Cuando el juez cruza la reja, la tortura deja de ser invisible
Hablar de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes en México suele remitir de forma casi automática a las detenciones arbitrarias, a los interrogatorios ilegales o a las primeras horas bajo custodia policial. Sin embargo, esa mirada parcial deja fuera uno de los espacios donde estas prácticas no solo persisten, sino que se normalizan: las prisiones. La ejecución penal continúa siendo un territorio donde la violencia institucional se vuelve cotidiana, donde la dignidad se erosiona lentamente y donde el control del poder punitivo se diluye entre rutinas administrativas y silencios prolongados.
En ese contexto, la prevención de la tortura no puede entenderse como una tarea abstracta ni como una responsabilidad exclusiva de organismos especializados. Es, ante todo, una obligación estructural del Estado que atraviesa de manera directa al Poder Judicial. Y, dentro de este, a una figura que ha sido históricamente subestimada: la de las juezas y los jueces de ejecución penal.
Desde el 2016, la Ley Nacional de Ejecución Penal abrió la puerta a un cambio de paradigma al reconocer que la prisión no es un espacio ajeno al derecho, sino un ámbito que debe estar sometido a control judicial permanente. No obstante, en la práctica, ese control sigue siendo distante, fragmentado y, en muchos casos, meramente formal. La ejecución de la pena se gestiona desde expedientes, resoluciones y audiencias breves, mientras la vida real en prisión continúa desarrollándose sin una mirada judicial constante sobre las condiciones materiales de detención, el acceso a la salud, el uso del aislamiento o las prácticas disciplinarias.
Esta distancia no es neutra. Cuando la persona juzgadora no conoce directamente lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios, la ejecución penal corre el riesgo de convertirse en una administración acrítica del encierro. El derecho deja de ser una herramienta de protección y se transforma en un mecanismo que, por omisión, legitima prácticas que pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Las visitas penitenciarias judiciales representan, en este sentido, una de las herramientas más potentes y menos utilizadas para la prevención de la tortura. No se trata de una cortesía institucional ni de una práctica simbólica. La presencia física de la persona juzgadora dentro de la prisión tiene un efecto inmediato y profundamente disruptivo frente a la normalización de la violencia. Ver las celdas, recorrer los módulos, escuchar directamente a las personas privadas de la libertad y constatar el funcionamiento real de los servicios penitenciarios permite detectar riesgos que difícilmente aparecen en los informes escritos.
La prevención adquiere entonces un carácter concreto. Se vuelve posible identificar a tiempo condiciones de internamiento indignas, omisiones graves en la atención médica, usos indebidos del aislamiento, sanciones disciplinarias ilegales o represalias contra quienes se atreven a denunciar. En estos escenarios, la intervención judicial oportuna puede evitar daños irreversibles. La tortura, en muchas de sus expresiones contemporáneas, no irrumpe de manera súbita, sino que se construye a partir de acumulaciones de abandono, negligencia y violencia cotidiana.
Frente a este potencial preventivo de la judicatura, resulta inevitable abordar de manera crítica el papel que actualmente desempeña el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. A pesar de su reconocimiento legal y de su mandato específico, la realidad muestra que su actuación no ha logrado incidir de forma eficaz en la reducción de prácticas que desembocan incluso en muertes bajo custodia. Las visitas suelen ser discontinuas y sin seguimiento, las recomendaciones carecen de efectos vinculantes y los tiempos de reacción llegan, en muchos casos, cuando el daño ya está consumado.
Esto no implica desconocer la importancia del MNPT, sino advertir con claridad que la prevención de la tortura no puede descansar exclusivamente en un mecanismo debilitado por limitaciones estructurales. La experiencia demuestra que, sin controles internos fuertes y cotidianos, la violencia institucional se adapta y persiste. En este punto, el Poder Judicial tiene una responsabilidad que no puede seguir delegando.
Es cierto que las juezas y los jueces de ejecución operan bajo condiciones adversas. La sobrecarga de trabajo, la falta de personal especializado y la escasez de recursos técnicos son obstáculos reales que afectan el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, estos factores explican las dificultades, pero no pueden justificar la renuncia al control directo sobre los espacios de privación de libertad. Al contrario, evidencian la urgencia de repensar el diseño institucional de la ejecución penal y de dotar a la judicatura de las herramientas necesarias para cumplir con su mandato constitucional.
La función judicial en esta etapa no consiste en administrar cárceles, sino en garantizar que el encierro no se transforme en una pena adicional, ilegal y profundamente desigual. Cuando la persona juzgadora asume un rol pasivo, la prisión vuelve a convertirse en un espacio de excepción, donde los derechos existen solo en el papel y la violencia se normaliza como parte del castigo.
Adoptar las visitas penitenciarias judiciales como práctica sistemática implica dotar a la ejecución penal de un sentido garantista. Significa reconocer que la tutela judicial efectiva no termina con la sentencia y que el control del poder punitivo debe extenderse hasta el último día de privación de libertad. Significa, también, asumir que la prevención de la tortura exige la presencia institucional, una escucha activa y decisiones terminantes para su mitigación.
Mientras sigan ocurriendo muertes bajo custodia, las condiciones indignas de detención persistan y la prisión continúe siendo un espacio opaco para la judicatura, el Estado mexicano seguirá incumpliendo su obligación reforzada de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad. La pregunta ya no es si las juezas y los jueces de ejecución pueden contribuir a prevenir los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La pregunta es por qué, teniendo el mandato y las herramientas para hacerlo, el sistema ha normalizado su ausencia.
En un país donde la prisión sigue siendo sinónimo de abandono, la presencia judicial no es un lujo ni una buena práctica. Es una condición mínima para que la dignidad humana no quede, una vez más, del otro lado de la reja.
* José Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Director General en ASILEGAL @AsíLegalMx.
La industria petrolera ha estado en el corazón de la economía venezolana durante un siglo. Sin embargo, en la actualidad requiere fondos millonarios para recuperar su capacidad de producción, luego de décadas de desinversión.
“Nunca pude imaginar que a los 71 años iba a pasar toda la noche en vela para poner gasolina. ¡Es algo insólito!”.
Con esas palabras el doctor Rafael Barrios se lamentaba sobre la grave crisis de escasez de gasolina en Venezuela, paradójicamente el país con las mayores reservas petroleras probadas del mundo.
Era mayo de 2020 y el país sudamericano llevaba una década experimentando problemas por la falta de combustible que se habían agudizado al punto de que los conductores tenían que pasarse el día en fila esperando a cargar gasolina.
Probablemente por eso pocos se sorprendieron cuando el pasado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente el estado de la industria petrolera venezolana.
“El negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso”, dijo durante la rueda de prensa que ofreció luego de que las fuerzas militares estadounidenses atacaron instalaciones militares en Venezuela y capturaron al presidente Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Poco después, el mandatario estadounidense anunció que su gobierno iba a hacerse cargo de la industria petrolera venezolana.
“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura petrolera gravemente dañada y empiecen a generar dinero para el país”, aseguró.
El petróleo ha sido durante un siglo la sangre de la economía venezolana y ha llegado a formar parte de la identidad de los ciudadanos de ese país.
El “oro negro” impulsó la transformación de Venezuela de un país rural a uno moderno y urbano. De allí salió el dinero para construir universidades, hospitales, autopistas, aeropuertos, escuelas, museos, teatros. Permitió durante décadas que en las familias venezolanas los hijos pudieran tener una vida mejor que la de sus padres y ayudó a crear una economía de oportunidades que atrajo a migrantes de todas partes del mundo.
El peso del petróleo era tal que, al menos durante el último medio siglo, era posible conocer el estado de la economía venezolana mirando la ubicación del precio del barril de crudo. Si subía, había bonanza; si bajaba, había crisis.
En los últimos diez años, sin embargo, factores distintos al precio del barril de crudo han impedido a Venezuela sacar pleno provecho de su riqueza petrolera debido a un notable deterioro de su capacidad de producción.
La pasada semana, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, anunció que su país tiene la intención de mantener un control significativo sobre la industria petrolera venezolana.
Indicó que el gobierno de su país gestionará las ventas de petróleo venezolano y controlará las cuentas donde se depositarán los pagos, desde donde se transferirían a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano.
“Necesitamos tener esa influencia y ese control sobre las ventas de petróleo para impulsar los cambios que son absolutamente necesarios en Venezuela”, apuntó.
En un comunicado divulgado el pasado 7 de enero, la empresa petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, dijo que se encontraba en negociaciones con EE.UU. “para la venta de volúmenes de crudo” a ese país.
BBC Mundo te cuenta cuál es el estado actual de la industria petrolera venezolana y qué haría falta para recuperarla, como es el deseo de Trump.
Las reservas más grandes pero una producción reducida
Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo: 303.000 millones de barriles.
A pesar de ello, en los últimos años su producción llegó a caer en 2019 hasta los 500.000 barriles diarios, ubicándose así en niveles similares a los del año 1950, cuando se extraían unos 488.962 barriles al día. Un retroceso de más de medio siglo.
En 1998, se producían tres millones de barriles y en la actualidad, cerca de un millón.
Esa reducción histórica es, en parte, consecuencia de las sanciones petroleras aplicadas por Trump contra Maduro en enero de 2019. No obstante, hay que destacar que el declive de la producción se inició durante el gobierno de Hugo Chávez y se agudizó de forma notable a partir de 2015, bajo el mandato de Maduro.
“La industria petrolera venezolana no está en las mejores condiciones. Venezuela produce más o menos un millón de barriles por día. Eso es 1% de la producción mundial. En un país que en la década de 1990 producía 3,5 millones de barriles por día. Entonces, ha habido una caída dramática de la producción petrolera durante las últimas décadas”, dice a BBC Mundo Luisa Palacios, investigadora sénior adjunta del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
“Ha habido un severo deterioro de la capacidad técnica de la compañía nacional petrolera, Pdvsa, que controla la mayor parte de la producción del país. Y además la industria ha sufrido un deterioro importante de su capacidad financiera. Ha hecho default (impago) sobre toda su deuda externa, su deuda comercial y con todos sus proveedores. Lo que ha hecho que se convierta en una empresa con muchos problemas técnicos, operativos, financieros, de seguridad de operaciones y de manejo de riesgos ambientales”, agrega.
La caída de la producción ha sido tan sustantiva que Venezuela lleva años sin entrar en el sistema de cuotas de la OPEP (establecidas para evitar que haya una oferta excesiva de crudo en el mercado), pues desde hace cerca de una década ese país no alcanza a cubrir la totalidad de la cuota que tenía asignada.
Según cifras de esa organización de países petroleros, basadas en fuentes secundarias, la producción venezolana se encontraba en torno a 1,3 millones de barriles diarios en 2018, justo antes de la imposición de sanciones por parte de Trump. Esa cifra representaba una reducción de un millón de barriles en relación con 2015.
De acuerdo con esas mismas fuentes, Venezuela extraía 3,1 millones de barriles diarios en 1998, año de la primera elección de Chávez.
“El estado actual de la industria petrolera venezolana es un deterioro general de la infraestructura, de la capacidad de generación eléctrica, de la capacidad de manejar los efluentes naturales de la industria petrolera, léase gas natural, agua, etcétera. Y esa es la razón por la cual la producción está estancada por debajo de un millón de barriles diarios”, dice Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), a BBC Mundo.
“Eso es una consecuencia de decisiones gerenciales, de decisiones políticas tomadas en los últimos de los últimos 25 años, pero en particular desde el año 2013”, apunta.
Endeudada y sin inversión
Pacheco explica que por ser una industria extractiva, el negocio petrolero requiere de constantes inversiones.
“No se trata solamente de cuánto produces, sino de cuánto puedes mantener la producción porque en la medida que produces, agotas la capacidad de producción y tienes que seguir invirtiendo. Así que mientras más produces, más tienes que invertir para mantenerte en el mismo lugar”, indica al atribuir el deterioro de la industria petrolera venezolana a esa falta de inversión.
Antes de la llegada de Hugo Chávez, la petrolera estatal Pdvsa se manejaba con criterios de empresa privada, es decir, se dedicaba a su negocio y a la obtención de beneficios para favorecer a su único accionista: el Estado venezolano.
Durante el gobierno de Chávez, las autoridades empezaron a destinar grandes cantidades de recursos procedentes de Pdvsa a otras actividades no relacionadas con la energía como la construcción de casas, la creación de redes de supermercados, la ayuda a gobiernos aliados a través de la “petrodiplomacia” o inversiones multimillonarias en armamento.
“El Estado venezolano pensó que el precio del petróleo siempre iba a estar alto y escondió la falta de inversión en el precio: la producción venía cayendo, pero como el precio venía subiendo, el gobierno veía los ingresos subiendo. Pero había una enfermedad subyacente. Entonces, cuando el precio del petróleo cayó, se dieron cuenta de que habían malbaratado el ingreso”, explica Pacheco.
Las autoridades venezolanas también recurrieron al endeudamiento externo -usando en ocasiones a Pdvsa o a la producción petrolera como colateral- para financiar el gasto del Estado, lo que llevó a acumular una deuda que se estima entre unos US$150.000 millones y US$170.000 millones, según la agencia Reuters.
Este endeudamiento abrió la posibilidad de que Venezuela pierda la propiedad de Citgo, una compañía que Pdvsa posee en Estados Unidos y que históricamente ha tenido un rol estratégico pues garantizaba el disponer de refinerías propias para colocar el crudo venezolano en el mayor mercado de petróleo y derivados del mundo.
Los acreedores de Venezuela lograron que la justicia estadounidense aceptara subastar Citgo para pagar las deudas pendientes desde que Venezuela entró en situación de impago en 2017. A finales de 2025, un tribunal aprobó la venta de esa compañía, pero la decisión aún no es definitiva.
La caída de las inversiones y de la producción también ha afectado la capacidad de Pdvsa de producir derivados del petróleo, pues las refinerías venezolanas han enfrentado numerosos problemas técnicos y se estima que en la actualidad están produciendo en torno a 25%-30% de su capacidad.
Producción privatizada
Otra característica de la situación actual de la industria petrolera venezolana es que la mayor parte del crudo y del gas es extraído por empresas privadas, según Pacheco.
“La producción petrolera de Venezuela está básicamente privatizada informalmente. La presencia de Chevron, de otras compañías internacionales, de contratistas menores que funcionan bajo un régimen legal bastante frágil hace que tú no puedas subir la producción más allá de donde está en este momento, que es un 25% de lo que alguna vez fue”, dice.
La legislación venezolana permite que petroleras internacionales operen en Venezuela, a condición de que se asocien con Pdvsa en proyectos en los cuales la estatal venezolana tenga mayoría de acciones.
En la práctica, sin embargo, debido a que Pdvsa no tiene dinero para invertir, lo que ocurre es que son estas compañías extranjeras las que hacen el grueso de la inversión y Pdvsa les paga con crudo.
En la actualidad, la compañía extranjera que más petróleo está produciendo en Venezuela es la estadounidense Chevron que a finales de 2025 extraía en distintos proyectos unos 245.100 barriles diarios, equivalentes a 22% de la producción del país, según informaba la prensa venezolana.
La italiana ENI, la española Repsol y las chinas CNPC y Sinopec son algunas de las principales empresas internacionales que han mantenido operaciones en Venezuela en los últimos años a través de asociaciones con Pdvsa.
En cuanto a la producción que se realiza en los campos operados exclusivamente por Pdvsa, Pacheco asegura que la extracción es poca y que se realiza a través de compañías contratistas.
“Pdvsa ahora es una fachada detrás de la cual no hay nada sino las compañías privadas que están operando bajo un sistema legal frágil”, apunta.
Lo que hace falta: una década y miles de millones
Una década es el plazo que citan informes y analistas cuando se les pregunta sobre el tiempo que tomaría rescatar la industria petrolera venezolana para que esta vuelva a producir en torno a unos 3 o 3,5 millones de barriles diarios.
“Lo que hace falta es inversión, tecnología y recursos humanos y un poco más de US$100.000 millones en inversiones en esa década”, dice Luis Pacheco.
Luisa Palacios, por su parte, advierte que dado el nivel de endeudamiento del gobierno venezolano y de Pdvsa, los recursos para levantar la industria petrolera venezolana deben venir de fondos privados.
“Ni el gobierno, ni la empresa estatal petrolera tienen capacidad para invertir en el sector petrolero para aumentar la producción. Entonces, todas las inversiones que se traigan al país para poder aumentar la producción tienen que venir del extranjero porque internamente no hay capacidad para ello”, señala.
La pasada semana, Trump dijo durante una reunión con 14 empresas petroleras en la Casa Blanca que invertirían justamente US$100.000 millones en la infraestructura petrolera de Venezuela.
La dificultad estriba, en este caso, en que para hacer esas inversiones milmillonarias y a largo plazo hace falta que se cumplan una serie de condiciones y de cambios jurídicos e institucionales que generen suficiente confianza a las empresas para que decidan invertir.
“Tú no vas a atraer los capitales que necesitas si no tienes reglas claras. Y para tener reglas claras tienes que tener todas estas garantías”, apunta Palacios.
La experta advierte que, en consecuencia, la recuperación de la industria no solamente es un tema de dinero, sino que requiere un cambio institucional para modificar completamente la dinámica actual del país y de la industria.
“Tienes que cambiar las reglas del juego, las instituciones, la legislación. Tienes que establecer un régimen legal que permita a los inversionistas sentir que sus inversiones van a estar seguras”.
“Eso también requiere que haya instituciones creíbles, un sistema judicial que respete los contratos y que sirva como un árbitro de derecho comercial, que exista un ente regulador que ejerza sus funciones y que exista un sistema macroeconómico que permita la libre conversión de la moneda, la libre importación y exportación de servicios y de material. Y tiene que haber garantías sobre la seguridad del personal que trabaje en el país”, afirma Palacios.
Luis Pacheco, quien coincide en que todos esos cambios son necesarios, añade uno más a la lista: “Tienes que cambiar todo el modelo político de Venezuela”.
Él recuerda que fue el propio chavismo el que le cambió las reglas del juego a las petroleras extranjeras que operaban en Venezuela, el que expropió y estatizó a las empresas contratistas y, en muchos casos, no les pagó indemnización.
En su opinión, ese historial haría difícil que un gobierno liderado por el chavismo logre generar confianza en las empresas internacionales.
Esas dudas fueron expresadas en la reunión de la pasada semana en la Casa Blanca por el director ejecutivo de Exxon Mobil, Darren Woods. “Hemos tenido nuestros activos confiscados allí dos veces, así que pueden imaginar que volver a entrar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos”, dijo, según reseñó The New York Times. “Hoy en día es imposible invertir allí”, agregó.
En contraste, el vicedirector ejecutivo de Chevron, Mark Nelson, dijo que su compañía esperaba poder incrementar su producción en Venezuela en un 50% en un plazo de dos años.
En todo caso, acá cabe recordar otra de las afirmaciones polémicas de Trump tras la captura de Maduro: “Nosotros [EE.UU.] vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa (…) No podemos correr el riesgo de que otra persona se haga cargo de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano; eso ha ocurrido durante décadas. No vamos a permitir que eso suceda”.
Así, quizá los inversores no tengan que decidir si creen o no en la palabra de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sino si confían en la de Donald Trump.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
