La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados.  

El derecho olvidado

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El trabajo es un pilar fundamental dentro del modelo penitenciario en México. Como derecho humano y eje de la reinserción social, el trabajo tiene como propósito preparar a las personas que se encuentran en los centros penitenciarios para su reintegración al mercado laboral una vez obtenida su libertad. En pocas palabras, el trabajo se convierte en una herramienta indispensable para que las personas privadas de la libertad puedan reconstruir sus proyectos de vida fuera de prisión.
No obstante, la <a href="https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2025/2/13/propone-pan-en-congreso-cdmx-trabajo-obligatorio-para-personas-encarceladas-676118.html" target="_blank" rel="noopener">propuesta presentada el pasado 13 de febrero</a> en el Congreso de la Ciudad de México parece olvidarse de esto, buscando reforzar los estigmas y prejuicios arraigados a las personas en conflicto con la ley penal.
Lejos de abordar los problemas estructurales del sistema penitenciario, la iniciativa para reformar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social en la Ciudad de México  —una ley que, vale la pena recordar, ya ha sido abrogada— promueve un esquema de trabajo obligatorio para las personas privadas de la libertad, condicionando su alimentación a las actividades laborales que realicen al interior de los centros penitenciarios.
El desconocimiento del contexto penitenciario es evidente en la propuesta, que parte de la premisa de que la disciplina férrea y el trabajo forzado contribuirán a la reinserción social. La realidad laboral de los centros penitenciarios en México es otra. El entorno laboral en las prisiones se caracteriza por la falta de capacitación adecuada, salarios extremadamente bajos y la ausencia de prestaciones laborales. También, las oportunidades de trabajo suelen estar controladas por un pequeño grupo de personas que poseen los medios de producción, dejando en desventaja a quienes no tienen recursos para adquirir sus propias herramientas o materiales. Esto genera un sistema desigual en el que el acceso al empleo es limitado, especialmente para personas de grupos en situación de vulnerabilidad, además de esquemas de autogobierno o cogobierno. A todo esto se suma la falta de infraestructura adecuada y la inexistencia de una estructura organizativa que facilite el trabajo productivo al interior de las prisiones.
Esta propuesta termina ignorando que en el 48.3 % de los centros estatales hay insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> así como que la mayoría de trabajos disponibles al interior de los centros penitenciarios son inaccesibles o inadecuados para la población en contextos de reclusión. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Por esta razón, obligar a las personas privadas de la libertad a trabajar sin garantías adecuadas no resuelve estos problemas, sino que los agrava, trasladando la responsabilidad del Estado a las personas bajo su custodia.
La propuesta da pauta para la introducción de un esquema de explotación laboral sin salvaguardas suficientes, lo que podría derivar en trabajo forzado bajo una fachada de productividad penitenciaria, conforme a lo establecido por el <a href="https://docs.un.org/es/A/HRC/57/46" target="_blank" rel="noopener">Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias</a>. No se establecen parámetros claros de remuneración ni mecanismos de supervisión que garanticen que el trabajo dentro de los centros penitenciarios no derive en una forma moderna de esclavitud. Por ello, la propuesta no solo no establece medidas para evitar estos abusos, sino que fomenta un modelo en el que el trabajo deja de ser una herramienta de reinserción para convertirse en un método de castigo y control.
El desconocimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos es otro punto álgido dentro de la propuesta. La iniciativa parte de la idea errónea de que las personas privadas de la libertad deben saldar una &#8220;deuda con la sociedad&#8221; a través del trabajo, ignorando que es el Estado quien debe garantizar condiciones dignas en los centros de reclusión. La propuesta abre la puerta a la mercantilización del trabajo penitenciario, trasladando la carga económica de la prisión a la población penitenciaria en lugar de asegurar un sistema que realmente facilite su reinserción efectiva. Además, al forzar el trabajo sin asegurar condiciones laborales adecuadas ni reconocer derechos mínimos, se vulneran disposiciones internacionales como el <a href="https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312174" target="_blank" rel="noopener">Convenio 29 de la OIT</a> sobre el trabajo forzoso y otras normativas que buscan erradicar la explotación laboral dentro de los sistemas penitenciarios.
Esta iniciativa, presentada por la diputada América Rangel, tampoco cuenta con fundamento teórico y jurídico adecuado. Su redacción y argumentos reflejan un profundo desconocimiento de los marcos jurídicos nacionales e internacionales en materia de ejecución penal y derechos humanos. En lugar de articularse sobre bases jurídicas sólidas y estudios empíricos, el documento propone medidas regresivas que retroceden a esquemas de castigo en lugar de apostar por una verdadera política de reinserción social. Además, se observa una insistente intención de revivir los modelos de regeneración moral (que veían a las personas como malignas y desviadas) y de readaptación social (que veían a las personas privadas de libertad como enfermas que delinquen), los cuales han sido superados por la concepción actual de reinserción social, desatendiendo los avances normativos y las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
El modelo de reinserción social busca dotar a las personas privadas de la libertad de herramientas para reconstruir su vida una vez que recuperen su libertad. Sin embargo, la iniciativa parece desconocer este objetivo y plantea un sistema de trabajo obligatorio que no responde a las necesidades reales de la población penitenciaria. Sin educación, salud y condiciones adecuadas, el trabajo se convierte en un castigo más que en una oportunidad de reinserción.
Finalmente, el riesgo de replicar modelos penitenciarios autoritarios o que privilegian la seguridad y el control frente a los derechos humanos es algo de lo que también adolece esta iniciativa. La lógica del castigo extremo ha sido utilizada en algunos países como una solución rápida a la crisis de seguridad, pero ha demostrado ser <a href="https://www.hrw.org/es/report/2022/12/07/podemos-detener-quien-queramos/violaciones-generalizadas-de-derechos-humanos#https://www.hrw.org/es/report/2022/12/07/podemos-detener-quien-queramos/violaciones-generalizadas-de-derechos-humanos" target="_blank" rel="noopener">insostenible y altamente violatoria de derechos humanos</a>. En lugar de adoptar medidas punitivas que refuerzan la exclusión y la criminalización, es fundamental impulsar reformas que garanticen la dignidad y los derechos de las personas privadas de la libertad, promoviendo un modelo de justicia que priorice la reinserción sobre el castigo.
Afortunadamente, la falta absoluta de técnica legislativa juega en contra de esta iniciativa. En 2016 la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social en la Ciudad de México quedó abrogada por la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf#page=73" target="_blank" rel="noopener">Ley Nacional de Ejecución Penal</a>, por lo que esta propuesta legislativa es solo un intento estéril de fomentar estigmas y prejuicios contra la población privada de la libertad. Sin embargo, esta iniciativa debe alertarnos para poner una mirada crítica a las acciones superficiales que, más allá de abonar a una optimización del trabajo penitenciario, buscan ser regresivas con los derechos de las personas privadas de la libertad.
El verdadero reto del sistema penitenciario no es la falta de trabajo obligatorio, sino la ausencia de políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales del delito y la reincidencia. Antes de impulsar reformas basadas en prejuicios, es necesario generar un debate serio e informado que permita construir soluciones reales, respetuosas de los derechos humanos y eficaces en la transformación del sistema de justicia y ejecución penal.
* José Luis Gutiérrez Román es director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cristopher Alexis Sánchez Islas es coordinador del Área de Defensa Integral de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) y Representante del Sector de Personas Privadas de la Libertad en el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación del Estado de México.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> CNDH, DNSP 2024, p. 383, disponible <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-12/DNSP_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> CNDH, Recomendación general 38/2019, disponible<a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/Rec-38-gral.pdf" target="_blank" rel="noopener"> aquí</a>.

Trabajo forzado en prisiones: análisis de una propuesta regresiva

<figure id="attachment_1450431" aria-describedby="caption-attachment-1450431" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1450431" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/elecciones-en-prision-1.jpg" alt="Centro de votación en una prisión en México." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/elecciones-en-prision-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/elecciones-en-prision-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/elecciones-en-prision-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/elecciones-en-prision-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1450431" class="wp-caption-text">Foto: José Luis Gutiérrez Román.</figcaption></figure>
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El camino hacia la inclusión electoral de las personas en prisión preventiva ha sido largo y lleno de obstáculos. Fue en 2019 cuando el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución histórica que reconoció el derecho al voto de las personas que, a pesar de estar privadas de su libertad, no habían sido sentenciadas. Esta decisión, basada en el principio de presunción de inocencia, marcó un precedente al establecer que, mientras no exista una sentencia condenatoria, estas personas conservan sus derechos político-electorales, incluyendo el sufragio. Este fallo reconoció el derecho al voto en prisión preventiva y también obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las autoridades penitenciarias a desarrollar mecanismos que hicieran posible la emisión del voto desde la prisión.
El informe de ASILEGAL, titulado <a href="https://drive.google.com/file/d/18ghYzIcyV0I6s5yVrqFGz-Km7Zy_ShB3/view" target="_blank" rel="noopener">&#8220;Derecho al voto de las personas en prisión preventiva en los estados de Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México y Estado de México&#8221;,</a> ofrece un análisis profundo de los avances y desafíos en la implementación de este derecho en los procesos electorales de 2021, 2022 y 2023. A través de programas piloto en estas cuatro entidades federativas, se intentó poner en práctica lo dispuesto por el TEPJF, con resultados que evidencian tanto los logros como las áreas de oportunidad.
Los programas piloto representaron un avance significativo al permitir que algunas personas en prisión preventiva pudieran votar por primera vez. No obstante, la implementación de estos programas estuvo lejos de ser perfecta. Uno de los principales obstáculos identificados fue la falta de acceso a información sobre las personas candidatas y sus propuestas. En los centros penitenciarios, el flujo de información es limitado, lo que impide a las personas votantes conocer a fondo a quienes aspiran a ocupar cargos de representación popular. Además, muchos centros carecen de los recursos necesarios para garantizar que la jornada electoral se lleve a cabo en condiciones óptimas. La escasez de personal capacitado para facilitar el proceso, la falta de infraestructura adecuada para la instalación de casillas y la insuficiente coordinación entre las autoridades electorales y penitenciarias fueron algunos de los problemas detectados.
El informe detalla cómo, en las elecciones de 2021, 2022 y 2023, la implementación del voto en prisión preventiva fue limitada a ciertos centros penitenciarios, dejando fuera a un gran número de personas elegibles para votar. Esta situación refuerza la desigualdad y la exclusión de un sector de la población que, por estar en una situación de vulnerabilidad, debería recibir una atención diferenciada y con ajustes razonables por parte del Estado. A pesar de estos retos, el informe reconoce que los programas piloto sentaron las bases para futuras implementaciones y ofrecieron importantes lecciones sobre cómo mejorar el proceso.
Uno de los puntos más destacados del informe de ASILEGAL relacionado con las elecciones del 2024 es la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional. Si bien el INE ha trabajado en la creación de listas nominales específicas y en la instalación de casillas dentro de los centros penitenciarios, estas acciones son insuficientes si no cuentan con el apoyo total de las autoridades penitenciarias. La colaboración entre ambas instituciones es esencial para garantizar que las personas en prisión preventiva puedan ejercitar su derecho al voto de manera plena. Además, se hace un llamado a las autoridades electorales para que diseñen y pongan en marcha campañas informativas dentro de los centros penitenciarios, que permitan a las personas privadas de libertad tomar decisiones informadas al momento de votar.
<figure id="attachment_1450432" aria-describedby="caption-attachment-1450432" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1450432" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/elecciones-en-prision-2.jpg" alt="Dos presos votan en el proceso electoral 2024." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/elecciones-en-prision-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/elecciones-en-prision-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/elecciones-en-prision-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/elecciones-en-prision-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1450432" class="wp-caption-text">Foto: José Luis Gutiérrez Román.</figcaption></figure>
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El informe subraya que el derecho al voto no es solo un derecho político, sino una herramienta crucial para la reinserción social de las personas privadas de libertad. Al permitirles participar en el proceso democrático, se refuerza su sentido de pertenencia a la sociedad y se les ofrece una oportunidad para ejercitar sus derechos como ciudadanas y ciudadanos. Esta inclusión fortalece la democracia y además contribuye a reducir la marginación de este grupo, que a menudo proviene de sectores en situación de vulnerabilidad económica y social.
El reconocimiento del derecho al voto para las personas en prisión preventiva representa un avance en la protección de los derechos humanos en México, pero aún queda un largo camino por recorrer. Los desafíos logísticos, administrativos y estructurales que impiden la plena implementación de este derecho deben ser superados para garantizar una democracia incluyente. Como bien señala el informe, la exclusión de este sector de la población refuerza su invisibilización y vulnerabilidad. Permitir su participación en los procesos electorales es un paso fundamental hacia una sociedad más justa y equitativa.
Es crucial que las autoridades mexicanas continúen trabajando para que el voto de las personas en prisión preventiva sea una realidad en todo el país. Los avances logrados hasta ahora deben consolidarse y expandirse, asegurando que todas las personas, independientemente de su situación jurídica, puedan ejercitar plenamente sus derechos político-electorales. Solo así podremos construir una democracia en la que todas las voces, sin importar de dónde provengan, sean escuchadas y tomadas en cuenta.
* José Luis Gutiérrez Román (<a href="https://twitter.com/JLuisASILEGAL" target="_blank" rel="noopener">@JLuisASILEGAL</a>) es candidato a Doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México y Director General en ASILEGAL <a href="https://twitter.com/AsilegalMx" target="_blank" rel="noopener">@AsíLegalMx</a>.

Análisis de la jornada electoral: el voto desde la prisión y su impacto en la democracia mexicana

De acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional de enero 2024, emitido por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en México existen 232,829 personas privadas de libertad, de las cuales 13,297 son mujeres. La población privada de libertad se alberga en 285 centros penitenciarios, de los cuales 22 son femeniles y 90 son mixtos. En el inmenso sistema penitenciario mexicano, las mujeres enfrentan un panorama complejo que refleja la realidad de un sistema diseñado predominantemente para hombres. Las cárceles mixtas, donde conviven mujeres y hombres, plantean problemáticas específicas para las mujeres que cumplen una sentencia. En este entorno, la falta de servicios que promuevan la reinserción social se ha convertido en una asignatura pendiente, un déficit que pone de manifiesto la necesidad urgente de repensar y reformar el sistema penitenciario en México.
La realidad es que las cárceles mixtas presentan un escenario donde las mujeres no solo comparten espacios con hombres, sino que también enfrentan una serie de desigualdades de género. La atención a las necesidades específicas de las mujeres, desde la atención médica hasta las oportunidades educativas, es limitada en comparación con la ofrecida a los hombres privados de libertad. Este desequilibrio refleja una adhesión ciega al modelo penitenciario existente, sin tomar en cuenta las diferencias fundamentales que existen entre la experiencia de encarcelamiento de mujeres y hombres.
Diversas instancias nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos han emitido informes que subrayan estas desigualdades y proponen recomendaciones clave para mejorar la situación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas han instado a las autoridades mexicanas a tomar medidas concretas para abordar estos problemas.
Entre las recomendaciones destacadas se encuentran la creación de instalaciones específicas para mujeres, garantizando su seguridad y protegiendo su integridad física y emocional. Además, se destaca la importancia de proporcionar servicios de salud adaptados a las necesidades particulares de las mujeres, incluidos programas de atención a la salud mental y reproductiva. La implementación de programas educativos y laborales que promuevan habilidades y capacitación para el empleo también figura entre las recomendaciones.
En el sistema penitenciario mexicano, las mujeres privadas de libertad enfrentan una serie de problemáticas que se ven exacerbadas al encontrarse en centros penitenciarios mixtos, compartiendo instalaciones con población masculina. Una de las problemáticas fundamentales radica en la falta de infraestructuras específicas para atender las necesidades de las mujeres, desde cuestiones de seguridad hasta servicios médicos y de higiene. Esta carencia estructural se agrava en entornos mixtos, donde las instalaciones suelen estar diseñadas priorizando las necesidades de la población varonil, dejando a las mujeres en una posición de desventaja y vulnerabilidad.
Además, la discriminación de género se manifiesta de manera clara en la distribución de recursos y oportunidades en los centros penitenciarios mixtos. Los programas de salud, educación, capacitación y empleo tienden a favorecer a la población masculina, relegando a las mujeres a un segundo plano. Esta discriminación dificulta el acceso equitativo a servicios esenciales y oportunidades de desarrollo, perpetuando las desigualdades de género ya presentes en la sociedad.
Otro aspecto crítico es la violencia de género que se experimenta con mayor frecuencia en entornos penitenciarios mixtos. La coexistencia de hombres y mujeres en un mismo espacio propicia situaciones de abuso, acoso y violencia sexual, contribuyendo a un ambiente hostil que obstaculiza el bienestar y la reinserción de las mujeres privadas de libertad. En este contexto, las instituciones penitenciarias enfrentan el reto crucial de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos de las mujeres, independientemente de su situación de privación de libertad.
Atender estas recomendaciones implica un cambio profundo en la mentalidad de las autoridades penitenciarias y corresponsables con la reinserción social. La creación de centros penitenciarios exclusivos para mujeres permitiría adaptar los servicios a sus necesidades específicas y reducir las desigualdades de género que persisten en los centros mixtos. La capacitación del personal penitenciario en cuestiones de género y la sensibilización sobre las experiencias particulares de las mujeres en prisión también son esenciales para mejorar la calidad de la atención.
La inversión en programas educativos y laborales específicos para mujeres no solo fomentaría su desarrollo personal, sino que también les proporcionaría las herramientas necesarias para reinsertarlas a la sociedad. Al abordar las necesidades particulares de las mujeres en el sistema penitenciario, se promovería una verdadera reinserción social, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
En conclusión, la situación de las mujeres en el sistema penitenciario mexicano refleja la necesidad urgente de cambios sustanciales. Atender las recomendaciones de instancias nacionales e internacionales no solo es esencial para garantizar los derechos humanos básicos, sino que también representa una oportunidad para construir un sistema penitenciario más justo, inclusivo y orientado hacia la verdadera reinserción social.
* José Luis Gutiérrez Román (<a href="https://twitter.com/JLuisASILEGAL" target="_blank" rel="noopener">@JLuisASILEGAL</a>) es doctorante del Programa de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y director general de ASILEGAL.

Las mujeres en el laberinto penintenciario mexicano: entre la adhesión y la ausencia

La violencia institucional hacia las mujeres, especialmente aquellas que han sido acusadas injustamente de homicidio en razón de parentesco, es un tema crucial en la lucha por los derechos humanos de las mujeres. El caso de Melina, quien fue condenada a 18 años de prisión por un parto fortuito, destaca la necesidad de revisar y corregir casos de injusticia social mediante la aplicación de amnistía.
El 3 de octubre de 2015, Melina vivió una experiencia traumática al ser acusada de homicidio agravado en razón de parentesco por un parto fortuito. La falta de comprensión y sensibilidad por parte de los organismos de procuración y administración de justicia la llevó a enfrentar una condena injusta. La historia de Melina refleja la urgente necesidad de reformar el sistema legal y reconocer las injusticias cometidas en nombre de la justicia.
Melina, tras expulsar involuntariamente el producto de su embarazo, se convirtió en víctima de violencia obstétrica e institucional. El personal médico la sometió a procedimientos innecesarios y la culpó injustamente, exacerbando su sufrimiento. Durante el proceso legal, los agentes de policía la acosaron, coaccionaron y la etiquetaron como una mala madre. Esta violencia de género perpetuada por las autoridades contribuyó a la vulnerabilidad de Melina y la presión para aceptar una condena injusta.
Los defensores públicos asignados a Melina no la representaron adecuadamente, forzándola a aceptar una responsabilidad que no le correspondía. La falta de garantías en la defensa técnica y la presión para aceptar un procedimiento abreviado marcaron el camino hacia una sentencia injusta.
En el mes de octubre del 2023, ASILEGAL sometió el caso de Melina a la reciente Comisión de Amnistía del estado de Baja California, alegando la violencia de género, institucional y obstétrica que sufrió, en un proceso judicial injusto que la criminalizó por haber sido víctima de un parto fortuito y acusada por homicidio agravado en razón de parentesco, por lo que fue sentencia a 18 años de prisión de los 32 que le pondrían si no aceptaba un juicio abreviado que implicaba aceptar la responsabilidad y su participación en la comisión del “delito”.
El 15 de febrero de 2024, la Comisión de Amnistía del Estado de Baja California reconoció la injusticia sufrida por Melina y emitió un dictamen de procedencia, pues se cumplía con los requisitos establecidos por la Ley de Amnistía del Estado de Baja California. Este dictamen reconoció las vulneraciones a las que en el momento de su detención y hasta la sentencia fue víctima Melina.
El 16 de febrero del 2024, y tras más de 8 años en prisión, el juez especializado en ejecución otorgó la libertad a Melina, marcando un hito en la reparación de la violencia institucional.
La amnistía concedida a Melina es un paso crucial hacia el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad injustamente. Este caso destaca la necesidad de revisar y corregir casos similares, subrayando la importancia de una justicia social que reconozca y repare las fallas del sistema. La sociedad debe abogar por la erradicación de prejuicios y estereotipos, promoviendo la equidad y la dignidad para todas las mujeres.
La importancia de abordar el caso de Melina desde una perspectiva de género es fundamental para comprender las complejidades y desafíos que enfrentan las mujeres en el sistema de justicia. La violencia institucional y la falta de sensibilidad hacia las experiencias de las mujeres son aspectos críticos que deben abordarse con un enfoque de género.
En el caso de Melina, la falta de comprensión sobre la biología de las mujeres, la estigmatización de los procesos naturales del cuerpo y la imposición de estereotipos de género contribuyeron a la condena injusta que enfrentó. La aplicación de esta perspectiva hubiera permitido reconocer y cuestionar los prejuicios arraigados en la sociedad y en las instituciones, evitando así que Melina fuera víctima de violencia obstétrica, institucional y de género.
La aplicación de dicho enfoque en el proceso legal habría tenido en cuenta las circunstancias específicas de Melina, considerando factores como la falta de información sobre su embarazo, la presión social que inhibe a las mujeres para hablar abiertamente sobre su salud reproductiva, y la necesidad de un enfoque más comprensivo en lugar de prejuicioso. Además, habría permitido cuestionar los comentarios y actitudes discriminatorias por parte del personal médico y los agentes de policía, reconociendo el impacto desproporcionado de la violencia de género en el caso.
En consecuencia, la perspectiva de género no solo hubiera contribuido a evitar una condena injusta para Melina, sino que también habría sentado un precedente importante para la revisión crítica de otros casos en los que las mujeres son juzgadas injustamente debido a estereotipos de género arraigados. Este enfoque es esencial para lograr un sistema de justicia equitativo que respete y proteja los derechos de las mujeres, reconociendo y abordando las desigualdades sistémicas que persisten en la sociedad.
La liberación de Melina, tras la concesión de amnistía por parte del estado de Baja California, marca un hito significativo en la búsqueda de justicia para las mujeres víctimas de violencia de género institucionalizada. Este caso, emblemático en muchos sentidos, representa la primera vez que el estado de Baja California reconoce y rectifica una condena injusta a través de la amnistía.
Baja California, al otorgar la amnistía a Melina, confronta la necesidad imperante de reformar profundamente sus instituciones de procuración y administración de justicia. La violencia de género, que permea de manera alarmante en estos órganos, ha sido evidenciada a través del caso de Melina, resaltando la urgencia de cambiar paradigmas y prejuicios arraigados que han perpetuado la injusticia.
Es importante reconocer el incansable trabajo de ASILEGAL, cuya dedicación y esfuerzo fueron cruciales para visibilizar y enfrentar los obstáculos que surgieron en el camino hacia la libertad de Melina. Su labor destaca la importancia de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la lucha contra la violencia de género institucionalizada, mostrando que el litigio estratégico es una herramienta poderosa para el cambio.
El caso de Melina Rodríguez Rivera no solo representa una victoria individual, sino un llamado de atención a nivel estatal y nacional. La liberación de Melina debe ser el punto de partida para transformar un sistema legal que ha fallado repetidamente a las mujeres. Este momento trascendental exige un compromiso continuo con la justicia de género y la erradicación de la violencia institucionalizada, asegurando que casos como este no se repitan y que la equidad prevalezca en todos los niveles de la administración de justicia en Baja California y más allá.
* José Luis Gutiérrez Román (<a href="https://twitter.com/JLuisASILEGAL" target="_blank" rel="noopener">@JLuisASILEGAL</a>) es Doctorante del Programa de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y director general de ASILEGAL.

Juzgar con perspectiva de género un asunto de justicia social: el caso de Melina

En el 2024, México se encuentra ante un cambio trascendental en su historia electoral y penitenciaria. Más de 90,000 personas privadas de libertad en el sistema penitenciario mexicano tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto por primera vez. Este hito monumental no es una concesión, sino una conquista, arraigada en una sentencia de la Sala Regional que reconoció la importancia de otorgar este derecho a aquellos en prisión preventiva. A través del programa piloto implementado durante elecciones intermedias, la Federación y estados como Estado de México e Hidalgo allanaron el camino hacia la materialización de este derecho fundamental.
Esta sentencia de la sala regional resonará en la justicia mexicana, ya que aborda la cuestión del sufragio de las personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario mexicano y establece un precedente importante sobre la consideración de sus derechos humanos.
La Sala Regional rreconoció la existencia de derechos inherentes a las personas en prisión preventiva, apuntando hacia la necesidad de implementar programa piloto. Estos programas, llevados a cabo en algunos estados, demostraron la viabilidad y la importancia de garantizar este derecho. En este sentido, la Federación, Estado de México e Hidalgo se destacan como pioneros al haber realizado implementaciones exitosas, sentando precedentes para un cambio significativo en la participación electoral de quienes están privados de su libertad.
La concesión del derecho al voto a personas en prisión preventiva no es simplemente una victoria legal, sino que representa un paso crucial hacia la consolidación del modelo de reinserción social en el sistema penitenciario mexicano. Ya que reconoce a estas personas  como sujetas de derechos, recalcando la importancia de tratarlas con dignidad y respeto, incluso en el contexto de su encarcelamiento.
Este derecho al voto se convierte, así, en una herramienta poderosa para fomentar la reinserción social. La participación en el proceso electoral es un acto de empoderamiento individual y también establece un puente crucial entre el individuo y la sociedad. Al permitir que las personas en prisión ejerzan su derecho al voto, se les ofrece la oportunidad de conectarse con el mundo exterior, reafirmando así su pertenencia a la sociedad y su capacidad para contribuir positivamente.
2024 se presenta como un periodo de retos importantes para las autoridades electorales y penitenciarias. La implementación efectiva de este derecho recién adquirido requerirá esfuerzos coordinados y un enfoque integral. Por ello, es importante establecer medidas que aseguren la participación activa y significativa de las personas privadas de libertad en prisión preventiva en este proceso electoral, garantizando que su voz sea escuchada y respetada.
Además, es esencial abordar las posibles resistencias y desafíos logísticos que puedan surgir en la aplicación de este derecho. La capacitación adecuada de personal penitenciario y la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de este cambio son pasos esenciales para superar las barreras que podrían surgir en este camino hacia la inclusión.
La participación en el proceso electoral no solo representa un ejercicio de derechos cívicos, es además una afirmación de la humanidad y la capacidad de cambio de quienes están en conflicto con la ley penal. La experiencia de los sistemas penitenciarios de los estados como Hidalgo y Estado de México, así como la Federación, nos muestra que este derecho puede ser implementado de manera efectiva y contribuir significativamente a la reinserción social.
El año 2024 se presenta como un año de transformación en términos de derechos electorales, en la manera en que la sociedad y las autoridades penitenciarias perciben y tratan a las personas en prisión preventiva y en pasos hacia la reinserción social. Por ello, se hace un llamado a la acción para construir un sistema más humano, empático y efectivo, reconociendo que la verdadera reinserción va más allá de privación de la libertad, la reinserción va hacia una integración plena de las personas en la sociedad.
* José Luis Gutiérrez Román (<a href="https://twitter.com/JLuisASILEGAL" target="_blank" rel="noopener">@JLuisASILEGAL</a>) es Doctorante del Programa de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y director general de ASILEGAL.

El derecho al voto de las personas privadas de libertad en prisión preventiva y sus implicaciones en la reinserción social

El derecho al voto de las personas privadas de libertad en prisión preventiva

El sistema penitenciario en México enfrenta una serie de retos que impactan negativamente en la salud mental y bienestar de las personas privadas de libertad. Esta problemática adquiere una dimensión más crítica cuando se evidencia que algunas de estas personas llegan a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Por ello es importante explorar las diversas dificultades que enfrentan las personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario mexicano y cómo estás pueden contribuir al aumento de las tasas de suicidio, según lo señalado por el relator sobre ejecuciones extrajudiciales en su informe sobre <a href="https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5329-deaths-prisons-report-special-rapporteur-extrajudicial-summary" target="_blank" rel="noopener">Muertes en Prisión del 18 de abril de 2023</a>.
En dicho informe el relator menciona que las autoridades penitenciarias de los Estados tienen diversas obligaciones para la prevención del suicidio. La construcción de programas de evaluación de salud mental para personas recluidas, la identificación de riesgos de suicidio y factores de vulnerabilidad en las personas que ingresan a prisión, la provisión de apoyo adecuado de prevención de suicidios durante y posterior a la compurgación de la pena, la inaplicación de métodos que fomentan el suicidio.
No obstante, estos estándares no están materializados en la realidad. El sistema penitenciario mexicano enfrenta problemas estructurales que afectan la calidad de vida de las personas que están privadas de libertad. Hacinamiento, <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/el-derecho-olvidado/la-mano-dura-frente-al-crimen-ha-sobrepoblado-las-carceles-de-impunidad" target="_blank" rel="noopener">sobre población</a>, <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/el-derecho-olvidado/autogobierno-y-cogobierno-problemas-estructurales-del-sistema-penitenciario">autogobierno</a>, cogobierno, falta de acceso a servicios básicos como atención médica y psicológicas, entre otras ya documentadas tanto por organizaciones de la sociedad civil como por los propios mecanismos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos. Estas condiciones crean un entorno propicio para el deterioro de la salud mental de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, la atención a la salud mental en el sistema penitenciario mexicano es aún una asignatura pendiente, pues es insuficiente, de mala calidad y en la gran mayoría carente de seguimiento. La escasez de profesionales de la salud mental que laboren dentro de los centros penitenciarios, la falta de programas de reinserción efectivos y la estigmatización de los problemas de salud mental contribuyen al aumento de la angustia psicológica entre la población privada de libertad.
Por otro lado, <a href="https://asilegal.org.mx/lanzamiento-micrositio-violentometro-penitenciario-y-enfrentamiento-a-la-violencia-en-el-sistema-penitenciario-mexicano/" target="_blank" rel="noopener">la violencia entre la población privada de libertad</a>, así como la amenaza constante de abusos por parte de personal penitenciario, contribuye significativamente al estrés y la ansiedad de las personas privadas de libertad. La falta de medidas efectivas para prevenir y abordar estas situaciones crea un entorno hostil que puede desencadenar el deseo de escapar a través del suicidio.
A pesar de las señales de alerta y los indicadores de riesgo, el sistema penitenciario mexicano a menudo falla en identificar y abordar a tiempo a aquellas personas privadas de libertad en mayor riesgo de suicidio. Si a esto le sumamos la falta de capacitación del personal penitenciario en la detección de problemas de salud mental y la ausencia de la aplicación de protocolos para la intervención, es claro que se contribuyen a esta desatención.
Según el informe <a href="https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5329-deaths-prisons-report-special-rapporteur-extrajudicial-summary" target="_blank" rel="noopener">muertes en prisiones</a> del relator sobre ejecuciones extrajudiciales, se establece que los sistemas penitenciarios deben asumir responsabilidad por las muertes en custodia, incluyendo los suicidios. La falta de medidas adecuadas para prevenir estos incidentes y la negligencia en la atención a la salud mental de las personas privadas de libertad hacen que el sistema penitenciario mexicano sea corresponsable de esta situación.
La problemática que enfrentan las personas privadas de libertad en los sistemas penitenciarios mexicanos es grave y multifacética. Las condiciones precarias, la falta de atención a la salud mental, la violencia y el menosprecio de los indicadores de riesgo contribuyen al aumento de los casos de suicidio. Es importante que el sistema penitenciario mexicano y las autoridades corresponsables asuma su responsabilidad en la prevención de estas tragedias, implementando medidas efectivas para abordar las malas condiciones y mejorar la atención a la salud mental de la población privada de libertad.
Basta recordar que de acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcertado de Prevención y Readaptación Social, en sus cuadernos de estadística penitenciaria, sistematizados por ASILEGAL en el <a href="https://asilegal.org.mx/prensa/micrositios/violentometro-2010-2023/" target="_blank" rel="noopener">Violentometro Penitenciario</a>, entre 2018 y hasta noviembre 2023 se registraron 397 suicidios, encabezando la lista Sonora con 46, Ciudad de México con 34, Chihuahua con 27, Jalisco y san Luis Potosí con 25 e Hidalgo con 23, sin embargo, estos datos públicos no se encuentran segregados por género por lo que no queda claro cuantas de estas personas pertenecían al género femenino, masculino, no binaria o cualquier otra identidad.
La anterior situación ha deparado en varias recomendaciones como la <a href="https://www.derechoshumanosoaxaca.org/recomendaciones/general/recomendacion-gen-2022-01-fin.pdf" target="_blank" rel="noopener">recomendación general 01/2022</a> emitida por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la cual documentó que 19 personas que se encontraban privadas de libertad en cárceles municipales y centros de detención del estado de Oaxaca habían fallecido en circunstancias preocupantes. En algunos de estos casos, las autoridades informaron que la causa del fallecimiento era asfixia por ahorcamiento, lo que se interpretaba como un suicidio. Sin embargo, de acuerdo con el contenido de la recomendación, las autopsias realizadas con posterioridad indicaban que había signos de violencia. En la recomendación, se hace referencia a 19 casos en los que las circunstancias en las que sucedieron los hechos resultan lo suficientemente sospechosas para que la DDHPO empezara una investigación al respecto.
Por otro lado, recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-01/REC_276-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">recomendación 276/2023</a>, ya que el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 16 ha sido el epicentro de una preocupante ola de suicidios que ha conmocionado a la sociedad mexicana. Por dicha razón, CNDH emitió un comunicado de prensa, señalando la gravedad de la situación y exigiendo acciones inmediatas para abordar las problemáticas que enfrentan las mujeres privadas de libertad en este centro penitenciario. La CNDH, ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar los riesgos suicidas que acechan a las mujeres privadas de libertad en este centro penitenciario. Es importante que las autoridades penitenciarias y corresponsables respondan de manera inmediata y eficaz, implementando medidas que aborden no solo las consecuencias, sino también las causas profundas que conducen a situaciones tan extremas.
La problemática que enfrentan las personas privadas de libertad en los sistemas penitenciarios mexicanos es grave y multifacética. Las condiciones precarias, la falta de atención a la salud mental, la violencia y el menosprecio de los indicadores de riesgo contribuyen al aumento de los casos de suicidio. Es importante que el sistema penitenciario mexicano y las autoridades corresponsables asuman su responsabilidad en la prevención de estas tragedias, implementando medidas efectivas para abordar las malas condiciones y mejorar la atención a la salud mental de la población privada de libertad.
Las acciones que deben hacer las autoridades penitenciarias no solo se deben de basar en el deber moral de proteger los derechos humanos, sino también en la necesidad urgente de prevenir más pérdidas de vidas. Las autoridades penitenciarias y corresponsables tienen la responsabilidad necesaria de abordar estas problemáticas de manera inmediata y efectiva. La sociedad mexicana no puede permitirse mirar hacia otro lado mientras la población privada de libertad enfrenta condiciones inhumanas y riesgos suicidas. Es tiempo de exigir cambios significativos en el sistema penitenciario, priorizando la salud mental, la dignidad y la reinserción social de las personas privadas de libertad.
* José Luis Gutiérrez Román <a href="https://twitter.com/JLuisASILEGAL" target="_blank" rel="noopener">(@JLuisASILEGAL</a>) es Doctorante del Programa de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y director general de ASILEGAL.

Muerte en prisiones: responsabilidad del Sistema Penitenciario en los suicidios de las personas privadas de la libertad

Responsabilidad del Sistema Penitenciario en los suicidios de las personas privadas de la libertad

En la penumbra de las celdas, donde las historias se entrelazan con el eco de las rejas, surge un grito silencioso que clama por justicia y dignidad. El sistema penitenciario, con sus complejidades y desafíos, destaca un derecho olvidado que requiere urgente atención: la supervisión diligente de las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad por parte de los jueces de ejecución. Este derecho, anidado en la esencia misma de la dignidad humana, se convierte en la brújula moral que guía el actuar de quienes tienen en sus manos el poder de asegurar que la pena se ejecute con respeto irrestricto a los derechos humanos.
El artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) se presenta como un faro que, aunque parpadeante, ilumina el camino hacia una corresponsabilidad con la reinserción social, que transforme las realidades carcelarias. En su esencia, este artículo demanda una coordinación interinstitucional que permita que de manera conjunta el sistema penitenciario, el poder judicial y las autoridades corresponsables se involucren para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario mexicano. La pregunta que debemos formularnos es clara y urgente: ¿cómo podemos garantizar que este llamado a la coordinación sea atendido de manera efectiva para lograr el objetivo del sistema penitenciario y el fin de la pena que es la reinserción social?
En primer lugar, es imperativo reconocer que las condiciones de internamiento no solo impactan a quienes están detrás de las rejas, sino que definen la calidad moral de una sociedad. Los jueces de ejecución se erigen como guardianes de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, por lo que su responsabilidad es velar porque cada persona privada de libertad sea tratada con dignidad y respeto. En este sentido, el trabajo conjunto con las autoridades corresponsables se convierte en una herramienta esencial para abordar las diversas realidades presentes en las cárceles.
El sistema penitenciario, con frecuencia, se convierte en un caldo de cultivo para la marginación y la discriminación. Las principales víctimas de la prisión preventiva incluyen a indígenas, mujeres, personas con discapacidad, personas pertenecientes a la población LGBTTTI y migrantes. Este análisis resalta la necesidad de un enfoque inclusivo que reconozca las disparidades existentes y abogue por medidas correctivas. Los jueces de ejecución, al conocer las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad, deben ser conscientes de estas desigualdades y trabajar activamente para garantizar condiciones dignas desde enfoques interseccionales.
Por otro lado, la coordinación interinstitucional, tal como lo propone el artículo 7 de la LNEP, se alza como el pilar fundamental para transformar las intenciones legislativas en acciones tangibles. Los jueces de ejecución deben colaborar estrechamente con otras entidades, como instituciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades penitenciarias, para garantizar que las políticas implementadas aborden de manera efectiva las problemáticas existentes. Esta sinergia es esencial para superar los obstáculos estructurales y promover un cambio genuino en la forma en que se ejecutan las penas.
No hay que olvidar que las condiciones de internamiento en el sistema penitenciario mexicano han sido objeto de profunda preocupación, evidenciando una realidad alarmante que afecta la dignidad y los derechos humanos de las personas privadas de libertad; por lo que diversos informes de organismos públicos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos han documentado sistemáticamente las terribles condiciones dentro de las cárceles. Estos informes revelan situaciones de hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos como atención médica adecuada, deficiencias en la alimentación y un entorno propicio para la violencia y la marginación. La sobrepoblación penitenciaria y la falta de gobernanza han exacerbado aún más la precariedad de la vida en prisión, destacando la necesidad urgente de abordar estas problemáticas a fin de respetar los derechos humanos y garantizar condiciones dignas para la población penitenciaria.
Por ello, la vigilancia de las condiciones de internamiento por parte de los jueces de ejecución penal es esencial y justificada por su papel fundamental como garantes de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Estos jueces desempeñan un papel crucial en asegurar que las penas se cumplan de manera justa y respetando la dignidad de las personas privadas de libertad. Al monitorear las condiciones de internamiento, no solo cumplen con su deber ético de proteger los derechos humanos de esta población, sino que también contribuyen a la construcción de un sistema penitenciario más humano y justo.
La importancia de que los jueces de ejecución penal conozcan las condiciones de vida de las personas privadas de libertad radica en su capacidad para tomar decisiones informadas y efectivas sobre las acciones que deben implementar en el sistema penitenciario con ayuda de las autoridades corresponsables y mejorar dichas condiciones. Al estar al tanto de la realidad en los centros de reinserción social, estos jueces pueden abogar por reformas y ajustes necesarios, promoviendo un entorno penitenciario más seguro, saludable y propicio para la reinserción social. De este modo, su papel va más allá de la supervisión de condenas, convirtiéndose en agentes activos en la búsqueda de la justicia y el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario. La sensibilidad y empatía de los jueces de ejecución se tornan fundamentales al adentrarse en el entramado de las condiciones carcelarias.
La implementación efectiva del artículo 7 de la LNEP no solo requiere cambios a nivel institucional, sino también una transformación cultural en la percepción de la justicia. Los jueces de ejecución deben ser defensores incansables de un sistema penitenciario que reinserte en lugar de castigar, que busque la inclusión en lugar de la exclusión. Esta transformación cultural implica no solo cambiar las políticas existentes, sino también desafiar las percepciones arraigadas que perpetúan la estigmatización y la marginalización de ciertos grupos de la sociedad.
En conclusión, la obligación de supervisar las condiciones de internamiento demanda una atención urgente. Los jueces de ejecución, investidos con la responsabilidad de guiar la ejecución de las penas, deben ser los arquitectos de una justicia que no solo castiga, sino que también redime. La implementación efectiva del mecanismo de corresponsabilidad no es solo una obligación legal, sino un acto de compasión y humanidad que redefine la esencia misma de nuestro sistema de justicia.
* Jose Luis Gutiérrez Román (<a href="https://twitter.com/JLuisASILEGAL" target="_blank" rel="noopener">@JLuisASILEGAL</a>) es Doctorante del Programa de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y director general de ASILEGAL (<a href="https://twitter.com/AsilegalMx" target="_blank" rel="noopener">@AsiLegalMX</a>).

La responsabilidad crucial de jueces de ejecución en las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad

Responsabilidad de jueces de ejecución en el internamiento de personas privadas de la libertad

El acceso a la información es un derecho. No obstante, desde ASILEGAL nos hemos percatado que el poder acceder a los datos que el gobierno está obligado a proporcionar relacionados con el sistema penitenciario carecen de accesibilidad, perspectiva de género y muchas veces omisión de información, lo que dificulta el poder observar y analizar las diferentes tendencias dentro de los centros penitenciarios como lo son el autogobierno, hacinamiento, impunidad, corrupción, violencia, entre otras.
Dentro del <a href="https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional-2023?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional</a>, elaborado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), podemos observar diferentes áreas de oportunidad.
La primera es respecto a la accesibilidad de estos informes en donde solo se encuentran publicados los cuadernos mensuales de 2022 y 2023. Para acceder a años anteriores es necesario hacer la consulta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, pues la página de Datos Abiertos del gobierno no cuenta con un acervo. El omitir o reservar información es un obstáculo al derecho a la información que podría revelar actos de corrupción o tergiversación de los datos, pero también alienta el subregistro que se vuelve un obstáculo para la generación de políticas públicas con enfoque de reinserción social. Es de suma importancia poder contar con un recinto en el cual se pueda acceder fácilmente a la información de los Centros Penitenciarios de los diferentes años y así desarrollar análisis estadísticos basados en evidencia verídica y encontrar las diferentes tendencias o fenómenos que pudieran existir.
La segunda área de oportunidad es que los datos se encuentran separados por mes único, es decir, que la información que se va publicando solo contiene los datos de ese periodo. El contar con información de manera longitudinal (de meses anteriores y el mes actual) facilita el análisis y comparación de los datos, en otras palabras, poder contar con información específica durante un determinado tiempo permite reconocer las tendencias de manera más sencilla. Por ende, permite a la población interesada identificar las diferentes anomalías que pudieran estar ocurriendo dentro de los centros penitenciarios y poder actuar de manera rápida y justificada.
En ASILEGAL reconocemos la importancia de contar con una plataforma interactiva en donde se encuentren los datos de los diferentes meses y que el usuario pueda elegir los de interés y con ello poder abonar a la generación de investigaciones tendientes a generar políticas públicas focalizadas. En contraste, en la actualidad la poca accesibilidad de estos informes requiere contar con una especialización para poder analizar la información y, a su vez, privilegia solo a quienes pueden sistematizar esta información.
Por otra parte, no todos los datos expuestos dentro de los cuadernos se encuentran desagregados, es el caso de los incidentes donde no se puede visualizar el sexo o grupos etarios de las personas que participan en estos. La desagregación de datos fomenta que el análisis de la información pueda reconocer las diferentes intersecciones en la población afectada. Además, hemos detectado que existen algunas inconsistencias dentro de la clasificación de incidentes, pues algunos estados llegan a reportar los incidentes de manera no específica lo que conlleva a que el análisis de la información pueda tener ciertos sesgos. Es el caso de Sonora, que contabiliza los homicidios como tal y no por el tipo de incidente en el que se efectúan los homicidios como Nuevo León, que clasifica los homicidios en los diversos sucesos donde se pudo haber llevado a cabo por ejemplo en una riña, motín o fuga. Es de suma importancia que el OADPRS realice una homologación de la información que recaba mes por mes en cada una de las entidades y verificar que estas informen de manera adecuada los diferentes incidentes que ocurran en sus estados.
Igualmente, dentro de los incidentes es imprescindible contar con información de las personas reincidentes a estos y así poder identificar a la población que detona la violencia dentro de estos centros de reinserción social. Tener datos adecuados conlleva a una identificación rápida de cualquier inconsistencia que pudiera estar surgiendo dentro de los Centros de Reinserción Social, lo que impactaría en la garantía al derecho de la reinserción social. A su vez, ayuda a fomentar mayor eficiencia y eficacia en las acciones del Estado y poder visualizar las necesidades que hay dentro de las prisiones del país para las y los futuros tomadores de decisiones.
Por último, vemos necesario contar con información más detallada de los incidentes como son las huelgas, decesos, homicidios y suicidios. Saber las causantes de estos generaría una mayor incidencia por parte de las y los defensores para generar acciones y enfoques que puedan prevenir, atender y reducir estas incidencias. Ponemos por caso lo que está ocurriendo en el Cefereso 16, en el cual hay un alza en los suicidios de las mujeres internas y es alarmante que no se cuente con mayor información referente al tema por parte del Gobierno Federal.
Desde ASILEGAL conscientes de estas necesidades hemos diseñado <a href="https://asilegal.org.mx/prensa/micrositios/violentometro-2010-2023/" target="_blank" rel="noopener">una </a><a href="https://asilegal.org.mx/prensa/micrositios/violentometro-2010-2023/" target="_blank" rel="noopener">herramienta interactiva</a> la cual recopila la información de los Cuadernos Mensuales de Información Estadística desde 2010 hasta el último publicado —octubre 2023—. A través de este Violentómetro Penitenciario se puede tener información específica por estado, por mes, por año y por tipo de incidente —homicidio, fuga, riña, motín, violaciones, decesos, suicidios, agresiones a terceros y autoagresiones—. Asimismo, se puede conocer el número de personas involucradas en los incidentes, al igual que las personas heridas o, en el peor de los casos, muertas.
* Adrián Morales Ruiz es licenciado en Relaciones Internacionales por la UANL y coordinador en el área de Monitoreo y Evaluación de <a href="https://twitter.com/AsilegalMx" target="_blank" rel="noopener">@AsiLegalMx</a>.

Personas privadas de la libertad: ¿y si mejoramos la accesibilidad de los datos?

El fenómeno de las muertes en custodia es una problemática que progresivamente ha visibilizado la negligencia sistemática de las autoridades penitenciarias en la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Los contextos de una muerte dentro de prisión no sólo reflejan hechos trágicos para las personas recluidas y sus familiares, sino una manifestación estatal explícita que segrega a la población privada de libertad en un mundo sin garantías constitucionales o derechos humanos.
En la <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/el-derecho-olvidado/muerte-en-prisiones-ejecuciones-extrajudiciales" target="_blank" rel="noopener">primera parte</a> de esta serie, expusimos cómo los nuevos estándares fijados por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias podían contribuir a la prevención de la tortura, malos tratos, y las muertes de personas privadas de libertad. Aunque estos estándares son de reciente publicación, las obligaciones generales en materia de protección, respeto y garantía de los derechos humanos -particularmente del derecho a la vida- de las personas privadas de libertad han existido desde hace décadas. No obstante, estos nos sirven como pautas más claras para que las autoridades penitenciarias de los países cumplan con la protección de los derechos humanos de las personas en reclusión.
En México, las organizaciones de la sociedad civil que monitoreamos los sistemas penitenciarios vislumbramos un panorama lejano para materializar la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y prevenir sus violaciones graves -como en los casos de ejecuciones extrajudiciales-. Por ello, resulta indispensable señalar las áreas de oportunidad del Estado mexicano frente a la implementación de medidas preventivas, indagatorias, sancionatorias y de documentación de muertes en prisión.
<h2>Prevención de muertes en custodia</h2>
El Relator de Ejecuciones dirige la prioridad de la prevención de las muertes en custodia sobre dos temáticas fundamentales: el menor recurso al encarcelamiento, y el respeto y protección del derecho a la salud de las personas privadas de libertad.
Es indiscutible el hecho de que incrementar la población penitenciaria eventualmente provocará que existan más muertes de personas en prisión. El hacinamiento y la sobrepoblación se convierten en factores terminantes para que los decesos se disparen dentro de los centros penitenciarios. Más aún cuando no existen condiciones de internamiento dignas que garanticen alimentación adecuada, agua potable, higiene en las estancias, y atención médica de calidad. Por ello, en un sistema penitenciario como el de México, en donde existen <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-06/DNSP_2022.pdf#page=605" target="_blank" rel="noopener">porcentajes de sobrepoblación y hacinamiento</a> del 48.93% y 52.34%, respectivamente, optar por medidas privativas de libertad, muchas veces, se traduce en una sentencia de muerte. No obstante, las autoridades de seguridad pública, de procuración y administración de justicia no han comprendido que el populismo punitivo no contribuye a atacar estructuralmente los problemas de inseguridad y delincuencia.
De 2018 a 2023, las tasas de encarcelamiento han incrementado en un <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/860682/CE_08_2023.pdf#page=11" target="_blank" rel="noopener">18.47 %</a>. Es decir, entre esos años, la población privada de libertad incrementó de 197,988 a 234,561; una diferencia de 36,573 personas en reclusión.
En el sistema de justicia penal mexicano, las medidas no privativas de la libertad son la excepción a la regla. Al 30 de junio de 2023, el <a href="https://mes.segob.gob.mx/#tab-5789-5" target="_blank" rel="noopener">Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal</a> de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia sostiene que, a nivel local, existen 23,858 personas sujetas a otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva, en contraste con las <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/854919/CE_2023_06.pdf#page=5" target="_blank" rel="noopener">80,120 personas procesadas</a> sujetas a prisión preventiva. Del total de medidas cautelares registradas en las fuentes de información pública disponible, la tendencia de imposición de prisión preventiva -tanto justificada como oficiosa- asciende al 77.05%. Es decir, la prisión preventiva, como una de las 14 medidas cautelares contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es la medida más aplicada a las personas en conflicto con la ley penal y, en consecuencia, uno de los factores que contribuyen a la sobrepoblación penitenciaria.
Sumado a esto, el hecho de que la modalidad oficiosa sea aplicada en <a href="https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2023/10/HALLAZGOS2022.pdf#page=47" target="_blank" rel="noopener">61.45 %</a> de los casos de personas sujetas a prisión preventiva evidencia la negativa del Estado mexicano de optar por otras alternativas a la prisión, pese a que existen dos <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_470_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">sentencias de la Corte IDH</a> que le ordenan abrogarla de su ordenamiento jurídico. Por ello, optar por medidas no privativas de libertad -tanto en las medida cautelares como las sanciones condenatorias-, además de despresurizar las prisiones en México, contribuirá a la reducción directa del riesgo de muertes en custodia.
Por lo que respecta a las condiciones de salud, el Relator ha referido que los Estados se encuentran obligados a garantizar que los centros penitenciarios tengan condiciones de higiene dignas, alimentación suficiente y adecuada, atención médica preventiva y medicamentos disponibles, agua potable, facilidades para el contacto con el mundo exterior, y la prevención de conductas autolesivas. Para materializar esto, debe haber una política de salud que tome en cuenta las enfermedades y padecimientos, así como las necesidades en materia de salubridad, que tienen las personas al interior de los centros de privación de libertad. Además, la alegación de falta de recursos no es suficiente para excusar a las autoridades penitenciarias de su responsabilidad frente a las obligaciones de salud, por lo que, en caso de no existir servicios de atención médica básica, los Estados no deben depender de la reclusión.
En las prisiones de México, llevar a la práctica estos estándares se torna complejo y aparentemente imposible. De las <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2023/doc/cnsipef_2023_resultados.pdf#page=54" target="_blank" rel="noopener">54,519 quejas tramitadas por la población penitenciaria</a> a nivel nacional en 2022, el 37.2 % de estas corresponde a la falta de atención médica o psicológica; el 1.5% a alimentación; y el 0.8 % a condiciones insalubres y mantenimiento de instalaciones. Además, de acuerdo al DNSP, de <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-06/DNSP_2022.pdf#page=605" target="_blank" rel="noopener">los 235 centros penitenciarios evaluados en 2022</a>, el 87.2 % tiene deficientes condiciones materiales e higiene en estancias; el 72.3 % padece de insuficiencia en programas para prevención de adicciones y desintoxicación; el 58.7 % cuenta con deficiencias en los servicios de salud; el 50.6 % carece de condiciones materiales e higiene de cocina y comedores; y el 48.1 % lidia con la inexistencia y deficiencia de higiene en las instalaciones para el contacto con el mundo exterior.
Los anteriores datos dejan manifiesta la necesidad de atender urgentemente el contexto de atención médica insuficiente en las prisiones, para evitar que, por las omisiones de las autoridades penitenciarias, una muerte en custodia se transforme en una ejecución extrajudicial.
<h2>Investigación y sanción de muertes en custodia</h2>
La investigación y sanción de las muertes en prisiones en México se rige por el protocolo número 26 sobre Atención de Muertes en Custodia, emitido por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario el 27 de febrero de 2018. Sin embargo, debido a que este se encuentra con carácter de reservado, no puede verificarse si este se encuentra homologado a los estándares internacionales de documentación, prevención, investigación y sanción de muertes en custodia derivados del Protocolo de Minnesota, así como a los nuevos estándares fijados por el Relator Morris Tid-Ball.
Lo que sí es pública es la cantidad de veces en que las que las autoridades penitenciarias han aplicado este protocolo de Atención a muertes en custodia. Derivado de una <a href="https://tinyurl.com/2kkmnqmd" target="_blank" rel="noopener">solicitud de información realizada por ASILEGAL</a>, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social reveló que, desde la expedición de este protocolo, las autoridades penitenciarias en México han hecho uso de este 544 veces. Es decir, un 19.15% de las 2,840 muertes de personas privadas de libertad en los centros penitenciarios desde 2019 hasta abril de 2023. En otras palabras, pese a que es responsabilidad del Estado, por conducto de las autoridades penitenciarias, aplicar el protocolo de atención a muertes en custodia, este no es aplicado de forma oficiosa, sino esporádicamente.
Contrastando la realidad penitenciaria en México, los nuevos estándares fijados por el Relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales marcan la obligación a los Estados de comunicar a un órgano externo especializado que se encuentre facultado para llevar a cabo investigaciones independientes que generen conclusiones y recomendaciones sobre la prevención y responsabilidad civil, administrativa o penal.  Lo anterior, independientemente de que las muertes de personas privadas de libertad se hayan dado desde la prisión, en los traslados, o 30 días posteriores a la recuperación de su libertad.
Si bien, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es la institución que se encuentra encargada de vigilar la garantía de derechos humanos y prevención de actos atroces cometidos contra personas privadas de libertad, esta no tiene dentro de sus facultades la investigación independiente de las muertes en custodia en los centros de privación de libertad. Aunque dentro de las facultades del MNPT se encuentra la presentación de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como la legitimación en la presentación de denuncias de casos de tortura, este organismo no tiene atribuciones de investigación oficiosa para identificar si las muertes en custodia son producto de tortura o malos tratos, como sí ocurre en sus homólogos internacionales de <a href="https://www.corrections.govt.nz/our_work/in_prison/managing_offenders/deaths_in_custody" target="_blank" rel="noopener">Nueva Zelanda</a>, <a href="http://jics.dcs.gov.za/jics/?page_id=116" target="_blank" rel="noopener">Sudáfrica</a> o India -al menos en la ley-.
Por ello, la adopción de los nuevos estándares, además de ser un reto para el Estado mexicano y sus autoridades penitenciarias y corresponsables, es la oportunidad idónea para fortalecer la presencia del MNPT en las prisiones, con el fin de mejorar el trato y las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad.
<h2>Recopilación y uso de la información para optimizar los medios para la reinserción social</h2>
En México, la información sobre defunciones dentro de los centros penitenciarios se encuentra a través de tres herramientas estadísticas que son proporcionadas por el Estado: el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria (CMIEPN), realizado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (OADPRS); el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Pese a esto, los tres instrumentos estadísticos no refieren detalles sobre las defunciones registradas, las causas de muerte, el lugar específico en donde éstas ocurrieron –más allá de los centros penitenciarios–, así como los posibles procesos penales ligados a estos decesos, pues los datos expuestos son generales y netamente cuantitativos, lo que invisibiliza los contextos vivenciales de las personas privadas de libertad. Para saber cuáles son las razones de los decesos, es necesario recurrir a solicitudes de acceso a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia.
ASILEGAL realizó un recuento desde 2012 a 2021 sobre las solicitudes de transparencia que han requerido información sobre las causas de muerte en los centros penitenciarios. Pese a que el OADPRS tiene registradas las causas de muerte que sustentan el registro histórico de defunciones en el periodo señalado, la información refiere datos muy generales, sin precisar la cantidad de decesos originados por cada una de las enfermedades y afecciones referidas. Ilustrativamente, el OADPRS ubica que, en 2012, las <a href="https://tinyurl.com/yqtsy9r9" target="_blank" rel="noopener">causas de muerte de personas privadas</a> de libertad pudieron haber sido por: infarto agudo al miocardio, muerte natural, paro cardiorrespiratorio, insuficiencia respiratoria, neumonía, evento cardiovascular, paro respiratorio, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, tuberculosis, muerte cerebral, choque séptico, acidosis metabólica, cirrosis hepática, hipertensión arterial y VIH. Cabe destacar que este patrón de imprecisión en las causas de muertes en prisión se replica en los años subsecuentes, en razón de la omisión de correlacionar datos con los propios contextos documentados en otros medios estadísticos estatales.
Resulta inevitable notar que algunas de las causas de muerte expuestas por los instrumentos que documentan los fallecimientos en los centros penitenciarios del país son padecimientos y enfermedades susceptibles de tratamiento, que pueden no aparecer súbita o inmediatamente, sino por causas específicas que las desencadenan. El hecho de que los medios de información disponibles no permitan realizar un análisis causal y no faciliten el contraste entre las causas de muerte, los incidentes y las condiciones de internamiento, impide que estos instrumentos dejen de ser herramientas frívolas de documentación que no contribuyen a mejorar las políticas públicas de reinserción social y seguridad dentro de los centros penitenciarios.
Desde ASILEGAL no buscamos criticar la labor forense de las y los médicos encargados de poner en práctica los protocolos de atención a lesiones y muertes en custodia, sino evidenciar que existe una necesidad apremiante de atender la <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/el-derecho-olvidado/acceso-a-la-informacion-personas-privadas-de-la-libertad" target="_blank" rel="noopener">poca e inadecuada información que se ofrece en los instrumentos estadísticos de los sistemas penitenciarios</a> en México. Por tanto, adecuar estas herramientas a las directrices de la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales puede ser una de las inversiones en derechos humanos más prometedoras que el sistema penitenciario puede consolidar a largo plazo.
Como directrices prioritarias, la prevención, la investigación, la sanción y la documentación de decesos deben ser articuladas por las autoridades del Estado mexicano como parte de una política pública holística e integral de reinserción social para la población penitenciaria. No obstante, materializar esto en la realidad penitenciaria se torna complicado cuando los obstáculos estructurales, culturales y normativos impiden construir estrategias gubernamentales y sociales que combatan el contexto de abandono en los centros penitenciarios.
La omisión de entender que el Estado también debe prevenir las violaciones graves de derechos humanos en las prisiones del país -como las muertes en custodia que pueden considerarse ejecuciones extrajudiciales- refleja el vicio toral que enfrenta la reinserción social en el sistema penitenciario mexicano: la discriminación estructural e institucional derivada del olvido de las personas privadas de libertad. Desde ASILEGAL, buscamos que la implementación de estos estándares se transforme en un mensaje garantista que manifieste que, desde los ojos del Estado, las vidas de las personas privadas de libertad valen igual que las de la población general.
* Cristopher Alexis Sánchez Islas (<a href="https://twitter.com/iChris_Sanchez" target="_blank" rel="noopener">@iChris_Sanchez</a>) es Coordinador del Área de Defensa Integral de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C. (<a href="https://twitter.com/AsilegalMx" target="_blank" rel="noopener">@AsiLegalMx</a>).

Muerte en prisiones: deudas del Estado mexicano frente a las muertes de personas privadas de libertad (Parte II)

Deudas del Estado mexicano frente a las muertes de personas privadas de libertad (Parte II)

La <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley Nacional de Ejecución Penal</a> establece en el artículo 35 que las hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad nacidas durante el internamiento podrán permanecer con su madre dentro del Centro Penitenciario durante las etapas posnatal y de lactancia, o hasta que hayan cumplido tres años, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez. Además, el Estado está obligado a garantizar instalaciones adecuadas para una estancia digna para las infancias, acompañamiento médico del más alto nivel posible, alimentación adecuada, educación, espacios recreativos, entre otros.
Sin embargo, las cifras muestran otra información. Por ejemplo, el <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2023/doc/cnsipee_2023_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2023</a> reporta que, al cierre del 2022, había 325 niñas y niños dentro de los centros de reinserción social del país. La niñez sigue siendo precarizada en sus derechos, ya que no siempre se les permite su estancia dentro de los centros penitenciarios, pues dependerá de la capacidad e infraestructura de estos espacios para poder albergarles, lo que implica negarles el derecho a estar con sus madres en reclusión. Aunado a lo anterior, la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad</a> (ENPOL) expone que el 67.8 % de las mujeres comentaron tener hijas o hijos de hasta 12 años a su cargo fuera de prisión y que, de estos, solo el 30.7 % de los padres se hacen cargo de sus cuidados. Esto refleja que las infancias no siempre cuentan con un respaldo familiar fuera de las cárceles y, por ende, terminan siendo remitidas a órganos de protección de la niñez, a otros familiares o, en el peor de los casos, valiéndose por sí mismas.
México ratificó en 1990 la <a href="https://www.gob.mx/difnacional/documentos/convencion-sobre-los-derechos-del-nino-227623" target="_blank" rel="noopener">Convención sobre los Derechos del Niño</a>, obligándose a que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velaría y cumpliría con el principio del interés superior de la niñez. Es decir, toda decisión o acto de autoridad deberá ser orientado a su bienestar y pleno ejercicio de sus derechos. En el marco jurídico nacional, esta obligación se encuentra contemplada en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, desde una interpretación sistemática de la norma, se traduce en la satisfacción de necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Además, conforme al marco constitucional, deberá asegurarse la no discriminación, la primacía del interés superior de la niñez, la garantía de supervivencia, el pleno desarrollo, y la participación infantil pactadas en la <a href="https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/derechos-de-la-infancia/convencion-sobre-los-derechos-del-nino" target="_blank" rel="noopener">Convención</a>. Es mediante estas acciones que las autoridades gubernamentales se comprometieron a garantizar, proteger, promover y respetar los derechos humanos de las infancias, en el marco de sus competencias.
Pero, ¿realmente se están cumpliendo estas obligaciones fundamentales sobre la protección de los derechos de la niñez en los centros penitenciarios del país? La respuesta es no y los siguientes datos nos ayudarán a sustentar esta premisa. La <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf" target="_blank" rel="noopener">ENPOL</a> 2021 muestra que el 32 % de las madres que cuentan con al menos una hija o hijo viviendo con ellas tiene que pagar por la alimentación de sus dependientes. Por otra parte, 47 % de las participantes expresaron que la calidad de la comida que reciben las infancias en reclusión no es la adecuada. Por último, 31 % comentó que el haber comido alimentos proporcionados por el centro penitenciario les ocasionó alguna enfermedad a sus descendientes (diarrea, vómito, fiebre, entre otras). <a href="https://generaconocimiento.segob.gob.mx/sites/default/files/document/biblioteca/782/20230113-analisis-del-sistema-del-sistema-penitenciario-frente-la-reinsercion-social-en-mexico.pdf" target="_blank" rel="noopener">La propia Secretaría de Gobernación</a>, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo ASILEGAL, también han alertado reiteradamente que la alimentación en los centros de reinserción social es precaria, carece de porciones reguladas y adecuadas, además de la ausencia de vigilancia e higiene en su preparación.
La nutrición en edad temprana es fundamental para la primera infancia. Datos de la <a href="https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna" target="_blank" rel="noopener">Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF</a> sugieren alimentar a la niñez con leche materna por lo menos los dos primeros años y complementarlo con alimentos ricos en nutrientes. No obstante, estas pautas no son materializables dentro de los centros penitenciarios por obstáculos como la falta de presupuesto, higiene e infraestructura en las cocinas de los centros penitenciarios, así como la falta de nutriólogos o pediatras, por mencionar algunos. El hecho de que la alimentación dentro de los centros penitenciarios sea deficiente, más aún sin ajustes en dietas adecuadas y nutritivas para las infancias y madres privadas de libertad, aumenta los riesgos de enfermedades crónicas, un crecimiento y desarrollo no saludables, e incluso la muerte. Las <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/30_Reglas-de-Bangkok.pdf" target="_blank" rel="noopener">Reglas de Bangkok</a>, que fungen como directrices en el sistema penitenciario, refieren que los Estados deberán garantizar que las madres privadas de libertad puedan amamantar y tener un seguimiento profesional de la salud. Sin embargo, esto solo queda en papel, pues como se muestra en el párrafo anterior, las carencias alimentarias que pasan tanto las madres como sus hijas e hijos son alarmantes, ya que pueden generar problemas para ellas y ellos en un futuro, como la desnutrición o anemia, entre otros padecimientos.
Por cuanto a la salud, todas las personas deberían contar con un seguimiento médico especializado para la niñez, pues ayuda a prevenir y conocer diferentes enfermedades y/o condiciones de salud que ameriten una asistencia preventiva, especial y temprana. El desabasto de medicamentos por parte del gobierno ha sido un problema en el país en los últimos años que también se ha vivido en los centros de reinserción social, en donde las madres y sus familiares han tenido que pagar por estos artículos medicinales. A pesar de que el <a href="https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25098w/El_presupuesto_para_las_carceles_mexicanas.pdf" target="_blank" rel="noopener">presupuesto a las cárceles ha aumentado en los últimos años</a>, el 22 % de las mujeres encuestadas en la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf" target="_blank" rel="noopener">ENPOL</a> 2021 comentó haber pagado por recibir algún servicio para sus hijas o hijos, entre los que se encontraron: medicamentos especializados, servicios médicos, vacunas, pañales y otros artículos de higiene personal. De hecho, los artículos de higiene son los que más escasean, la misma encuesta expone que casi el 70 % de las y los dependientes internados en los centros no cuenta con este servicio, el cual es de suma importancia para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.
En relación con la educación, es importante resaltar el rol fundamental que esta tiene en la primera infancia, ya que les permite una estimulación temprana y el desarrollo de habilidades como el habla, el juego, el cuidado receptivo, el aprendizaje temprano. A pesar de su importancia y pese a ser un eje rector de la reinserción social que debe garantizarse a todas las personas con vivencias en prisión, desde ASILEGAL vemos con preocupación que para las autoridades penitenciarias esto no resulta una prioridad. En la mayoría de las entidades federativas, los centros de reclusión carecen de espacios educativos y los centros de internamiento que pudieran tenerlos no satisfacen los estándares mínimos para considerarlos como adecuados. Al respecto, el propio <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2023/doc/cnsipee_2023_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional de Sistema Penitenciario</a> 2023 arrojó que son solo 29 centros penitenciarios, de los 284 en el país, los que cuentan con espacios para la educación integral y formativa de las infancias viviendo con sus madres. La lista de centros de reclusión con espacios para educación integral —­­también conocidos como CENDIs— son encabezados por Veracruz con 9 espacios. Por su parte, la Ciudad de México y Tamaulipas (que son los que concentran mayor población de niñez) cuentan únicamente con un centro. Más aún, resulta alarmante que 9 entidades federativas carecen de estas áreas formativas.
Hablando de los espacios de maternidad, 45 fueron los identificados por el <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2023/doc/cnsipee_2023_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional</a>, de los cuales 11 se encuentran en Michoacán, seguidos por los estados de Hidalgo,  Estado de México y Sonora con 3 espacios cada uno. Por su parte, los estados que no cuentan con estos espacios son Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco. Es crucial reconocer que estas áreas contribuyen a garantizar el bienestar de la madre y de sus hijas e hijos al interior de los sistemas penitenciarios del país ya que contribuyen al fortalecimiento de vínculos afectivos maternales. Además, no hay que pasar por alto que las y los recién nacidos expresan sus malestares a través del llanto, necesitan dormir en diversos periodos, alimentarse constantemente, higiene continua, entre otras necesidades que aportan al oportuno crecimiento de las y los lactantes.
Otros servicios necesarios para el desarrollo integral de la niñez son las áreas de juego, esparcimiento y recreación. La <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf" target="_blank" rel="noopener">ENPOL 2021</a> muestra que el 66 % de las madres privadas de libertad que fueron encuestadas refieren no contar con dichos espacios para sus hijas e hijos. Igualmente, más del 50 % de madres privadas de libertad plantearon que sus infancias no cuentan con áreas exclusivas para dormir —solo 23 centros de reinserción social cuentan con espacios exclusivos, según el último <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2023/doc/cnsipee_2023_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional</a> del 2023—. De hecho, 54 % de las mujeres privadas de libertad mencionaron compartir su celda con al menos una o cinco personas. A su vez, más de la mitad de las madres también reportan no contar con guarderías, atención psicológica, artículos de higiene personal, ropa, calzado y otras necesidades básicas para ellas y sus infancias. Haciendo mención de los cuidados, el 34 % de las encuestadas comentó que las otras compañeras internas les apoyan en el cuidado de sus hijas e hijos, mientras desempeñan sus actividades de reinserción social.
El desarrollo integral de las infancias, según el <a href="https://www.gob.mx/sipinna/articulos/vivir-en-condiciones-de-bienestar-con-un-sano-desarrollo-integral-derecho-de-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes</a> (SIPINNA), busca que la niñez se desenvuelva en un ambiente sano y sustentable, en condiciones que permitan su bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico, como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Tal y como lo menciona la <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Comisión Nacional de Derechos Humanos</a>, todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos —federales y locales— tienen la obligación de tomar en cuenta el interés superior de la niñez como un mandato de optimización absoluto y primordial para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las infancias.
Las autoridades penitenciarias y corresponsables de la reinserción social no quedan excluidas del cumplimiento de estos deberes reforzados. Las hijas e hijos de mujeres privadas de libertad tienen derecho al juego y recreación, a recibir atención psicológica, a desenvolverse en espacios dignos, seguros y sin violencias, en donde puedan construir y estrechar lazos con la sociedad y sus seres queridos. Formalmente, las infancias solo acompañan a sus madres en la compurgación de su pena privativa de la libertad; no obstante, la falta de políticas públicas diferenciadas que les garanticen el interés superior y sus derechos humanos hace trascendental la restricción de derechos a ellas. En otras palabras, la omisión de garantía de sus derechos por parte de las autoridades estatales, corresponsables y penitenciarias, orilla a percibirlas como infancias que compurgan una sanción en reclusión, como infancias privadas de libertad.
Desde ASILEGAL creemos que el interés superior de la niñez dentro de los centros de reinserción social aún no se encuentra garantizado. La precaria calidad y falta de gratuidad de los alimentos, las necesidades higiénicas, la carencia de espacios para un desarrollo digno, la falta de atención médica especializada y, por último, la escasa oportunidad de las madres de ejercer la maternidad y custodia de la niñez nos deja claro que para el Estado estos grupos en situación de vulnerabilidad siguen siendo no prioritarios. Las problemáticas de las maternidades e infancias en prisión reflejan un sistema carente de <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/el-derecho-olvidado/enfoques-interseccionales-acceso-a-la-justicia" target="_blank" rel="noopener">interseccionalidad</a> y perspectivas progresistas en los procesos de  reinserción social como del desarrollo adecuado de la niñez.
Las autoridades penitenciarias y corresponsables, conjuntamente, deben garantizar el desarrollo digno e integral de las hijas e hijos de las madres privadas de libertad, mediante políticas públicas coordinadas, para que las obligaciones de garantía reforzada sean cabalmente cumplidas.
* Adrián Morales Ruiz es licenciado en Relaciones Internacionales por la UANL y coordinador en el área de Monitoreo y Evaluación de <a href="https://twitter.com/AsilegalMx" target="_blank" rel="noopener">@AsiLegalMx</a>.

El interés superior de la niñez: un ausente en el sistema penitenciario

Desde la declarada “guerra contra las pandillas”, el gobierno de Nayib Bukele ha implementado una serie de políticas de seguridad que van desde el aumento de la pena por crimen organizado a todas las agrupaciones, hasta realizar un proceso penal a grupos de personas involucradas en la comisión de delitos por crimen organizado, que conjuntamente han mermado los derechos humanos de la población penitenciaria en El Salvador. Esta situación se ha intensificado a partir del régimen de excepción decretado el 27 de marzo de 2022, el cual se ha prolongado hasta la actualidad.
Estas políticas de seguridad han afectado a distintos grupos precarizados por la criminalización en su contra, a través de las detenciones arbitrarias por razones estereotipadas y prejuiciosas, como la apariencia física, el color de piel, e incluso los tatuajes que detentan.
Los prejuicios derivados de este régimen de excepción tienen efectos notorios en la garantía de los derechos humanos de las personas detenidas por razones discriminatorias o arbitrarias. Como ejemplo de ello, el 23 de marzo de 2023, el diario <a href="https://elpais.com/internacional/2023-03-26/los-abusos-en-las-carceles-de-bukele-lo-mataron-a-golpes-en-la-celda-y-lo-sacaron-a-rastras-como-a-un-animal.html" target="_blank" rel="noopener">El País</a> recogió dos testimonios de personas salvadoreñas que fueron privadas de libertad, acusadas de crimen organizado y liberadas por falta de pruebas.
En las entrevistas, las personas liberadas pudieron externar las problemáticas en el interior de los centros penitenciarios. El hacinamiento, la desnutrición, la falta de asistencia médica y las prohibiciones para recibir asistencia legal son un ejemplo de la restricción desproporcionada de los derechos básicos a la población salvadoreña recluida. Uno de los testimonios refirió haber presenciado cómo una mujer en prisión, quien “todo lo que comía, lo vomitaba”, terminó <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/el-derecho-olvidado/muerte-en-prisiones-ejecuciones-extrajudiciales" target="_blank" rel="noopener">muriendo en prisión</a> por deshidratación.
Estos testimonios dan cuenta de otras prácticas de torturas y malos tratos por parte de los policías, como amenazas de muerte, golpes con macanas y culatas de fusiles, patadas y choques eléctricos, siendo testigos de algunas muertes por causa de estas agresiones. En una ocasión, la violencia fue dirigida a una persona que se quejaba de hambre y dolor en una de las celdas, por lo que un día le pegaron tanto que lo mataron a golpes y lo sacaron a rastras “como a un animal”.
El gobierno salvadoreño oficialmente ha justificado la permanencia del régimen de excepción con la disminución de los homicidios, cifras que <a href="https://datos.bancomundial.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5?locations=SV" target="_blank" rel="noopener">han ido en reducción a partir de 2016 </a>y sobre las cuales <a href="https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/04/02/como-el-salvador-maquillo-las-cifras-de-homicidios-para-justificar-el-regimen-de-excepcion/" target="_blank" rel="noopener">los medios han informado que se han estado maquillando</a>. Además recientemente, el 19 de septiembre, el presidente Nayib Bukele emitió un <a href="https://fb.watch/nczRe4W_-J/?mibextid=qC1gEa" target="_blank" rel="noopener">mensaje a las Naciones Unidas</a> donde expresa que el régimen de excepción y las políticas aplicadas contra el “crimen organizado” han sido “acertadas”, aseverando la continuidad y “legitimidad” de sus políticas. Sin embargo, se le ha dado una índole discriminatoria hacia los grupos denominados “Maras” y personas con rasgos identitarios similares, como se muestra en algunas noticias del <a href="https://www.seguridad.gob.sv/tatuajes-seran-evidencia-contra-pandillera-que-rendira-cuentas-ante-la-ley/" target="_blank" rel="noopener">Ministerio de Justicia y Seguridad Pública</a>.
Esto ha producido un aumento de la población salvadoreña que se encuentra privada de libertad en relación con su demografía. Como se muestra en los datos del <a href="https://www.prisonstudies.org/country/el-salvador" target="_blank" rel="noopener">World Prison Brief</a>, en el año 2000 había un estimado de 132 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes. En contraste, a mayo de 2022, se registró un incremento del 822.72 %, es decir, por cada 100,000 habitantes, hubo 1,086 personas recluidas, lo que le da a El Salvador la tasa más grande de encarcelamiento a nivel mundial.
Además, en los distintos medios de comunicación se ha hecho alusión a la promoción de los actos de tortura a las “pandillas” juzgadas por delitos de crimen organizado. Como se muestra <a href="https://asilegal.org.mx/nayib-bukele-y-la-destruccion-de-los-derechos-de-el-salvador/" target="_blank" rel="noopener">en fotografías publicadas</a> en las redes de la Secretaría de Prensa de la presidencia salvadoreña, donde se observan los actos de tortura y malos tratos de acuerdo a los principios establecidos en el Protocolo de Estambul.
La <a href="https://www.cidh.oas.org/basicos/spanish/basicos2.htm" target="_blank" rel="noopener">Convención Americana sobre Derechos Humanos</a>, firmada por El Salvador en 1969 y con entrada en vigor en 1978, regula en su artículo 8 las garantías judiciales, mismas que han sido interpretadas por la propia Corte Interamericana, junto con otros derechos, como básicos no-autorizados para ser suspendidos en los regímenes de excepción y Estados de emergencia, tal y como los enumera la propia convención en su artículo 27.2 y reafirmados en la <a href="https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1264.pdf" target="_blank" rel="noopener">opinión consultiva</a><a href="https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1264.pdf" target="_blank" rel="noopener"> OC-9/87</a>.
Sin embargo, la propia legislación salvadoreña dificulta el derecho de acceso a la justicia a través del paradigma del derecho penal del autor, ya que los elementos probatorios para determinar la ejecución de delito por crimen organizado establecido en el artículo 1° de la <a href="https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/6AF6FBA3-EEF8-4F23-8157-E1699C27348E.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal</a> son interpretativos del poder judicial, con lo cual se ha brindado un vacío legal permitiendo la coyuntura actual de persecución de personas en razón de su identidad.
Las políticas mencionadas anteriormente y que impactan en cientos de personas en situación de reclusión, derivado de la “guerra contra las pandillas”, son violatorias de derechos humanos y pueden escalar hasta llegar a ser un problema regional. No resulta extraño que, de un análisis sumario, las políticas estatales fomenten el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por el Estado salvadoreño, y que por sí mismas se configuren como una alerta en la procuración del Estado de Derecho Interamericano. Estas políticas de régimen de excepción se comienzan a consolidar como una tendencia en los demás Estados de América Latina. Algunos mandatarios y políticos justifican y replican las acciones tomadas por Bukele como un modelo “estratégico” de disminución de homicidios.
Uno de los ejemplos de reproducción de la “estrategia Bukele” se observa en Honduras con la presidenta Xiomara Castro, quien ha presentado una política agresiva en contra del crimen organizado similar a la salvadoreña. El 20 de febrero de 2023, se inició un Estado de excepción. A partir de entonces, el gobierno hondureño ha continuado una estrategia de seguridad similar a la salvadoreña: la dotación de mayor poder a las instituciones de seguridad, la creación del “<a href="https://contracorriente.red/2023/04/17/solucion-contra-el-crimen-copia-del-plan-de-seguridad-de-bukele/#:~:text=El%2031%20de%20marzo%2C%20el,garant%C3%ADas%20constitucionales%20han%20quedado%20suspendidas." target="_blank" rel="noopener">Plan Nacional Solución Contra el Crimen</a>” y del “<a href="https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-c%C3%A1rceles_la-viceministra-de-seguridad-liderar%C3%A1-la-intervenci%C3%B3n-de-c%C3%A1rceles-en-honduras/48426730" target="_blank" rel="noopener">Plan de Intervención del Sistema Penitenciario</a>”, hasta la aplicación de medidas represivas en los centros penitenciarios específicamente para personas privadas de libertad por crimen organizado.
Es por ello que las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño representan violaciones a los derechos humanos en la región y es importante que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tome acciones para exhortar al Estado salvadoreño a revalorar sus políticas de seguridad y el régimen de excepción implementado, además de invitar a los Estados americanos a buscar medidas alternas para enfrentar los contextos de crimen organizado siguiendo los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
* Diana Itzel Flores León es egresada de Relaciones Internacionales por la UNAM y colaboradora en el área de investigación de <a href="https://twitter.com/AsilegalMx" target="_blank" rel="noopener">@AsíLegalMx</a>.

Violación de derechos de personas privadas de su libertad en El Salvador, un asunto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Derechos de personas privadas de su libertad en El Salvador y el Sistema Interamericano de DDHH

En el 2008, en México, se gestó uno de los cambios más importantes en materia penal. La reforma constitucional al sistema de justicia tuvo como objetivo modificar la estructura de un proceso inquisitivo mixto que duró más de un siglo y en el que existía un monopolio de la acción penal, la tortura era una constante y la opacidad del sistema una realidad. Por lo anterior, existía la necesidad de transformar el sistema inquisitivo mixto en uno de corte acusatorio y adversarial, en el que intervinieran más sujetos procesales, con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos, procurar que los responsables de delitos no quedaran impunes y que los daños a las víctimas fueran reparados.
El Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial tiene como acción primordial garantizar los derechos de las víctimas y de las personas imputadas a través de principios rectores como la presunción de inocencia, la legalidad y la igualdad procesal. Además, este sistema brinda la oportunidad de acudir a mecanismos alternativos de solución de controversias, de terminaciones anticipadas, de salidas alternas y la posibilidad de que la persona sea escuchada en juicio bajo principios fundamentales del proceso penal, a saber: publicidad, concentración, contradicción, oralidad e inmediación.
Para poder aplicar y adecuar esta reforma en todo el país, se dio un plazo de ocho años, con el fin de que, en 2016, estuviera completamente implementado en el territorio mexicano. Sin embargo, el actual sistema de justicia enfrenta una serie de retos que —por citar algunos— van desde la ausencia de independencia judicial, la falta de aplicación de enfoques diferenciados y la carencia de juzgar bajo un análisis de interseccionalidad. Estas problemáticas afectan especialmente a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como las mujeres, las personas indígenas, la diversidad sexual, las sujetas a protección internacional, con diversidades funcionales o psicosociales, entre otras.
Pero, cuando una persona que pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad se ve envuelta en un proceso penal, ¿cómo deben actuar los órganos de procuración e impartición de justicia para no discriminar o criminalizar a esta persona a lo largo del proceso? Es aquí en donde la metodología de la interseccionalidad cobra un papel fundamental.
La interseccionalidad debe utilizarse como una metodología que permita reconocer las desigualdades que sufren ciertas personas en situación de vulnerabilidad -en razón de sus características personales o identidades- con el fin de que, en el proceso penal, no se les dé un trato diferenciado que, incluso, pueda provocar su privación de la libertad.
Como primer paso de un análisis interseccional, es necesario reconocer los sistemas de opresión que interactúan en nuestra sociedad y que confluyen en la vulnerabilidad de grupos históricamente discriminados. El patriarcado —como autoridad y poder autoasignado a los hombres en los diferentes contextos—, el capitalismo —como sistema económico propiciador de desigualdades—, y el colonialismo —que se entiende como la dominación y explotación de un determinado territorio en el cual se imponen las ideologías del país conquistador— son las estructuras primigenias que originan relaciones asimétricas de poder, y por tanto las desigualdades estructurales que viven estos grupos.
Una vez delimitados los sistemas de opresión, la metodología de interseccionalidad requiere identificar los recursos o capitales que posee cada persona para afrontar los problemas vivenciales. Los recursos pueden ser clasificados como: económicos &#8211; en cuanto a los bienes que permiten satisfacer necesidades y adquirir otros bienes—; humanos —entendiéndolos como los conocimientos, experiencias y destrezas intelectuales; y, por último, sociales —que comprenden las relaciones interpersonales conformadas a partir de redes y lazos de confianza—.
El siguiente paso para la aplicación de la interseccionalidad es reconocer las relaciones asimétricas de poder que existen en una sociedad. Como premisa en la aplicación de este paso, debe identificarse que en toda relación se encuentra el poder y no siempre es equitativo. Lo anterior implica que existen relaciones desiguales que fomentan la subordinación de ciertos grupos históricamente discriminados como las mujeres, las personas de la comunidad LGBTIQ+, las personas indígenas y afrodescendientes, entre otras.
Como último punto en la aplicación de la interseccionalidad en el acceso a la justicia, es indispensable entender los contextos y principales causas de criminalización a los que ciertos grupos en situación de vulnerabilidad son sometidos. Atendiendo estos pasos, la metodología de la interseccionalidad puede facilitar la garantía del acceso a la justicia con enfoques adaptados, diferenciados y no discriminatorios para todas, todos y todes, eliminando los obstáculos a los que cada persona es sometida por sus identidades, características personales, expresiones y necesidades.
La ausencia de un enfoque de interseccionalidad dentro del sistema de justicia ha provocado que, actualmente, exista un elevado número de población privada de la libertad en conflicto con la ley penal y con diferentes vulnerabilidades. Tal y como lo muestra el <a href="https://datos.gob.mx/busca/dataset/cuaderno-estadistico-penitenciario/resource/bf77ae2a-1e6e-4bc9-a57a-3bff6c97d1db" target="_blank" rel="noopener">Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de población penitenciaria vulnerable y de origen extranjero</a>, al mes de junio del 2023 existían dentro de los sistemas penitenciarios del país, 7,763 personas indígenas; 3,214 pertenecientes a la diversidad sexual; 345 mujeres con hijas(os) en reclusión; 8,540 personas adultas mayores; 27,014 personas con “discapacidad patológica”; 7,005 con discapacidad psicosocial y 3,217 personas extranjeras. 1
Si todas estas personas hubieran tenido un proceso basado en la metodología de la interseccionalidad, muchos de estos casos contarían con diferentes resoluciones que hubieran resguardado los derechos de todas las partes en el proceso penal. Por lo anterior, desde ASILEGAL invitamos a los órganos de procuración y administración de justicia a garantizar enfoques que puedan valer y reconocer todas las identidades, características, expresiones y necesidades de la población dentro del sistema de justicia, para crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente vulnerados y que se encuentran en conflicto con la ley penal.
*José Luis Gutiérrez Román (<a href="https://twitter.com/JLuisASILEGAL" target="_blank" rel="noopener">@JLuisASILEGAL</a>) es doctorante de la facultad de derechos de la UNAM y director general en <a href="https://twitter.com/AsilegalMx" target="_blank" rel="noopener">@AsíLegalMx</a>. Adrián Emmanuel Morales Ruiz es licenciado en Relaciones Internacionales por la UANL y asistente de dirección en <a href="https://twitter.com/AsilegalMx" target="_blank" rel="noopener">@AsíLegalMx</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Disponible <a href="https://datos.gob.mx/busca/dataset/cuaderno-estadistico-penitenciario/resource/bf77ae2a-1e6e-4bc9-a57a-3bff6c97d1db" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

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