación y dignidad. Todas ellas nos recuerdan las emociones y desafíos que hemos vivido a lo largo de una década de lucha por el esclarecimiento del caso. El objetivo es ofrecer a las familias de los jóvenes un acompañamiento solidario en este momento tan importante.
Podrán depositar sus mensajes en el buzón solidario que está en nuestra página y que permanecerá abierto hasta el 23 de septiembre de 2024. Los mensajes serán entregados a los padres y madres de los estudiantes el 26 de septiembre de 2024, día en que se cumplen diez años de la desaparición de los jóvenes.
La acción que proponemos desde Amnistía Internacional forma parte de la activación que lanzamos el 18 de septiembre de 2024 denominada A10tzinapa, por la justicia, por la verdad. Esta incluye un conversatorio virtual que se efectuará el martes 24 de septiembre, a partir de las nueve de la mañana, con la participación de dos madres de los estudiantes y representantes de las organizaciones que hemos dado seguimiento y apoyo a las familias de los jóvenes, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Amnistía Internacional.
El conversatorio podrá ser seguido en el Facebook de Amnistía Internacional, sección mexicana: amnistíamexico
La desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa es parte de las terribles violaciones a derechos humanos registradas en México, como la represión de estudiantes registrada en 1968 o la persecución contra disidentes políticos de la década de los 70.
Es inimaginable el dolor que los padres y madres de los jóvenes han soportado en una década de impunidad, como víctimas que son de este crimen de Estado. En diversas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) advierte que “la violación de la integridad psíquica y moral de [los] familiares, es una consecuencia directa de [la] desaparición forzada” y que “la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos”.
Una luz por las personas desaparecidas
Desde que ocurrió la desaparición de los estudiantes –el 26 de septiembre de 2014–, en Amnistía Internacional hemos monitoreado el caso y su seguimiento figura, hasta la fecha, en nuestros informes anuales Sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
En diez años nuestro movimiento ha demostrado de muy diversas maneras su solidaridad con las familias de los estudiantes. En el año 2016, en el marco del Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, Amnistía Internacional llevó a cabo la activación Tu luz mantiene a los desaparecidos con vida, con la colaboración de la agencia La Despensa y del pintor franco canadiense, Steven Spazuk, el artista del fuego, conocido así por utilizar la llama de una vela para crear cuadros.
El video del proceso creativo es sumamente emotivo. En él se aprecia cómo la llama de la vela, guiada por la mano del artista, devela en un lienzo blanco cada uno de los rostros de los jóvenes desaparecidos. La luz los hace visibles poco a poco ante nuestras miradas, nos remite a sus historias, a sus vidas truncadas y a la urgente necesidad de que haya justicia en este caso que nos ha marcado como sociedad.
Esta activación permitió recaudar también 21 mil 985 firmas de personas que se sumaron a la exigencia de realizar una investigación profesional de lo ocurrido en Ayotzinapa. Nuestro llamado incluyó la exigencia de justicia para muchos otros casos de desaparición forzada en el mundo.
En 2016 presentamos también nuestro informe México: un trato de indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México. Éste analiza el caso de Ayotzinapa, así como la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Sobre el primero, advertimos, ya desde ese año, no solo de las deficiencias en la investigación, sino también del trato indigno que dan las autoridades a las familias de los jóvenes que, además, han sufrido afectaciones a su salud por lo que ha significado la pérdida de sus familiares.
Actualmente, acompañamos la difusión del documental Este arte que abraza, de Juan Castro Gessner, que registra un sin fin de actividades creativas de músicos, pintores, fotógrafas, artistas de teatro, bordadoras, cuentacuentos, ilustradores y bailarinas quienes, mediante sus expresiones artísticas, expresan su solidaridad con los estudiantes y sus familias.
De este magnífico trabajo retomo una parte del texto del escritor y poeta Edson Lechuga, incluido en el referido video, que expresa lo que muchas personas sentimos: “digo semilla y te nombro, porque no hacerlo es morir, con los ojos abiertos pero morir, respirando pero morir, morirme, morirnos, morirte y no te quiero muerto sino vivo, como el fuego de tu nombre, como el alma de esta ciudad que tiembla hoy, cuando todos decimos tu nombre Ayotzinapa…”.
La palabra construye y deconstruye nuestras emociones.
En el seguimiento del caso también hemos difundido comunicados, posicionamientos en nuestras redes sociales y realizado muchas otras activaciones protagonizadas por nuestras activistas de México y de otras secciones.
Contradicciones y bloqueo de información
Entre las actividades recientes está la Acción Urgente que lanzamos el 9 de febrero de 2024, en apoyo de la exigencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que el gobierno entregara más de 800 documentos en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), relacionados con el traslado de 17 estudiantes desde la estación de policía municipal de barandilla hasta las afueras de Iguala.
De acuerdo con el GIEI esa información está en poder de la Sedena por la escucha que realizó de los teléfonos celulares del subdirector de policía de barandilla y del líder del grupo delictivo de la zona Guerreros Unidos. Conscientes de la existencia de la misma, los familiares de los jóvenes han insistido en que les sea entregada desde julio de 2023. Sin embargo, la Sedena niega tenerla.
Como parte de la campaña pública para que el Estado mexicano entregue información crucial que contribuya al esclarecimiento del paradero de los jóvenes estudiantes, el 24 de junio de 2024 lanzamos otra Acción Urgente luego de que el Ejecutivo se reuniera con los y las madres de los jóvenes –el 3 de junio de 2024–, a quienes entregó solo 15 documentos de los 800 solicitados por ellos.
Desde Amnistía Internacional hemos insistido en que el Estado mexicano tiene la obligación de asegurar la participación de las familias y de sus abogados en la investigación, en que deben tener acceso pleno a la información, así como a los expedientes como se establece en los estándares internacionales de derechos humanos.
La investigación del caso registró avances relevantes entre 2018 y 2022, lapso en el que se constituyó la Comisión Investigadora para el caso Ayotzinapa y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA). Además el gobierno mexicano aceptó la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar casos de desaparición en México.
Sin embargo, los desacuerdos entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la UEILCA condujeron a la renuncia del titular de esta, Omar Gómez Trejo, en 2022, a lo que se sumó el fin de la colaboración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que hizo señalamientos claros sobre la negativa de la Sedena para entregar la información que tiene en su poder sobre el caso.
Es urgente reencausar el proceso y recuperar lo que se avanzó. El Estado mexicano tiene la obligación de hacerlo con sensibilidad, empatía y respeto al dolor de las familias, lo que lleva a poner las necesidades de éstas en el centro del proceso. También hemos insistido en que se realice una investigación imparcial, verificable y seria para superar las inconsistencias y omisiones que han empantanado el caso y permita a las familias saber lo que pasó con información confiable y contundente.
En nuestras manos está mantener la luz que recuerde a las personas desaparecidas, en nuestras palabras de aliento el apoyo que acompañe solidariamente a las familias de los jóvenes de Ayotzinapa. Nuestras acciones les darán fuerza para mantenerse –y mantenernos porque el caso nos atañe a todos y todas– resilientes en la lucha contra la impunidad hasta que accedan a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño, ¡que no debe demorar más!
* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).
En el mundo solo Bolivia tiene un sistema de elección de altos magistrados por la vía del voto popular, algo que México implementará a partir del próximo año.
En México se promulgó hace unos días un nuevo sistema de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces a través del voto popular, en una polémica reforma del Poder Judicial que solo tiene un paralelo en el mundo: Bolivia.
El país sudamericano adoptó en su Constitución de 2009 un método inédito para adjudicar los puestos de las altas cortes del país a través de elecciones universales.
Solo algunos países a nivel local -Estados Unidos, Suiza y Japón- tiene elecciones de jueces.
Desde que se adoptó el nuevo sistema en Bolivia, los ciudadanos han acudido a las urnas en dos ocasiones (en 2011 y 2017) para votar por los candidatos que aspiraban a ocupar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
Pero este tipo de elecciones no han contado con respaldo popular: en 2011 un 60% de los que votaron lo hicieron en blanco o anulando su voto, cifra que en 2017 llegó al 65%. Según algunos analistas, esto se debe a que los ciudadanos no conocen a los cientos de aspirantes que aparecen en las boletas.
“En el acto de votación, la gente manifiesta su propósito de dejar claro que no está de acuerdo con el método. Porque no conocen a los candidatos ni creen que sea la mejor forma de conformar a los tribunales”, explica Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fuera presidente de Bolivia (2005-2006) y presidente de la Corte Suprema de Justicia del país (2004-2005).
Por su parte, el jurista Farit Rojas, profesor e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, sostiene que la elección popular de los jueces ha sido un cambio positivo de “conquista de derechos”, pero coincide en que el método de selección de los candidatos -por una lista votada por mayoría en el Congreso- no cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos.
“En Bolivia estás obligado a votar, y si no hay sanciones. Y bajo esta lógica es que la gente acude a votar. Pero cuando no saben por quién votar, hay voto blanco o nulo”, explica Rojas.
El método boliviano es muy similar al que acaba de aprobar México.
“Que los elija la gente”
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abanderó su propuesta de reforma al Poder Judicial como su máxima prioridad en su último año de gobierno. Aseguró que la intención de la reforma es democratizar un poder que califica como “ajeno” al pueblo.
“Consideramos que si se elijen a los jueces, como se hace en EE.UU. y en otros países, puede reformarse el Poder Judicial. Limpiarse, purificarse, y esto nos va ayudar a todos. Entonces no es algo para perjudicar al pueblo, para afectar la vida pública del país. No es concentrar el poder. Se está planteando un órgano independiente [de control] que no va a depender del Ejecutivo”, planteaba López Obrador en junio pasado.
“Primero que los elija la gente, porque es mucho mejor que los elija el pueblo a que se elijan en la cúpula. Es democrático. La gente sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene… ¿Y qué cosa no conviene? Que haya corrupción”.
Argumentos similares fueron esgrimidos en la Asamblea Constituyente que formuló una nueva Carta Magna en Bolivia en 2009.
“La administración de Justicia siempre fue vista como una herencia colonial, que servía para despojar derechos, territorios y otras poblaciones indígenas. Siempre hubo una desconfianza muy grande respecto de las instituciones de Justicia”, explica Farit Rojas. “Tenían en claro que debía participar la población. Lo que no tenían en claro era cómo elegir los mejores candidatos”.
En los últimos 15 años, dos han sido los mayores problemas en la experiencia boliviana: la selección de candidatos y el proceso de votación.
La cuestión de la preselección
La Constitución de Bolivia recoge una renovación sexenal de los altos cargos del Poder Judicial (la elección de 2023 se pospuso en medio de una disputa política y jurídica de los tres poderes).
La votación parte de una preselección que realiza la Asamblea Legislativa a través de una verificación de idoneidad de candidatos que es aprobada por una mayoría de dos terceras partes.
Tal mayoría la ha tenido en los últimos años el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ha supuesto que esta fuerza política haya tenido el poder de aprobar la lista.
Rodríguez Veltzé señala que este ha sido uno de los primeros puntos cuestionables. “Aprobaron las nóminas para la elección popular y no llevaron a los ciudadanos más capacitados o conocidos”.
“Al contrario, gente que tenía algún prestigio o que podía ser eventualmente un buen candidato, prefirió no presentarse para evitar la manipulación política o partidaria”, continúa.
Rojas coincide en que este método de preselección ha generado rechazo: “La población tiende a rechazar a los candidatos que evidentemente son candidatos del gobierno. La población no es tonta y sabe identificar a los candidatos afines al MAS y no los elije”.
En México, la reforma aprobada da un pase directo a la elección a los juristas que actualmente son parte del Poder Judicial. Pero también abre la puerta a la inscripción de otros perfiles con menor experiencia, pues basta con haber realizado la carrera de Derecho con una calificación de 8,5 sobre 10 y gozar de “buena reputación” para postularse a juez. En el caso de los magistrados de circuito, basta con tres años de experiencia.
En defensa de la reforma impulsada por AMLO, los legisladores del bloque mayoritario afirmaron que los requisitos son los que ya estaban en la ley y que solo están añadiendo más opciones y reglas de paridad de género.
Pero la oposición ha criticado que sea el Congreso, desde 2018 dominado por el bloque oficialista, el que elija a los aspirantes y que las listas solo sean sometidas a votación popular, al igual que ocurre en Bolivia.
Rodríguez Veltzé cree que, en general, este sistema no promueve que los juristas avancen en una carrera judicial profesional e independiente. Señala que en Bolivia, el hecho de que los mandatos sean sexenales, sin posibilidad de reelección, limita tal profesionalización. En México solo los jueces y magistrados de distrito podrán ser reelegidos, no así los ministros de la Suprema Corte. Todos estarán en el cargo durante 9 años.
“Creo que el sistema es contraproducente. No alienta a que los mejores abogados o abogadas participen de un proceso meritocrático”, sostiene Rodríguez Veltzé.
Rojas, sin embargo, encuentra positivo que el tradicionalmente cerrado ámbito judicial se haya abierto a la sociedad.
En ese sentido, los constituyentes bolivianos resaltaron que el nuevo sistema permitió por primera vez la participación de sectores marginados, como los pueblos indígenas, además de que privilegia la paridad de género.
La complicada votación
Los aspirantes que pasan por el filtro de la Asamblea Legislativa de Bolivia avanzan a la fase de elección, pero no pueden hacer campaña. Es el órgano electoral el encargado de informar a los ciudadanos sobre quiénes son, su hoja de vida y sus méritos.
“Cuando se presentaron las papeletas para el voto, eran unas hojas muy grandes con más de 100 fotografías pequeñas, con nombres de ciudadanas y ciudadanos, y al votante común le resultaba muy ajena la calidad de los postulantes”, explica Rodríguez Veltzé.
“Esta es una expresión objetiva del rechazo ciudadano a tomar una responsabilidad que en realidad debería responder a otra modalidad de elección”, añade.
En el caso de Bolivia, los ciudadanos votan por 26 cargos, mientras que en México la nueva ley somete a votación a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia (eliminando dos asientos) y a más de 1.600 magistrados de circuito y jueces de distrito. Para remplazar gradualmente los cargos, habrá elecciones a partir de 2025 y hasta 2036.
Como en Bolivia, en México también estarán prohibidas las campañas financiadas con dinero público o privado, así como la contratación de publicidad. Pero a los candidatos se les permite usar espacios del Estado en medios de comunicación y participar en foros y debates.
Los defensores de la ley aseguran que será viable una votación masiva al estar programada en un sistema escalonado de votaciones en la próxima década.
Pero los críticos advirtieron que será muy complejo para el ciudadano no solo conocer los perfiles de los candidatos, sino elegir entre muchos nombres en las boletas, como ocurrió en Bolivia en las dos últimas elecciones.
Los legisladores del bloque del gobierno de México argumentaron durante los debates de la reforma que, bajo el nuevo sistema, la boleta no estará politizada ya que no mencionará a partidos políticos. Además, señalaron que los tres poderes tendrán el derecho de presentar propuestas de candidatos, independientemente de su afinidad política o ideológica.
“No le tengan miedo al pueblo, no le tengan miedo a la democracia”, expresó el diputado Hamlet García Almaguer, del partido Morena, en uno de los debates.
¿Más influencia del crimen organizado?
Los críticos de la Reforma Judicial en México advirtieron que el voto popular podría abrir la puerta a que poderes ilícitos, como los cárteles del narcotráfico, pudieran influir en la elección de jueces al financiarlos o movilizar votos en su favor.
En Bolivia no se ha observado este fenómeno, señalan los analistas. La influencia se ha visto desde el sector de la política. “Cuando el voto está en manos de la población, es más complicado que los carteles puedan corromper a toda la población al votar”, explica Rojas.
“Creo, como muchos juristas, que la legitimidad no te la da el cómo eres nombrado, sino tus resultados, el cómo ejerces el cargo”, añade.
Los defensores de la reforma en México defienden que existen mecanismos para asegurarse de que esto no suceda, como los comités técnicos que realizarán evaluaciones rigurosas de la idoneidad de los candidatos antes de ser considerados por el Congreso.
También señalan que la reforma prevé mecanismos de control más fuertes que los que actualmente existen y que cuando los ciudadanos tengan sospechas de la complicidad de un magistrado con el crimen organizado, tendrán en sus votos el instrumento para detenerlo.
Y aseguran que con la creación del Tribunal de Disciplina se vigilará de manera efectiva la actuación de los jueces, a diferencia de lo que sucede con el actual Consejo de la Judicatura Federal, que tiene registros bajos de investigaciones contra magistrados (423 sanciones y 22 destituciones desde el año 2000).
¿Mejoró la justicia en Bolivia?
Lo cierto es que, luego de dos elecciones, en Bolivia el Poder Judicial sigue gozando de baja popularidad entre los ciudadanos.
Una encuesta difundida el año pasado -cuando debían haberse realizado las terceras elecciones de magistrados- por el Fondo de Promoción y Protección de Defensores de Derechos mostró que el 85% de los entrevistados en todo el país pensaba que la justicia era “poco o nada confiable”.
Rojas defiende que, aunque hay problemas, el sistema de votación popular ha sido un paso positivo hacia la mejora del sistema. Se puso la Justicia ante el ojo público, se redujeron los altos sueldos de los ministros y se abrió este poder a juristas externos al círculo tradicional.
“Se hizo pública la administración de justicia, cosa que no sucedía antes. Las reformas se pensaban en leyes, se pensaba que el problema era eso. Pero ahora se discute que el problema son las instituciones y las personas”, argumenta.
“En Bolivia la administración de justicia es lenta, es costosa, pero no en todos los casos es corrupta. Hay buenos jueces, buenos tribunales y buenas prácticas”.
Para Rodríguez Veltzé, por el contrario, la elección a través del voto popular no es la respuesta adecuada para tener buenos jueces. Además, cree que hace falta reformar otros elementos clave de la justicia para su correcto funcionamiento.
“No solamente son los jueces mal elegidos, sino el conjunto del órgano del poder que no ha contribuido a dar a la justicia su lugar. No hay un buen presupuesto, legislación adecuada, políticas públicas o tipos delictivos”, explica.
El bloque oficialista en México ha prometido que reformará otros aspectos de la justicia, como las fiscalías. Pero para Rodríguez Veltzé, la justicia “merece estar al margen de los vaivenes políticos”.
“El tema es tan serio que ameritaba mayor debate, mayor reflexión. Pero en todo caso, será la experiencia la que muestre los resultados. Lamento mucho que no hayan tomado en cuenta lo que pasó en mi país y que no ha funcionado”, reflexiona.
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