Sin datos, sin derechos: la deuda de transparencia en las cárceles mexicanas
En México, la falta de datos accesibles y actualizados sobre las personas privadas de la libertad no es un fallo técnico, es una violación al derecho a la transparencia y un obstáculo para garantizar los derechos humanos de quienes están en prisión. Hoy, en 2025, esa carencia persiste y se agrava con la ausencia de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), una herramienta crucial que el Estado ha dejado en el limbo. Esta ausencia representa una deuda pendiente del Estado en materia de rendición de cuentas y gobernanza penitenciaria, una deuda que ya es hora de saldar.
Opacidad penitenciaria y sus consecuencias
Gobernar con datos ausentes es gobernar a ciegas. En el ámbito penitenciario, la falta de información transparente se traduce en decisiones mal encaminadas, nula rendición de cuentas y violaciones de derechos que permanecen ocultas. Actualmente, sabemos a grandes rasgos cuántas personas hay en prisión, pero esos números crudos cuentan solo parte de la historia. De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria de febrero de 2025 había 240,212 personas privadas de la libertad en México.[1] Sin embargo, esos datos administrativos básicos no nos dicen quiénes son realmente esas personas ni cómo viven dentro de prisión.
Lo que sí revelan esas cifras oficiales es ya de por sí alarmante. Por ejemplo, de ese total, cerca de 91 mil personas no tienen una sentencia condenatoria, es decir, alrededor del 38% de la población penitenciaria está en prisión preventiva en espera de un juicio.[2] En contraste, la última ENPOL disponible, levantada en 2021, reportó que en aquel entonces un 27.8% de las personas en reclusión no habían recibido sentencia.[3] Esto sugiere que la proporción de personas sin condena ha aumentado en los últimos años, lo que representa un retroceso preocupante en términos de justicia procesal. Peor aún, según la ENPOL 2021, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad sin sentencia llevaban más de dos años en prisión preventiva esperando la resolución de su caso.[4] Cada uno de esos casos representa una potencial violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a la presunción de inocencia. Sin datos actualizados, ¿cómo exigir soluciones para la lentitud judicial o el abuso de la prisión preventiva?
La opacidad en estos datos impacta directamente la transparencia gubernamental. Si el público y los organismos de supervisión no pueden acceder fácilmente a información actualizada sobre quién está en prisión, por qué motivos, bajo qué condiciones y por cuánto tiempo, el Estado evade la rendición de cuentas. La ciudadanía no puede fiscalizar lo que no conoce. Esta ausencia de transparencia abre la puerta a abusos: desde el uso desproporcionado de la prisión preventiva, hasta condiciones inhumanas de reclusión que permanecen en la sombra. En pocas palabras, la falta de datos es caldo de cultivo para la violación silenciosa de derechos humanos en los centros penitenciarios del país.
ENPOL: una herramienta indispensable (y abandonada)
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) surgió precisamente para iluminar lo que las cifras frías no muestran. Por mandato del artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,[5] el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) realizó la ENPOL en 2016 (primera edición) y 2021 (segunda edición) con el fin de generar información estadística sobre las condiciones de procesamiento e internamiento de las personas privadas de la libertad, su perfil y experiencia dentro del sistema penal. La ENPOL es una encuesta única: visita directamente los centros penitenciarios y recoge la voz de las personas privadas de libertad sobre temas que van desde cómo fueron detenidas, hasta si han sufrido abusos, corrupción o delitos durante su reclusión.
Los hallazgos de la ENPOL 2021 evidenciaron por qué esta herramienta es vital. Para muestra, algunos datos contundentes: 48.6% de las personas privadas de la libertad reportaron haber sufrido agresiones físicas al momento de su detención (patadas, puñetazos u otras formas de violencia policial).[6] Además, 1 de cada 4 personas privadas de libertad se siente insegura dentro del centro penitenciario en el que está privada de libertad,[7] es decir, ni siquiera bajo custodia del Estado logran escapar a la sensación de vulnerabilidad frente a la violencia. La encuesta también reveló que 17.2% de las personas privadas de libertad han experimentado al menos un acto de corrupción durante su estancia (como sobornos por privilegios o trámites).[8] Y quizá más sorprendente aún: 34.1% de la población penitenciaria fue víctima de algún delito dentro del propio centro penitenciario en el año previo a la encuesta.[9] En otras palabras, los delitos no cesan en la puerta de la prisión; muchas personas privadas de libertad son extorsionadas, robadas o agredidas por otras personas en privación de libertad e incluso por personal penitenciario, perpetuando un ciclo de violencia intramuros.
Gracias a la ENPOL supimos, por ejemplo, que solamente alrededor del 6% de la población penitenciaria son mujeres[10], representando un grupo minoritario cuya situación requiere un enfoque específico, pues muchas son madres o afrontan condiciones particulares de vulnerabilidad. También obtuvimos información sobre su perfil socioeconómico, niveles educativos, acceso a asistencia legal, estado de salud; por ejemplo, la ENPOL identificó a más de 1,100 personas privadas de la libertad viviendo con VIH,[11] de las cuales el 13.7% no toman medicamentos o reciben tratamientos,[12] datos cruciales para dimensionar las necesidades de salud y otros indicadores esenciales para diseñar políticas con enfoque de derechos.
El problema es que toda esta radiografía corresponde a 2021. Hoy, muchas de esas cifras podrían haber cambiado para bien o para mal, pero no lo sabemos, porque la ENPOL no se ha vuelto a levantar. Han pasado ya varios años y el Estado mexicano no ha dado continuidad a esta encuesta, incumpliendo en los hechos el mandato legal de generar información periódica sobre las cárceles. La ausencia de una ENPOL 2024 que idealmente ya deberíamos conocer es un grave retroceso. Equivale a que un médico deje de hacerle estudios a un paciente crítico; sin seguimiento, cualquier diagnóstico pierde vigencia. En términos de política pública, volamos sin instrumentos.
Urgencia de retomar la transparencia con enfoque de derechos
La situación es clara: sin datos no hay transparencia, y sin transparencia los derechos humanos de las personas privadas de la libertad quedan en la penumbra. En democracia, el Estado tiene la obligación de rendir cuentas sobre todos sus ámbitos de actuación y las prisiones no pueden ser la excepción. Más bien, por tratarse de instituciones donde el Estado ejerce un control casi total sobre las personas en contextos de vulnerabilidad, debería haber más escrutinio, no menos. Cada persona tras las rejas depende del Estado para garantizar sus derechos más básicos: vida, integridad, salud, debido proceso, reinserción social. Cuando el Estado oculta o deja de generar información sobre lo que ocurre puertas adentro, está fallando a esa obligación.
Retomar la ENPOL es una urgencia impostergable. No como un ejercicio aislado, sino como parte de una política sostenida de recopilación y publicación de datos penitenciarios con enfoque de derechos humanos. El próximo levantamiento de ENPOL debe ocurrir lo antes posible y luego institucionalizarse con una periodicidad clara. Asimismo, los Censos Nacionales de Sistema Penitenciario[13] que realiza el INEGI anualmente deben difundirse de manera accesible, y sus resultados debatirse públicamente. Información hay: desde las estadísticas mensuales de los órganos penitenciarios, hasta los censos y diagnósticos del INEGI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El problema es la falta de accesibilidad y actualidad de esa información para la ciudadanía. Por ello, es necesario que toda esta información se concentre en un portal público único, de fácil consulta, con datos abiertos, que permita visualizar indicadores clave de cada centro penitenciario: población, porcentaje sin sentencia, nivel de sobrepoblación, ratio de custodios por persona privada de libertad, acceso a servicios, etc. La tecnología y las leyes de transparencia existen para hacerlo; solo falta voluntad política.
Finalmente, cumplir con la transparencia no es solo publicar datos, sino usarlos para cambiar la realidad. De nada servirá tener la ENPOL 2025 si sus hallazgos no se traducen en políticas públicas efectivas. Necesitamos que las autoridades reconozcan las deficiencias evidenciadas por los datos y actúen en consecuencia: reducir la prisión preventiva innecesaria, mejorar la defensa pública, capacitar a policías para evitar tortura y abusos desde la detención, reforzar la salud dentro de los centros penitenciarios, erradicar la corrupción carcelaria y dignificar las condiciones de internamiento. Cada estadística dolorosa debe ser un llamado a la acción.
Es importante resaltar que la falta de datos sobre las personas privadas de la libertad ha sido una aliada de la insensibilidad y la violación de derechos humanos en México. Es hora de romper ese círculo vicioso de opacidad e impunidad. La ENPOL y demás instrumentos de información penitenciaria deben retomarse con fuerza, respaldados por presupuesto y compromiso político. Solo iluminando plenamente la situación de las prisiones, podremos avanzar hacia una verdadera rendición de cuentas en la gestión penitenciaria. Y solo con transparencia podremos garantizar que los derechos humanos no terminan donde inicia el muro de una prisión. Porque una sociedad se mide también por cómo trata y cómo visibiliza a quienes tiene bajo custodia. México no puede ni debe seguir gobernando sus cárceles a oscuras. Los datos pendientes son derechos pendientes y saldar esa deuda es impostergable.
*José Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es candidato a Doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México y Director General en ASILEGAL @AsíLegalMx.
[1] Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, febrero 2025, página 3. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/983275/CE_2025_02.pdf
[2] Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, febrero 2025, página 3.
[3] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 Principales Resultados, página 85. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf
[4] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021 Principales Resultados, página 88.
[5] Artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria. […] Por su parte, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad tendrá como finalidad generar información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las Personas privadas de su libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron procesados o sentenciados, entre otras características. Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, será de tipo probabilística, incluirá a población privada de la libertad tanto del fuero común como federal y será representativa a nivel nacional y estatal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará dicha Encuesta conforme a su presupuesto. Asimismo, los Centros Penitenciarios seleccionados en la muestra determinada para la Encuesta deberán brindar todas las facilidades al Instituto para realizar entrevistas directas a la población privada de la libertad.
[6] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021 Principales Resultados, página 63.
[7] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021 Principales Resultados, página 130.
[8] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021 Principales Resultados, página 143.
[9] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021 Principales Resultados, página 136.
[10] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021 Principales Resultados, página 12.
[11] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021. Tabulados>Estimaciones>Características sociodemográficas>1.78 Población privada de la libertad de 18 años y más por entidad federativa y tipo de enfermedades que le han sido diagnosticadas por algún médico. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/tabulados/i_caracteristicas_sociodemograficas_2021_est.xlsx
[12] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ENPOL 2021. Tabulados>Estimaciones>Características sociodemográficas>1.91 Población privada de la libertad de 18 años y más que ha sido diagnosticada por un médico con alguna enfermedad por entidad federativa, sexo y tipo de enfermedad, según condición de tomar medicamento o recibir algún tratamiento para la enfermedad actualmente. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/tabulados/i_caracteristicas_sociodemograficas_2021_est.xlsx
[13] El INEGI realiza el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (CNSIPEF) y el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE) de manera anual para generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño del sistema penitenciario federal y los sistemas penitenciarios estatales.
Los principales exportadores de automóviles a EU respondieron al anuncio del presidente Donald Trump de que impondrá aranceles del 25% a los vehículos extranjeros.
El gobierno alemán aseguró este jueves que “no cederá” ante la imposición de aranceles de 25% a los automóviles que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pidió a Europa “responder con firmeza” ante la medida de Washington.
La reacción de Berlín precedió a la respuesta de otras grandes economías mundiales y compañías que han lamentado el anuncio de los nuevos aranceles.
El gobierno de México -país que es el principal proveedor de vehículos para EE.UU., seguido de Corea del Sur, Japón, Canadá y Alemania- aseguró que buscará un trato “preferencial”.
Tras el anuncio de Trump, el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, afirmó este jueves: “Debe quedar claro que no cederemos ante Estados Unidos”.
“Tenemos que mostrar fuerza y confianza en nosotros mismos”, añadió, al tiempo que pidió a toda Europa “responder con firmeza” a la política arancelaria de Washington.
Poco después, Francia expresó que respalda este enfoque conjunto. Su ministro de Economía, Eric Lombard, dijo que la “única solución” para el bloque europeo es tomar represalias con aranceles sobre los productos estadounidenses.
“Nos encontramos en una situación en la que somos el blanco. O lo aceptamos, en cuyo caso esto no parará nunca, o respondemos”, afirmó Lombard.
Insistió en la necesidad de “reequilibrar el campo de juego” para que Estados Unidos se vea “obligado a negociar”.
Las posturas de México y Canadá
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su país espera un trato “preferencial” en la venta de automóviles y autopartes a EE.UU.
Sheinbaum citó la orden ejecutiva de Trump publicada por la Casa Blanca en la que se anuncia que habrá privilegios para los automóviles con “contenido de EE.UU.” que son fabricados bajo el acuerdo de libre comercio de Norteamérica.
“Los vehículos fabricados en México han ido incrementando sus componentes hechos en Norteamérica, por lo tanto tienen un mayor contenido de componentes fabricados en EE.UU.”, explicó por su parte el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard.
“Los vehículos que estamos exportando no tendrán un 25%, tendrán un descuento dependiendo la integración que tengan de componentes”. añadió.
Sheinbaum anunció que la próxima semana dará una “respuesta integral” a estos y otros aranceles que Trump prometió implementar a partir del 2 de abril.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó los aranceles de “ataque directo” a su país que “perjudicará” a la industria automotriz.
Explicó que revisará los detalles de la orden ejecutiva de Trump antes de tomar medidas recíprocas, pero calificó el aumento impositivo de injustificado y anunció que presidirá el comité especial del gobierno para revisar las relaciones con Estados Unidos.
“Defenderemos a nuestros trabajadores. Defenderemos a nuestras empresas. Defenderemos a nuestro país”, manifestó Carney.
Trump ha amenazado con imponer aranceles “mucho mayores” si Europa colabora con Canadá para hacer “daño económico” a Estados Unidos.
Otras respuestas del mundo
Desde Asia, el gobierno de Pekín acusó a Washington de violar las normas de la Organización Mundial del Comercio con la imposición arancelaria que ha promovido Trump desde que llegó a la Casa Blanca en enero.
“No hay ganadores en una guerra comercial ni en una guerra de aranceles. No se ha logrado el desarrollo y la prosperidad de ningún país imponiendo aranceles”, dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.
En Japón, el gobierno dijo de que habrá un “impacto significativo” en la relación económica que comparte con EE.UU. Un portavoz de Tokio describió las medidas como “extremadamente lamentables” y dijo que las autoridades han pedido a EE.UU. una exención.
En Reino Unido, el organismo de la industria del automóvil SMMT dijo que el anuncio de los aranceles de Trump el miércoles “no es sorprendente, pero sí decepcionante”.
El fundador de la firma de piezas automotrices Uniparts, John Neill, dijo que la medida de Trump era “un regalo para los chinos”, porque los consumidores internacionales responderían a una guerra comercial comprando alternativas chinas.
La automotriz Bosch, con sede en Alemania, afirmó que confía en el “potencial a largo plazo” del mercado norteamericano y que seguirá expandiendo su negocio allí.
A primera hora del jueves, las acciones de las automotrices alemanas Porsche, Mercedes y BMW cayeron en la bolsa de valores de Fránkfurt, al igual que las de la firma francesa Stellantis, fabricante de Jeep, Peugeot y Fiat.
¿Qué implican los aranceles?
Los nuevos aranceles a los automóviles entrarán en vigor el 2 de abril, informó Trump.
También habrá aranceles sobre las piezas automotrices importadas, pero estas tendrán impuestos a partir de mayo.
El año pasado, EE.UU. importó casi ocho millones de automóviles, con un valor de unos US$240.000 millones.
Los analistas han calculado que los aranceles sobre las piezas procedentes únicamente de Canadá y México podrían suponer un aumento de los precios de los automóviles de entre US$4.000 y US$10.000 en función del vehículo, según la firma Anderson Economic Group.
El presidente Trump sostiene desde hace tiempo que estos aranceles son parte de una campaña para ayudar a la manufactura hecha en EE.UU., y afirma que si los vehículos se fabrican localmente no tendrán que pagar “absolutamente ningún arancel”.
Los aranceles son impuestos que se aplican a los bienes importados desde otros países. En principio los impuestos son pagados al gobierno por las compañías, pero estas pueden optar por trasladar una parte o la totalidad de ese costo a los compradores.
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