Sin datos, sin derechos: la deuda de transparencia en las cárceles mexicanas
En México, la falta de datos accesibles y actualizados sobre las personas privadas de la libertad no es un fallo técnico, es una violación al derecho a la transparencia y un obstáculo para garantizar los derechos humanos de quienes están en prisión. Hoy, en 2025, esa carencia persiste y se agrava con la ausencia de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), una herramienta crucial que el Estado ha dejado en el limbo. Esta ausencia representa una deuda pendiente del Estado en materia de rendición de cuentas y gobernanza penitenciaria, una deuda que ya es hora de saldar.
Opacidad penitenciaria y sus consecuencias
Gobernar con datos ausentes es gobernar a ciegas. En el ámbito penitenciario, la falta de información transparente se traduce en decisiones mal encaminadas, nula rendición de cuentas y violaciones de derechos que permanecen ocultas. Actualmente, sabemos a grandes rasgos cuántas personas hay en prisión, pero esos números crudos cuentan solo parte de la historia. De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria de febrero de 2025 había 240,212 personas privadas de la libertad en México.[1] Sin embargo, esos datos administrativos básicos no nos dicen quiénes son realmente esas personas ni cómo viven dentro de prisión.
Lo que sí revelan esas cifras oficiales es ya de por sí alarmante. Por ejemplo, de ese total, cerca de 91 mil personas no tienen una sentencia condenatoria, es decir, alrededor del 38% de la población penitenciaria está en prisión preventiva en espera de un juicio.[2] En contraste, la última ENPOL disponible, levantada en 2021, reportó que en aquel entonces un 27.8% de las personas en reclusión no habían recibido sentencia.[3] Esto sugiere que la proporción de personas sin condena ha aumentado en los últimos años, lo que representa un retroceso preocupante en términos de justicia procesal. Peor aún, según la ENPOL 2021, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad sin sentencia llevaban más de dos años en prisión preventiva esperando la resolución de su caso.[4] Cada uno de esos casos representa una potencial violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a la presunción de inocencia. Sin datos actualizados, ¿cómo exigir soluciones para la lentitud judicial o el abuso de la prisión preventiva?
La opacidad en estos datos impacta directamente la transparencia gubernamental. Si el público y los organismos de supervisión no pueden acceder fácilmente a información actualizada sobre quién está en prisión, por qué motivos, bajo qué condiciones y por cuánto tiempo, el Estado evade la rendición de cuentas. La ciudadanía no puede fiscalizar lo que no conoce. Esta ausencia de transparencia abre la puerta a abusos: desde el uso desproporcionado de la prisión preventiva, hasta condiciones inhumanas de reclusión que permanecen en la sombra. En pocas palabras, la falta de datos es caldo de cultivo para la violación silenciosa de derechos humanos en los centros penitenciarios del país.
ENPOL: una herramienta indispensable (y abandonada)
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) surgió precisamente para iluminar lo que las cifras frías no muestran. Por mandato del artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,[5] el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) realizó la ENPOL en 2016 (primera edición) y 2021 (segunda edición) con el fin de generar información estadística sobre las condiciones de procesamiento e internamiento de las personas privadas de la libertad, su perfil y experiencia dentro del sistema penal. La ENPOL es una encuesta única: visita directamente los centros penitenciarios y recoge la voz de las personas privadas de libertad sobre temas que van desde cómo fueron detenidas, hasta si han sufrido abusos, corrupción o delitos durante su reclusión.
Los hallazgos de la ENPOL 2021 evidenciaron por qué esta herramienta es vital. Para muestra, algunos datos contundentes: 48.6% de las personas privadas de la libertad reportaron haber sufrido agresiones físicas al momento de su detención (patadas, puñetazos u otras formas de violencia policial).[6] Además, 1 de cada 4 personas privadas de libertad se siente insegura dentro del centro penitenciario en el que está privada de libertad,[7] es decir, ni siquiera bajo custodia del Estado logran escapar a la sensación de vulnerabilidad frente a la violencia. La encuesta también reveló que 17.2% de las personas privadas de libertad han experimentado al menos un acto de corrupción durante su estancia (como sobornos por privilegios o trámites).[8] Y quizá más sorprendente aún: 34.1% de la población penitenciaria fue víctima de algún delito dentro del propio centro penitenciario en el año previo a la encuesta.[9] En otras palabras, los delitos no cesan en la puerta de la prisión; muchas personas privadas de libertad son extorsionadas, robadas o agredidas por otras personas en privación de libertad e incluso por personal penitenciario, perpetuando un ciclo de violencia intramuros.
Gracias a la ENPOL supimos, por ejemplo, que solamente alrededor del 6% de la población penitenciaria son mujeres[10], representando un grupo minoritario cuya situación requiere un enfoque específico, pues muchas son madres o afrontan condiciones particulares de vulnerabilidad. También obtuvimos información sobre su perfil socioeconómico, niveles educativos, acceso a asistencia legal, estado de salud; por ejemplo, la ENPOL identificó a más de 1,100 personas privadas de la libertad viviendo con VIH,[11] de las cuales el 13.7% no toman medicamentos o reciben tratamientos,[12] datos cruciales para dimensionar las necesidades de salud y otros indicadores esenciales para diseñar políticas con enfoque de derechos.
El problema es que toda esta radiografía corresponde a 2021. Hoy, muchas de esas cifras podrían haber cambiado para bien o para mal, pero no lo sabemos, porque la ENPOL no se ha vuelto a levantar. Han pasado ya varios años y el Estado mexicano no ha dado continuidad a esta encuesta, incumpliendo en los hechos el mandato legal de generar información periódica sobre las cárceles. La ausencia de una ENPOL 2024 que idealmente ya deberíamos conocer es un grave retroceso. Equivale a que un médico deje de hacerle estudios a un paciente crítico; sin seguimiento, cualquier diagnóstico pierde vigencia. En términos de política pública, volamos sin instrumentos.
Urgencia de retomar la transparencia con enfoque de derechos
La situación es clara: sin datos no hay transparencia, y sin transparencia los derechos humanos de las personas privadas de la libertad quedan en la penumbra. En democracia, el Estado tiene la obligación de rendir cuentas sobre todos sus ámbitos de actuación y las prisiones no pueden ser la excepción. Más bien, por tratarse de instituciones donde el Estado ejerce un control casi total sobre las personas en contextos de vulnerabilidad, debería haber más escrutinio, no menos. Cada persona tras las rejas depende del Estado para garantizar sus derechos más básicos: vida, integridad, salud, debido proceso, reinserción social. Cuando el Estado oculta o deja de generar información sobre lo que ocurre puertas adentro, está fallando a esa obligación.
Retomar la ENPOL es una urgencia impostergable. No como un ejercicio aislado, sino como parte de una política sostenida de recopilación y publicación de datos penitenciarios con enfoque de derechos humanos. El próximo levantamiento de ENPOL debe ocurrir lo antes posible y luego institucionalizarse con una periodicidad clara. Asimismo, los Censos Nacionales de Sistema Penitenciario[13] que realiza el INEGI anualmente deben difundirse de manera accesible, y sus resultados debatirse públicamente. Información hay: desde las estadísticas mensuales de los órganos penitenciarios, hasta los censos y diagnósticos del INEGI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El problema es la falta de accesibilidad y actualidad de esa información para la ciudadanía. Por ello, es necesario que toda esta información se concentre en un portal público único, de fácil consulta, con datos abiertos, que permita visualizar indicadores clave de cada centro penitenciario: población, porcentaje sin sentencia, nivel de sobrepoblación, ratio de custodios por persona privada de libertad, acceso a servicios, etc. La tecnología y las leyes de transparencia existen para hacerlo; solo falta voluntad política.
Finalmente, cumplir con la transparencia no es solo publicar datos, sino usarlos para cambiar la realidad. De nada servirá tener la ENPOL 2025 si sus hallazgos no se traducen en políticas públicas efectivas. Necesitamos que las autoridades reconozcan las deficiencias evidenciadas por los datos y actúen en consecuencia: reducir la prisión preventiva innecesaria, mejorar la defensa pública, capacitar a policías para evitar tortura y abusos desde la detención, reforzar la salud dentro de los centros penitenciarios, erradicar la corrupción carcelaria y dignificar las condiciones de internamiento. Cada estadística dolorosa debe ser un llamado a la acción.
Es importante resaltar que la falta de datos sobre las personas privadas de la libertad ha sido una aliada de la insensibilidad y la violación de derechos humanos en México. Es hora de romper ese círculo vicioso de opacidad e impunidad. La ENPOL y demás instrumentos de información penitenciaria deben retomarse con fuerza, respaldados por presupuesto y compromiso político. Solo iluminando plenamente la situación de las prisiones, podremos avanzar hacia una verdadera rendición de cuentas en la gestión penitenciaria. Y solo con transparencia podremos garantizar que los derechos humanos no terminan donde inicia el muro de una prisión. Porque una sociedad se mide también por cómo trata y cómo visibiliza a quienes tiene bajo custodia. México no puede ni debe seguir gobernando sus cárceles a oscuras. Los datos pendientes son derechos pendientes y saldar esa deuda es impostergable.
*José Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es candidato a Doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México y Director General en ASILEGAL @AsíLegalMx.
[1] Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, febrero 2025, página 3. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/983275/CE_2025_02.pdf
[2] Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, febrero 2025, página 3.
[3] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 Principales Resultados, página 85. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf
[4] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021 Principales Resultados, página 88.
[5] Artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria. […] Por su parte, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad tendrá como finalidad generar información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las Personas privadas de su libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron procesados o sentenciados, entre otras características. Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, será de tipo probabilística, incluirá a población privada de la libertad tanto del fuero común como federal y será representativa a nivel nacional y estatal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará dicha Encuesta conforme a su presupuesto. Asimismo, los Centros Penitenciarios seleccionados en la muestra determinada para la Encuesta deberán brindar todas las facilidades al Instituto para realizar entrevistas directas a la población privada de la libertad.
[6] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021 Principales Resultados, página 63.
[7] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021 Principales Resultados, página 130.
[8] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021 Principales Resultados, página 143.
[9] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021 Principales Resultados, página 136.
[10] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021 Principales Resultados, página 12.
[11] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021. Tabulados>Estimaciones>Características sociodemográficas>1.78 Población privada de la libertad de 18 años y más por entidad federativa y tipo de enfermedades que le han sido diagnosticadas por algún médico. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/tabulados/i_caracteristicas_sociodemograficas_2021_est.xlsx
[12] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021. Tabulados>Estimaciones>Características sociodemográficas>1.91 Población privada de la libertad de 18 años y más que ha sido diagnosticada por un médico con alguna enfermedad por entidad federativa, sexo y tipo de enfermedad, según condición de tomar medicamento o recibir algún tratamiento para la enfermedad actualmente. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/tabulados/i_caracteristicas_sociodemograficas_2021_est.xlsx
[13] El INEGI realiza el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (CNSIPEF) y el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE) de manera anual para generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño del sistema penitenciario federal y los sistemas penitenciarios estatales.
EU recibe a decenas de afrikáners como refugiados tras una orden de Trump que denuncia que son perseguidos por cuestiones raciales, algo que el gobierno sudafricano niega rotundamente.
Un avión procedente de Johannesburgo con 59 sudafricanos blancos a bordo aterrizó este lunes en Washington DC.
Es el primer grupo de afrikáners que llegan a Estados Unidos como refugiados bajo un programa de reasentamiento promovido por el presidente Donald Trump, que considera a esta comunidad víctima de “discriminación racial” en Sudáfrica.
Su arribo a EE.UU. se produce tras meses de tensiones diplomáticas entre el país norteamericano y Sudáfrica.
Trump firmó en febrero una orden ejecutiva en la que denunciaba presuntas violaciones de derechos humanos contra blancos en Sudáfrica, citando expropiaciones de tierras sin compensación y asesinatos en zonas rurales.
El presidente también se ha referido a lo que describió como una “matanza a gran escala de agricultores” blancos, un argumento que ha respaldado públicamente el empresario Elon Musk, nacido en Pretoria, quien llegó a hablar incluso de un “genocidio de blancos”.
El gobierno sudafricano rechaza estas acusaciones y niega la existencia de una persecución racial contra los blancos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamoa, afirmó este lunes que “no hay persecución de sudafricanos blancos afrikáners” y aseguró que los datos policiales contradicen la narrativa impulsada desde Washington.
Los afrikáners, descendientes en su mayoría de colonos holandeses, han desempeñado un rol central en la historia del país, desde la colonización hasta el régimen del apartheid.
Quiénes son los afrikáners
El programa de reasentamiento de Trump está dirigido a los afrikáners, una comunidad blanca sudafricana descendiente en su mayoría de colonos neerlandeses, franceses hugonotes y alemanes que comenzaron a instalarse en el sur de África desde 1652.
Durante siglos, los afrikáners dominaron la política y la producción agrícola del país, especialmente bajo el apartheid (1948-94), donde conformaban el grupo blanco mayoritario y puntal ideológico del régimen.
Hoy representan poco más del 5% de la población en Sudáfrica -unos 2,7 millones de personas- y la mayoría habla afrikáans como lengua materna.
Trump justifica su programa con el argumento de que los afrikáners sufren “discriminación racial” bajo las políticas del Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde el fin del apartheid en 1994.
En su orden ejecutiva de febrero, el presidente estadounidense citó específicamente la reciente ley sudafricana de expropiación sin compensación de tierras improductivas, abandonadas o adquiridas de manera fraudulenta durante el régimen segregacionista.
Aunque la norma ha sido defendida como una herramienta para corregir desigualdades históricas, tanto sectores conservadores estadounidenses -incluidos influyentes empresarios como Elon Musk y Peter Thiel- como muchos afrikáners en Sudáfrica la consideran una amenaza directa a los derechos de propiedad de los blancos.
Trump también denunció lo que describió como “una matanza a gran escala de agricultores blancos”, tesis respaldada por Musk, Thiel y otros miembros de la llamada “mafia de PayPal”, un influyente grupo de Silicon Valley que mantiene lazos con Sudáfrica.
El gobierno sudafricano niega que exista una persecución racial: el canciller Lamoa consideró infundadas las acusaciones de Washington y alegó que los informes policiales desvinculan la violencia rural de un supuesto genocidio blanco.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 44 homicidios en zonas agrícolas, de los cuales ocho fueron de granjeros.
El Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (SAIRR) concluyó que los ataques afectan tanto a trabajadores blancos como negros y suelen estar motivados por robos o conflictos laborales.
¿Víctimas de racismo?
BBC Mundo habló con el analista sudafricano Ryan Cummings, director de la consultora Signal Risk, que cuestiona el fundamento jurídico y humanitario de conceder asilo a los afrikáners.
“Ciertamente no enfrentan ningún tipo de marginación colectiva por su cultura, raza o idioma”, afirma.
El experto considera que las leyes de acción afirmativa impulsadas por el ANC no son punitivas hacia los blancos, sino mecanismos para revertir la exclusión histórica de la población negra, y remarca que “los afrikáners aún se encuentran en el extremo superior de la escala socioeconómica”.
Cummings añade que la percepción de inseguridad en zonas rurales, donde se han producido ataques violentos a granjas, ha alimentado una narrativa política dentro de sectores afrikáners más conservadores.
“Se han presentado como actos de violencia étnica, como si hubiera un genocidio sistemático en curso, pero en realidad responden a dinámicas locales: granjas aisladas, guardias de seguridad deficientes, armas y dinero en efectivo almacenados en las instalaciones”, considera.
Reconoce, no obstante, que figuras como Julius Malema, líder del partido comunista Luchadores por la Libertad Económica, han alimentado esa sensación de amenaza con cánticos como Kill the Boer (“Mata al granjero”), lo que ha reforzado el temor de algunos afrikáners a un resurgimiento del nacionalismo negro en sus formas más violentas.
El conflicto geopolítico
El gobierno sudafricano ha sido muy activo a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza, y en enero presentó un caso de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Esto causó un deterioro en las relaciones entre Sudáfrica y EE.UU., aliado de Israel.
“Trump quiere destacar ante la comunidad internacional que el mismo gobierno que lleva a Israel ante un tribunal internacional por presuntas violaciones de derechos humanos está infringiendo esos mismos derechos sobre su propia ciudadanía”, evalúa Cummings.
En marzo, la administración estadounidense expulsó al entonces embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, después de que este denunciara una “insurgencia supremacista” impulsada desde Estados Unidos.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justificó la medida calificando al diplomático como un “agitador racial” que “odia a América”.
Por su parte, el gobierno sudafricano sostiene que la narrativa promovida desde Washington es infundada y responde a intereses políticos internos en Estados Unidos.
Desde que Trump firmó la orden, más de 70.000 sudafricanos blancos expresaron interés en emigrar, según la Cámara de Comercio Sudafricana en Atlanta.
El grupo de 59 personas que aterrizó esta semana en Washington es el primero en beneficiarse del plan.
Cómo se ve desde Sudáfrica
Desde Sudáfrica, el programa de reasentamiento de Trump se percibe con escepticismo o incluso con cierto sarcasmo, según el director de Signal Risk.
“Muchos sudafricanos ven a los afrikáners que se acogen al programa de Trump como personas que buscan una salida, un modo de hallar la utopía que están buscando: una sociedad donde puedan existir sin tener que compartir espacio con sudafricanos negros”, sostiene Cummings.
Según el experto, hay “muchas almas dañadas” entre los afrikáners que crecieron durante el final del apartheid.
“Sienten que no fueron cómplices, pero que se les está haciendo pagar por lo que ocurrió décadas antes de que nacieran”, indica.
Sin embargo, concluye que la mayoría de los sudafricanos está de acuerdo con la idea de una sociedad multirracial y que quienes se resisten a ello -y ahora emigran- “probablemente no estaban interesados en participar en ese proyecto desde el principio”.
Cummings incluso cree que muchos sudafricanos moderados ven con buenos ojos la emigración de ciertos afrikáners a Estados Unidos bajo la iniciativa de Trump.
Parte de la sociedad sudafricana la considera “una manera de deshacerse de personas que han sostenido una ideología racista o supremacista blanca “.
“Muchos sudafricanos sienten que Sudáfrica, como país, probablemente estará mejor sin ellos, en el sentido de que estaremos perdiendo a individuos que esencialmente no tienen interés en participar en la construcción nacional ni en vivir en un país multirracial”, sentencia.
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