El Estado Mexicano es funcional, cuando opera de la mano del crimen organizado
El funcionamiento y la estabilidad del Estado mexicano dependen, en gran medida, del mantenimiento de alianzas con grupos de poder, incluidos aquellos de carácter ilegal e informal. Estos grupos operan con una especie de licencia otorgada por los gobiernos en turno, a cambio de rentas por protección. Este trueque, facilitado por una relación simbiótica entre el Estado y el crimen organizado, se ha convertido en una herramienta de consolidación estatal.
La relación simbiótica con el crimen organizado
La relación entre los grupos criminales y el Estado, entendida como una especie de acuerdo tácito entre ambos actores, ha existido durante largo tiempo. Durante los más de setenta años en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México, se consolidó una especie de “pax narca”. Este período se caracterizó por una paz relativa, siempre y cuando el Estado mantuviera un control sobre el manejo del mercado de las drogas, como ha señalado el Dr. Sergio Aguayo, de El Colegio de México.
Cuando el PRI perdió el poder en el 2000, la relación simbiótica con el crimen organizado continuó, a pesar de esta transición. Esto puede evidenciarse en los siguientes acontecimientos:
- A finales los años 90, el titular de la SEDENA y director del entonces Instituto Nacional para el Combate de las Drogas, José de Jesús Gutiérrez Rebollo, fue detenido y acusado de proteger al Cartel de Juárez.
- Lo mismo pasó con el titular de la SEDENA del gobierno de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido por la DEA (por sus siglas en inglés, la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos) y acusado de tener nexos con el narcotráfico. Tiempo después, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador trabajó con las autoridades estadounidenses para su liberación.
- Genaro García Luna, exsecretario de seguridad de Felipe Calderón, también fue acusado y sentenciado de tener nexos con el crimen organizado.
- Una investigación de la DEA del 2010 y 2011 determinó que López Obrador, en ese entonces candidato a la presidencia, recibió sobornos de grupos criminales durante su campaña presidencial del 2006.
- Una vez en el poder, el periódico The New York Times evidenció en una investigación los vínculos mantenidos entre Lopez Obrador y sus colaboradores cercanos con el crimen organizado.
- Recientemente, el gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó la extradición de regreso a México de Ismael “el Mayo” Zambada, uno de los líderes fundadores del Cártel de Sinaloa.
A pesar de mantenerse esta relación simbiótica, pueden surgir diferencias de intereses, lo cual lleva a una renegociación (por medio de coerción) de los términos. Al dejar de estar mancomunados dichos intereses, puede realizarse una persecución deliberada por parte del Estado:
- Por esta razón, después de su captura, Benjamín Arellano Felix (líder del cartel de Tijuana) declaró que “a mí me extraditó el PAN, por qué el PRI no me extradita” —su captura fue durante el gobierno de Fox, en el 2002.
- En 2012, Edgar “La Barbie” Váldez Villareal acusó al gobierno de Felipe Calderón de haber buscado un “arreglo” con todos los grupos criminales de aquel entonces. Al no querer ser partícipe de este arreglo, se inició una persecución aguda en su contra.
- Por último, el gobierno de Felipe Calderón fue acusado en múltiples ocasiones de proteger al cártel de Sinaloa, pues este terminó fortalecido durante su sexenio, mientras otros grupos se vieron severamente debilitados.
Pero estas persecuciones representan meramente una renegociación, no una anulación de esta relación simbiótica. Siempre ha habido un esfuerzo por parte del gobierno en aras de mantener y/o renegociar estas alianzas, pues el Estado mexicano busca operar por medio del mantenimiento de esta relación.
¿Y la violencia?
Si el Estado y los grupos criminales operan bajo este acuerdo, ¿por qué, entonces, hay violencia? La respuesta es sencilla, pero compleja. En primer lugar, los antiguos acuerdos que surgieron durante la época del PRI han sido desmantelados y se han iniciado nuevos acomodos. En segundo lugar, hoy en día existen muchos más grupos de crimen organizado que cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006. Como resultado, el Estado se ve obligado a hacer más arreglos, mientras que la competencia entre los criminales se intensifica cada vez más.
En ocasiones, el propio Estado no tiene la capacidad para garantizar la seguridad y la paz en regiones o ciudades donde los grupos criminales compiten por el control de una plaza. Jesús Leana Ojeda, la máxima autoridad militar en Sinaloa, comentó recientemente, al abordar el tema de la seguridad en Culiacán, que la seguridad dependía de los grupos criminales y no de las fuerzas del Estado. En situaciones como estas, la seguridad termina en manos de los grupos criminales y no en el control del Estado.
En políticas públicas
La violencia también puede ser utilizada por los grupos criminales como una herramienta de capital y cabildeo político. Como explican Guillermo Trejo y Sandra Ley en su investigación sobre la incidencia del crimen organizado en la política, esto ocurre cuando estos actores buscan influir en las políticas públicas o presionar a los gobiernos para que tomen decisiones que les favorezcan.
Un ejemplo de esto es el caso de Ygnacio López, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, quien fue ejecutado por el Cártel de los Caballeros Templarios después de negarse a pagar el 10 % de los fondos federales que su gobierno había recibido.
Por otro lado, Rafael García, alcalde de Coalcomán, Michoacán, se vio obligado a rendir su policía municipal al servicio del Cártel de los Caballeros Templarios para evitar represalias graves y atenerse a las consecuencias. En octubre de 2024, antes de asumir la alcaldía de Chilpancingo, el alcalde Alejandro Arcos fue asesinado después de acusar a su antecesora de estar coludida con el Cártel de los Ardillos y de declarar su compromiso con un verdadero cambio.
En estos casos, cuando los grupos criminales ejercen coerción, incluso cuando existe voluntad política para efectuar un cambio, algunos actores políticos optan por ceder y alinearse con los grupos delictivos para evitar pagar el precio con su vida. Intentar desmantelar la relación simbiótica puede significar la muerte.
El choque entre el Estado y grupos criminales
Así como el Estado puede perseguir a ciertos grupos criminales de forma selectiva, los grupos criminales también pueden selectivamente violentar contra ciertos agentes del Estado. Estas acciones representan una renegociación de los términos de la relación simbiótica. La paz puede existir siempre y cuando hayan intereses mutuos. La mera existencia del casamiento entre el Estado y grupos criminales constata que —más que una falta de capacidad del Estado Mexicano en resolver la crisis de seguridad— el Estado tiene agencia, pero decide no hacer un compromiso real, no tomar las acciones necesarias para solucionar el tema de la violencia.
Esto ocurre porque abordar el problema de raíz implica también atacar la propia existencia del Estado mexicano. El principal objetivo del Estado es su consolidación, lo que garantiza su supervivencia a través del mantenimiento de la relación simbiótica con grupos criminales. Este presunto “fracaso” ante la inseguridad no es resultado de una u otra administración; más bien, el mantenimiento de esta relación simbiótica ha sido parte del modus operandi del Estado desde su concepción.
A lo largo de múltiples sexenios, independientemente del partido político en el poder, han salido a la luz casos de colusión entre el gobierno y grupos criminales. ¿Los resultados? Sin importar las estrategias de seguridad implementadas por cada administración, la violencia, la corrupción y la impunidad siguen sin cesar. Los muertos también siguen acumulándose.
* Walter Walle es maestro en Relaciones y Asuntos Internacionales y Seguridad por la George Washington University. Es egresado del Diplomado sobre Violencia y Paz de El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, generación 2024.
Cientos de venezolanos regresan a su país tras desistir de llegar a EU. El trayecto más difícil y más costoso en su camino es el que hay entre Panamá y Colombia.
“Si pudiera devolver el tiempo, jamás pasaría por eso”, dice Carlos*, un migrante venezolano, refiriéndose a la ruta que hizo en lancha desde Panamá hasta Colombia.
Él es uno de los cientos de migrantes que decidieron regresar a su país a raíz de que Donald Trump eliminara las opciones que tenían para cruzar la frontera de Estados Unidos legalmente como solicitantes de asilo.
La lancha en la que iba este lunes con su esposa y sus hijos de 8 y 12 años desde Puerto Obaldía, Panamá, hasta Capurganá, Colombia, se quedó varada en mar abierto.
“Le entró agua al motor y quedamos flotando a mar abierto”, relata Carlos para BBC Mundo. “Llamaron a un lanchero para que nos fuera a rescatar, pero cuando llegó, chocó con nuestra lancha, se montó encima de nosotros y casi nos volteamos”.
El choque le abrió un hueco a la lancha, por el que se empezó a entrar el agua. Afortunadamente, otra embarcación los rescató y los llevó de vuelta a Puerto Obaldía.
Más tarde, y tras algunas reparaciones, Carlos y su familia volvieron a zarpar en la misma lancha y lograron llegar a Capurganá.
El trayecto entre Panamá y Colombia es el más complicado del viaje entre Norteamérica y Suramérica porque no hay carreteras que unan a los dos países.
La gran mayoría de los migrantes atravesaron de ida la peligrosa selva del Darién, una travesía en la cual murieron 84 personas en 2023 y 55 en 2024, según cifras del gobierno de Panamá.
Ahora, para evitar hacerlo de nuevo y por las fuertes restricciones que ha implementado Panamá al tránsito por el Darién, están cruzando por mar.
Para Carlos, lo que vivió en la lancha fue mucho peor que vivió hace seis meses en la selva. La define como una experiencia “traumática”.
“La lancha en mar abierto brinca más de un metro y cae como si estuvieran tirándote de golpe al piso. Sientes como si te estuvieran dando un golpe con un palo en la espalda, en las piernas”.
El choque no fue el único incidente que vivió en la ruta. En un momento, se quedaron sin combustible. Y en otro, el patrón perdió el control del volante y la lancha se ladeó tanto que Carlos quedó parcialmente sumergido en el agua.
Su prioridad cuando iba en la lancha, sin embargo, era mantener agarrados a sus hijos y distraerlos del miedo que sentían.
“Yo lo pienso ahorita y digo: ¿cómo pudimos exponer nuestras vidas así?”.
Según el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, más de 2.200 migrantes llegaron a ese país durante febrero en su camino de regreso hacia Venezuela.
No se sabe cuántos de ellos han salido en lanchas hacia Colombia, pero estas se han convertido en el principal medio de transporte para los migrantes que regresan.
El sábado 22 de febrero una lancha que zarpó de Cartí, en la comarca indígena Guna Yala, naufragó con 21 pasajeros —19 de ellos migrantes— en medio de la noche.
El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá confirmó que logró rescatar a 20 de ellos, pero una niña venezolana de 8 años falleció.
Según un experto consultado por BBC Mundo, la ruta que siguen las lanchas que transportan migrantes no es particularmente difícil.
Sin embargo, los vientos alisios, que son más intensos entre enero y abril, sí provocan mareas altas que pueden ser amenazantes para las lanchas abiertas, como aquellas en las que se trasladan los migrantes. No son embarcaciones diseñadas para trayectos tan largos.
A pesar de los riesgos, en TikTok y grupos de WhatsApp, cientos de migrantes venezolanos se alientan mutuamente a realizar el viaje y se felicitan cuando logran llegar al otro lado.
“Es una tranquilidad que no tiene precio llegar a Necoclí (Colombia)”, escribe uno de ellos. “Ni aunque me pagaran $5.000 (unos US$245) semanales, me quedaba un día más en México”, escribe otro.
Las rutas
Las rutas marítimas improvisadas que han usado cientos de migrantes en las últimas semanas para llegar a Colombia arrancan desde dos puntos: uno en la comarca de Guna Yala y otro en la provincia de Colón, en Panamá.
Guna Yala es una comarca indígena en el noreste del país que se extiende a lo largo de la costa Caribe desde la frontera con Colombia. Es, por ende, el lugar más cercano desde donde llegar por mar a Necoclí.
Desde que ocurrió el naufragio del 21 de febrero, sin embargo, dejaron de zarpar lanchas desde Guna Yala y se trasladó todo el transporte de migrantes a la provincia de Colón, según informan fuentes en el terreno.
Las autoridades indígenas de Guna Yala le dijeron a BBC Mundo que, desde antes del naufragio, habían advertido de que a su territorio estaban llegando decenas de migrantes en carros particulares, taxis y a pie para embarcarse en las lanchas.
“Lamentablemente, Gunayala no está en condiciones de recibir y atender a esos seres humanos en condiciones adecuadas, y nos sorprende que ni las Naciones Unidas ni el gobierno de Panamá hayan puesto recursos para un albergue, botes, carros o alimentación para atender estas personas”, decía un comunicado del Congreso General Gunayala.
Las embarcaciones desde Guna Yala zarpaban en Cartí y llegaban hasta Puerto Obaldía, un corregimiento muy cerca de la frontera con Colombia. Ese trayecto toma al menos 7 horas.
A pesar de que la instrucción expresa de las autoridades de Guna Yala es no navegar después de las 5:00 pm, la lancha que naufragó el 22 de febrero viajaba en medio de la noche.
BBC Mundo contactó con las autoridades panameñas para saber cuál ha sido su papel en el transporte de los migrantes que van de norte a sur, pero no obtuvo respuesta.
Sin embargo, fotos que tomó la agencia de noticias AFP en Puerto Cartí el 21 de febrero mostraban a miembros de la fuerza pública panameña vigilando el muelle mientras los migrantes embarcaban.
Ese mismo día y de ese mismo lugar zarpó la embarcación que naufragó.
US$300 hasta Necoclí
La otra ruta, que es por la que avanzan hacia su destino casi todos los migrantes desde que ocurrió el naufragio, arranca en Miramar, un corregimiento en la provincia de Colón.
Ahí, los migrantes abordan una primera lancha que para en Gaigirgordub, una isla en la comarca de Guna Yala, y llega hasta Puerto Obaldía. Es un viaje que toma aproximadamente unas 9 horas.
“Realmente hay que vivirlo para poder entenderlo”, le contó a BBC Mundo Rafael*, otro migrante que realizó la travesía.
“Tu vida depende depende de otra persona, a a la que no le importan tus miedos o los golpes que estás sufriendo. Ellos solo quieren llegar”.
“Había un conductor de una lancha que iba a toda mecha y tomando licor”, agregó.
Según los testimonios que recogió BBC Mundo, en Puerto Obaldía los migrantes se quedan una noche. Ahí, hay un puesto de control de las autoridades panameñas donde les revisan los documentos.
Los transportistas les dicen que la comida y el hospedaje de esa noche están incluidos en el precio que pagan, pero eso no es así, según Rafael.
“No te dan agua, ni siquiera agua dulce para que te puedas bañar”, le dijo a BBC Mundo.
Al día siguiente, otra lancha los lleva desde allí hasta Capurganá, un trayecto que toma unos 25 minutos.
En Capurganá, cambian nuevamente de lancha a otra más grande para ir hacia Necoclí o Turbo, dos municipios colombianos relativamente bien conectados desde donde los migrantes pueden continuar su camino por tierra.
Según Carlos, la lancha que lo llevó de Capurganá a Necoclí tenía capacidad para 63 personas, pero en ella iban 68.
En grupos de Whatsapp, algunos migrantes afirman que los patrones de las lanchas les habían vendido un paquete que supuestamente los llevaría hasta Necoclí pero terminaron dejándolos en Puerto Obaldía, a mitad de camino.
El paso entre Panamá y Colombia es lo más caro de todo el viaje desde México hasta Venezuela.
Las lanchas cobran aproximadamente unos US$300 por persona por llevar a los migrantes desde el Caribe panameño hasta Necoclí.
A eso se suman otros US$200 que les cuesta más o menos a cada uno llegar desde Tapachula, México, hasta Panamá, un trayecto que hacen en autobús y toma más o menos cinco días.
Reunir ese dinero en México, sobre todo para las familias con niños, es muy difícil, según los testimonios que recogió BBC Mundo.
Por ende, muchos que no tienen cómo pagar el precio de las lanchas han quedado varados en albergues en la provincia del Darién.
Es el caso de Adrianyela, una migrante que logró llegar con su hija de dos años hasta Panamá con el dinero que ganó vendiendo dulces, pidiendo en la calle y limpiando vidrios en el camino.
Como no tiene la cantidad necesaria para seguir, lleva dos semanas en la Estación Temporal de Recepción de Migrantes de Lajas Blancas, de donde no tiene como salir y donde la infraestructura es muy precaria.
El presidente Mulino ha dicho en varias ocasiones que está trabajando para llegar a un acuerdo con Colombia que permita que los migrantes venezolanos que se encuentran en albergues panameños, como Adrianyela, sean trasladados en vuelos humanitarios hasta Cúcuta.
Sin embargo, por el momento no se conoce ningún acuerdo binacional para que Colombia reciba a migrantes provenientes de Panamá.
BBC Mundo consultó a Migración Colombia y a la Cancillería colombiana en qué punto se encuentra esa negociación y qué medidas se están tomando ante la llegada de migrantes de regreso, pero no recibió respuesta.
A muchos de los migrantes, la alternativa que les queda es pedirles a sus familiares y amigos que les envíen dinero dinero para poder continuar su camino.
“Los familiares por nosotros hasta se endeudan con tal de vernos a nosotros bien”, decía uno de los migrantes en un grupo de Whatsapp.
“Cuando uno anda loco por irse, no le importa el costo ni de los pasajes de bus ni de las lanchas. Lo importante es llegar bien, abrazar a la familia y a los hijos”, escribía otro.
Con todo y los riesgos, subirse a una de esas lanchas es el mayor deseo de muchos migrantes en la medida en que los acercan a la posibilidad de rehacer su vida luego de meses viajando, sin poder llegar a su destino final, EE.UU.
A pesar de que la situación económica y política en Venezuela por la que decidieron migrar sigue igual, volver para muchos de los migrantes es la manera de dejar atrás meses en los que se han enfrentado a xenofobia, robos, estafas e incluso secuestros.
“Por todo lo que viví, estoy superemocionado de llegar a Venezuela”, dice Carlos.
“Los migrantes solo queremos regresar a casa y dejar atrás tantas penurias y frustraciones”, concluye Rafael.
*Los nombres fueron cambiados por petición de los migrantes.
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