Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 7 millones de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.

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Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

Trabajamos por los derechos humanos en el mundo

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Hay que decirlo fuerte y claro, porque lo que no se nombra no existe y es imprescindible mantener la memoria. En más de dos décadas hemos atestiguado la muerte de <a href="https://animalpolitico.com/2020/10/detenidos-guardia-nacional-mujer-chihuahua-carcel-militar" target="_blank" rel="noopener">mujeres</a>, <a href="https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/9578/2018/es/" target="_blank" rel="noopener">estudiantes</a>, <a href="https://www.animalpolitico.com/2022/09/matan-nina-ejercito-crimen-organizado-nuevo-laredo-amlo" target="_blank" rel="noopener">niñas</a> (en 2022 y <a href="https://animalpolitico.com/estados/militares-matan-nina-enfermera-joven" target="_blank" rel="noopener">2024</a>), violaciones de <a href="https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_225_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">mujeres indígenas</a>, <a href="https://centroprodh.org.mx/2015/06/30/tlatlaya-a-un-ano-la-orden-fue-abatir-2/" target="_blank" rel="noopener">ejecuciones de migrantes</a> a manos de elementos del ejército mexicano o de la militarizada Guardia Nacional que, paradójicamente, están a cargo de la seguridad pública en México.
Esos casos son apenas un ejemplo. La lista es larga. Desde Amnistía Internacional hemos cuestionado la militarización de la seguridad pública desde hace más de dos décadas. Así como el ingrato calificativo de &#8220;víctimas colaterales” con el que en 2006 se hablaba de las personas inocentes que fueron asesinadas en enfrentamientos cruzados y que, al parecer, a la fecha, siguen siendo vistas como parte de un “proceso necesario”, lo que claramente no es así.
La militarización de la seguridad pública está en abierta contradicción con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como las dictadas contra México por el caso <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Alvarado Espinoza y otros</a> (2018), y la del caso <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/cabreragarciaymontiel_24_06_20.pdf" target="_blank" rel="noopener">Cabrera García y Montiel Flores </a>(2020). Pero hay otra más, vinculada con el tema, y dictada contra Venezuela por el caso <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Montero Aranguren y otros </a>(2006).
En este espacio he comentado casos como los registrados en <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/muerte-de-5-personas-en-nuevo-laredo-no-es-hecho-aislado" target="_blank" rel="noopener">Chihuahua, Guanajuato y Tamaulipas</a>. Este último, ocurrido el 6 de junio de 2023, lo conocimos porque medios de comunicación divulgaron un video en el que se aprecia a elementos del ejército privando de la vida a cinco personas, a quienes previamente habían detenido.
En nuestro nuevo informe <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2024/11/INFORME-CAMBIANDO-PARADIGMA-DIGITAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos</a> -que presentamos el miércoles 20 de noviembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco-, advertí que la militarización de la seguridad pública en México no ha reducido el crimen ni la violencia y, en cambio, ha propiciado crímenes de derecho internacional, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En el marco de esa fecha, en que se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana, en una de mis intervenciones comenté que tener una presidenta civil no implica que haya una subordinación total del poder militar al poder civil. Ya es tiempo, dije también, de contar con una estrategia que saque a los militares de las decisiones de seguridad pública y de muchas otras que son del ámbito de las instituciones civiles.
<h2>La sombra de la Secretaría de la Defensa</h2>
Si bien las autoridades insisten en que la intervención de las Fuerzas Armadas tiene como finalidad “mejorar la seguridad de las personas”, en el informe referido advertimos que los hechos reflejan lo contrario. “Entre 2007 y 2024, al menos, 101,933 personas han desaparecido y 452,254 han sido asesinadas, entre ellas 49,100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente”. A todas luces, México es hoy un país más inseguro de lo que era hace 18 años.
La lista de atrocidades cometidas por el ejército desde 2006, fecha en que el Estado decidió que participara en tareas de seguridad pública, es una sombra que lo acompañará siempre. A éstas se suman muchos otros hechos de triste memoria como la <a href="https://www.cndh.org.mx/noticia/matanza-de-tlatelolco-violacion-de-derechos-humanos" target="_blank" rel="noopener">masacre del 2 de octubre de 1968</a> o la <a href="https://cejil.org/comunicado-de-prensa/las-hermanas-gonzalez-perez-y-su-madre-exigen-al-estado-mexicano-cumpla-con-los-acuerdos-ante-la-cidh/" target="_blank" rel="noopener">violación sexual</a> de Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez en 1994, en Chiapas, por referir algunos.
El accionar del crimen organizado es una grave amenaza para la seguridad e integridad de quienes vivimos en este país. Sin embargo, no coincidimos con la falsa disyuntiva que tres gobiernos seguidos han puesto ante nosotros para elegir entre seguridad y respeto a los derechos humanos.
Invito muy cordialmente a las personas lectoras a que no se pierdan las tres mesas de nuestro conversatorio tituladas: <a href="https://www.facebook.com/share/v/19Pp3hisY8/" target="_blank" rel="noopener">Cambiando el paradigma</a>, <a href="https://www.facebook.com/share/v/18BNhhLDy1/" target="_blank" rel="noopener">¿Militarismo o militarización?</a> y <a href="https://www.facebook.com/share/v/15Ausy9QSK/" target="_blank" rel="noopener">Repensando la seguridad: paradigmas ciudadanos para el futuro</a>. La primera fue moderada por la reconocida periodista Gabriela Warkentin y la segunda por Eduardo Muñiz, integrante de nuestro Comité Directivo. La investigación de los documentos presentados fue realizada por Carlos Zazueta y Daira Arana.
En ellas participaron especialistas de OSCs, como Raymundo Ramos, Presidente del Comité de Derechos humanos de Nuevo Laredo; Estefanía Vela, Directora Ejecutiva de Intersecta; Abel Barrera Hernández, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Lucía Guadalupe Chávez Vargas, Directora Ejecutiva de Asylum Acces México.
<figure id="attachment_1474898" aria-describedby="caption-attachment-1474898" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1474898" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/militarizacion-1.jpg" alt="Mesas sobre opción civil a la militarización." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/militarizacion-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/militarizacion-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/militarizacion-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/militarizacion-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1474898" class="wp-caption-text">Una de las mesas del conversatorio estuvo integrada por Eduardo Muñiz, del Comité Directivo de Amnistía Internacional; Abel Barrera Hernández, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Estefanía Vela, Directora Ejecutiva de Intersecta; Jacobo Dayán, Especialista en Derecho Internacional Justicia Transicional y Derechos Humanos, y Ernesto López Portillo, Director fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Foto: Amnistía Internacional, sección mexicana.</figcaption></figure>
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Por la parte académica estuvieron Jacob Dayán, Especialista en Derecho Internacional Justicia Transicional y Derechos Humanos; Ernesto López Portillo y Miguel Garza Flores, Director fundador (el primero) y Director Ejecutivo (el segundo) del Instituto para la Seguridad y la Democracia; así como Santiago Corcuera Cabezut, ex Presidente del Grupo de Trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU.
Además se contó con la asistencia de Juan Antonio Villa, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) de San Luis Potosí.
<h2>Hoja de ruta para construir una seguridad ciudadana</h2>
Nuestro nuevo informe <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2024/11/INFORME-CAMBIANDO-PARADIGMA-DIGITAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos</a> incluye cuatro principios y diversas recomendaciones tendentes a impulsar la implementación de un paradigma de seguridad ciudadana en el país.
Los principios y las recomendaciones están sustentadas en estándares internacionales de derechos humanos, así como en las propuestas sistematizadas y estructuradas por 28 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) de todo el país, expertas en el tema, que consultamos ex profeso. La premisa es poner en el centro de la seguridad a las personas y sus derechos humanos.
Es importante precisar que las propuestas de las OSCs parten de “una dimensión local y cercana a las realidades de las comunidades que conviven día con día con las estrategias militarizadas del Estado mexicano”.
Los Principios establecen lo siguiente: 1) el diseño de estrategias de seguridad enfocadas en la protección y respeto de los derechos humanos; 2) encaminar una reforma policial comprometida a que el cumplimiento de la ley y de las labores de seguridad sean efectuadas por un organismo federal con mando, estructura, disciplina y adscripción de carácter civil y con enfoque de respeto y protección de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas.
El principio 3) establece modificar de manera inmediata el funcionamiento de la Guardia Nacional para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones y el 4) encaminar una reforma militar para delimitar las funciones de las Fuerzas Armadas bajo un marco normativo que respete y garantice los derechos humanos.
<figure id="attachment_1474899" aria-describedby="caption-attachment-1474899" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1474899" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/militarizacion-2.jpg" alt="Como parte de la presentación de propuestas para implementar una política de seguridad pública civil, activistas de Amnistía Internacional realizaron una activación en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/militarizacion-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/militarizacion-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/militarizacion-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/militarizacion-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1474899" class="wp-caption-text">Como parte de la presentación de propuestas para implementar una política de seguridad pública civil, activistas de Amnistía Internacional realizaron una activación en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Foto: Amnistía Internacional sección mexicana.</figcaption></figure>
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<h2>Recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo</h2>
En cuanto a las recomendaciones, aquí expongo un brevísimo resumen de su contenido. Al Poder Ejecutivo se le recomienda cumplir con el plazo establecido en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, de acuerdo con el cual para el año 2028 las Fuerzas Armadas no deberían participar más en tareas de seguridad pública.
Se le recomienda también construir una reforma policial integral y un plan específico de retiro de las Fuerzas Armadas de la seguridad pública, basado en evidencia que se ajuste a las realidades y necesidades de cada entidad federativa y de cada municipio. Dicho plan debe formularse “a partir del Consejo Nacional de Seguridad Pública y con la participación de organizaciones de la sociedad civil, representantes comunitarios, academia, y demás actores relevantes”.
En el informe advertimos que esto último es de particular relevancia porque a la fecha no se ha generado una política pública de seguridad que involucre activamente a la ciudadanía, que privilegie la prevención sobre la represión y que genere condiciones para el respeto, la protección, y la realización de los derechos humanos.
Una tercera recomendación establece reformar el sistema de seguridad pública de tal forma que el cumplimiento de la ley y las labores de seguridad las efectúe un organismo federal con mando, estructura, disciplina y adscripción de carácter civil y con respeto y protección de los derechos humanos. Para tal efecto se debe crear un nuevo mecanismo policial federal o bien hacer una reforma de la Guardia Nacional como organismo civil reintegrado a la Secretaría de Seguridad Pública.
Al Poder Legislativo se le recomienda adecuar el marco normativo aplicable a la seguridad en México para darle la debida congruencia. Esto incluye la revisión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, y la normativa del sistema penitenciario, entre otras.
En la segunda recomendación se considera una reforma a la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza para que esté alineada con los estándares y el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha ley debe ser suficientemente clara para su aplicación por personal policial y de seguridad pública; debe limitar claramente el uso de la fuerza letal; exigir el uso de la fuerza mínima y la protección de terceras personas; así como limitar y especificar los tipos de armamento permitido y sus usos, y garantizar el derecho a manifestaciones pacíficas.
<h2>Campaña #SeguridadSí</h2>
Como en otros informes, el que nos ocupa en este texto está acompañado de la campaña <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/cambiando-el-paradigma/" target="_blank" rel="noopener">#SeguridadSí</a> y de una <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/cambiando-el-paradigma/" target="_blank" rel="noopener">Petición</a> dirigida al Estado mexicano que puede ser leída en nuestra página web. Como siempre, invito a las personas lectoras a firmarla. Esto es importante porque la seguridad pública es un problema que involucra no solo al Estado sino a todos y todas las personas.
<h2>Un ejercicio de diálogo muy necesario</h2>
Los principios y las recomendaciones de nuestro nuevo informe ya las hemos entregado a los poderes Ejecutivo y Legislativo, al tiempo que los convocamos a valorarlas e iniciar un proceso de diálogo con las OSCs, personas académicas y personas vinculadas con el tema. El objetivo es construir una estrategia de ciudadanización de la seguridad, que incluya el fortalecimiento de las corporaciones policiales civiles bajo un esquema de supervisión ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
Desde Amnistía Internacional seguiremos insistiendo en la urgente necesidad de romper el paradigma militar y voltear la mirada a las políticas de seguridad ciudadana para combatir la criminalidad y la violencia. En foros, entrevistas y conferencias he dicho reiteradamente que no podemos, ni debemos, acostumbrarnos a que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad pública y mucho menos debemos tolerar que siga habiendo muertes de personas inocentes a manos de sus integrantes.
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://x.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (<a href="https://x.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>).

Por una política de seguridad pública civil que coloque en el centro los derechos de las personas

El 17 de octubre de 2024 se cumplieron 71 años de la promulgación de la reforma constitucional que permitió a las mexicanas gozar de la ciudadanía plena, y el próximo año se conmemoran 70 años de la primera vez que las mujeres mexicanas pudieron emitir su voto en elecciones federales.
Cito estos hechos porque son parte del importante legado de la lucha ancestral de las mujeres mexicanas por hacer valer sus derechos, en este caso los político electorales.
Debo decir, honestamente, que no pensaba dirigir esta columna a la presidentA de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, los hechos referidos inevitablemente me llevan a vincularlos con la trascendencia de su toma de posesión. Así que empiezo:
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos: como ciudadana y directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional saludo que la población de nuestro país haya decidido elegirla como la primera mujer en ocupar la presidencia de la república, un precedente histórico en México.
Su elección y la renovación del Gobierno abren oportunidades para generar espacios de escucha, diálogo e interlocución para construir una ruta que permita incorporar las experiencias, luchas, demandas y voces de las mujeres en las políticas públicas. Esta es una oportunidad trascendente para continuar avanzando en el reconocimiento de los derechos de todas nosotras, así como de todas las diversidades y grupos históricamente discriminados.
En su primer discurso como presidentA de la república, usted hizo la muy atinada invitación a que le nombremos presidenta con A, así como decimos jueza, abogada, científica, ingeniera, con A, porque lo que no se nombra no existe. Acompaño y abrazo plena y profundamente su petición y exigencia, en la que reconoce una de las demandas históricas del feminismo.
<h2>Nombrar la crisis de derechos humanos en México</h2>
Tomándole la palabra, me permito invitarla también a reconocer y nombrar las múltiples violaciones a derechos humanos que siguen sucediendo en nuestro país. El cuatro de septiembre de 2024, desde Amnistía Internacional le enviamos una <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/carta-abierta-a-la-presidenta-electa-de-mexico/">carta </a><a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/carta-abierta-a-la-presidenta-electa-de-mexico/" target="_blank" rel="noopener">abierta</a> en su calidad de presidenta electa. En ella le expresamos la preocupación de nuestro movimiento porque en México se violan derechos humanos todos los días.
Los datos son alarmantes y nombro algunos a continuación: <a href="http://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019" target="_blank" rel="noopener">en nuestro país son asesinadas en promedio 10 mujeres cada día</a>. De estos crímenes, al menos una tercera parte son investigados como feminicidios y la mayoría de ellos quedan impunes. Las cifras oficiales contabilizan ya <a href="http://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico" target="_blank" rel="noopener">más de 115,000 personas desaparecidas y no localizadas</a>. En México cada día son desaparecidas más de 35 personas. Frente a un Estado que no busca, son las propias familias –mayoritariamente las mujeres– quienes se abocan a la tarea de buscar con sus propios recursos y herramientas a sus seres queridos, exponiéndose a numerosos riesgos que incluyen asesinatos, desapariciones, desplazamiento forzado, afectaciones a la salud, empobrecimiento, estigma y criminalización. Esto no debería ocurrir porque es deber del Estado <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2024/08/AMR0184582024SPANISH.pdf" target="_blank" rel="noopener">proteger a las mujeres </a><a href="https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2024/08/AMR0184582024SPANISH.pdf" target="_blank" rel="noopener">buscadoras</a><a href="https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2024/08/AMR0184582024SPANISH.pdf">.</a>
<figure id="attachment_1462019" aria-describedby="caption-attachment-1462019" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1462019" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/crisis-de-derechos-humanos-1.jpg" alt="Uno de los temas acuciantes de la agenda de derechos humanos en México es la desaparición forzada de personas. En la foto, aspecto de la marcha por la Dignidad Nacional, efectuada el 10 de mayo de 2024, en la que madres de personas desaparecidas participan cada año. Foto: Alejandro Juárez Gamero / Amnistía Internacional sección mexicana." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/crisis-de-derechos-humanos-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/crisis-de-derechos-humanos-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/crisis-de-derechos-humanos-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/crisis-de-derechos-humanos-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1462019" class="wp-caption-text">Uno de los temas acuciantes de la agenda de derechos humanos en México es la desaparición forzada de personas. En la foto, aspecto de la marcha por la Dignidad Nacional, efectuada el 10 de mayo de 2024, en la que madres de personas desaparecidas participan cada año. Foto: Alejandro Juárez Gamero / Amnistía Internacional sección mexicana.</figcaption></figure>
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Por otro lado, nuestro país está considerado como altamente peligroso para defender los derechos humanos. En 2023, fueron <a href="https://www.globalwitness.org/es/missing-voices-es/?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjw68K4BhAuEiwAylp3kvOT9MdSl6_QpFTOmeaqoJLCuQTQOm0dJQS9SRllevrjjMw8qjVEIxoCii0QAvD_BwE" target="_blank" rel="noopener">asesinadas en México 18 personas defensoras</a> de la tierra, el territorio y el medio ambiente, con lo que volvimos a ocupar el tercer lugar entre los países más letales para las y los defensores de estos derechos. Las personas que ejercen el periodismo también lo hacen frente a <a href="http://articulo19.org/periodistasasesinados/" target="_blank" rel="noopener">graves riesgos y amenazas que incluyen asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado</a>.
Desde Amnistía Internacional hemos manifestado también nuestra preocupación por la militarización de la seguridad pública. Los <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">estándares internacionales</a> establecen que el uso de fuerzas armadas para las tareas de seguridad pública debe ser proporcional, temporal, extraordinario y subordinado a corporaciones civiles, dados los riesgos de violaciones a derechos humanos que han sido constatados tanto en México como en otros países. Por ello advertimos la urgencia de un plan que permita el retiro progresivo de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, que incluya el fortalecimiento de las corporaciones policiales para que podamos avanzar hacia el diseño de una estrategia de seguridad ciudadana que ponga en el centro a las personas.
Todas estas preocupaciones las hemos documentado en nuestros informes y en la interlocución política que mantenemos con las autoridades. Algunas de estas fueron retomadas por diversos Estados durante el <a href="https://centroprodh.org.mx/colectivo-epu-mx-2024/" target="_blank" rel="noopener">Examen Periódico Universal</a> (EPU), aplicado a México este año. Esperamos que su gobierno dé seguimiento a las recomendaciones que le fueron presentadas por los Estados parte. En ese contexto, Amnistía Internacional presentó también <a href="https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/6992/2023/es/" target="_blank" rel="noopener">un informe paralelo</a>, en el que evalúa la aplicación de las recomendaciones formuladas a México en su EPU anterior.
<figure id="attachment_1462020" aria-describedby="caption-attachment-1462020" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1462020" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/crisis-de-derechos-humanos-2.jpg" alt="Amnistía Internacional sección mexicana, acompaña la agenda feminista que busca el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres. En la foto, activistas del movimiento en la marcha por el Día Internacional de las Mujeres, efectuada el 8 de marzo de 2024. Foto: Alejandro Juárez Gamero / Amnistía Internacional sección mexicana." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/crisis-de-derechos-humanos-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/crisis-de-derechos-humanos-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/crisis-de-derechos-humanos-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/crisis-de-derechos-humanos-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1462020" class="wp-caption-text">Amnistía Internacional sección mexicana, acompaña la agenda feminista que busca el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres. En la foto, activistas del movimiento en la marcha por el Día Internacional de las Mujeres, efectuada el 8 de marzo de 2024. Foto: Alejandro Juárez Gamero / Amnistía Internacional sección mexicana.</figcaption></figure>
<h2></h2>
<h2>Cinco décadas de Amnistía Internacional en México</h2>
En la carta también le comento que México es uno de los países prioritarios para nuestro movimiento dada la profunda crisis de derechos humanos que atravesamos desde hace varias décadas.
La sección mexicana de Amnistía Internacional se fundó en 1971, durante el período de la llamada <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/amnistia-internacional-entrego-a-la-comision-nacional-de-busqueda-los-archivos-con-los-que-documento-la-desaparicion-de-personas-en-los-anos-70-en-mexico/">“guerra </a><a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/amnistia-internacional-entrego-a-la-comision-nacional-de-busqueda-los-archivos-con-los-que-documento-la-desaparicion-de-personas-en-los-anos-70-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">sucia</a><a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/amnistia-internacional-entrego-a-la-comision-nacional-de-busqueda-los-archivos-con-los-que-documento-la-desaparicion-de-personas-en-los-anos-70-en-mexico/">”</a>. Durante las últimas cinco décadas, Amnistía Internacional ha investigado y acompañado a víctimas de algunas de las más graves violaciones de derechos humanos que han cometido diversas autoridades, entre ellas <a href="https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/020/2014/es/" target="_blank" rel="noopener">tortura</a> –en<a href="https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/4237/2016/es/" target="_blank" rel="noopener"> diversos informes</a>–, <a href="https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/5340/2017/es/" target="_blank" rel="noopener">detenciones arbitrarias</a>, <a href="https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/3150/2016/es/" target="_blank" rel="noopener">desapariciones forzadas</a>, <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/juicio-a-la-justicia/" target="_blank" rel="noopener">violencia contra las mujeres</a> y <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/nadie-garantiza-mi-seguridad/" target="_blank" rel="noopener">ataques a periodistas</a> y <a href="https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/9554/2019/es/" target="_blank" rel="noopener">personas defensoras de derechos humanos</a> , –<a href="https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/7076/2023/es/" target="_blank" rel="noopener">también en diversos informes</a>– entre muchas otras. Asimismo, hemos acompañado con acciones de comunicación, incidencia, movilización, activismo y educación en derechos humanos el trabajo de las colectivas y organizaciones de la sociedad civil mexicana que trabajan para que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos todos los días.
Durante estos 53 años hemos mantenido una relación respetuosa y cordial de trabajo con autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno, con miras a que nuestro país cuente con un aparato normativo e institucional que permita garantizar a las víctimas de violaciones a derechos humanos acceso efectivo a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, pero -sobre todo- a que, como parte ineludible de las garantías de no repetición, todas las personas podamos ejercer todos nuestros derechos humanos.
Amnistía Internacional, como siempre, reitera su total disposición para entablar un diálogo amplio y constructivo con las nuevas autoridades, sobre la situación de los derechos humanos en el país. Por ello, me permito reiterar mi solicitud para una reunión en la que podamos presentar nuestras investigaciones más recientes y recomendaciones sobre los temas que he señalado a lo largo de este texto. Asimismo, expresamos nuestro compromiso de participar activamente en todos los espacios de diálogo donde podamos contribuir con propuestas concretas para garantizar y fortalecer los derechos humanos en México.
PresidentA: la sabiduría popular nos enseña que para resolver un problema, primero debemos reconocer que existe. Nombramos las desapariciones, los feminicidios, los riesgos que viven las mujeres buscadoras, los asesinatos y desapariciones de periodistas, las violaciones a derechos humanos que han cometido elementos de las fuerzas armadas mexicanas, los riesgos que viven las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, la estigmatización y represión que han experimentado colectivas feministas por ejercer su derecho a la protesta, para hacer visible que todas esas violaciones a derechos humanos existen en México.
Muy respetuosamente la invito a nombrar esas violaciones a derechos humanos. Cientos de miles de personas en nuestro país sentirán que existen para las autoridades cuando la escuchen a usted nombrarlas, y mayor satisfacción habrá cuando el Estado emprenda acciones para atenderlas.
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://x.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (<a href="https://x.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>).

Crisis de derechos humanos en México: lo que no se nombra, no existe

La palabra es un rasgo que define nuestra humanidad. Con ella expresamos infinidad de sensaciones, sentimientos, ideas, deseos, pensamientos. Razonamos con palabras y nos construimos y deconstruimos con ellas. Hoy, convoco a las personas lectoras a juntar un manojito de ellas para que en la conmemoración por los diez años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, expresemos a sus familias mensajes de apoyo y solidaridad en su búsqueda de justicia.
La idea es sencilla pero poderosa. Para la elaboración de sus mensajes les proponemos utilizar una o varias de las siguientes palabras: búsqueda, esperanza, lucha, impunidad, resiliencia, solidaridad, protesta, rabia, indignación y dignidad. Todas ellas nos recuerdan las emociones y desafíos que hemos vivido a lo largo de una década de lucha por el esclarecimiento del caso. El objetivo es ofrecer a las familias de los jóvenes un acompañamiento solidario en este momento tan importante.
Podrán depositar sus mensajes en el<a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/ayotzinapa-10/" target="_blank" rel="noopener"> buzón solidario</a> que está en nuestra página y que permanecerá abierto hasta el 23 de septiembre de 2024. Los mensajes serán entregados a los padres y madres de los estudiantes el 26 de septiembre de 2024, día en que se cumplen diez años de la desaparición de los jóvenes.
La acción que proponemos desde Amnistía Internacional forma parte de la activación que lanzamos el 18 de septiembre de 2024 denominada <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/ayotzinapa-10/">A10tzinapa</a><a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/ayotzinapa-10/" target="_blank" rel="noopener">, por la justicia, por la verdad</a>. Esta incluye un conversatorio virtual que se efectuará el martes 24 de septiembre, a partir de las nueve de la mañana, con la participación de dos madres de los estudiantes y representantes de las organizaciones que hemos dado seguimiento y apoyo a las familias de los jóvenes, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Amnistía Internacional.
El conversatorio podrá ser seguido en el Facebook de Amnistía Internacional, sección mexicana: <a href="https://www.facebook.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">amnistíamexico</a>
La desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa es parte de las terribles violaciones a derechos humanos registradas en México, como la represión de estudiantes registrada en 1968 o la persecución contra disidentes políticos de la década de los 70.
Es inimaginable el dolor que los padres y madres de los jóvenes han soportado en una década de impunidad, como víctimas que son de este <a href="http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/work/models/Comision_para_la_Verdad/Documentos/pdf/Informe_de_la_Presidencia_PARA_WEB.pdf" target="_blank" rel="noopener">crimen de Estado</a>. En diversas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) advierte que “la violación de la integridad <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">psíquica y moral</a> de [los] familiares, es una consecuencia directa de [la] desaparición forzada” y que “la <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">privación continua de la verdad</a> acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos”.
<h2>Una luz por las personas desaparecidas</h2>
Desde que ocurrió la desaparición de los estudiantes –<a href="https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/0001/2015/es/" target="_blank" rel="noopener">el 26 de septiembre de 2014</a>–, en Amnistía Internacional hemos monitoreado el caso y su seguimiento figura,<a href="https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/7200/2024/es/" target="_blank" rel="noopener"> hasta la fecha</a>, en nuestros informes anuales Sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
En diez años nuestro movimiento ha demostrado de muy diversas maneras su solidaridad con las familias de los estudiantes. En el año 2016, en el marco del Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, Amnistía Internacional llevó a cabo la activación <a href="https://youtu.be/xH0a59S3Cpk" target="_blank" rel="noopener">Tu luz mantiene a los desaparecidos con vida</a><a href="https://youtu.be/xH0a59S3Cpk">,</a> con la colaboración de la agencia La Despensa y del pintor franco canadiense, Steven Spazuk, el artista del fuego, conocido así por utilizar la llama de una vela para crear cuadros.
<a href="https://youtu.be/xH0a59S3Cpk" target="_blank" rel="noopener">El video</a> del proceso creativo es sumamente emotivo. En él se aprecia cómo la llama de la vela, guiada por la mano del artista, devela en un lienzo blanco cada uno de los rostros de los jóvenes desaparecidos. La luz los hace visibles poco a poco ante nuestras miradas, nos remite a sus historias, a sus vidas truncadas y a la urgente necesidad de que haya justicia en este caso que nos ha marcado como sociedad.
<figure id="attachment_1449696" aria-describedby="caption-attachment-1449696" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1449696" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/ayotzinapa-diez-aniversario-1.jpg" alt="Activistas de Amnistía Internacional se suman cada año a las colectivas que toman las calles para exigir verdad, justicia y reparación integral del daño para las familias de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: ©Amnistía Internacional." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/ayotzinapa-diez-aniversario-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/ayotzinapa-diez-aniversario-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/ayotzinapa-diez-aniversario-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/ayotzinapa-diez-aniversario-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1449696" class="wp-caption-text">Activistas de Amnistía Internacional se suman cada año a las colectivas que toman las calles para exigir verdad, justicia y reparación integral del daño para las familias de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: ©Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
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Esta activación permitió recaudar también 21 mil 985 firmas de personas que se sumaron a la exigencia de realizar una investigación profesional de lo ocurrido en Ayotzinapa. Nuestro llamado incluyó la exigencia de justicia para muchos otros casos de desaparición forzada en el mundo.
En 2016 presentamos también nuestro informe <a href="https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/3150/2016/es/" target="_blank" rel="noopener">México: un trato de indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México</a>. Éste analiza el caso de Ayotzinapa, así como la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Sobre el primero, advertimos, ya desde ese año, no solo de las deficiencias en la investigación, sino también del trato indigno que dan las autoridades a las familias de los jóvenes que, además, han sufrido afectaciones a su salud por lo que ha significado la pérdida de sus familiares.
Actualmente, acompañamos la difusión del documental <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UF9FaIBkELg" target="_blank" rel="noopener">Este arte que abraza</a>, de Juan Castro Gessner, que registra un sin fin de actividades creativas de músicos, pintores, fotógrafas, artistas de teatro, bordadoras, cuentacuentos, ilustradores y bailarinas quienes, mediante sus expresiones artísticas, expresan su solidaridad con los estudiantes y sus familias.
De este magnífico trabajo retomo una parte del texto del escritor y poeta Edson Lechuga, incluido en el referido video, que expresa lo que muchas personas sentimos: “digo semilla y te nombro, porque no hacerlo es morir, con los ojos abiertos pero morir, respirando pero morir, morirme, morirnos, morirte y no te quiero muerto sino vivo, como el fuego de tu nombre, como el alma de esta ciudad que tiembla hoy, cuando todos decimos tu nombre Ayotzinapa…”.
La palabra construye y deconstruye nuestras emociones.
En el seguimiento del caso también hemos difundido comunicados, posicionamientos en nuestras redes sociales y realizado muchas otras activaciones protagonizadas por nuestras activistas de México y de otras secciones.
<h2>Contradicciones y bloqueo de información</h2>
Entre las actividades recientes está la <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/las-investigaciones-sobre-la-desaparicion-de-estudiantes-en-peligro/" target="_blank" rel="noopener">Acción Urgente</a> que lanzamos el 9 de febrero de 2024, en apoyo de la exigencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que el gobierno entregara más de 800 documentos en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), relacionados con el traslado de 17 estudiantes desde la estación de policía municipal de barandilla hasta las afueras de Iguala.
De acuerdo con el GIEI esa información está en poder de la Sedena por la escucha que realizó de los teléfonos celulares del subdirector de policía de barandilla y del líder del grupo delictivo de la zona Guerreros Unidos. Conscientes de la existencia de la misma, los familiares de los jóvenes han insistido en que les sea entregada desde julio de 2023. Sin embargo, la Sedena niega tenerla.
<figure id="attachment_1449697" aria-describedby="caption-attachment-1449697" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1449697" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/ayotzinapa-diez-aniversario-2.jpg" alt="La creatividad de las personas que recurren a diferentes expresiones artísticas para mostrar su solidaridad con las familias de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, no tiene límites. Foto: ©Amnistía Internacional." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/ayotzinapa-diez-aniversario-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/ayotzinapa-diez-aniversario-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/ayotzinapa-diez-aniversario-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/ayotzinapa-diez-aniversario-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1449697" class="wp-caption-text">La creatividad de las personas que recurren a diferentes expresiones artísticas para mostrar su solidaridad con las familias de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, no tiene límites. Foto: ©Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
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Como parte de la campaña pública para que el Estado mexicano entregue información crucial que contribuya al esclarecimiento del paradero de los jóvenes estudiantes, el 24 de junio de 2024 lanzamos otra Acción Urgente luego de que el Ejecutivo se reuniera con los y las madres de los jóvenes –el 3 de junio de 2024–, a quienes entregó solo 15 documentos de los 800 solicitados por ellos.
Desde Amnistía Internacional hemos insistido en que el Estado mexicano tiene la obligación de asegurar la participación de las familias y de sus abogados en la investigación, en que deben tener <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/ayotzinapa-investigacion-giei-ejercito-encubrimiento" target="_blank" rel="noopener">acceso pleno a la información</a>, así como a los expedientes como se establece en los estándares internacionales de derechos humanos.
La investigación del caso registró avances relevantes entre 2018 y 2022, lapso en el que se constituyó la Comisión Investigadora para el caso Ayotzinapa y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA). Además el gobierno mexicano aceptó la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar casos de desaparición en México.
Sin embargo, los desacuerdos entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la UEILCA condujeron a la renuncia del titular de esta, Omar Gómez Trejo, en 2022, a lo que se sumó el fin de la colaboración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que hizo señalamientos claros sobre la negativa de la Sedena para entregar la información que tiene en su poder sobre el caso.
Es urgente reencausar el proceso y recuperar lo que se avanzó. El Estado mexicano tiene la obligación de hacerlo con sensibilidad, empatía y respeto al dolor de las familias, lo que lleva a poner las necesidades de éstas en el centro del proceso. También hemos insistido en que se realice una investigación imparcial, verificable y seria para superar las inconsistencias y omisiones que han empantanado el caso y permita a las familias saber lo que pasó con información confiable y contundente.
En nuestras manos está mantener la luz que recuerde a las personas desaparecidas, en nuestras palabras de aliento el apoyo que acompañe solidariamente a las familias de los jóvenes de Ayotzinapa. Nuestras acciones les darán fuerza para mantenerse –y mantenernos porque el caso nos atañe a todos y todas– resilientes en la lucha contra la impunidad hasta que accedan a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño, ¡que no debe demorar más!
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://x.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (<a href="https://x.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>).

A 10 años de Ayotzinapa, solidaridad y aliento para las familias de los jóvenes desaparecidos

La mejor noticia de derechos humanos del mes de septiembre en Venezuela ha sido la liberación de un centenar de menores de edad, acción celebrada por las autoridades venezolanas como una muestra de su compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Estos jóvenes no se encuentran en libertad plena ni recibieron las debidas órdenes de resguardo, protección o de reparación. Todas y todos están afectados por medidas cautelares en su contra, que incluyen la prohibición de salida del país, la presentación periódica en tribunales y el temor permanente de resultar detenidos nuevamente en cualquier momento.
Los hechos relacionados con la tragedia de estos jóvenes nos ayudan a comprender la escala de destrucción de derechos y libertades que se registra en Venezuela.
Fueron capturados como muchas otras personas, en los operativos de los órganos de seguridad desde el 29 de julio, en respuesta a las protestas para exigir resultados electorales transparentes. La represión a esas protestas desplegó a un gran número de efectivos sin identificación que efectuaron ataques armados a zonas residenciales y cometieron diferentes tipos de abusos, actuando en combinación con la policía nacional.
<figure id="attachment_1444968" aria-describedby="caption-attachment-1444968" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1444968" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/represion-en-Venezuela.jpg" alt="Aspecto de una de las múltiples manifestaciones efectuadas por personas venezolanas en defensa de sus derechos y libertades." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/represion-en-Venezuela.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/represion-en-Venezuela-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/represion-en-Venezuela-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/represion-en-Venezuela-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1444968" class="wp-caption-text">Aspecto de una de las múltiples manifestaciones efectuadas por personas venezolanas en defensa de sus derechos y libertades. Foto: ©Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
Lo que siguió en cuanto a represión a protestas y persecución, dejó sin efecto las salvaguardas y las garantías constitucionales. El gobierno abrió una aplicación celular para recibir denuncias y ubicar a líderes opositores en las comunidades; funcionarios y civiles armados revisaron los celulares de personas en las calles para identificar a quienes replicaron mensajes disidentes; se realizaron detenciones tipo redadas en zonas populares, y se aplicó la temida operación Tun Tun, con allanamientos sin órdenes a viviendas de cualquiera que resultara señalado por denuncias anónimas.
En este momento las autoridades reportan más de dos mil terroristas detenidos, para referirse a quienes protestaron. Aunque las organizaciones de derechos humanos han logrado identificar solo mil 780 de estos presos por motivos políticos, que no han tenido juicios justos.
Entre estas personas detenidas de forma arbitraria han reportado a personas adultas mayores y personas con discapacidad; es frecuente ver llamados angustiados de familiares pidiendo acceso a información sobre ellos, denunciando su desaparición o su traslado a penales lejanos, en los que no podrán brindarles apoyo para su alimentación y acompañamiento.
Los jóvenes menores de edad excarcelados por las autoridades de Venezuela habían sido juzgados por tribunales especiales, en audiencias colectivas en línea, sin defensa privada o de su elección, sin permitirles contacto previo con familiares y sin la protección ante los malos tratos y torturas. Fueron recluidos en peligrosas cárceles para adultos. A algunos se les uniformó y se les obligó a memorizar consignas pro gobierno.
Este castigo colectivo hacia la sociedad civil también se extiende, como una imparable estrategia de terror, a campañas de estigmatización, amenazas, anulaciones de pasaportes y otras medidas. Varias personas han resultado retenidas en el aeropuerto al tratar de viajar fuera del país, prohibiendo su salida y siendo sometidas a largos interrogatorios. A varios jóvenes del proyecto Diversxs por derechos LGBTIQ+ les han anulado sus pasaportes y al menos a uno de estos jóvenes líderes le sometieron a una detención breve, con traslado a la unidad de contra inteligencia cuando trataba de asistir al Comité contra la Discriminación Racial de la ONU al que estaba invitado.
<h2>Llamados de Amnistía Internacional</h2>
Tan pronto pasaron los comicios, el 2 de agosto de 2024, Amnistía Internacional Venezuela emitió una <a href="https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2024/08/AMR5383902024SPANISH.pdf" target="_blank" rel="noopener">Acción Urgente</a> para salvaguardar los derechos humanos de las cientos de personas detenidas, así como a una defensa justa y al debido proceso. Desde Amnistía Internacional invitamos a las personas lectoras a socializar y firmar la Acción Urgente y a expresar su solidaridad con la defensa de los derechos humanos de los y las venezolanas.
Como parte de las acciones globales de nuestro movimiento dirigimos también, el 9 de agosto de 2024, una <a href="https://www.amnesty.org/en/documents/amr53/8415/2024/es/" target="_blank" rel="noopener">Carta abierta</a> al Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidiéndole acciones urgentes ante la Comisión de Crímenes de Derecho Internacional en el país sudamericano.
En el documento no dejamos de advertir “el silencio” de dicha Fiscalía ante los acontecimientos ocurridos hasta ese momento en Venezuela y pedimos la urgente emisión de una declaración preventiva –como lo hiciera en otras situaciones– sobre la situación en el país, que ponga sobre aviso a las y los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional de que serán llevados ante la justicia.
Exhortamos al Fiscal a que apoye “a todas las ONG venezolanas (…) a condenar los ataques contra ellas por su labor en favor de la justicia”, así como a “acelerar urgentemente su investigación sobre la situación en Venezuela”, que la CPI inició en noviembre de 2021”.
<figure id="attachment_1444969" aria-describedby="caption-attachment-1444969" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1444969" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/represion-en-Venezuela-2.jpg" alt="Al menos mil 780 personas venezolanas han sido detenidas por motivos políticos y sin juicios justos. Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente para salvaguardar los derechos humanos de las personas detenidas. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/represion-en-Venezuela-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/represion-en-Venezuela-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/represion-en-Venezuela-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/represion-en-Venezuela-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1444969" class="wp-caption-text">Al menos mil 780 personas venezolanas han sido detenidas por motivos políticos y sin juicios justos. Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente para salvaguardar los derechos humanos de las personas detenidas. Foto: ©Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
<h2>Cierre del espacio cívico</h2>
Las ONG comunitarias, humanitarias y de derechos humanos se encuentran bajo una intensa presión. El Parlamento venezolano aprobó el 15 de agosto de 2024 la denominada <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/cjw3v4217npo" target="_blank" rel="noopener">Ley de Fiscalización</a>, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, identificada como ley anti ONG. Ésta es un mecanismo de persecución con artículos ambiguos –que incluyen sanciones desproporcionadas–, con los que se pretende declararlas ilegales, poniendo así en riesgo su operación.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado que “la pretensión (…) de esta ley es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumido el país, así como los posibles crímenes de lesa humanidad orquestados por el gobierno de Nicolás Maduro. La aprobación de esta ley se suma a los mecanismos de persecución política que ya investiga el Fiscal de la Corte Penal Internacional”.
Esta declaración toca otro filón importante de la crisis venezolana que no se debe perder de vista y es que ésta ha llevado al 25 por ciento de la población a dejar el país.
La ley anti ONG atenta contra el derecho de asociación y participación en asuntos públicos, con su puesta en práctica se busca cerrar el espacio cívico y asfixiar el derecho a la protesta tan importante para denunciar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos referidas a lo largo de este texto.
El cierre del espacio cívico no es exclusivo de Venezuela, afecta a diversos países de las Américas y ha llegado a un punto de inflexión debido a las medidas legales que lo han reducido de manera severa, limitando con ello la participación ciudadana, de colectivas, ONG y periodistas, entre otros, en asuntos que competen a sus comunidades. Este es un tema de gran preocupación para Amnistía Internacional que lo planteó ya, mediante una Carta abierta dirigida a la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de su 54° sesión ordinaria en junio de este año.
En diferentes países hemos visto como el derecho de asociación es fundamental para que las personas participen activamente en asuntos que son del interés personal o comunitario. Y cuando las instancias formales no dan respuesta a sus demandas queda como alternativa el derecho a la protesta pacífica, como herramienta fundamental para el reclamo de derechos.
En una <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/venezuela-organizaciones-internacionales-condenan-los-altos-indices-de-violencia-y-represion/" target="_blank" rel="noopener">carta</a> pública dirigida al gobierno de Venezuela el 31 de julio de 2024, firmada por Amnistía Internacional y diversas organizaciones internacionales, además de condenar la violación de derechos humanos, solicitamos garantizar el derecho a la protesta y el respeto pleno a los derechos a la vida, integridad personal y la libertad de las personas.
Estos llamados se encuadran en nuestra campaña global <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/amnistia-internacional-lanza-campana-global-para-hacer-frente-a-amenaza-mundial-sin-precedentes-contra-el-derecho-a-protestar/" target="_blank" rel="noopener">#ProtejamosLaProtesta</a>, lanzada en julio de 2022, para denunciar las leyes y medidas que aplican los Estados tales como el uso indebido de la fuerza, vigilancia ilegal, apagones, censura de internet y estigmatización, para reprimir a los <a href="https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/protesta/" target="_blank" rel="noopener">movimientos sociales</a>. La campaña está acompañada de una <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/protejamos-la-protesta/" target="_blank" rel="noopener">petición</a> en la que instamos a los Estados a regular el uso excesivo e ilegítimo de la fuerza por sus elementos de seguridad y a que haya rendición de cuentas por los responsables de operaciones policiales. Invitamos a las personas lectoras a sumarse a dicha petición para lograr el objetivo común de proteger la protesta y a las personas que se manifiestan.
Desde Amnistía Internacional nos hemos pronunciado enérgicamente, con una sola voz global, contra las violaciones a derechos humanos en Venezuela y demandamos de las instancias internacionales pronunciamientos claros y contundentes para exigir el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de las personas en ese país.
Mecanismos como la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, desempeñan un papel de suma importancia para la documentación de las graves violaciones de derechos humanos en el marco de las actuales protestas en el país sudamericano.
No dejaremos de insistir en el respeto al derecho de las personas venezolanas a la libertad de expresión y de protesta pacífica, así como en nuestro llamado a que las autoridades de ese país se abstengan de criminalizar la protesta y a las personas defensoras de los derechos humanos. El Estado venezolano tiene, entre otras, esas obligaciones, además de apegarse a los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza.
No cejaremos en nuestro acompañamiento a las personas que luchan por ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a que nadie sea procesado o privado de su libertad por ejercerlo. Seguiremos haciéndolo hasta que la justicia se haga costumbre.
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://x.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México <a href="https://x.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>. Marcos Gómez (<a href="https://x.com/GomezMarcos" target="_blank" rel="noopener">@GomezMarcos</a>) es Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela <a href="https://x.com/amnistia" target="_blank" rel="noopener">@amnistia</a>.

Venezuela: represión y violaciones a derechos humanos requiere atención y coordinación urgentes de la comunidad internacional

Venezuela: represión y violaciones a ddhh requiere intervención de la comunidad internacional

Siempre he dicho que los logros en la defensa de los derechos humanos hay que anunciarlos y festejarlos. Hoy no es la excepción. Luego de siete años de litigio, la Fiscalía de Distrito Altos, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, determinó el no ejercicio de la acción penal en el caso de seis personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente de la Colonia Maya, quienes fueron procesadas injustamente por oponerse a la construcción de un fraccionamiento en una zona de conservación ecológica.
De esta forma, la Fiscalía no va a continuar el juicio contra las personas defensoras porque los cargos fueron rechazados y por lo tanto éstas ya no pueden ser detenidas.
Es muy grande la alegría que compartimos con Elizabeth del Carmen Suárez Díaz, Eustacio Hernández Vázquez, Lucero Aguilar Pérez, Sergio Hernández, Martín López López y Miguel Ángel López Martínez, porque la decisión judicial puso fin a una larga persecución con la que se pretendió, sin lograrlo, deslegitimar y criminalizar su derecho legítimo a la protesta, que ejercieron al defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.
<figure id="attachment_1429229" aria-describedby="caption-attachment-1429229" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1429229" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/07/personas-defensoras.jpg" alt="Personas defensoras del medio ambiente de la Colonia Maya, Chaipas." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/07/personas-defensoras.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/07/personas-defensoras-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/07/personas-defensoras-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/07/personas-defensoras-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1429229" class="wp-caption-text">Personas de diferentes organizaciones sociales, entre ellas Amnistía Internacional, manifestaron su apoyo solidario a las personas defensoras del medio ambiente de la Colonia Maya. Sus integrantes asistieron a la conferencia de medios ofrecida el 15 de julio de 2024 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Foto: Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
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Parte de la equipa de Amnistía Internacional nos reunimos con ellos la noche previa a la <a href="https://www.facebook.com/Semanario.Mirada.Sur/videos/497388449446832/" target="_blank" rel="noopener">conferencia de medios</a> que ofrecimos de manera conjunta, el lunes 15 de julio de 2024, para dar a conocer la decisión de la Fiscalía. Conversamos largamente sobre su sentir y brindamos con un rico café acompañado con tamales de bola y pan coleto, que nos compartieron con gran amabilidad.
Fue un encuentro agradable, la tensión generada por la persecución judicial injusta había quedado atrás. Las palabras de Elizabeth lo dijeron todo: “no es bonito tener una orden de aprehensión por defender el territorio”.
Nada más cierto, pues en este caso estuvo a punto de cometerse un acto grave de injusticia porque el delito por el que se buscaba sancionar a las personas defensoras no se cometió. Pero además, el uso indebido del sistema penal para perseguir y criminalizar a las personas defensoras, en lugar de investigar a quienes cometen delitos y violaciones a derechos humanos, implica un uso indebido de recursos públicos, como lo advertimos en nuestro informe <a href="about:blank" target="_blank" rel="noopener">México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente</a>.
En él documentamos la forma en que el Estado mexicano hace uso indebido de las normas penales para disuadir, castigar, criminalizar e impedir que las personas defensoras protesten para exigir sus derechos. El informe incluye otros casos paradigmáticos, como los de Chilón, Chiapas; Zacatepec, Puebla, y Sitilpech, en Yucatán.
El de la Colonia Maya es el tercer caso de nuestro informe en el que se logra superar la persecución judicial contra personas defensoras. El primero fue el de Chilón, en Chiapas, y el segundo el de <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/activismo-criminalizacion-activistas-via-penal" target="_blank" rel="noopener">Zacatepec</a>, en Puebla.
<h2>El poder de las personas</h2>
La movilización solidaria de miles de personas en México y en diversos países tuvo un peso fundamental en este caso, pues presionó a las autoridades para que revisaran con el debido cuidado la acusación contra las personas defensoras de la Colonia Maya y comprobaran lo infundado de los cargos en su contra.
Desde Amnistía Internacional México trabajamos para que el caso se conociera a nivel internacional, a través de la <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/protestar-no-es-un-crimen/" target="_blank" rel="noopener">Petición</a> que impulsamos y a la que se sumaron solo en nuestro país 44 mil 320 personas.
En ella instamos a las autoridades mexicanas a que valoren el papel de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y refuercen su protección a través de mecanismos existentes. Invito a las personas lectoras a que conozcan la Petición y también sumen su firma.
El informe México: Tierra y ¿Libertad? es además una investigación técnica sólida que no deja lugar a dudas sobre lo injusta que fue la acción judicial en el caso de la Colonia Maya y en los otros tres casos ya referidos. El mismo lo acompañamos con la campaña #ProtestarNoEsUnCrimen que promueve un ingrediente fundamental de Amnistía Internacional: la movilización.
Y justamente las personas activistas de Amnistía Internacional de varias secciones, como las de España, Canadá, Alemania y Bélgica se indignaron ante la injusticia, se movilizaron y actuaron a través de acciones urgentes en las que enviaron cartas a las autoridades exigiendo justicia. Además de que dieron una amplia difusión a nuestro informe.
Gracias a las firmas y a la presión generada por la movilización en México y en los otros países, las personas que habitan en la Colonia Maya hoy no tienen el temor de ser apresadas.
A este enorme movimiento se sumó el gran apoyo que la Colonia Maya recibió también de las decenas de organizaciones sociales con quienes comparten objetivos.
<h2>Contexto</h2>
El problema en la Colonia Maya inició cuando una empresa inmobiliaria comenzó la construcción de un fraccionamiento en la zona de conservación ecológica del predio rústico ‘Carmen Guadalupe’, ubicado en dicha colonia del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La obra se inició sin contar con evaluaciones de impacto ambiental y social.
En el proceso de construcción fueron talados unos 100 árboles lo que causó un desequilibrio ambiental importante, pues al ser afectada la barrera natural el agua de lluvia ocasionó inundaciones y daños en las casas de la Colonia Maya.
Cabe referir que el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho universalmente reconocido en las resoluciones del <a href="about:blank" target="_blank" rel="noopener">Consejo de Derechos Humanos</a> del año 2021 y por la <a href="https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/81/pdf/n2244281.pdf?token=ZsyRACv0dXiwdnK3IP&amp;fe=true" target="_blank" rel="noopener">Asamblea General de las Naciones Unidas</a> de 2022.
<h2>Acusación injusta</h2>
Pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Chiapas había clausurado la obra por no contar con las autorizaciones de SEMARNAT, y por la falta del cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Secretaría de Protección Civil, la inmobiliaria continuó los trabajos.
En una manifestación efectuada el 7 de abril de 2017, personas de la Colonia Maya impidieron, con un lazo, el paso por uno de los accesos del fraccionamiento, a manera de cierre simbólico. El bloqueo duró 20 horas. Sin embargo, como el terreno es grande contaba con otras entradas y las personas trabajadoras podían salir del lugar libremente.
El 16 de agosto de 2018 la Fiscalía de Distrito Altos emitió una orden de aprehensión en contra de Elizabeth, Eustacio, Lucero, Sergio, Martín y Miguel, quienes integraban la Mesa Directiva de la Colonia Maya. El delito imputado fue privación de la libertad agravado por ser cometido por más de dos personas. La orden de aprehensión se emitió sin pruebas que permitieran configurar ese delito pues, como señalé, quienes trabajaban en el  terreno siempre pudieron retirarse del mismo por sus diferentes salidas. En otras palabras, las seis personas defensoras podrían haber sido apresadas por un delito que no cometieron.
En nuestro informe hacemos notar cómo las autoridades hacen interpretaciones amplias de tipos penales vagos o ambiguos como “motín”, “obstrucción de obra pública” y las variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación” para criminalizar, desincentivar y desarticular la defensa de los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Esta persecución se enfoca en las personas que son consideradas líderes lo que trae como consecuencia un efecto inhibidor, tanto en las personas sujetas a proceso, como en las simpatizantes por la defensa de los derechos quienes, en algunos casos, deciden abandonar la lucha.
<h2>La resistencia</h2>
La Colonia Maya inició la lucha hace poco más de 16 años, en los que se han opuesto a la tala ilegal del bosque aledaño a su colonia, trabajaron en la construcción de zanjas de infiltración del agua para contrarrestar inundaciones y opusieron a la instalación de una gasera y una estación de gasolina en su territorio.
Su trabajo fue reconocido con el <a href="https://www.cdhal.org/es/somos-la-maya-recibio-el-premio-a-la-defensa-ambiental-en-chiapas-mariano-abarca-2022-por-su-lucha-ambiental-urbana/" target="_blank" rel="noopener">Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca” 2022</a>, otorgado por un conglomerado de 35 organizaciones de Canadá, Estados Unidos, México (entre las que se encuentra Amnistía Internacional), Honduras, América Latina, Cataluña, País Vasco y Alemania.
Su resistencia parte de la creatividad, la promoción de la paz y se caracteriza por el uso de herramientas pedagógicas que han sido muy útiles para enseñar a las personas las consecuencias de la destrucción ambiental.
<h2>Lo que sigue</h2>
Los problemas ambientales en la Colonia Maya están latentes. Las inundaciones persisten y afectan las casas y los bienes de las personas, interrumpen sus actividades cotidianas, ponen en riesgo su salud y su calidad de vida.
Está claro que sí hay delitos que perseguir y que éstos fueron cometidos por las personas que causaron daños al medio ambiente de la montaña. En la conferencia de medios referida se explicó que aún no se cumple la recomendación que hizo la Secretaría de Protección Civil del estado para resarcir el daño ambiental en la zona.
Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado a las autoridades a cumplir las recomendaciones contenidas en nuestro informe Tierra y ¿Libertad? que incluyen, entre otras, cambios legislativos. En ese sentido, pedimos al Congreso de la Unión y a los congresos locales que, desde su ámbito de competencia, se elimine de la Constitución y de las leyes la figura de la prisión preventiva oficiosa y se reformen los artículos 27, 28 y 31 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, para garantizar que cumpla con estándares internacionales en la materia.
Las recomendaciones incluyen adecuar los tipos penales y asegurar que se respete el principio de legalidad por medio de una definición clara del delito que se va a castigar, así como de sus alcances, de tal forma que éste no se utilice para criminalizar la protesta, así como aplicar de manera correcta el <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/el-acuerdo-de-escazu-es-vigente-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Acuerdo de Escazú</a>, vigente en México desde el 9 de diciembre de 2020, para la debida protección del medio ambiente y de las personas que lo defienden.
Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente no están solas, son parte de un movimiento más grande, muchas personas más les acompañamos, la colectiva unida es más fuerte y seguiremos dando la lucha con ellos y ellas por sus derechos y por los de la “madre tierra”.
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://x.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (<a href="https://x.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>).

Miles de personas en México y el mundo impulsaron que se hiciera justicia para ambientalistas de la Colonia Maya, en Chiapas

Justicia para ambientalistas de la Colonia Maya, en Chiapas

“Cuidado con lo que van a encontrar ahí”, dijo con tono premonitorio el funcionario de la PGR a la persona de la Fundación para la Justicia a quien entregó copias del expediente de la matanza de San Fernando, Tamaulipas.
Advertida, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación y abogada de las familias de las víctimas de San Fernando, revisó y encontró que en el expediente recibido, en el tomo 221, había una investigación contra ella por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro. Fue así como se convirtió en perseguida en el caso en que trabajaba para lograr justicia para las familias de las víctimas de San Fernando.
Fue la primera noticia que tuvo de la investigación ilegal a la que había sido sometida, que inició en 2016 y de la que se estaba enterando cinco años después, en 2021.
Se trata de dos delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ana Lorena advirtió atinadamente: “no es cualquier cosa tener abierto un expediente” por esos delitos. Yo agregaría, menos aún en México, donde se actúa bajo el criterio agravante del “no me vengan con que la ley es la ley”, bajo el cual todo puede pasar.
Pero hay más aún. La investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) incluyó a Marcela Turati, periodista y escritora, y a Mercedes Doretti, perita forense. Ellas, así como Ana Lorena, desde sus distintas profesiones, trabajaban para esclarecer las matanzas de San Fernando.
Como se recordará, en agosto de 2010 fueron hallados los cuerpos de 72 personas migrantes en las fosas de San Fernando y en abril de 2011, elementos del ejército encontraron 196 cuerpos más de personas de diversas nacionalidades en 48 fosas clandestinas.
Esa terrible cadena de irregularidades las documentamos en nuestro informe <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/perseguidas-criminalizacion-de-mujeres-defensoras-de-derechos-humanos-en-mexico/">Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México</a>, que hicimos público el 14 de mayo de 2024. En la conferencia de prensa de lanzamiento del informe estuvieron presentes las tres mujeres defensoras de derechos humanos; el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán; la investigadora de Amnistía Internacional México, Belém Barrera y la reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui quien, solidariamente, aceptó comentar nuestro informe. Invito a las personas lectoras a que vean la presentación <a href="https://www.facebook.com/share/v/dzi549jTSjnjTumS/?mibextid=KsPBc6">aquí</a>.
<figure id="attachment_1415466" aria-describedby="caption-attachment-1415466" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-1415466 size-medium" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/Foto1-AmnistiaInternacional-600x400.jpg" alt="Foto1-AmnistiaInternacional" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/Foto1-AmnistiaInternacional-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/Foto1-AmnistiaInternacional-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/Foto1-AmnistiaInternacional-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/Foto1-AmnistiaInternacional.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1415466" class="wp-caption-text">En la foto, de izquierda a derecha, Belém Barrera, investigadora de Amnistía Internacional; Marcela Turati, periodista; Ana Lorena Delgadillo, abogada fundadora de la FJEDD; Carmen Aristegui, periodista y Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México. Foto: Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
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Las tres mujeres perseguidas son reconocidas defensoras de derechos humanos en México y en otros países. Mercedes Doretti es fundadora y Directora General del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ha contribuido a identificar restos de personas desaparecidas y fallecidas en diversas zonas de conflicto.
En México, por ejemplo, tuvo una participación de gran relevancia en la identificación de los restos de mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Para el caso de San Fernando, Tamaulipas, el EAAF suscribió un convenio de colaboración con la entonces PGR para apoyar en la identificación de los restos humanos localizados en las fosas.
Marcela Turati, desde su oficio de periodista, ha investigado y documentado desapariciones y asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Investigó la matanza de San Fernando cuidando siempre la identidad de las víctimas. En sus andares detectó la falta de información de las autoridades hacia sus familiares.
Los reportajes de Marcela publicados en la revista Proceso, en 2015, coincidieron con un momento clave del caso de San Fernando, que fue cuando miembros de la Comisión Forense tuvieron acceso a los expedientes de la averiguación previa de las fosas clandestinas.
Ana Lorena Delgadillo, fundadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), tiene una larga carrera como abogada en casos de violaciones de derechos humanos en México. Fue una de las abogadas que investigó los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua y luego se ha dedicado al acompañamiento legal de personas migrantes, especialmente centroamericanas, que en su travesía por México viven desaparición y otras violaciones a derechos humanos.
La FJEDD asumió la representación legal de las personas migrantes asesinadas en San Fernando y documentó las irregularidades en que incurrieron las autoridades en ese caso.
<h2>El silencio de la autoridad</h2>
La investigación y el espionaje a estas tres defensoras se llevaron a cabo sin que ellas tuvieran la calidad de imputadas. Las acciones ilegales corrieron por cuenta de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la entonces PGR, ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la actual Fiscalía General de la República (FGR). Ambos procedimientos contaron con autorización de altos niveles jerárquicos de la entonces PGR.
Cuando Mercedes Doretti se enteró de la investigación en su contra tardó en entender la gravedad de ello. Y es entendible, pues cómo se explica que siendo ella una perita forense que colaboraba a un alto nivel con la PGR en la identificación de restos humanos localizados en San Fernando, al mismo tiempo fuera investigada por delincuencia organizada y secuestro.
A la fecha no se sabe qué llevó a la autoridad federal a investigar a las tres defensoras de derechos humanos; ¿por qué no fueron notificadas formalmente de ello?; tampoco se sabe si sigue abierta la investigación, aunque hay indicios de que el año pasado se hicieron algunas diligencias. Amnistía Internacional y la FJEDD solicitamos información al respecto y la respuesta ha sido un ignominioso silencio de parte de la autoridad.
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<figure id="attachment_1415805" aria-describedby="caption-attachment-1415805" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/Informe-Perseguidas.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-1415805" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/Informe-Perseguidas-600x400.jpg" alt="Informe Perseguidas" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/Informe-Perseguidas-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/Informe-Perseguidas-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/Informe-Perseguidas-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/Informe-Perseguidas.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><figcaption id="caption-attachment-1415805" class="wp-caption-text">Informe Perseguidas. Foto: Amnistía Internacional</figcaption></figure>
<h2>El retrato de la injusticia</h2>
Estamos ante un uso ilícito, arbitrario a todas luces, del sistema penal en contra de estas tres mujeres defensoras de derechos humanos. Nuestro informe explica claramente cómo la investigación y el espionaje violaron el derecho de las tres defensoras a la vida privada y familiar y a defender los derechos humanos. Esas acciones no cumplieron con el principio de legalidad y no buscaron un fin legítimo, ni cumplieron con el estándar de sospecha razonable.
La investigación y el espionaje también violaron el derecho al debido proceso de las tres defensoras porque esas acciones no fueron solicitadas por una autoridad competente imparcial; porque las tres mujeres no han tenido la oportunidad de ser oídas, ni de defenderse ante alguna acusación en su contra. En este sentido, no hay registro de una denuncia formal contra ellas, ni investigación por delitos claramente identificables y tampoco tienen la calidad de “imputadas”, además, no les han notificado personalmente acusación en su contra ni el delito por el que las investigan.
La entonces PGR incurrió además en desvío de los recursos destinados a la investigación del caso de San Fernando, para dedicarlos a investigar y espiar a las tres mujeres defensoras.
Este oprobioso proceder de la autoridad y el silencio que guarda cuando se le requiere información, retratan en toda su magnitud las fallas estructurales que caracterizan al sistema de procuración de justicia en México.
<h2>Más agravantes</h2>
 La criminalización de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y peritos forenses, tiene graves consecuencias en ellas y en la sociedad en general.
Las víctimas han enfrentado serias secuelas físicas, interpersonales, psicológicas y laborales. Pero además, la criminalización de estas tres mujeres manda la señal de que hacer peritajes independientes, representar a víctimas de violaciones a derechos humanos y realizar investigaciones periodísticas será castigado en el país con procesos penales indebidos e infundados. Esto genera un efecto amedrentador a otras personas defensoras, limita y desincentiva sus labores, afecta a las víctimas directas de las causas que acompañan, implica desvío de recursos públicos y profundiza la impunidad.
Ante tamaña arbitrariedad las tres mujeres defensoras presentaron una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, sin hacer un análisis detallado y correcto sobre las violaciones denunciadas, cerró la queja. Las tres mujeres tuvieron que recurrir a un amparo para que la CNDH reabriera la queja, además de realizar múltiples intervenciones con dicha institución. Ana Lorena calificó el acercamiento con la CNDH como “una tortura”, como “un camino cuesta arriba”.
No cabe duda, México es un mundo al revés.
<h2>Decir las cosas por su nombre</h2>
 Al intervenir en la presentación del informe Perseguidas, Esteban Beltrán llamó la atención en varios puntos de este cúmulo de ilegalidades. Primero, que estamos ante un caso donde se utiliza el sistema penal de forma espuria contra quienes ayudan a víctimas y familiares de graves violaciones a derechos humanos.
Segundo, advirtió que debemos cambiar la narrativa cuando hablamos de crisis de derechos humanos en México. Las crisis, explicó, suponen “un espacio temporal donde se agrava la situación y hay un principio y un final de las crisis”. Y precisó contundente: “es importante utilizar el lenguaje correcto debemos hablar de mal endémico de violaciones de derechos humanos en México, mal endémico que dura décadas y que prolonga el sufrimiento de millones de personas”.
Nada tan cierto. En el caso de San Fernando no hay, a la fecha, una sola persona sentenciada. Si hay, en cambio, 14 años de impunidad que ha impedido a cientos de familias de víctimas tener acceso a la verdad y a la justicia. Y como ese, se pueden referir infinidad de casos.
Carmen Aristegui coincidió con Esteban en hablar del mal endémico de violaciones a derechos humanos en México y de sus diversas y valiosas observaciones retomo esta: estamos, dijo, ante “un problema profundo, estructural, enorme, masivo, que requiere respuestas extraordinarias”.
Como en otras ocasiones, invito a las personas lectoras a conocer nuestro informe <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/perseguidas-criminalizacion-de-mujeres-defensoras-de-derechos-humanos-en-mexico/">Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México</a> en el que tendrán acceso a las recomendaciones que dirigimos a la FGR, así como a firmar la <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/accion-urgente-mexico-perseguidas-criminalizacion-de-mujeres-defensoras-de-derechos-humanos/">Acción urgente</a>, que es impulsada por todas las secciones de Amnistía Internacional.
Entre las recomendaciones a la FGR están: llevar a cabo el No Ejercicio de la Acción Penal en relación con las investigaciones en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes; eliminar toda información confidencial y de datos personales de las tres mujeres defensoras de la averiguación previa sobre las fosas de San Fernando y hacer una investigación efectiva, imparcial, independiente y completa a las personas servidoras públicas involucradas en la investigación indebida y el espionaje contra las tres defensoras.
Desde Amnistía Internacional hacemos eco a lo expresado por Ana Lorena, Marcela y Mercedes en nuestro informe: “vamos a seguir defendiendo derechos humanos, no nos vamos a detener”.
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://x.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (<a href="https://x.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>).

El expediente de la ignominia

Mi nombre es Alberto Amaro Jordán, nacido en Apizaco, Tlaxcala. Soy periodista y propietario del periódico Prensa de Tlaxcala. En 2019 fui incorporado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal debido a las reiteradas amenazas que he recibido por el ejercicio de mi profesión. Desde entonces, los ataques en mi contra continuaron.
En dos ocasiones, personas desconocidas dispararon hacia mi casa; la última ocurrió en septiembre de 2023 mientras mi hijo menor jugaba en el patio. En otra ocasión, mi domicilio fue allanado por al menos tres hombres mientras estaban presentes mi esposa y mis hijos menores. Los escoltas proporcionados por el Mecanismo de Protección sorprendieron y enfrentaron a los agresores, quienes huyeron del lugar. Gracias a esa vigilancia se evitó un mal mayor. Además, fui agredido y amenazado de muerte en dos ocasiones por un exalcalde de Tlaxcala, acciones que lamentablemente presenció mi familia.
A raíz de diversos ataques, el Mecanismo de Protección Federal solicitó la colaboración del Gobierno del Estado de Tlaxcala para que elementos de la policía estatal se hicieran cargo de mi seguridad. Sin embargo, esto generó mayor riesgo para mí y para mi familia debido a las críticas periodísticas que yo publicaba contra los mandos de la policía estatal. En este sentido, Alfredo “N”, exsecretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala –prófugo de la justicia por el delito de desaparición forzada–, ordenó a los policías estatales que tomaran fotografías de mi familia e hicieran un seguimiento detallado de mis movimientos y le informaran dónde y con quién me reunía.
En noviembre de 2021 fui detenido por grabar a policías estatales de Tlaxcala mientras extorsionaban a ciudadanos. Esta detención injusta, y la asignación de policías estatales para proporcionarme seguridad, han demostrado la vulnerabilidad en la que me encuentro debido a la incorrecta implementación de medidas de seguridad por parte del Mecanismo de Protección Federal. A pesar de las agresiones y amenazas que he enfrentado, he seguido con mi labor periodística, exponiendo actos de corrupción y violencia en las corporaciones policiales y grupos políticos.
En noviembre de 2021 me asignaron escoltas de una empresa privada y a finales de septiembre de 2022 ese apoyo fue sustituido por el Servicio de Protección Federal. Dicha asignación incluyó un vehículo en mal estado que en menos de 24 horas presentó fallas, al grado de quedarnos sin frenos. Esta situación le importó poco al Mecanismo, pues sólo respondían a los diversos correos que les enviaba, señalando que la información sería remitida al área correspondiente. Otra limitante es que los acompañamientos de los escoltas eran únicamente para Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México, limitando la seguridad de mi persona sin fundamento legal alguno, pese a que el artículo 30 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señala que en ningún caso las medidas restringirán las actividades de los beneficiarios.
En noviembre de 2022 fui objeto de dos agresiones automovilísticas inusuales. La primera quedó registrada en la cámara de mi vehículo y fue interpretada como agresión; la segunda fue reportada por los escoltas en una tarjeta informativa, la cual fue modificada y por tal motivo se tomó como un accidente de tránsito, aun cuando se trató del mismo vehículo que protagonizó el primer incidente, como quedó documentado en la cámara de mi vehículo.
En diciembre de 2022, mi integridad fue amenazada por integrantes de un grupo de la delincuencia organizada quienes intentaron sobornarme para que dejara de publicar informaciones críticas hacia ellos. Ante esta situación, me negué y mantuve mi posición.
En julio de 2023, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hizo una evaluación de riesgo en mi caso, que no reflejó adecuadamente las amenazas que enfrento como comunicador. El Mecanismo justificó el retiro de escoltas diciendo que ya se tenía a una persona detenida y que ya no estaba en riesgo con la célula delictiva que me había amenazado.
La discusión sobre el retiro de los escoltas asignados para mi protección generó controversia entre las autoridades del Mecanismo de Protección federal y los miembros del Consejo de la Junta de Gobierno del propio Mecanismo. A pesar de obtener un amparo para mantener a los escoltas, sigo enfrentando obstáculos en mi búsqueda de seguridad para seguir llevando la noticia a mi bello estado que es Tlaxcala.
A lo largo de este proceso legal he contado con el apoyo invaluable de mi familia y de personas defensoras de derechos humanos como Viridiana Bahena, la abogada Beatriz de la O Yerenas y el abogado René Cosme Ramos Limón. Agradezco profundamente su ayuda para proteger a mis seres queridos y buscar justicia en medio de la situación complicada que vivimos los periodistas en México.
Gracias a ellos, mediante procedimientos legales, se logró la asignación de un cuerpo de escoltas para mi esposa e hijos, quienes poco a poco han empezado a salir de casa. El Mecanismo tuvo que acatar una resolución de plano de una segunda instancia que ya es irrevocable, pero sin fundamento alguno limitó la protección de mi familia únicamente para Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México, condicionando una salida al mes a los últimos dos Estados.
Es importante destacar que, a pesar de las adversidades enfrentadas, sigo comprometido con mi labor periodística y con la defensa de los derechos humanos en mi estado. A pesar de los intentos de intimidación y los riesgos a los que me enfrento diariamente seguiré trabajando para mantener informada a la población y denunciar la corrupción y la violencia en todas sus formas.
Todos los mexicanos somos conscientes de la importancia de la libertad de expresión respaldada por nuestra constitución mexicana y la responsabilidad de las autoridades federales de proteger a los profesionales de los medios de comunicación.
Mi compromiso con la verdad y la justicia es inquebrantable, y continuaré luchando por un entorno seguro y transparente en Tlaxcala y más allá. Agradezco a todos los que me han apoyado en este difícil camino y reafirmo mi compromiso con la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos mexicanos. Porque la verdad se protege.
Este relato es sólo una parte de mi historia, una historia de resistencia, valentía y esperanza. A pesar de los desafíos, sigo adelante con la convicción de que un mejor futuro es posible si trabajamos juntos en la construcción de una sociedad justa y equitativa para todos.
¡Es hora de exigir justicia y protección para todos los periodistas en México! ¡Basta de impunidad y complicidad! ¡Nuestro trabajo es informar, no arriesgar nuestras vidas ni la de nuestras familias! ¡Juntos, demandemos un verdadero compromiso con la seguridad y la libertad de prensa en nuestro país!
<figure id="attachment_1395660" aria-describedby="caption-attachment-1395660" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1395660" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Alberto-Amaro-Jordan.jpg" alt="Alberto Amaro Jordán, periodista de Tlaxcala." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Alberto-Amaro-Jordan.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Alberto-Amaro-Jordan-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Alberto-Amaro-Jordan-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Alberto-Amaro-Jordan-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1395660" class="wp-caption-text">Las falencias que ha cometido el Mecanismo de Protección federal en el caso del periodista Alberto Amaro (en la foto) han sido documentadas por Amnistía Internacional México en su informe Nadie garantiza mi seguridad, dado a conocer el 6 de maro de 2024. Foto: Amnistía Internacional México.</figcaption></figure>
* Alberto Amaro Jordán ha sufrido agresiones en el ejercicio de su profesión, las cuales han sido documentadas en el informe de Amnistía Internacional <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/nadie-garantiza-mi-seguridad/" target="_blank" rel="noopener">&#8220;Nadie garantiza mi seguridad&#8221;: la urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas</a>, dado a conocer el 6 de marzo de 2024.

¿Dónde está la protección prometida? Periodistas en México son amenazados por agentes estatales y delincuencia organizada

Periodistas en México son amenazados por agentes estatales y delincuencia organizada

“A mí… el día de ayer me emocionó. Me puse a pensar… cómo nos ven… yo las veo valientes, sanando, en la creación de una comunidad muy fuerte, y eso me emociona”. Esta expresión llena de esperanza es de una de las decenas de personas trans que participó en el Primer Encuentro Internacional por los derechos de las personas trans efectuado en Asunción, Paraguay, los días 13 y 14 de marzo de 2024.
Se trató de un espacio muy necesario, esperado, resiliente y sumamente fructífero, que permitió una generosa entrega de experiencias de lucha, rescatar y honrar la memoria de activistas que contribuyeron con enorme esfuerzo a la vigencia de los derechos humanos de las personas trans, así como evaluar el contexto actual y trazar caminos para continuar la incidencia que permita seguir avanzando en la consolidación de sus derechos.
El encuentro, primero en su modalidad, fue organizado por la Mesa Nacional Trans de Paraguay, Amnistía Internacional Paraguay (AIPY), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y contó además con el apoyo de las secciones de Amnistía Internacional de Argentina, España, Perú y México.
<figure id="attachment_1391599" aria-describedby="caption-attachment-1391599" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1391599" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/Encuentro-diversidad-sexual-paraguay.jpg" alt="Primer Encuentro Internacional por los derechos de las personas trans. Asistieron representantes de diferentes zonas de Paraguay y de otros países. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/Encuentro-diversidad-sexual-paraguay.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/Encuentro-diversidad-sexual-paraguay-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/Encuentro-diversidad-sexual-paraguay-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/Encuentro-diversidad-sexual-paraguay-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1391599" class="wp-caption-text">Al Primer Encuentro Internacional por los derechos de las personas trans asistieron representantes de diferentes zonas de Paraguay y de otros países. El fructífero intercambio de ideas abrió la posibilidad de trazar caminos para avanzar en la consolidación de los derechos humanos de las personas trans. Foto: Amnistía Internacional Paraguay.</figcaption></figure>
Fue un acto trascendental. El eco del diálogo entre pares aún resuena y lo hará durante mucho tiempo. El encuentro permitió poner sobre la mesa temas como las interseccionalidades de la población trans; la necesidad de su visibilidad política, social y comunitaria; las garantías que anhelan para disfrutar sus derechos, así como sus reclamos y oportunidades de fortalecimiento de sus organizaciones.
También se abordó ampliamente el desafío de avanzar en la exigibilidad de derechos en un contexto de discursos autoritarios y de amenazas, como la creciente ola de discursos de odio que se han sucedido en Argentina y que representan una amenaza para la consolidación de los derechos de las personas LGBTIQ+.
La Mesa Nacional Trans de Paraguay estuvo representada por Yren Rotela; de México asistió Amaranta Gómez; de Perú, Carol Ríos; Argentina, Alba Rueda; España, Jimena González; por Amnistía Internacional Paraguay Rosalía Vega, y por la CODEHUPY, Dante Leguizamón.
A lo largo de las sesiones se coincidió en la importancia de seguir procesos, de tener acompañamiento y de que las organizaciones de la comunidad trans trabajen de manera articulada entre sí y con organizaciones defensoras de derechos humanos, así como en cambiar el pesimismo por el optimismo de trabajar para que las cosas sucedan.
Los trabajos se llevaron a cabo con mucho entusiasmo y alegría de las más de 50 personas trans que representaron los principales puntos geográficos de Paraguay, desde Asunción, la capital, hasta ciudades del Departamento Central; de la frontera seca con Brasil; Ciudad del Este, ubicada en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, así como de Encarnación, al sur, entre otras.
<figure id="attachment_1391600" aria-describedby="caption-attachment-1391600" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1391600" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/foro-del-encuentro-diversidad-sexual.jpg" alt="Aspecto de la sesión inaugural del Primer Encuentro Internacional por los derechos de las personas trans. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/foro-del-encuentro-diversidad-sexual.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/foro-del-encuentro-diversidad-sexual-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/foro-del-encuentro-diversidad-sexual-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/foro-del-encuentro-diversidad-sexual-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1391600" class="wp-caption-text">Aspecto de la sesión inaugural del Primer Encuentro Internacional por los derechos de las personas trans. Foto: Amnistía Internacional Paraguay.</figcaption></figure>
<h2>Llamados a la acción</h2>
Jimena González, segunda persona trans electa como diputada en la Comunidad de Madrid, destacó: “los que nos odian sí están organizados y nosotras tenemos que ser capaces de organizarnos igual de bien y poder compartir nuestras estrategias. En España estamos intentando resistir”.
Las representantes de la Mesa Nacional Trans de Paraguay hablaron de experiencias muy valiosas en el contexto local. Yren Rotela, refirió la iniciativa Casa Diversa, que brinda espacio seguro a las mujeres adultas y jóvenes invisibilizadas; de la escuela no formal Transformando, que ofrece a las personas trans la posibilidad de aprender oficios y a leer y escribir. También dio cuenta de la complejidad que implica administrar el albergue transitorio para adolescentes, que acoge a personas en situación de calle.
Las integrantes de la Mesa Nacional Trans ofrecieron testimonios fundamentales del movimiento. Recordaron lo doloroso que fue documentar los casos para el libro <a href="https://cvcdiversidadsexual.org/publicaciones/olvidadas-hasta-en-la-muerte-asesinatos-personas-trans-durante-el-periodo-democratico-en-paraguay-1989-2013-segunda-edicion/" target="_blank" rel="noopener">Olvidadas hasta en la muerte</a>, que incluye casos dolorosos de homicidios por odio; vivencias de exclusión, como la prohibición de entrar a la iglesia para efectuar el velorio de una persona trans asesinada, o casos en los que se tuvo que vestir como hombres a las mujeres trans para poder sepultarlas.
Relataron las atroces violaciones a los derechos humanos de las personas trans cometidas durante el régimen militar de Alfredo Stroessner que duró 35 años, de 1954-1989, caracterizadas por detenciones ilegales, torturas y asesinatos, lo que las obligaba a vivir en la clandestinidad.
Otro de los temas abordados fue la exclusión cultural contra las personas trans que hablan el idioma guaraní. Durante el régimen militar de Stroessner se seguía violentando a las personas que se expresaban en ese idioma de tal forma que una persona pobre que hablaba ese idioma y era trans vivía un doble estigma. Aún ahora existen resabios de esa exclusión y discriminación.
Cada participante desgranó diferentes temas. Alejandra Grange, activista trans de Paraguay, se refirió al derecho de las personas trans a expresarse: “todas queremos hablar y necesitamos espacios para hablar”, dijo. Pero reconoció que siempre queda pendiente generar esos espacios para tratar temas de manera libre y que permitan sanar cuestiones históricas.
En ese sentido, manifestó una inquietud preocupante: “las (personas) trans no son consideradas como personas, las personas cis género no nos ven y el mayor logro es nuestra Mesa Nacional Trans”. Sin embargo, se manifestó esperanzada y dijo: “nosotras ponemos la semilla, pero vendrán otras que la harán florecer. Lo importante es que hoy hablamos (…) por eso (este espacio) es importante”, reconoció.
A su vez, las representantes de México, Perú, Argentina y España se refirieron a los hitos movilizadores y de aprendizaje que tuvieron amplia repercusión en diversos procesos de organización e incidencia en cada país.
La representante mexicana Amaranta Gómez hizo una interesantísima reflexión sobre la categoría trans. Refirió que las identidades trans son preexistentes al proceso colonial, que hay precedentes de resistencia cultural colonial y que las corporalidades e identidades más allá de la categoría trans ya tenían nombre propio.
Hizo un llamado a reconocer la herencia étnica y animó a mirar al futuro desde el reconocimiento de los inicios. Invitó a contar con una visión interseccional descriptiva y una visión de interseccionalidad colaborativa, así como a reforzar el diálogo en diversos espacios sociales.
Refirió la importancia de hacer alianzas: “…tenemos que hablar de nuestras necesidades y escuchar necesidades. Es un reto enorme y una tarea que debemos hacer pensando a 25 años”.
Carol Ríos de Perú expresó su confianza en que el movimiento trans llegue a diferentes espacios. Destacó la necesidad de rescatar y honrar la memoria de las mujeres trans que fueron víctimas del terrorismo de Estado en su país. Somos sus compañeras quienes las recordamos, porque el Estado no las recuerda, advirtió.
Sobre el apoyo mutuo en la comunidad trans destacó: debemos abrazarnos “porque es lo más poderoso que tenemos. Démonos ese amor que no nos dieron nuestras familias, démonos ese amor que necesitamos, ese amor que nos hace falta” dijo a manera de exhorto.
<figure id="attachment_1391601" aria-describedby="caption-attachment-1391601" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1391601" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/encuentro-personas-trans-paraguay.jpg" alt="Diversas actividades facilitaron el intercambio de ideas en el encuentro de la comunidad trans en Paraguay. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/encuentro-personas-trans-paraguay.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/encuentro-personas-trans-paraguay-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/encuentro-personas-trans-paraguay-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/encuentro-personas-trans-paraguay-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1391601" class="wp-caption-text">Diversas actividades facilitaron el intercambio de ideas en el encuentro. Otra característica fundamental del mismo fue la resiliencia para recuperar la memoria de hechos que han marcado al movimiento, y para continuar el camino con alianzas nuevas y fuertes. Foto: Amnistía Internacional Paraguay.</figcaption></figure>
Por Argentina, Alba Rueda se refirió a la Ley de Identidad de Género aprobada en su país en mayo de 2012, que fue resultado de un intenso trabajo colectivo de las personas trans. Precisó que “la discriminación nos marca a todas, no somos un documento, somos personas que tenemos derecho a la identidad de género desde siempre, ese fue el resultado de nuestra comunidad trans”. Los logros, dijo, hay que decirlos en voz alta y llevarlos a la agenda política.
Destacó la importancia de evaluar siempre el contexto que, dijo, por lo regular nunca resulta del todo favorable; aunque, advirtió, pueden aparecer ventanas de oportunidad y, a manera de ejemplo refirió que es ahí donde podemos ingresar un proyecto de ley que ya teníamos redactado. Habló también de la importancia de escuchar todas las voces, porque en la particularidad esta la diferencia, hay que preparar propuestas regionales para poder incidir a nivel nacional, destacó.
A su vez, Jimena González, de España, refirió que a partir de 2012 se han publicado en las comunidades autónomas una serie de leyes favorables para las personas trans, por las cuales la seguridad social se hace cargo de los tratamientos hormonales y cambios genitales de ser necesario.
Tiempo fue lo que faltó para abordar muchos temas más, como los derechos de las personas trans que ejercieron o ejercen el trabajo sexual; incentivar el cupo laboral trans; impulsar protocolos para la inclusión de personas trans en espacios de trabajo que las protejan en su actividad diaria, así como incentivos fiscales a empresas que contratan a personas trans.
Igualmente faltó hablar con mayor amplitud de la experiencia de las personas trans que viven con alguna discapacidad, de las personas adultas mayores o que viven con VIH. Son temas desafiantes en los que se requiere la visión de quienes están en esa situación bajo el criterio de que nadie quede atrás, se comentó.
El encuentro permitió reflexionar sobre lo que se ha logrado y lo que falta por hacer. Para las personas asistentes quedó clara la necesidad de tender puentes, de trabajar con una visión interseccional, de hacer alianzas, de escuchar todas las voces, de buscar la unidad de los diferentes movimientos sociales y de hacer más trabajo de incidencia en la OEA y la ONU. La Mesa Nacional Trans fue un espacio propicio para conectar ideas, para reflexionar, pero sobre todo para sumar.
Por eso, cierro el presente texto con lo dicho por otra de las participantes que refleja muy bien el impulso que regirá las acciones cotidianas por la consolidación de los derechos de las personas trans: “… somos capaces, y (…) tenemos que aprender a deconstruirnos. Yo creo que ya (…) solo tenemos tiempo para amar, amarnos, amar nuestra resistencia, amar nuestra lucha y entender que tenemos que estar organizadas, tenemos que aprender a rendir cuentas con transparencia porque así nos van a dar los recursos y tenemos que aprender a hacer un buen trabajo (…) es el compromiso de todas…”.
* Yren Rotela Ramírez, (<a href="https://twitter.com/YrenRotela" target="_blank" rel="noopener">@yrenrotela</a>) es defensora de los derechos humanos, coordinadora del Proyecto “Rectificación de nombres de las personas trans: Un paso hacia el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans en Paraguay”, de Amnistía Internacional Paraguay (<a href="https://twitter.com/aiparaguay" target="_blank" rel="noopener">@aiparaguay</a>). Fundadora del Primer Centro Comunitario Casa Diversa/Casa Trans con un Programa de Albergue <a href="https://twitter.com/DiversaCasa" target="_blank" rel="noopener">@casadiversapy</a>.

Paraguay: Primer Encuentro Internacional por los derechos de las personas trans

Hoy comparto con las personas lectoras una gran noticia para celebrar. Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl fueron absueltos de los cargos en su contra, con los que fueron criminalizados y trataron de impedir su lucha por la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. La noticia es un gran triunfo para ellos, para la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, que durante cuatro largos años los acompañó en el proceso, y para las organizaciones que los respaldamos.
Miguel y Alejandro han participado en numerosas luchas con organizaciones como el Congreso Nacional Indígena, el Frente de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Desde ahí han hecho frente a los megaproyectos que han amenazado su territorio y defendido sus derechos.
En el caso de Santa María Zacatepec, la lucha empezó a mediados de 2019 cuando la asamblea municipal manifestó su oposición a la construcción de un drenaje que descargaría aguas residuales del Parque Industrial de la ciudad Textil Huejotzingo, en el río Metlapanapa. Este caso lo documentamos en nuestro informe <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-tierra-y-libertad-criminalizacion-de-personas-defensoras-de-tierra-territorio-y-medio-ambiente/" target="_blank" rel="noopener">México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente</a>, que publicamos en septiembre de 2023.
Nos encontramos con Miguel y Alejandro hace dos semanas, sus rostros lucían relajados, estaban contentos y nosotras compartimos su alegría. Los convocamos a la inauguración de la exposición de fotografía #ProtestarNoEsUnCrimen: Una mirada a la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente en México, efectuada el miércoles 13 de marzo de 2024 en el Centro Cultural de España.
<figure id="attachment_1381621" aria-describedby="caption-attachment-1381621" style="width: 2550px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1381621" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Defensores-de-la-tierra-criminalizados-scaled.jpg" alt="Defensores de la Tierra en la inauguración de la exposición fotográfica #ProtestarNoEsUnCrimen Estuvieron presentes Edith Olivares Ferreto; Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, defensores nahuas de la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, y Javier Rodríguez Lara, representante del Centro Cultural de España. " width="2560" height="1707" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Defensores-de-la-tierra-criminalizados-scaled.jpg 2560w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Defensores-de-la-tierra-criminalizados-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Defensores-de-la-tierra-criminalizados-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Defensores-de-la-tierra-criminalizados-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Defensores-de-la-tierra-criminalizados-1536x1024.jpg 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Defensores-de-la-tierra-criminalizados-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /><figcaption id="caption-attachment-1381621" class="wp-caption-text">En la inauguración de la exposición fotográfica #ProtestarNoEsUnCrimen estuvieron presentes Edith Olivares Ferreto; Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, defensores nahuas de la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, y Javier Rodríguez Lara, representante del Centro Cultural de España. Foto: Amnistía Internacional México.</figcaption></figure>
La exposición forma parte de la campaña con la que seguimos impulsando los casos incluidos en nuestro informe México: Tierra y ¿libertad?
Invito a las personas a leer este informe, en el que detallamos la forma en que las grandes empresas y las autoridades recurren a la vía penal para frenar el derecho a la protesta, que está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos y además es una vía para exigir otros derechos o denunciar violaciones a los mismos.
<h2>Criminalización dirigida</h2>
A través de la vía penal se busca disuadir, castigar e impedir que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente mantengan la exigencia del respeto a derechos tales como la autodeterminación; el consentimiento libre, previo e informado en los casos de Pueblos Indígenas; a un medio ambiente sano; a la información y a la participación en proyectos con posible afectación al medio ambiente, entre otros.
Las autoridades recurren a la vía judicial sin tomar en cuenta otros medios menos restrictivos para resolver las inconformidades de las personas que protestan.
Por lo regular, los cargos contra las personas defensoras se basan en tipos penales vagos o ambiguos como: “obstrucción de obra pública”, “motín” y las variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación”. Además, se tergiversa la forma en que ocurrieron los hechos, éstos se adecuan a conveniencia a otro tipo de delitos, para lo cual se recurre a interpretaciones amplias de tipos penales.
En el caso de Miguel, él fue detenido el 24 de enero de 2020 acusado de los delitos de ataques a la seguridad en los medios de transporte u oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos, al tiempo que lo vinculaban a proceso por el delito de ataques a las vías generales de comunicación.
Durante cuatro largos años padeció un proceso judicial que lo sometió a un terrible desgaste emocional y al consecuente estrés, además de los gastos económicos que tuvo que sufragar por el juicio. Éste causó gran preocupación en su familia, en tanto, las personas de la comunidad vivieron bajo el temor de ser acusadas con cargos vagos y de perder su libertad.
El 26 de abril de 2023, en el caso de Miguel se determinó que no se constituyeron los delitos de ataques a la seguridad en los medios de transporte u oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos. Y sobre el delito de ataques a las vías de comunicación se concedió la suspensión condicional del proceso para efecto de que Miguel acudiera a firmar mensualmente durante seis meses y después quedara libre.
Sobre este último punto, la defensa de Miguel interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) porque el responsable del área de medidas cautelares le mencionó que la evaluación del riesgo necesaria para la suspensión condicional “iba a salir negativa pues eran órdenes de arriba” y que si presentaban “la solicitud mil veces, mil veces nos la van a negar”.
En el caso de Alejandro, sobre él pesaba una orden de aprehensión que se podría ejecutar en cualquier momento. Por lo pronto, a la fecha, ambos ya han sido absueltos de los cargos que les imputaban. Sin embargo, Alejandro continúa dando seguimiento a una queja que interpuso en la CDHP por la detención arbitraria que sufrió durante el proceso judicial.
Este último punto es muy importante porque cuando gobiernos y empresas hacen uso del sistema punitivo para inhibir el reclamo de derechos no hay ninguna consecuencia por ello, es decir no se reparan los daños a las personas por la violación a sus derechos humanos y ésta queda en total impunidad. Lo que Alejandro busca con su queja es justamente esa reparación.
<figure id="attachment_1381625" aria-describedby="caption-attachment-1381625" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1381625" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Defensores-de-la-tierra-con-Amnistia-Internacional.jpg" alt="Aspecto del espacio donde se aprecia una pequeña parte de la exposición fotográfica #ProtestarNoEsUnCrimen, en el Centro Cultural de España. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Defensores-de-la-tierra-con-Amnistia-Internacional.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Defensores-de-la-tierra-con-Amnistia-Internacional-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Defensores-de-la-tierra-con-Amnistia-Internacional-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/Defensores-de-la-tierra-con-Amnistia-Internacional-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1381625" class="wp-caption-text">Aspecto del espacio donde se aprecia una pequeña parte de la exposición fotográfica #ProtestarNoEsUnCrimen, en el Centro Cultural de España. Puede ser visitada hasta el 31 de marzo de 2024. Foto: Amnistía Internacional México.</figcaption></figure>
<h2>Con la vida de por medio</h2>
Pero la vía penal no es la única amenaza que se cierne sobre las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México. Ellas ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, el hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos.
En <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/informe-trimestral-iii-2023/" target="_blank" rel="noopener">conversación con Alejandro</a>, éste nos comentó que le ha pasado de todo: “desde amenazas de muerte, intentos de secuestro, han querido encarcelarme, he estado detenido, he pasado por campañas de desprestigio, acoso”. Y advirtió que “no somos sólo nosotros, sino todas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, ambientalistas, comunicadores populares, todos tenemos ese riesgo”.
Lo he dicho en diferentes foros y entrevistas, México es el país más riesgoso para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. El informe de Global Witness del año 2021 reveló que México fue el país con mayor número de personas asesinadas, con un total de 54. Más del 40 por ciento de los crímenes se cometieron contra personas indígenas y más de un tercio tuvieron que ver con desapariciones forzadas.
Front Line Defenders reportó en su informe de 2022 el asesinato de 45 personas defensoras, lo que situó a México como el tercer país con mayores asesinatos en el mundo, después de Colombia y Ucrania. Datos de la Organización de Naciones Unidas revelan que el número de asesinatos de personas defensoras en el año 2023 fue de 13.
En México: Tierra y ¿libertad? incluimos datos del informe del Centro Mexicano de Defensa Ambiental (CEMDA), de acuerdo con el cual en el año 2022, ocurrieron 197 eventos de agresiones a personas y comunidades defensoras de derechos ambientales, incluyendo 24 casos de asesinatos, 7 de desaparición forzada, 7 de ejecución extrajudicial, 148 casos de intimidación, 116 de hostigamiento, 64 de amenazas, 61 de agresiones físicas, 20 de estigmatización y 2 casos de espionaje altamente preocupantes debido al posible uso del aparato estatal como mecanismo de vigilancia.
CEMDA precisa además que “al menos el 45 por ciento de los eventos de agresión fueron responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno. En el contexto de protestas, CEMDA registró 3 casos de represión que presentaron un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales.
La dimensión del problema es gravísima. Los grandes consorcios extractivistas y las autoridades se enfocan en utilizar su poder en contra de las personas a las que identifican como líderes de un movimiento. Son inimaginables las consecuencias que trae consigo el hostigamiento al que son sometidas las personas defensoras, sus familias y sus comunidades.
<h2>Otros casos emblemáticos</h2>
Nuestro informe denuncia esa situación y visibiliza también los casos de la Colonia Maya, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde un grupo de personas se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida.
Incluye también el caso de Chilón, Chiapas, donde defensores tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio; y el caso de Sitilpech, Yucatán, donde las personas de esa localidad se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio porque genera contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud.
Hoy tenemos un motivo para celebrar, hoy se ganó una batalla con la absolución de Miguel y Alejandro, quienes podrán continuar su defensa de la tierra por el gran amor que le tienen, porque ¡La lucha sigue!
Invito a las personas a tomar acción, a que lean <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-tierra-y-libertad-criminalizacion-de-personas-defensoras-de-tierra-territorio-y-medio-ambiente/" target="_blank" rel="noopener">México: Tierra y ¿libertad?</a>, a firmar la <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/protestar-no-es-un-crimen/" target="_blank" rel="noopener">Petición</a> que está en nuestra página para que las autoridades valoren el papel de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y a visitar la exposición de fotografía referida, que fue preparada con mucho entusiasmo por las personas defensoras de Chiapas, Mérida y Puebla, cuyos casos están incluidos en el multicitado informe.
La exposición estará en el Centro Cultural de España hasta el 31 de marzo. Asómense a esa ventana que las personas defensoras nos abren a sus vidas, a su tierra, a su amor por ella. En la referida <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/?s=informe+trimestral" target="_blank" rel="noopener">entrevista con Alejandro</a>, él nos decía que “una forma de pagarle a la vida es defendiéndola, no permitiendo más saqueo de su agua, no permitiendo que la contaminen y que la despojen”.
Yo agregaría que la tierra que habitan es de ellos pero también es nuestra, lo que hagan las personas defensoras por mantenerla les beneficia a ellas y a nosotros por muy lejos que nos encontremos. Su protesta no es ajena a nosotros, expresemos nuestra solidaridad con ellas, exijamos a las autoridades el respeto a sus derechos. La lucha es por ellas, es en nuestro beneficio y por el de las futuras generaciones.
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://twitter.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (<a href="https://twitter.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>).

El activismo da frutos: dos ambientalistas fueron absueltos de cargos con los que fueron criminalizados y trataron de impedir su lucha

El activismo da frutos: absuelven a ambientalistas que fueron criminalizados

Las amenazas, ataques, desplazamiento forzado y asesinatos contra las colectivas que buscan a las personas desaparecidas en México se han incrementado en el último lustro. “Buscar no debe costar la vida”, advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una dura <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JjaaObmGYkQ" target="_blank" rel="noopener">sesión efectuada el 28 de febrero de 2024</a>, en la que se analizó ese problema. En la misma, y ante la falta de respuesta efectiva del Estado mexicano para buscar a las personas desaparecidas y garantizar la seguridad de las buscadoras, una represente de ellas advirtió a éste: “estamos aquí porque ustedes nos cerraron las puertas”.
Al 29 de febrero de 2024, el número de personas desaparecidas en México ascendía a <a href="https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral" target="_blank" rel="noopener">114,557</a>. En enero de este año el número fue de 867, por lo que en el país desaparecen 28 personas diariamente. Cuántas familias rotas existen en el país por esa situación y cuántas madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos, amigas, las están buscando porque el Estado no lo hace. El amor por sus familiares desaparecidos es lo que les da fuerza para vencer el miedo y seguir adelante con la esperanza de encontrarlos.
<h2>La ausencia del Estado es inaudita</h2>
En su <a href="https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">último informe</a>, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) reportó que de diciembre de 2010 al mes de abril de 2022 –fecha en que presentó dicho documento– fueron asesinadas 13 personas buscadoras, seis desde 2018, “presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda”. El documento advierte de la persecución, desapariciones y tortura que padecen las personas por buscar a sus familiares o haber denunciado su desaparición.
<figure id="attachment_1375022" aria-describedby="caption-attachment-1375022" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1375022" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras.jpg" alt="Madres buscadoras de personas desaparecidas en México." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1375022" class="wp-caption-text">Son miles las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México. Organismos internacionales han apremiado a México para que emprenda medidas efectivas que prevengan y atiendan ese grave problema. Foto: Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
El <a href="https://www.comitecerezo.org/spip.php?article4110" target="_blank" rel="noopener">Comité Cerezo</a> ha informado a su vez que de 2006 al 30 de agosto de 2023 fueron asesinadas 11 buscadoras en todo el país.
La <a href="https://periodicocorreo.com.mx/vida-publica/casi-20-buscadoras-de-guanajuato-han-sido-amenazadas-o-enfrentado-riesgo-por-sus-labores-20230515-73763.html" target="_blank" rel="noopener">Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato</a> dio a conocer que entre 2019 y 2022 el gobierno de ese estado atendió 19 casos de agresiones a personas buscadoras en esa entidad. La información la obtuvo mediante una solicitud de información. La misma organización precisó que en el estado han sido asesinadas seis personas buscadoras desde 2020.
Es terrible el nivel de violencia que enfrentan las personas buscadoras y más allá de las cifras referidas tienen nombre y apellido: en nuestro <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-2022-23AMNIST%C3%8DA-INTERNACIONAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informe Anual 2022/23</a> denunciamos los asesinatos de las madres buscadoras Rosario Lilián Rodríguez Barraza y Blanca Esmeralda Gallardo ocurridos en noviembre de 2022, en los estados de Sinaloa y Puebla, respectivamente, y el de María del Carmen Vázquez en el estado de Guanajuato.
<a href="https://elpais.com/mexico/2023-05-05/el-asesinato-de-teresa-magueyal-y-el-destino-de-cientos-de-mujeres-en-mexico-que-buscan-a-sus-hijos-desaparecidos.html" target="_blank" rel="noopener">Teresa Magueyal</a>, fue asesinada el 5 de mayo de 2023; a <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2023/05/25/estados/aparece-con-vida-yessenia-guadalupe-madre-buscadora-de-sonora-5284" target="_blank" rel="noopener">Yesenia Guadalupe Durazo Cota</a>, la secuestraron hombres armados en Arivechi, Sonora y el 25 de mayo de 2023 afortunadamente regresó a su casa por sus propios medios.
<a href="https://la-lista.com/derechos-humanos/2023/09/01/estamos-siendo-amenazadas-ceci-flores-pide-piedad-a-carteles" target="_blank" rel="noopener">Ceci Flores</a>, de la colectiva Madres Buscadoras de Sonora tuvo que pedir, el 1 de septiembre de 2023, piedad a los grupos delincuenciales para poder continuar la búsqueda de familiares desaparecidos. Sobre ella pesan amenazas de muerte.
El 15 de enero de 2024 personas armadas entraron al domicilio de <a href="https://periodicocorreo.com.mx/vida-publica/imdhd-y-article-19-exigen-hallazgo-con-vida-de-lorenza-cano-y-garantizar-seguridad-de-mujeres-buscadoras-20240119-90318.html" target="_blank" rel="noopener">Lorenza Cano</a>, en Salamanca, Guanajuato, mataron a su esposo e hijo y se la llevaron. <a href="https://elpais.com/mexico/2024-02-09/asesinada-angelita-meraz-leon-buscadora-de-desaparecidos-en-baja-california.html" target="_blank" rel="noopener">Angelita Meraz</a> León fue asesinada el jueves 8 de febrero de 2024, en Tecate, Baja California
En Guanajuato, <a href="https://www.infobae.com/mexico/2024/01/25/mujeres-buscadoras-suspenden-rastreo-tras-ser-amenazadas-por-el-crimen-organizado-en-guanajuato/" target="_blank" rel="noopener">Karla Martínez</a>, de la colectiva Hasta Encontrarte, fue amenazada de muerte por organizaciones criminales en enero de este año. La colectiva tuvo que suspender el trabajo de búsqueda para no arriesgar la seguridad de sus integrantes.
La presión de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) obligó a las autoridades a incluir a Karla en el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A la fecha, la investigación judicial iniciada en su caso, más allá de la ampliación de su declaración, no registra mayor avance.
Karla ha limitado sus actividades en aras de mantener su seguridad, pero el miedo no desaparece. Le es muy difícil dejar las actividades de búsqueda de su hermano, “debo hacerlas, nos dice, porque es lo que me mantiene viva, no puedo estar parada mucho tiempo”.
Ante el tamaño de esta crisis y la falta de respuesta del Estado para atenderla, las colectivas de buscadoras tuvieron que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la audiencia referida al inicio de este texto se expuso el desplazamiento forzado, las amenazas, los asesinatos y la impunidad que enfrentan las buscadoras en Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa y Puebla.
Fue una sesión muy fuerte, los problemas que enfrentan las buscadoras son terribles y así lo reconocieron personas funcionarias de la CIDH y del Alto Comisionado de la ONU, presentes en la reunión, quienes destacaron también el compromiso inquebrantable de las buscadoras para con sus familiares desaparecidos y al mismo tiempo el trabajo que hacen para que las instituciones cumplan con su deber de prevenir investigar y atender las desapariciones.
<h2>Estado en falta</h2>
La investigación de los casos de desaparición es una labor que corresponde al Estado. En ese proceso debe garantizar a las familias su derecho de acceso a la verdad y a la justicia mediante una investigación efectiva, así como a buscar, recibir y difundir información, tal como lo establecen diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Internacional de la ONU para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
<figure id="attachment_1375023" aria-describedby="caption-attachment-1375023" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1375023" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-de-personas-deseaparecidas.jpg" alt="Madres buscadoras de personas desaparecidas en México." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-de-personas-deseaparecidas.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-de-personas-deseaparecidas-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-de-personas-deseaparecidas-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-de-personas-deseaparecidas-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1375023" class="wp-caption-text">Las buscadoras han transformado su dolor por la desaparición de sus familiares en lucha y solidaridad que brindan a otras personas en situación similar. Foto: Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
Pero ello no ocurre. El Estado mexicano es incapaz de frenar la creciente violencia que atenta contra la integridad y la vida de quienes vivimos en este país –el mayor ejemplo de ello son las desapariciones que a diario se registran en la plataforma de la <a href="https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index" target="_blank" rel="noopener">Comisión Nacional de Búsqueda</a> (CNB)–, así como de dar seguridad a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos con sus propios recursos y contactos.
<h2>Afrenta sobre afrenta</h2>
En este contexto, el gobierno federal presentó el 14 de diciembre de 2023 los resultados de una Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, que redujeron notablemente la cifra de personas desaparecidas que se conoce de manera oficial a través de la CNB.
La metodología de dicha estrategia ha sido severamente cuestionada, desde el censo que se utilizó y que no deja en claro el universo de población consultado, hasta el resto de los instrumentos utilizados en la investigación. Y hay mucha razón en ello, pues la situación de 79 mil 955 personas fue clasificada de manera ambigua.
En su prisa por presentar una realidad alterna sobre la situación de las personas desaparecidas, las autoridades informaron de la localización de personas pero no presentaron pruebas de vida, por lo que las colectivas de buscadoras denunciaron la falta de transparencia y una posible manipulación de datos.
¿Por qué quiere el gobierno borrar la cifra de personas desaparecidas en México? Esta burda maniobra es una grave ofensa para las víctimas y sus familias, que se suma a la incapacidad del Estado para cumplir con su deber de localizarlas.
Desde Amnistía Internacional emitimos una <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-estrategia-sobre-desapariciones-pone-en-peligro-la-busqueda/" target="_blank" rel="noopener">Acción Urgente</a>, el 18 de enero de 2024, para expresar nuestra preocupación por las consecuencias de la referida Estrategia de Búsqueda y porque ésta no fue consultada y su aplicación no fue coordinada con las colectivas de búsqueda.
La Acción Urgente incluye un llamado al gobierno mexicano para garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición mediante la transparencia y la participación de las familias de las víctimas en la preparación del censo. Desde este espacio invito a las personas lectoras a sumarse a esta iniciativa.
Nuestro movimiento ha hecho también un llamado a las autoridades para que emprendan acciones enfocadas en localizar a las personas desaparecidas y en modificar las condiciones para que en este país dejen de desaparecer las personas.
El jefe del Ejecutivo ha declarado reiteradamente que ya cumplió con sus compromisos de gobierno. No es así, aquí está un gran pendiente –de muchos otros– que no ha tenido la atención debida. No podemos permitir que la memoria y la dignidad de las personas desaparecidas se borre con tal ignominia.
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://twitter.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (<a href="https://twitter.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>).

¿Por qué quiere borrar el Estado a las personas desaparecidas?

Defender los derechos humanos es una gran lucha que nos hermana a miles de personas en México y en el mundo para hacer valer nuestra dignidad e igualdad. Esta tarea ha llevado siglos. Quizá podamos establecer su inicio en 1793 cuando fue aprobada la <a href="https://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_fra.pdf" target="_blank" rel="noopener">Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano</a>, uno de los documentos primigenios en los que se forjaron los derechos humanos. Su artículo 23 establece la necesidad de “la acción de todos para asegurar a cada uno el goce y conservación de sus derechos…”. Y sí, gracias a ello hoy contamos con mecanismos diversos para garantizar su vigencia.
El trabajo conjunto, organizado, constante y sobre todo la resiliencia nos ha ayudado a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a sortear infinidad de obstáculos y sinsabores. Los logros son parte del cimiento que hoy sostiene las legislaciones locales o instrumentos globales que garantizan la vigencia de los derechos humanos a nivel local o mundial.
Todos ellos cuentan y no debemos dejar pasar la oportunidad de celebrarlos. Quienes trabajamos por la defensa de los derechos humanos estamos tan inmersas en nuestros afanes cotidianos que no abrimos espacios para contar nuestras historias de cambio.
De ahí que en el presente texto enuncio algunos logros que obtuvimos en 2023 en casos y temas emblemáticos que han implicado años de trabajo. Son logros relevantes para la comunidad Amnistía Internacional, a la que coloquialmente llamamos “famnistía” (activistas, membresía, donantes y simpatizantes), pero sobre todo son relevantes para las víctimas y sus familias, cuya lucha acompañamos con la certeza de que estos cambios pueden tener repercusión positiva en otros tantos casos de violaciones a derechos humanos.
<h2>Un caso paradigmático de feminicidio y su trascendencia</h2>
En la búsqueda de justicia para la joven Karla Pontigo, quien fue <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/a-10-anos-de-su-feminicidio-mas-de-66-mil-personas-de-diversos-paises-demandan-justicia-para-karla-pontigo/" target="_blank" rel="noopener">víctima de feminicidio</a> en San Luis Potosí en 2012, la familia de esta logró –con el apoyo de las OSC que la acompañamos–, mediante un trabajo tenaz, objetivos muy importantes en su búsqueda de justicia y reparación integral del daño.
El más reciente de ellos fue la creación, el 13 de enero de 2023, de una <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/gracias-a-las-familias-de-victimas-de-feminicidio-san-luis-potosi-cuenta-ahora-con-una-fiscalia-especializada-en-feminicidios/" target="_blank" rel="noopener">Fiscalía Especializada en Feminicidios</a> para ese estado. Un hecho inédito que estableció la pauta para que las muertes violentas de mujeres sean investigadas con perspectiva de género.
Esto fue posible gracias a una <a href="https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/sites/default/files/page/documentos/2020-06/Sentencia%20AR%201284-2015_Karla%20Pontiogo%20Lucciotto.pdf" target="_blank" rel="noopener">sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)</a>, el 13 de noviembre de 2019, sobre el feminicidio de Karla. La sentencia resultó ser un parteaguas porque en su parte medular ordenó que se rehiciera la investigación del caso con perspectiva de género, veredicto que establece un precedente valiosísimo –junto con la sentencia del caso <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/sentencia/2020-12/AR%20554-2013.pdf" target="_blank" rel="noopener">Mariana Lima Buendía</a>– para la investigación de los feminicidios en México.
La familia de Karla llevó su caso a la SCJN porque la primera investigación del feminicidio de la joven, hecha por la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí –ahora Fiscalía General de Justicia (FGJSLP)–, estuvo plagada de irregularidades, entre ellas clasificó el delito como homicidio doloso y no lo investigó con perspectiva de género.
El peregrinar de la familia de Karla en su búsqueda de justicia ha llevado 12 años, a lo largo de los cuales enfrentamos los sinsabores de la estulticia con que se conducen las autoridades. La creación de la fiscalía puede ser un ejemplo para otros estados del país y ni que decir de la sentencia que –junto con la de Mariana Lima Buendía– es referencia para atender otros casos de feminicidio en México.
<h2>Disculpas públicas, otra historia</h2>
Una disculpa pública forma parte de la reparación integral del daño a que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias. Es una medida de satisfacción que debe ofrecer el Estado y su objetivo es reintegrar la memoria y dignidad de las víctimas. Esto es independiente de que las familias de éstas deben tener acceso a la justicia, a la verdad y a garantías de no repetición de los hechos.
Desde Amnistía Internacional, impulsamos la realización de tres disculpas públicas durante 2023. <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/edomex-la-fgem-ofrecio-una-disculpa-publica-a-cuatro-familias-de-victimas-de-feminicidio-precedido-de-desaparicion/" target="_blank" rel="noopener">La primera</a>, para las familias de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde -todas ellas víctimas de feminicidio precedido de desaparición en el Estado de México-, por las deficiencias al investigar los casos y por la violencia institucional ejercida contra las familias. Sus casos están documentados en nuestro informe <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2021/09/Informe-Juicio-a-la-Justicia-Amnist%C3%ADa-Internacional-M%C3%A9xico.pdf" target="_blank" rel="noopener">Juicio a la Justicia</a>.
La <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/ofrece-gobierno-de-leon-guanajuato-disculpa-publica-a-mujeres-victimas-de-represion-policial-en-2020/" target="_blank" rel="noopener">segunda</a>, estuvo dirigida a las mujeres de diversas colectivas que fueron víctimas de una terrible represión policial el 22 de agosto de 2020, cuando protestaban pacíficamente contra la violencia sexual en León, Guanajuato. La disculpa se ofreció porque se violentó su derecho a la reunión pacífica, a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia. El caso está reseñado en nuestro informe <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2021/03/VF-Mexico-La-Era-de-las-Mujeres-FINAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">La era de las Mujeres</a>.
La <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/jalisco-el-estado-ofrece-disculpa-publica-y-devela-memorial-a-mas-de-seis-anos-del-feminicidio-de-alondra-guadalupe-gonzalez-arias/" target="_blank" rel="noopener">tercera</a> disculpa pública fue para la familia de la joven Alondra Guadalupe González Arias, quien fue <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/justicia-para-alondra/" target="_blank" rel="noopener">víctima de feminicidio</a> en marzo de 2017, en Jalisco. El gobierno de Guadalajara se disculpó por su incapacidad de cumplir con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida de la joven. Su caso lo difundimos ampliamente en nuestras campañas <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/reparacionparaalondra/" target="_blank" rel="noopener">#JuntasHastaLaVida</a> y #VivanLasMujeres.
Las reuniones con las autoridades, en las que se acordaron los términos de las diferentes disculpas públicas se dieron por separado y sucedieron a lo largo de tres años, en los casos del Edomex y Guanajuato, y en el del feminicidio de Alondra por al menos cinco años.
Ya zanjados todos los acuerdos sucedió lo indecible. En el Edomex la Fiscalía del Estado de México (FGJEM<a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-fgj-del-edomex-cancelo-una-disculpa-publica-a-familias-de-victimas-de-feminicidio-en-un-acto-mas-de-indolencia-y-violencia-institucional/" target="_blank" rel="noopener">) canceló el acto</a> horas antes de su realización, prevista para el 8 de noviembre de 2022. Su actitud insensible e indolente constituyó un agravio más para las víctimas y sus familias. En Guanajuato ocurrió lo mismo. <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/en-un-acto-de-agravio-mas-el-gobierno-de-leon-guanajuato-pospone-disculpa-publica-a-mujeres-victimas-de-represion-policial/" target="_blank" rel="noopener">La autoridad pospuso</a> el acto la madrugada del lunes 21 de agosto de 2023.
<a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/exigimos-al-fiscal-general-de-justicia-del-edomex-que-ofrezca-una-disculpa-publica-a-familias-de-victimas-de-feminicidio-y-desaparicion/">Ni las madres de las víctimas de feminicidio</a>, <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/en-reunion-con-mujeres-victimas-de-represion-el-gobierno-de-leon-guanajuato-se-comprometio-a-ofrecerles-una-disculpa-publica-a-mas-tardar-el-30-de-septiembre-de-2023/" target="_blank" rel="noopener">ni las jóvenes violentadas</a> en Guanajuato cejaron en su derecho de que se les ofreciera una disculpa pública. Las OSCs y Amnistía Internacional las seguimos apoyando en las gestiones con los respectivos gobiernos. Nuestras activistas en México y en diversos países realizaron una intensa labor enviando cartas, firmando peticiones y activándose en las redes sociales denunciando la actitud de las autoridades. La noticia tuvo un impacto negativo para éstas en los medios de comunicación.
Finalmente, <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/edomex-la-fgem-ofrecio-una-disculpa-publica-a-cuatro-familias-de-victimas-de-feminicidio-precedido-de-desaparicion/" target="_blank" rel="noopener">la FGJEM ofreció su disculpa</a> a las familias de víctimas de feminicidio el 28 de febrero de 2023. Por su parte, <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/ofrece-gobierno-de-leon-guanajuato-disculpa-publica-a-mujeres-victimas-de-represion-policial-en-2020/" target="_blank" rel="noopener">el gobierno de León se disculpó</a> con las jóvenes que sufrieron la represión policial el 29 de septiembre de 2023. En el caso de la joven Alondra, el principal enemigo a vencer fue la burocracia y finalmente <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/jalisco-el-estado-ofrece-disculpa-publica-y-devela-memorial-a-mas-de-seis-anos-del-feminicidio-de-alondra-guadalupe-gonzalez-arias/" target="_blank" rel="noopener">la disculpa para la familia se ofreció el 28 de noviembre de 2023</a>.
Los tres casos son una muestra palpable de lo mucho que cuesta hacer que una autoridad reconozca nuestros derechos, pero finalmente las disculpas públicas se concretaron y con ello se estableció un precedente importante para este tipo de medidas de satisfacción.
<h2>Más semillas sembradas</h2>
Otro tema que destaco es la realización del <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/muertes-intolerables-foro-para-analizar-acciones-del-estado-mexicano-destinadas-a-erradicar-las-deficiencias-en-investigaciones-por-feminicidio/" target="_blank" rel="noopener">Foro Muertes Intolerables</a> en el que analizamos las acciones del Estado mexicano destinadas a erradicar las deficiencias en investigaciones por feminicidio. El foro lo efectuamos en el marco de los 30 años de que inició la documentación de los feminicidios en México, con los casos emblemáticos de Ciudad Juárez y Chihuahua, y a 20 años de que Amnistía Internacional publicó su Informe <a href="https://amnistia.org.mx/documentos/informes/MuertesIntolerables_2_edicion.pdf" target="_blank" rel="noopener">México: Muertes intolerables, 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua</a>
El auditorio del Museo Memoria y Tolerancia estuvo totalmente lleno. Fue un gran ejercicio en el que académicas, activistas, madres de víctimas de feminicidio y representantes de organizaciones, todas con una amplísima experiencia, reconocimos el enorme trabajo de las madres de Cd. Juárez y Chihuahua que contribuyó a la construcción del actual andamiaje legal y las instituciones con que se cuenta para atender la violencia contra las mujeres.
Reconocimos también la lucha de Irinea Buendía y Esperanza Lucciotto, quienes en la búsqueda de Justicia para sus hijas <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/sentencia/2020-12/AR%20554-2013.pdf" target="_blank" rel="noopener">Mariana Lima</a> y <a href="https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/sites/default/files/page/documentos/2020-06/Sentencia%20AR%201284-2015_Karla%20Pontiogo%20Lucciotto.pdf" target="_blank" rel="noopener">Karla Pontigo</a>, víctimas de feminicidio, llevaron sus casos a la SCJN. Ésta emitió sendas sentencias que hoy son referencia obligatoria para que miles de madres de víctimas de feminicidio tengan acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño. El acto estuvo precedido de un <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-a-30-anos-de-que-se-empezaron-a-documentar-los-feminicidios-no-hay-justicia-para-las-familias-y-la-violencia-feminicida-abarca-ya-todo-el-pais/" target="_blank" rel="noopener">acto conmemorativo</a> en Chihuahua, para honrar la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio en ese estado.
<figure id="attachment_1363255" aria-describedby="caption-attachment-1363255" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1363255" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/logros-amnistia-internacional-2023.jpg" alt="Participación del contingente de Amnistía Internacional en protestas." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/logros-amnistia-internacional-2023.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/logros-amnistia-internacional-2023-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/logros-amnistia-internacional-2023-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/logros-amnistia-internacional-2023-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1363255" class="wp-caption-text">Amnistía Internacional y decenas de OSC han conquistado el espacio público para protestar de manera pacífica por las violaciones a derechos humanos y demandar justicia. Foto: Alejandro Juárez Gamero / Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
<h2>La resignificación de una Glorieta</h2>
En septiembre de 2021, diversas colectivas colocaron en la ex glorieta de Colón la silueta de una mujer con el puño izquierdo en alto: se trataba de la llamada “Justicia”, símbolo de resistencia ante las omisiones del Estado en el cumplimiento de su obligación de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y los cuerpos feminizados.
La autoridad de la CDMX se negó inicialmente a ceder el espacio que las colectivas reclamaron para honrar la memoria de las mujeres que han luchado por nuestros derechos. Sin embargo, el 26 de junio de 2023, luego de dos años de constantes e intensas negociaciones, el Frente Amplio de Mujeres que Luchan y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, acompañadas por Amnistía Internacional, logramos la permanencia definitiva de la Glorieta de las mujeres que Luchan y gritar con mucho orgullo que <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-glorieta-de-las-mujeres-que-luchan-se-queda/" target="_blank" rel="noopener">¡La glorieta se queda!</a>
<h2>Aportaciones al EPU</h2>
En noviembre de 2022, el colectivo EPUmx –integrado por más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos de México, entre ellas Amnistía Internacional–, participó en las presesiones de cara al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Ahí presentamos un informe general y 17 informes temáticos con recomendaciones sobre diferentes temas de derechos humanos que pueden ser consultados <a href="https://centroprodh.org.mx/colectivo-epu-mx-2024/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>. Durante muchos meses estas 300 organizaciones trabajamos intensamente elaborando estos informes, recopilando evidencia y realizando gestiones de incidencia con los Estados.
Al cierre de esta columna, confirmamos que este trabajo ha tenido resultados: más de un centenar de países que participaron el 24 de enero en el Examen Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, urgieron al Estado mexicano a redoblar esfuerzos para que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos. En particular destacaron temas como la desaparición forzada, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, vigilancia digital, violencia contra las mujeres, protección de las personas migrantes y la militarización de la seguridad pública.
Durante 2023, las organizaciones y colectivas conquistamos el espacio público y demostramos que nuestra lucha es incansable. Por eso, año tras año salimos a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (<a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-el-estado-ha-sido-omiso-y-negligente-al-aplicar-el-andamiaje-legal-para-garantizar-los-derechos-humanos-de-las-mujeres/" target="_blank" rel="noopener">8M</a>); el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible (28S) y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (<a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-militarizacion-de-la-seguridad-publica-amenaza-permanente-para-los-derechos-humanos-de-las-mujeres/" target="_blank" rel="noopener">25N</a>). Con gran alegría nos sumamos también a la <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/amnistia-internacional-marcha-a-pie-por-libertad-justicia-y-dignidad-para-la-comunidad-lgbtiq/" target="_blank" rel="noopener">marcha a pie por libertad, justicia y dignidad para la comunidad LGBTIQ+</a>.
Tenemos claro que en México se vive una grave crisis de derechos humanos y que hay una gran diversidad de temas pendientes en nuestra agenda, como la militarización de la vida pública, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, el creciente número de personas desaparecidas, la estigmatización que hace el Estado de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, o la persecución de las madres buscadoras, entre otros.
Los avances obtenidos a través de los años nos motivan a seguir adelante. Hoy avanzamos sobre la base que construyeron las personas que nos precedieron en la defensa de los derechos humanos y siempre habrá alguien que continúe nuestra lucha. Hoy nos toca a nosotras mantener la vela encendida y lo seguiremos haciendo con fe inquebrantable.
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://twitter.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México <a href="https://twitter.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>.

Defender los derechos humanos con fe inquebrantable

El 29 de noviembre, personas de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil mexicana (OSC) participamos en Ginebra, Suiza, en las reuniones preliminares del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) que se realizará a México. En ese espacio hice referencia a los factores estructurales e históricos que caracterizan la crisis alarmante de derechos humanos que vivimos en el país y que lleva a éste hacia un abismo en derechos humanos.
En las sesiones, las personas de las OSC que representamos a la colectiva EPUmx –integrada por más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos de México– desgranamos, en nuestro turno de intervención, temas específicos, acuciantes y de atención urgente en el contexto mexicano, e incluimos recomendaciones puntuales para su debida atención. Fue una jornada larga, de intenso trabajo y muy necesaria dada la magnitud de la crisis de derechos humanos que afecta a México.
<h2>Importancia del EPU</h2>
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos <a href="https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/upr/upr-home" target="_blank" rel="noopener">creado en marzo de 2006</a> por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene como finalidad “impulsar, apoyar y ampliar la promoción y protección de los derechos humanos en todos los países”.
El primer EPU se efectuó en 2008. Los Estados que integran la ONU se han sometido desde entonces a tres periodos de evaluación, en los que han presentado informes sobre las medidas que adoptan para mejorar la situación de los derechos humanos.
<figure id="attachment_1352770" aria-describedby="caption-attachment-1352770" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1352770" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/osc-examen-periodico-universal.jpg" alt="Personas representantes de las organizaciones que integran la colectiva EPUmx, en las instalaciones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/osc-examen-periodico-universal.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/osc-examen-periodico-universal-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/osc-examen-periodico-universal-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/osc-examen-periodico-universal-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1352770" class="wp-caption-text">Personas representantes de las organizaciones que integran la colectiva EPUmx, en las instalaciones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza. Foto: Colectiva EPUmx.</figcaption></figure>
Como parte de la evaluación, los Estados reciben recomendaciones que se estructuran con los aportes de numerosos interesados, como las OSC, agencias y relatorías de la ONU, y los Estados miembros de ésta.
El cuarto ciclo de exámenes comenzó en noviembre de 2022, como parte del 41 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU. Es en este marco que se dio la participación de la colectiva EPUmx, que presentó los informes en los que evalúa el cumplimiento de las recomendaciones formuladas a México en su EPU anterior, que data de 2018.
Es de destacar que dichas reuniones tuvieron como telón de fondo diversas actividades conmemorativas por el 75 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No pudo haber mejor oportunidad para participar en las sesiones del EPU.
<h2>El trabajo de las colectivas que integran EPUmx</h2>
En total la colectiva EPUmx presentó un <a href="https://centroprodh.org.mx/colectivo-epu-mx-2024/" target="_blank" rel="noopener">informe general</a> y 18 informes temáticos que detallan los impactos específicos y diferenciados de las desigualdades estructurales en temas como: Derechos de las personas con discapacidad; Desplazamiento interno forzado; Empresas y derechos humanos; Implementación de decisiones internacionales sobre derechos humanos en México; Impunidad y sistema de justicia penal.
El panorama de temas es muy amplio, e incluyó también Niñez, adolescencia y juventud; Militarización en México; Personas defensoras y periodistas; Personas migrantes y solicitantes de protección internacional; Personas privadas de la libertad; Protesta social; Población LGBTTTIQ+; Pueblos afrodescendientes; Pueblos indígenas; Sierra Tarahumara; Sobre la situación de desaparición en México; Tortura y Violencia contra las mujeres.
<h2>Intervención de Amnistía Internacional en el Consejo de Derechos Humanos</h2>
Al participar en las precesiones del EPU advertí de la crisis alarmante de derechos humanos que vivimos en México y los factores estructurales e históricos que la caracterizan como la desigualdad, la corrupción y la impunidad, y que es profundizada además por la violencia que azota al país y el cierre del espacio cívico.
Además de esta intervención, en la Ciudad de México presentamos –el jueves 14 de diciembre– el informe <a href="https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/6992/2023/es/" target="_blank" rel="noopener">México: ¿de cabeza a toda marcha hacia el abismo en derechos humanos?</a> Un documento de 19 páginas en el que evaluamos el cumplimento de las recomendaciones que le fueron formuladas a México en el EPU de 2018. La presentación se puede ver <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_qEVMNLxDac" target="_blank" rel="noopener">en esta liga</a>.
<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/_qEVMNLxDac?si=3y7Ogsenuu1FfX9M" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Las recomendaciones que analizamos, incluidas en el Anexo 2 del informe, tienen que ver con adopción de normas internacionales; marco constitucional y legislativo; marco nacional de derechos humanos; impunidad; desapariciones forzadas; libertad de opinión y expresión; administración de justicia y juicio justo; discriminación contra las mujeres y violencia contra las mujeres.
En el Anexo detallamos que, de las 25 recomendaciones incluidas cinco fueron implementadas, 9 están parcialmente implementadas y 11 no han sido implementadas. En el capítulo que aborda la situación de los derechos humanos sobre el terreno, advertimos que desde el último EPU de 2018 los casos de violencia de género contra mujeres y niñas siguen en aumento.
Referimos –con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)– que entre 2018 y mayo de 2023 fueron asesinadas al menos 20 mil 292 mujeres. Es decir, casi 11 mujeres son asesinadas cada día en México. De esos asesinatos, solo 5 mil 065 fueron investigados por las fiscalías como presuntos feminicidios.
Aquí hago una breve acotación sobre los casos que se investigan. En mi intervención en el Consejo de Derechos Humanos, advertí que del total de delitos que se cometen en el país sólo en el 10.9 por ciento se presenta denuncia, y que de éstos únicamente en el 7.6 por ciento se inicia una carpeta de investigación y que de ellos solo el 1 por ciento se resuelven. Bajo estas circunstancias el índice de impunidad es sumamente alto.
Esto es motivo de alarma cuando en el país se tienen elevadas cifras de homicidios dolosos, de violencia contra las mujeres, desapariciones, asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. En mi alocución en el Consejo de Seguridad señalé que esta gravísima situación se debe a la falta de capacidades y al mal funcionamiento de las instituciones, en especial de las encargadas de la procuración e impartición de justicia.
Regresando a nuestro informe que presentamos en la Ciudad de México, en él llamamos la atención sobre el proceso de militarización de la seguridad pública, desde que en 2019 se creó mediante una enmienda constitucional la Guardia Nacional (GN). Este organismo militarizado permanecerá en las calles hasta el año 2028 y a la fecha no existe una estrategia de reforma policial.
Precisamos que la GN es una de las diez instituciones con la cifra más alta de denuncias por violaciones a derechos humanos. Desde su creación en 2019 a septiembre de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió mil 200 denuncias contra esa institución por detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos.
La participación de las fuerzas armadas en la vida pública de México ha aumentado la probabilidad de que una persona sea víctima de tortura sexual durante su detención, ha provocado más violaciones de las garantías judiciales bajo custodia y ha fomentado una falta de verdad, transparencia y rendición de cuentas en sus operaciones.
Más aún, en mi participación en la sesión del Consejo de Derechos Humanos hice referencia al militarismo que se ha extendido a otras áreas civiles como la construcción de infraestructura pública, administración de puertos y aduanas y tareas de política migratoria, entre muchas otras. El traspaso de funciones civiles a los militares suma ya más de 240, lo que implica además un aumento del 163 por ciento de recursos presupuestales para el Ejército y la Marina.
Todo ello tiene como telón de fondo que estas instituciones no rinden cuentas, evitan comparecer ante las fiscalías, utilizan el fuero militar para investigar violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles, pese a que la Constitución establece que éstas deben ser investigadas y juzgadas por jueces civiles.
Nuestro informe incluye una serie de recomendaciones que ponemos a la consideración de los Estados que integran el Consejo de Derechos Humanos, a quienes hicimos un atento llamado para que las incluyan entre las que serán presentadas al gobierno mexicano.
De dichas recomendaciones destaco la relacionada con que las Fiscalías y las Comisiones de Derechos Humanos a nivel estatal y federal realicen investigaciones prontas, imparciales, independientes, eficientes y exhaustivas de los delitos y violaciones de derechos humanos. Éstas se deben realizar además con perspectiva de género e intercultural, con enfoque interseccional y de derechos humanos, con la participación de las víctimas, sus representantes legales y OSCs que les brindan acompañamiento.
Otra recomendación tiene que ver con la urgente necesidad de que se elabore un plan para que, antes de 2028, se retire a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, así como administrativas y civiles, a la par de reforzar políticas de seguridad pública efectivas y con respeto a los derechos humanos.
Es importante modificar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para que esté acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el Código de conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y con las sentencias pertinentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es relevante que se fortalezca la rendición de cuentas de las instituciones militares ante instituciones civiles, especialmente entre las Fuerzas Armadas y los Poderes Legislativo y Judicial.
Es urgente que se deroguen disposiciones legislativas ya sean federales, estatales o municipales, que menoscaban el derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y protesta pacífica. El tema es preocupante porque el espacio cívico se está cerrando en México de manera alarmante.
Desde Amnistía Internacional estaremos atentas del EPU que se efectuará al Estado mexicano en enero de 2024, así como del cumplimiento que éste dé a las recomendaciones que le sean presentadas. Como en otras ocasiones invito a las personas lectoras a que revisen los informes aquí reseñados, que confirman la dimensión de la grave crisis de derechos humanos que vivimos en México y echan por tierra el dicho del gobierno de que en el país <a href="https://lopezobrador.org.mx/2021/09/01/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-durante-el-tercer-informe-de-gobierno/" target="_blank" rel="noopener">no se violan derechos humanos</a>.
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://twitter.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México <a href="https://twitter.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>.

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