El funcionamiento y la estabilidad del Estado mexicano dependen, en gran medida, del mantenimiento de alianzas con grupos de poder, incluidos aquellos de carácter ilegal e informal. Estos grupos operan con una especie de licencia otorgada por los gobiernos en turno, a cambio de rentas por protección. Este trueque, facilitado por una relación simbiótica entre el Estado y el crimen organizado, se ha convertido en una herramienta de consolidación estatal.
La relación entre los grupos criminales y el Estado, entendida como una especie de acuerdo tácito entre ambos actores, ha existido durante largo tiempo. Durante los más de setenta años en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México, se consolidó una especie de “pax narca”. Este período se caracterizó por una paz relativa, siempre y cuando el Estado mantuviera un control sobre el manejo del mercado de las drogas, como ha señalado el Dr. Sergio Aguayo, de El Colegio de México.
Cuando el PRI perdió el poder en el 2000, la relación simbiótica con el crimen organizado continuó, a pesar de esta transición. Esto puede evidenciarse en los siguientes acontecimientos:
A pesar de mantenerse esta relación simbiótica, pueden surgir diferencias de intereses, lo cual lleva a una renegociación (por medio de coerción) de los términos. Al dejar de estar mancomunados dichos intereses, puede realizarse una persecución deliberada por parte del Estado:
Pero estas persecuciones representan meramente una renegociación, no una anulación de esta relación simbiótica. Siempre ha habido un esfuerzo por parte del gobierno en aras de mantener y/o renegociar estas alianzas, pues el Estado mexicano busca operar por medio del mantenimiento de esta relación.
Si el Estado y los grupos criminales operan bajo este acuerdo, ¿por qué, entonces, hay violencia? La respuesta es sencilla, pero compleja. En primer lugar, los antiguos acuerdos que surgieron durante la época del PRI han sido desmantelados y se han iniciado nuevos acomodos. En segundo lugar, hoy en día existen muchos más grupos de crimen organizado que cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006. Como resultado, el Estado se ve obligado a hacer más arreglos, mientras que la competencia entre los criminales se intensifica cada vez más.
En ocasiones, el propio Estado no tiene la capacidad para garantizar la seguridad y la paz en regiones o ciudades donde los grupos criminales compiten por el control de una plaza. Jesús Leana Ojeda, la máxima autoridad militar en Sinaloa, comentó recientemente, al abordar el tema de la seguridad en Culiacán, que la seguridad dependía de los grupos criminales y no de las fuerzas del Estado. En situaciones como estas, la seguridad termina en manos de los grupos criminales y no en el control del Estado.
La violencia también puede ser utilizada por los grupos criminales como una herramienta de capital y cabildeo político. Como explican Guillermo Trejo y Sandra Ley en su investigación sobre la incidencia del crimen organizado en la política, esto ocurre cuando estos actores buscan influir en las políticas públicas o presionar a los gobiernos para que tomen decisiones que les favorezcan.
Un ejemplo de esto es el caso de Ygnacio López, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, quien fue ejecutado por el Cártel de los Caballeros Templarios después de negarse a pagar el 10 % de los fondos federales que su gobierno había recibido.
Por otro lado, Rafael García, alcalde de Coalcomán, Michoacán, se vio obligado a rendir su policía municipal al servicio del Cártel de los Caballeros Templarios para evitar represalias graves y atenerse a las consecuencias. En octubre de 2024, antes de asumir la alcaldía de Chilpancingo, el alcalde Alejandro Arcos fue asesinado después de acusar a su antecesora de estar coludida con el Cártel de los Ardillos y de declarar su compromiso con un verdadero cambio.
En estos casos, cuando los grupos criminales ejercen coerción, incluso cuando existe voluntad política para efectuar un cambio, algunos actores políticos optan por ceder y alinearse con los grupos delictivos para evitar pagar el precio con su vida. Intentar desmantelar la relación simbiótica puede significar la muerte.
Así como el Estado puede perseguir a ciertos grupos criminales de forma selectiva, los grupos criminales también pueden selectivamente violentar contra ciertos agentes del Estado. Estas acciones representan una renegociación de los términos de la relación simbiótica. La paz puede existir siempre y cuando hayan intereses mutuos. La mera existencia del casamiento entre el Estado y grupos criminales constata que —más que una falta de capacidad del Estado Mexicano en resolver la crisis de seguridad— el Estado tiene agencia, pero decide no hacer un compromiso real, no tomar las acciones necesarias para solucionar el tema de la violencia.
Esto ocurre porque abordar el problema de raíz implica también atacar la propia existencia del Estado mexicano. El principal objetivo del Estado es su consolidación, lo que garantiza su supervivencia a través del mantenimiento de la relación simbiótica con grupos criminales. Este presunto “fracaso” ante la inseguridad no es resultado de una u otra administración; más bien, el mantenimiento de esta relación simbiótica ha sido parte del modus operandi del Estado desde su concepción.
A lo largo de múltiples sexenios, independientemente del partido político en el poder, han salido a la luz casos de colusión entre el gobierno y grupos criminales. ¿Los resultados? Sin importar las estrategias de seguridad implementadas por cada administración, la violencia, la corrupción y la impunidad siguen sin cesar. Los muertos también siguen acumulándose.
* Walter Walle es maestro en Relaciones y Asuntos Internacionales y Seguridad por la George Washington University. Es egresado del Diplomado sobre Violencia y Paz de El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, generación 2024.
Escenas de caos y violencia se vivieron este miércoles en el centro de la capital del país.
La protesta de jubilados contra el gobierno de Javier Milei, que este miércoles contó además con la participación de hinchas de distintos clubes de fútbol que apoyaron el reclamo, dejó varias escenas de violencia en las afueras del Congreso argentino.
De acuerdo al reporte de varios medios locales, la policía utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar a los manifestantes que lanzaban piedras.
En total se registraron al menos 20 heridos y más de 100 arrestos, de acuerdo al reporte de las autoridades locales.
Los manifestantes eran en su mayoría jubilados, que cada miércoles se reúnen frente del Congreso Nacional, ubicado en el centro de Buenos Aires, con el fin de pedir un aumento en sus jubilaciones y recuperar el acceso gratuito a determinados medicamentos.
A la marcha de este miércoles se habían unido representantes de varias hinchadas de equipos de fútbol como Boca Juniors, River Plate y Rosario Central entre otros.
Este apoyo comenzó luego de que se difundieran semanas atrás imágenes de un jubilado con la camiseta del club Chacarita, reprimido por la policía. Primero fueron hinchas de Chacarita los que se sumaron a las marchas y este miércoles ya fueron de más clubes.
El gobierno los ha acusado de ser “barra bravas”, es decir, los miembros más violentos de las hinchadas de fútbol.
Entre los heridos más graves se encuentran el fotoreportero Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno y se encuentra internado con pronóstico reservado.
También un agente de policía recibió una herida de bala en su brazo izquierdo.
Los jubilados, de los cuales casi el 60% recibe sólo el monto mínimo equivalente a unos US$340 al mes, han sido uno de los sectores más afectados por las políticas de austeridad del actual gobierno.
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