Rezago forense: falsas disyuntivas
La crisis de desapariciones no ha sido revertida en México. En particular, el rezago forense en la identificación de cuerpos y restos sigue siendo un desafío mayúsculo aún no atendido. Requiere de todos los esfuerzos y de un abordaje interdisciplinario, por lo que es un error contraponer irresponsablemente diferentes técnicas de búsqueda, postulando falsas disyuntivas.
Lo anterior viene a cuento porque hace unos días, una publicación en redes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) causó escándalo y escarnio en la comunidad científica dedicada a las ciencias forenses. En una infografía, la CNB contrapuso la identificación mediante levantamiento de huellas dactilares a la identificación mediante confrontación de perfiles genéticos empleando ADN. La primera, según esta institución, es más barata y ofrece 100 % de confiabilidad. La segunda, para este ente de Estado, es cara y no ofrece plena certeza.
Esta contraposición es falaz y va en sentido contrario de la solidez científica que el actual gobierno busca imprimir a la actividad pública. Como lo señalaron inmediatamente voces muy acreditadas, en ciencia ningún método de identificación ofrece 100 % de certeza. Además, si bien la identificación por vía de huellas dactilares es útil y relevante respecto de cuerpos encontrados recientemente, no puede postularse como única vía para atender el rezago forense, pues son numerosos los cuerpos relacionados con desapariciones de larga data, respecto de los cuales no será ya posible obtener huellas para confronta. Aunque sea escabroso señalarlo, no puede obviarse que en México los restos recuperados no siempre incluyen extremidades de las que puedan levantarse huellas: en muchas ocasiones, se trata de fragmentos corporales o de piezas óseas, que además en ocasiones están dañadas por la exposición a la intemperie o por factores externos como el fuego.
No puede soslayarse, tampoco, que en algunas entidades federativas la identificación por huellas dactilares sólo está ocurriendo en el escritorio y sobre papel, pues las fiscalías no han depurado sus bases de datos como para asegurar plenamente la trazabilidad de los respectivos cuerpos y restos; en estos casos, hay identificación, pero no restitución ni entrega de restos a las familias, ante la incapacidad de las autoridades de hallar esos cuerpos que legalmente se encuentran bajo su propio resguardo.
El avance en la identificación de cuerpos mediante huellas dactilares es sin duda positivo y hay que animar a que prosiga, pues está arrojando logros significativos. La participación en ello de la cooperación internacional, los propios esfuerzos de la CNB y la colaboración del INE son esfuerzos en la dirección correcta. Pero hay que ponderar esta línea de acción en su justa dimensión para no generar simulación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se celebra como un avance para los familiares de personas desaparecidas la entrega de un escáner de huellas digitales a la Fiscalía General de Justicia Militar, aun cuando las instancias castrenses de justicia en ningún supuesto legal compatible con el régimen internacional de derechos humanos pueden indagar la desaparición de una persona y/o participar en el levantamiento de cuerpos o restos de civiles.
El intento de contraponer la identificación mediante huellas dactilares a la identificación mediante perfiles genéticos, como si de una disyuntiva se tratara, se relaciona con el abandono en que ha quedado el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una de las iniciativas de la anterior administración que levantaron expectativas y que hoy es un elefante blanco. Este Centro, inaugurado en presencia de familiares de personas desaparecidas, representó en su momento la esperanza de que verdaderamente hubiera un impulso de una política de Estado para superar el rezago forense. Si bien la operación del Centro generaba una serie de desafíos legales no menores –lo que por cierto fue explotado con oportunismo por las fiscalías para preservar el estado actual de cosas– pudo ser una plataforma extraordinaria para la identificación genética de cuerpos y restos asociados casos de larga data o difíciles, integrado por peritos supeditados más a la ciencia y que al ministerio público, con enfoque preponderantemente humanitario y no penal. Sin embargo, el modelo fue abandonado a nivel federal. Pese a ello, esta forma de trabajar ha empezado a rendir frutos a nivel local, como lo supo distinguir recientemente un muy importante reportaje publicado en The New York Times sobre el esperanzador Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila (CRIH).
La crisis de desapariciones y el rezago forense en México son inmensos. Es un despropósito contraponer las diversas aproximaciones técnicas disponibles. No estamos en una condición en la que generar falsas disyuntivas abone: necesitamos de todo, frente a este flagelo que no cesa. Así lo hicieron patente, con la dignidad de siempre, las madres, hermanas, cónyuges e hijas de personas desaparecidas que la semana pasada participaron en el Congreso Mundial sobre la Desapariciones al que convocó el Comité de la ONU en la materia, celebrado en Ginebra. Y es que aunque las instancias de derechos humanos hoy se excusan en un soberanismo añejo, la crisis de México sigue bajo el seguimiento y la atención de la comunidad internacional.
Internamente, se pretende invisibilizar la continuidad de la crisis –o peor aún, se intenta atribuir la responsabilidad a la propias víctimas como se hacía en el pasado y como lo hacen, en el presente, de modo irresponsable, actores del partido en el poder como el gobernador de Sonora– pero en los foros internacionales el reclamo de las familias es y seguirá siendo incontenible.
En este marco, la identificación mediante ADN seguirá siendo tan necesaria como la identificación mediante huellas dactilares, del mismo modo que seguirá siendo necesaria la cabal puesta en marcha del Banco Nacional de Datos Forenses y la exploración de esquemas humanitarios de identificación que no sean controlados por las negligentes fiscalías.
En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso y con una Corte Suprema conservadora que, en varias ocasiones, ha favorecido su agenda. Aquí te contamos cuáles pueden ser las limitaciones al poder del mandatario estadounidense.
Donald Trump regresa este 20 de enero a la Casa Blanca con una agenda de grandes cambios en Estados Unidos.
“Gobernaré con un lema sencillo: promesas hechas, promesas cumplidas”, dijo el mandatario en su primer discurso luego de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Esa noche, Trump dijo que convertiría a EE.UU. en el mejor país del mundo.
Entre sus propuestas está seguir construyendo el muro limítrofe con México para sellar las fronteras del país y, sobre todo, expulsar del país a millones de extranjeros indocumentados en lo que asegura será la “mayor deportación” de la historia de Estados Unidos.
También ha prometido reducir la burocracia gubernamental, bajar los impuestos e imponer un sistema de aranceles de 10% a 20% a la importación de la mayor parte de los productos extranjeros que, en el caso de China, llegarían a 60%.
Para lograr estos objetivos, Trump cuenta con un partido republicano que ha cerrado filas en torno a su figura y que dispone de mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que configura lo que los estadounidenses denominan como “trifecta” o gobierno unificado.
Esto significa que las cosas empiezan a funcionar al estilo de los sistemas parlamentarios unicamerales, donde una mayoría toma el control del Congreso y del gobierno, actuando como un todo unificado que puede hacer prácticamente lo que quiere, dice a BBC Mundo Mark Peterson, profesor de Políticas Públicas, Ciencia Política y Derecho en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).
Además, la Corte Suprema de Justicia -que encabeza el tercer poder independiente del Estado- cuenta en estos momentos con una mayoría de seis jueces conservadores (tres de ellos nombrados por Trump durante su primer mandato) frente a tres jueces liberales, lo que aumenta la probabilidad de que las iniciativas del gobierno reciban luz verde por parte del máximo tribunal.
¿Significa esto que Donald Trump gobernará sin ningún tipo de contrapeso? No.
Aquí te contamos seis posibles límites al poder casi absoluto del nuevo presidente.
1. Mayorías muy pequeñas en el Congreso
Los republicanos cuentan con mayorías en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, no se trata de una ventaja holgada que pueda garantizar la aprobación de todas sus propuestas.
Los resultados de las elecciones de noviembre otorgaron al partido de gobierno 220 legisladores frente a 215 de los demócratas. No obstante, desde entonces tres congresistas republicanos renunciaron a su escaño para ocupar otras posiciones y eso supone que al menos durante unos meses, la ventaja de los republicanos en la Cámara Baja se reduce a dos votos, lo que les deja muy poco margen de maniobra.
“Es la mayoría más débil que ha habido en tiempos modernos. Y aunque los republicanos están ahora extremadamente alineados, es muy difícil mantenerlos a todos unidos frente a temas muy complicados para lograr que ese control nominal de la cámara se convierta en un control absoluto”, apunta Peterson.
En la Cámara Alta, los republicanos cuentan con 53 senadores, frente a 47 de los demócratas. Eso significa que aún les faltan 7 votos para contar con la mayoría calificada necesaria para aprobar medidas importantes.
“A menos que todo lo que quieran hacer pueda empaquetarse a través del mecanismo de reconciliación, los demócratas pueden vetar casi todo”, indica Peterson.
La reconciliación es un procedimiento especial que permite al Senado aprobar de forma expedita medidas presupuestarias contando con una mayoría simple de votos (51, en lugar de 60). En las últimas décadas ha sido empleado con frecuencia debido a la extrema polarización que hay en el Congreso estadounidense, pero no se puede aplicar en todos los casos.
“Los presidentes que han tenido la oportunidad de hacer cambios importantes han llegado al poder con una victoria aplastante, con mayorías dominantes en la Cámara de Representantes y el Senado del orden del 60% de los escaños o más. Ese no es el caso ahora, por lo que será realmente sorprendente si Trump, trabajando con sus aliados republicanos, puede hacer realmente el tipo de cosas de las que ha estado hablando”, señala Peterson.
El experto destaca que durante la primera mitad de su primer gobierno, Trump contó con una trifecta, así como con una mayoría aún más holgada que la actual en la Cámara de Representantes y la única ley importante que logró aprobar fue un recorte de impuestos.
2. Un poder judicial que aún mantiene su independencia
Aunque en la Corte Suprema hay una mayoría de seis jueces conservadores y tres de ellos fueron nominados por Trump, eso no es garantía de que todas las iniciativas del gobierno vayan a recibir el visto bueno.
Es cierto que en su actual configuración, el máximo tribunal estadounidense revirtió la protección federal al derecho al aborto que existía desde la década de 1970 y que esa medida contó con el apoyo de los nuevos magistrados, tal como había prometido Trump que ocurriría durante su campaña de 2016.
Esa Corte Suprema también estableció que los presidentes tienen derecho a “inmunidad absoluta contra el procesamiento penal” por aquellas acciones de carácter oficial que realicen durante sus mandatos, lo que libró a Trump de varios juicios que estaban en marcha en su contra.
Esa decisión dejo claro, no obstante, que los presidentes no cuentan con esta misma inmunidad en las acciones que no tienen relación con su rol oficial.
Además, el máximo tribunal desestimó las denuncias que hicieron Trump y los republicanos con el fin de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, y rechazó los intentos del gobierno de Trump de poner fin al programa DACA, que protege a centenares de miles de personas que llegaron a EE.UU. sin papeles siendo menores de edad.
También mantuvo en vigor algunas protecciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (popularmente conocido como Obamacare), así como otras disposiciones que protegen a las personas LGBTI+ de sufrir discriminación en los lugares de trabajo, en ambos casos contradiciendo los planes de los republicanos.
Más allá de la Corte Suprema, de acuerdo con un estudio del Centro Pew, 60% de los jueces activos en cortes de distrito en Estados Unidos fueron nominados por mandatarios demócratas, mientras que solamente 40% fueron postulados por presidentes republicanos.
“El Poder Judicial sigue siendo una tercera rama importante del gobierno con un alto grado de independencia y, además, la mayoría de sus integrantes no han sido nombrados ni por Trump ni por los republicanos”, apunta Peterson, quien subraya además que se supone que los jueces deben tomar sus decisiones guiados por la ley y por los precedentes establecidos por la Corte Suprema.
3. Los gobiernos estatales y locales
El hecho de que Estados Unidos sea un estado federal trae consigo importantes limitaciones a los cambios que se pueden aplicar desde la Casa Blanca.
La décima enmienda constitucional otorga un amplio número de competencias a los gobiernos de los estados.
Tradicionalmente los estados han tenido competencias sobre seguridad, salud, beneficios sociales, educación, procesos electorales, derecho penal, regulaciones laborales y leyes sobre la propiedad.
De igual modo, los condados y ciudades tienen responsabilidades en temas de seguridad pública, planificación urbana, uso de las tierras, entre otros.
Esas competencias permiten que desde esas instancias de gobierno puede hacerse resistencia u oposición a algunas de las iniciativas que impulse Trump.
“Los demócratas definitivamente van a utilizar estas competencias ahora en contra del gobierno Trump”, vaticina Peterson.
“Vivo en California, el estado más grande del país, la quinta economía más grande del mundo. No es universalmente democráta, ni liberal ni progresista, pero va fuertemente en esa dirección. Y este será un estado, como muchos otros, que hará lo posible para hacer cosas independientemente de lo que quiera el gobierno de Trump o para desafiarlo, tal como Texas y otros estados desafiaron a los gobiernos de Biden y Obama en el pasado”, agrega.
En la actualidad, 23 de los 50 estados del país cuentan con gobernadores demócratas.
La colaboración o resistencia de las autoridades estatales y locales puede ser un factor determinante en algunos planes de Trump como la deportación masiva de migrantes, pues es una tarea difícil y compleja que requiere apoyos locales.
Muchas ciudades y estados se han declarado como lugares “santuario” para los migrantes, por lo que que limitan su cooperación con el gobierno federal en este campo.
4. Una burocracia profesional
Durante el primer gobierno de Trump, en las filas republicanas hubo quejas porque no lograron impulsar su agenda política tanto como querían debido, en parte, a su propio desconocimiento sobre cómo funciona el Estado y la burocracia, pero también debido a la resistencia que encontraron por parte de funcionarios públicos, el llamado servicio civil, que objetaron o ralentizaron la ejecución de órdenes que consideraron ilegales o inapropiadas.
Hacia el final de ese mandato, Trump aprobó una orden ejecutiva que le iba a permitir despedir a miles de empleados públicos y reemplazarlos por sus partidarios.
Esa medida fue derogada por Biden, pero el programa de campaña de Trump contemplaba su reinstauración.
De hecho, de cara a este segundo gobierno, varios grupos conservadores cercanos al nuevo mandatario elaboraron bases de datos con miles de profesionales leales a su proyecto político e ideológicamente afines con los cuales buscarían sustituir a los funcionarios públicos.
Esta iniciativa, sin embargo, puede enfrentarse a una fuerte resistencia institucional, legal, política y sindical.
“Creo que habrá tribunales que reaccionen contra eso. El servicio civil existe por una razón y hay una ley que lo ampara. Por eso, no habrá una erosión masiva y un ataque a los empleados federales, hasta el punto de reestructurar el gobierno de una forma sustancial”, dice Peterson.
“Sin embargo, sí habrá cosas marginales que marcarán una diferencia. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo decide trasladar las oficinas de una institución fuera de Washington DC a otros lugares del país, eso hará que algunos funcionarios renuncien a sus cargos porque no pueden trasladar a sus familias”, agrega.
5. Los medios de comunicación y la sociedad civil
Cuando Trump llegó a la Casa Blanca por primera vez, los medios de comunicación de tendencia liberal realizaron una cobertura crítica de su gobierno, mientras que sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para bloquear muchas de sus iniciativas por vía de la presión ciudadana o de los tribunales.
En el caso de los medios de comunicación, la situación ha cambiado un poco.
Ejemplo de ello es lo ocurrido con el diario The Washington Post que durante el primer gobierno de Trump llevó un registro de cada vez que el mandatario decía una mentira o desinformaba (más de 30.000 en cuatro años).
Por contraste, en los últimos meses de la reciente campaña, este medio decidió no publicar su acostumbrado editorial en el que fija posición sobre las elecciones y, en este caso, preveía dar un espaldarazo a la candidata demócrata, Kamala Harris.
Lo mismo hizo otro diario tradicionalmente liberal, Los Angeles Times.
El hecho de que Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño de The Washington Post, haya acudido a reunirse con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, es otro elemento destacable.
En paralelo, muchos otros medios han mantenido firme su postura crítica frente a los planteamientos del nuevo gobierno de Trump.
Lo mismo puede decirse de numerosas organizaciones de la sociedad civil como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que cuenta con 1,7 millones de afiliados y que ya ha anunciado su intención de tratar de detener la puesta en práctica de algunas de las propuestas del nuevo mandatario.
“La victoria del presidente electo Trump significa que si implementa las políticas con las que ha amenazado desde que dejó el cargo en 2020, más familias inmigrantes serán separadas, más personas enfrentarán daños graves debido a las restricciones de salud reproductiva y utilizará al gobierno federal como arma contra los manifestantes y los opositores políticos”, dijo la ACLU en un comunicado tras conocerse la victoria de Trump.
“Emprendimos acciones legales contra la administración de Trump más de 430 veces cuando estuvo la primera vez en el cargo. Tenemos la estrategia para contraatacar y ganar una vez más”, agregó el texto.
6. Las prioridades de los ciudadanos
La capacidad que tendrá Trump de llevar adelante su agenda de gobierno también dependerá de cómo esta encaje con las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos y cómo sea percibida por estos.
En especial porque, aunque Trump ganó el voto popular, no consiguió un apoyo realmente mayoritario de los ciudadanos.
“El presidente Trump ganó la elección. Es un hecho indiscutible. Pero lo hizo con el 49,9% del voto popular -menos de la mitad de los votantes- y con un margen de apenas 1,5% puntos porcentuales sobre Kamala Harris. Esa es una de las victorias más ajustadas para un presidente”, apunta Peterson.
El experto destaca además que en el conjunto de electores que le apoyaron no todos están comprometidos con sus propuestas más radicales.
“Una parte importante son los partidarios MAGA [siglas en inglés del lema Hagamos de Estados Unidos Grande de Nuevo]: ellos apoyarían lo que Trump quiera hacer. Otra parte son republicanos a los que no les gusta Trump, pero que lo prefieren porque siendo conservadores quieren impuestos más bajos, menos regulaciones, etc”.
“Y luego hay un grupo grande de personas que votaron por Trump porque la inflación era muy alta, querían un cambio y él era la opción que tenían para conseguirlo”, afirma.
Peterson advierte que muchos de esos votantes no apoyarían, por ejemplo, la eliminación de Obamacare, ni quieren que se acabe con el gobierno federal o con el servicio civil; o que se deroguen las políticas contra el cambio climático.
Este es un factor que presionaría hacia la moderación del gobierno, no solamente porque puede afectar la popularidad de Trump sino también las opciones de los congresistas republicanos de lograr reelegirse en los comicios de mitad de periodo en 2026.
¿Y qué haría Trump si enfrenta este tipo de resistencia ante alguna de sus propuestas?
“Él se adaptará según sea necesario y, luego, culpará a otros por no haber logrado su objetivo”, prevé Peterson.
El experto recuerda que esto ya ocurrió a inicios del primer gobierno de Trump, cuando la popularidad del Obamacare creció mientras el gobierno se esforzaba por derogarlo, por lo que al final la Casa Banca tuvo que mantenerlo en vigor y conformarse con hacer algunos cambios menores.
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