Justicia en campaña: cuando el acceso a la justicia se convierte en víctima electoral
En México, el derecho humano de acceso a la justicia atraviesa una de sus etapas más críticas. A la histórica falta de recursos y a los problemas estructurales de nuestros sistemas judicial y penitenciario, se suma ahora un fenómeno profundamente preocupante: la incursión de jueces, magistrados y ministros en campañas políticas. Mientras el país vive una crisis de rezago judicial, operadores clave de los sistemas de impartición de justicia dedican su tiempo y esfuerzos a la promoción electoral, lo cual plantea serias implicaciones éticas, institucionales y de derechos humanos.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, correspondiente al mes de febrero de 2025, 91,065 personas se encuentran privadas de libertad sin sentencia firme. 1 Es decir, un 37.9 % de la población penitenciaria en México permanece encarcelada sin que el Estado haya determinado aún su culpabilidad o inocencia. Estas cifras no son meros datos administrativos: representan miles de historias de personas cuyo derecho a ser juzgadas en un plazo razonable está siendo vulnerado. Detrás de cada número hay una persona esperando que alguien la escuche, revise su caso y dicte justicia.
Este escenario se agrava aún más cuando se revisan los indicadores sobre capacidad institucional. México cuenta con apenas 4.4 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el estándar internacional sugerido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es de al menos 65 jueces por cada 100 mil personas. 2 En estados como el Estado de México, la situación es todavía más grave, con solo 2.8 jueces por cada 100 mil habitantes. 3 Este déficit no solo retrasa la impartición de justicia: profundiza la desigualdad, porque quienes más sufren las demoras son justamente las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Es en este contexto, ya de por sí crítico, donde se inserta una reforma que amenaza con llevar al colapso lo poco que queda en pie. La reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 introdujo por primera vez la elección popular de más de 800 cargos judiciales a nivel federal, incluyendo las 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 Esta decisión no partió de un diagnóstico técnico ni de un análisis serio sobre las causas del rezago judicial, de conformidad con lo dicho por los representantes del propio Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la audiencia temática del pasado 12 de noviembre de 2024. 5
Como bien lo señaló la CIDH en su comunicado 213/24 del 12 de septiembre de 2024, se advierte la preocupación por la aprobación de la reforma judicial y “los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho”, 6 y representa un serio riesgo de regresividad en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México.
Los primeros indicios de este riesgo se materializaron incluso antes del arranque formal de las campañas. En enero de 2025, el diario El País documentó cómo tres ministras de la Corte –Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres– realizaron actividades de promoción personal en distintos estados de la República, antes de que el Instituto Nacional Electoral autorizara oficialmente las campañas judiciales. 7 Se presentaron en eventos organizados por legisladores afines al oficialismo, ofrecieron entrevistas en medios y difundieron materiales en redes sociales para posicionar sus perfiles. Pese a que el marco normativo prohíbe actos anticipados de campaña y el uso de recursos públicos para fines electorales, las autoridades electorales no sancionaron estas conductas. La impunidad con la que actuaron estos perfiles judiciales sienta un precedente sumamente peligroso: quienes deben ser garantes de la legalidad, se colocan por encima de la ley.
Más allá de las formas, el problema de fondo radica en lo que este fenómeno significa para la justicia como función pública. Un juez que está en campaña no puede garantizar imparcialidad ni apariencia de imparcialidad, ambas condiciones indispensables para que un proceso judicial sea legítimo. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió en julio de 2024 que la elección judicial por voto popular expone a los jueces a un incremento en “el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas“. 8 En un país como México, donde las estructuras criminales tienen una alta capacidad de infiltración institucional, abrir las puertas del poder judicial a la lógica electoral implica un riesgo inaceptable para la independencia judicial y, por lo tanto, para el acceso a la justicia.
También resulta urgente poner atención a los efectos prácticos de este involucramiento político. Cada hora que un juez, magistrado o ministro dedica a promover su imagen es una hora que no se destina a resolver los miles de casos en espera. El rezago judicial no es una abstracción: tiene efectos concretos y muchas veces devastadores. Implica que una mujer víctima de violencia espere meses o años para que se dicte una medida de protección; que un joven indígena, sin intérprete y sin defensa adecuada, permanezca en prisión preventiva por delitos menores; que una persona acusada injustamente no tenga oportunidad de demostrar su inocencia a tiempo. Todo esto se profundiza si quienes tienen en sus manos el poder de decidir se ausentan de sus funciones para participar en actos de campaña.
Además del rezago, hay otra consecuencia igual de preocupante: la pérdida de confianza ciudadana. Según el INEGI, en 2023, más del 92.9 % de los delitos cometidos en México no se denuncian, 9 en gran parte por la desconfianza en las autoridades. ¿Qué mensaje se manda cuando quienes imparten justicia se convierten en candidatos? ¿Cómo garantizar el derecho de acceso a tribunales independientes y objetivos cuando esos mismos tribunales están encabezados por personas que han hecho campaña, recibido apoyos políticos y respondido a intereses electorales?
La justicia no necesita de urnas. Necesita garantías. Necesita jueces con formación técnica, con independencia, con condiciones institucionales para ejercer su labor con integridad. Necesita ministros que protejan los derechos humanos consagrados en la constitución, no los intereses de agentes económicos o políticos. Lo que hoy vemos no es la democratización del sistema judicial, como se argumenta desde el discurso político: es su progresiva erosión. Lo que se nos está arrebatando no es el voto para elegir a los jueces, sino la garantía de que esos jueces resolverán nuestros conflictos con base en el derecho, no en la lógica de los aplausos o las encuestas.
Hoy, mientras miles de personas esperan justicia tras las rejas o en la incertidumbre de un expediente olvidado, el Poder Judicial se divide entre quienes siguen trabajando y quienes están en campaña. En medio de todo, la justicia misma se convierte en la gran víctima del proceso electoral.
*José Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es candidato a Doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México y Director General en ASILEGAL @AsíLegalMx.
1 Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, febrero 2025, página 3.
2 Alfredo Maza, Reforma al Poder Judicial no resuelve falta de jueces ni rezago de más de 47 mil expedientes: especialistas, Animal Político, 27 de junio de 2024.
3 Israel Dávila, En México sólo hay 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, La Jornada, 9 de julio de 2024.
4 Stephanie Gonzalez, Elecciones del Poder Judicial. Inicio de las campañas, Integralia, 30 de marzo de 2025, página 3.
5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Audiencia Temática de México: Reforma judicial. Martes, 12 de noviembre de 2024. 01:32:00.
6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México: CIDH advierte posibles afectaciones en la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de Derecho frente a la aprobación de la reforma judicial, 12 de septiembre de 2024.
7 Zekryk Raziel, Las campañas anticipadas de los aspirantes a jueces ponen más presión al INE, 14 de enero de 2024.
8 Margaret Satterthwaite, Mandato de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, 29 de julio de 2024, página 5.
9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024), 19 de septiembre de 2024, página 52.
Países como Argentina, Venezuela, Brasil y Uruguay recibieron a decenas de miles de italianos, y en los últimos años la solicitud de ciudadanía italiana había aumentado significativamente, según el gobierno.
Italia anunció un cambio en las reglas y restricción de los criterios sobre quiénes tienen derecho a la ciudadanía de ese país.
Tras la aprobación el viernes de un decreto-ley en el Consejo de Ministros, solo personas que tengan al menos un padre, madre, abuelo o abuela nacido en Italia -y que nacieron y viven en el extranjero- podrán optar por la nacionalidad italiana.
Anteriormente, no existía ese límite generacional: cada interesado en obtener la nacionalidad solo debía comprobar un vínculo con alguien nacido en Italia después de 1861 (cuando el reino de Italia fue creado).
Esta medida afecta principalmente a argentinos, uruguayos, brasileños y venezolanos, cuyos países recibieron decenas de miles de inmigrantes italianos entre la segunda parte del siglo XIX y la primera del siglo XX.
Solo el año pasado, 30.000 argentinos recibieron la ciudadanía italiana, según cifras oficiales.
De acuerdo a lo señalado por el gobierno de Italia, la decisión tiene como objetivo establecer límites más precisos y “evitar abusos” como los negocios en torno a la obtención del pasaporte.
“La ciudadanía debe ser algo serio”, señaló Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores de Italia.
Las autoridades informaron que las nuevas reglas, propuestas por el ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, no afectan a quienes ya tienen la ciudadanía italiana.
Por otro lado, Italia tiene más de 60.000 casos pendientes de reconocimiento de la ciudadanía. Todos aquellos que hayan iniciado el trámite antes del 27 de marzo de 2025 a la medianoche seguirán estando regidos por la legislación anterior, informó Tajani.
Las nuevas reglas
Tajani aclaró que el principio de ius sanguinis —o “derecho de sangre”, usado por muchos países como criterio para definir quién tiene derecho a la ciudadanía— no dejará de existir, sino que estará restringido hasta la segunda generación de descendencia.
El gobierno informó que, además del decreto-ley aprobado, habrá una segunda fase de esta reforma con dos proyectos de ley que enviarán al Parlamento.
Con ellos se buscará que los italianos “residentes en el exterior mantengan vínculos reales con Italia en el largo tiempo”.
Esas personas deberán “ejercer (alguno de) los derechos y deberes de ciudadano al menos una vez cada 25 años”, afirmó el ministro.
Entre esos derechos y deberes, Tajani mencionó haber votado, haber renovado el pasaporte o la cédula de identidad, o haber pagado impuestos si tenía que hacerlo.
“También será necesario que las personas nacidas en el extranjero registren su partida de nacimiento antes de los 25 años de edad. De lo contrario, ya no podrán solicitar la ciudadanía italiana”, expresó el ministro.
Por otro lado, “los descendientes de italianos obtendrán la ciudadanía automáticamente si nacen en Italia o si antes de su nacimiento uno de sus progenitores ciudadanos ha residido al menos dos años continuos en nuestro país”, informó Tajani.
Otra forma de que los hijos de aquellos que obtuvieron la ciudadanía italiana por ser descendientes de un italiano puedan convertirse en ciudadanos italianos será que se vayan a vivir dos años a Italia (salvo que hayan nacido en ese país).
Liberar a los consulados
El gobierno de Italia prometió revisar “los procedimientos para el reconocimiento de la ciudadanía”, y para ello anunció que los trámites de ciudadanía dejarán de hacerse en los consulados, sino que se harán en una oficina específica en Roma.
El gobierno de Giorgia Meloni espera que esa oficina funcione plenamente dentro de un año.
“Los consulados se concentrarán en la prestación de servicios a aquellos que son ciudadanos, no más en la ‘creación’ de nuevos ciudadanos”, señala un comunicado del ministerio.
“Se proporcionarán más actualizaciones a medida que estén disponibles”, señala el comunicado.
Impacto
La medida podría tener un impacto significativo en Sudamérica, especialmente en Brasil y Argentina, países que recibieron grandes oleadas de inmigración italiana a finales del siglo XIX y principios del XX.
Los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano muestran un “importante aumento de los reconocimientos de ciudadanía” en estos lugares.
Desde finales de 2014 hasta finales de 2024, el número de ciudadanos italianos residentes en el extranjero aumentó de aproximadamente 4,6 millones a 6,4 millones, un incremento de 40%.
Según el ministerio, en Argentina el número de reconocimientos aumentó de alrededor de 20.000 en 2023 a 30.000 al año siguiente.
En Brasil, el total aumentó de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado.
Venezuela tuvo casi 8.000 reconocimientos de ciudadanía italiana en 2024.
El gobierno italiano estima que, potencialmente, el número de descendientes de italianos en todo el mundo que podrían solicitar la ciudadanía se sitúa entre 60 y 80 millones, según la legislación vigente.
El gobierno italiano sostiene que la reforma “alinea los criterios para el reconocimiento de la ciudadanía italiana” con los de otros países europeos y “liberará recursos para hacer más eficientes los servicios consulares, permitiéndoles centrarse exclusivamente en quienes realmente lo necesitan, por su vínculo concreto con Italia”.
“El sistema actual afecta negativamente a la eficiencia de las oficinas administrativas o judiciales italianas, que se ven sometidas a presión por parte de quienes se trasladan a Italia únicamente para intentar acelerar el proceso de reconocimiento de la ciudadanía, fomentando además fraudes o prácticas irregulares”, concluye el ministerio.
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