El Estado Mexicano es funcional, cuando opera de la mano del crimen organizado
El funcionamiento y la estabilidad del Estado mexicano dependen, en gran medida, del mantenimiento de alianzas con grupos de poder, incluidos aquellos de carácter ilegal e informal. Estos grupos operan con una especie de licencia otorgada por los gobiernos en turno, a cambio de rentas por protección. Este trueque, facilitado por una relación simbiótica entre el Estado y el crimen organizado, se ha convertido en una herramienta de consolidación estatal.
La relación simbiótica con el crimen organizado
La relación entre los grupos criminales y el Estado, entendida como una especie de acuerdo tácito entre ambos actores, ha existido durante largo tiempo. Durante los más de setenta años en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México, se consolidó una especie de “pax narca”. Este período se caracterizó por una paz relativa, siempre y cuando el Estado mantuviera un control sobre el manejo del mercado de las drogas, como ha señalado el Dr. Sergio Aguayo, de El Colegio de México.
Cuando el PRI perdió el poder en el 2000, la relación simbiótica con el crimen organizado continuó, a pesar de esta transición. Esto puede evidenciarse en los siguientes acontecimientos:
- A finales los años 90, el titular de la SEDENA y director del entonces Instituto Nacional para el Combate de las Drogas, José de Jesús Gutiérrez Rebollo, fue detenido y acusado de proteger al Cartel de Juárez.
- Lo mismo pasó con el titular de la SEDENA del gobierno de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido por la DEA (por sus siglas en inglés, la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos) y acusado de tener nexos con el narcotráfico. Tiempo después, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador trabajó con las autoridades estadounidenses para su liberación.
- Genaro García Luna, exsecretario de seguridad de Felipe Calderón, también fue acusado y sentenciado de tener nexos con el crimen organizado.
- Una investigación de la DEA del 2010 y 2011 determinó que López Obrador, en ese entonces candidato a la presidencia, recibió sobornos de grupos criminales durante su campaña presidencial del 2006.
- Una vez en el poder, el periódico The New York Times evidenció en una investigación los vínculos mantenidos entre Lopez Obrador y sus colaboradores cercanos con el crimen organizado.
- Recientemente, el gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó la extradición de regreso a México de Ismael “el Mayo” Zambada, uno de los líderes fundadores del Cártel de Sinaloa.
A pesar de mantenerse esta relación simbiótica, pueden surgir diferencias de intereses, lo cual lleva a una renegociación (por medio de coerción) de los términos. Al dejar de estar mancomunados dichos intereses, puede realizarse una persecución deliberada por parte del Estado:
- Por esta razón, después de su captura, Benjamín Arellano Felix (líder del cartel de Tijuana) declaró que “a mí me extraditó el PAN, por qué el PRI no me extradita” —su captura fue durante el gobierno de Fox, en el 2002.
- En 2012, Edgar “La Barbie” Váldez Villareal acusó al gobierno de Felipe Calderón de haber buscado un “arreglo” con todos los grupos criminales de aquel entonces. Al no querer ser partícipe de este arreglo, se inició una persecución aguda en su contra.
- Por último, el gobierno de Felipe Calderón fue acusado en múltiples ocasiones de proteger al cártel de Sinaloa, pues este terminó fortalecido durante su sexenio, mientras otros grupos se vieron severamente debilitados.
Pero estas persecuciones representan meramente una renegociación, no una anulación de esta relación simbiótica. Siempre ha habido un esfuerzo por parte del gobierno en aras de mantener y/o renegociar estas alianzas, pues el Estado mexicano busca operar por medio del mantenimiento de esta relación.
¿Y la violencia?
Si el Estado y los grupos criminales operan bajo este acuerdo, ¿por qué, entonces, hay violencia? La respuesta es sencilla, pero compleja. En primer lugar, los antiguos acuerdos que surgieron durante la época del PRI han sido desmantelados y se han iniciado nuevos acomodos. En segundo lugar, hoy en día existen muchos más grupos de crimen organizado que cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006. Como resultado, el Estado se ve obligado a hacer más arreglos, mientras que la competencia entre los criminales se intensifica cada vez más.
En ocasiones, el propio Estado no tiene la capacidad para garantizar la seguridad y la paz en regiones o ciudades donde los grupos criminales compiten por el control de una plaza. Jesús Leana Ojeda, la máxima autoridad militar en Sinaloa, comentó recientemente, al abordar el tema de la seguridad en Culiacán, que la seguridad dependía de los grupos criminales y no de las fuerzas del Estado. En situaciones como estas, la seguridad termina en manos de los grupos criminales y no en el control del Estado.
En políticas públicas
La violencia también puede ser utilizada por los grupos criminales como una herramienta de capital y cabildeo político. Como explican Guillermo Trejo y Sandra Ley en su investigación sobre la incidencia del crimen organizado en la política, esto ocurre cuando estos actores buscan influir en las políticas públicas o presionar a los gobiernos para que tomen decisiones que les favorezcan.
Un ejemplo de esto es el caso de Ygnacio López, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, quien fue ejecutado por el Cártel de los Caballeros Templarios después de negarse a pagar el 10 % de los fondos federales que su gobierno había recibido.
Por otro lado, Rafael García, alcalde de Coalcomán, Michoacán, se vio obligado a rendir su policía municipal al servicio del Cártel de los Caballeros Templarios para evitar represalias graves y atenerse a las consecuencias. En octubre de 2024, antes de asumir la alcaldía de Chilpancingo, el alcalde Alejandro Arcos fue asesinado después de acusar a su antecesora de estar coludida con el Cártel de los Ardillos y de declarar su compromiso con un verdadero cambio.
En estos casos, cuando los grupos criminales ejercen coerción, incluso cuando existe voluntad política para efectuar un cambio, algunos actores políticos optan por ceder y alinearse con los grupos delictivos para evitar pagar el precio con su vida. Intentar desmantelar la relación simbiótica puede significar la muerte.
El choque entre el Estado y grupos criminales
Así como el Estado puede perseguir a ciertos grupos criminales de forma selectiva, los grupos criminales también pueden selectivamente violentar contra ciertos agentes del Estado. Estas acciones representan una renegociación de los términos de la relación simbiótica. La paz puede existir siempre y cuando hayan intereses mutuos. La mera existencia del casamiento entre el Estado y grupos criminales constata que —más que una falta de capacidad del Estado Mexicano en resolver la crisis de seguridad— el Estado tiene agencia, pero decide no hacer un compromiso real, no tomar las acciones necesarias para solucionar el tema de la violencia.
Esto ocurre porque abordar el problema de raíz implica también atacar la propia existencia del Estado mexicano. El principal objetivo del Estado es su consolidación, lo que garantiza su supervivencia a través del mantenimiento de la relación simbiótica con grupos criminales. Este presunto “fracaso” ante la inseguridad no es resultado de una u otra administración; más bien, el mantenimiento de esta relación simbiótica ha sido parte del modus operandi del Estado desde su concepción.
A lo largo de múltiples sexenios, independientemente del partido político en el poder, han salido a la luz casos de colusión entre el gobierno y grupos criminales. ¿Los resultados? Sin importar las estrategias de seguridad implementadas por cada administración, la violencia, la corrupción y la impunidad siguen sin cesar. Los muertos también siguen acumulándose.
* Walter Walle es maestro en Relaciones y Asuntos Internacionales y Seguridad por la George Washington University. Es egresado del Diplomado sobre Violencia y Paz de El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, generación 2024.
Escaparon en un viaje tan sorprendente como aterrador rumbo a Australia. Eran 19 jóvenes que lo dieron todo por tener una vida mejor.
La exjugadora de cricket australiana Mel Jones fue una de las tres mujeres que organizaron y financiaron el plan para que el equipo femenino de cricket de Afganistán huyera de su país en 2021 tras el regreso al poder del Talibán.
Entre las 19 jugadoras que hicieron el aterrador viaje a Australia estaba Firooza Amiri, quien temblaba de miedo cada vez que su familia era detenida en el auto en el que viajaba.
Ocho eran los puestos de control por los que tuvieron que pasar para abandonar su país de origen.
Hasta el día de hoy, Amiri no puede comprender cómo se creyeron sus excusas de que iban a asistir a una “boda familiar” y a “llevar a su madre a recibir atención médica en Pakistán”.
“Fue el mayor milagro de mi vida”, le dijo a la BBC.
Tres años y medio después, ella y su equipo pisaron el campo de juego en el Junction Oval, en Melbourne, para representar al equipo femenino de Afganistán que jugaba su primer partido.
Otro capítulo en su notable historia acababa de comenzar.
Entre quienes observaban emocionados estaba Jones, quien se encargó de conseguir visas humanitarias de emergencia, dinero y un pasaje seguro para las jugadoras y sus familias.
Teniendo en cuenta los peligrosos viajes que habían hecho, este iba a ser un día de alegría abrumadora para las jugadoras que finalmente volvían a competir en el deporte que aman.
Pero la insignia especialmente diseñada en sus uniformes, en lugar de un escudo oficial, era un gran recordatorio de que su lucha por jugar está lejos de terminar, mientras el Consejo Internacional de Cricket (ICC, por sus siglas en inglés) no las reconozca como una selección nacional.
En un nuevo documental, “El equipo olvidado de cricket”, la BBC analiza la historia del equipo hablando con las jugadoras y aquellos que desempeñaron un papel crucial en su salida de Afganistán.
“No sabía si íbamos a vivir o morir”
Amiri estaba tomando té en casa con su abuela en agosto de 2021 cuando se enteró de que el Talibán había regresado.
“En ese momento me quedé en shock y sentí que lo perdería todo”, dijo con lágrimas en los ojos, agregando que supo de inmediato que el equipo tendría que abandonar el país.
“Mis padres vivieron la primera vez que el Talibán estuvo en Afganistán y sabían lo que les pasaría a las niñas”.
“No sabía si iba a sobrevivir. No sabía si habría una oportunidad para mí y mi familia de salir de Afganistán, no sabía si íbamos a vivir o morir”.
“Lo quemé todo, todos mis certificados, todas mis medallas. No queda nada”.
Según las leyes del Talibán, las mujeres tienen prohibido el acceso a las universidades, el deporte y los parques. También está prohibido que sus voces se escuchen fuera de sus hogares.
La compañera de equipo de Amiri, Nahida Sapan, recordó cómo llegaron a su casa buscándola.
“Mi hermano salió y uno de los miembros del Talibán le preguntó: ‘¿Sabes de una chica de cricket? Creemos que vive aquí’. Mi hermano estaba muy asustado. Yo tenía un libro de resultados de todas mis compañeras de equipo, así que me fui a casa, rompí todos los papeles y los tiré a la basura”.
Sapan, cuyo hermano trabajaba para el gobierno anterior, dijo que su familia comenzó a recibir llamadas y mensajes.
“Eran amenazas directas. Decían: ‘Las vamos a encontrar y, si las encontramos, no las dejaremos vivir. Si encontramos a alguna de ustedes, las encontraremos a todas'”.
“Estaba muy preocupada por todas las chicas del equipo. Todas necesitábamos un lugar seguro”.
Ese lugar seguro iba a venir de una fuente inesperada al otro lado del mundo.
La evacuación “parecía una película de Jason Bourne”
A miles de kilómetros de distancia, Mel Jones se encontraba en cuarentena en un hotel australiano durante la pandemia de covid-19, cuando recibió un mensaje de un periodista indio que le preguntaba si había oído hablar de la situación del equipo de cricket afgano.
Las jugadoras habían pedido ayuda a la Junta de Cricket de Afganistán (ACB, por sus siglas en inglés) después de que el Talibán tomara el poder, pero no recibieron ninguna.
Estaban aterrorizadas bajo el gobierno del grupo islamista.
El periodista puso a Jones en contacto con una de las jugadoras y ella le preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudarlas. La jugadora respondió que todas sus compañeras de equipo y el personal de apoyo debían salir de Afganistán.
Jones, quien ganó dos Copas del Mundo con Australia, revisó sus contactos y trajo a varios voluntarios a bordo, incluida su amiga Emma Staples, quien solía trabajar para Cricket Victoria, y Catherine Ordway, quien había ayudado a evacuar a las futbolistas afganas.
Creando una red de personas que podían ayudar, incluso sobre el terreno en Afganistán, organizaron visas y transporte para finalmente sacar a 120 personas del país, principalmente a Pakistán, y luego en vuelos militares a Dubái. Desde allí volaron a Melbourne y Canberra en vuelos comerciales financiados por el gobierno australiano.
“No creo que comprendiera la enormidad de lo que estábamos haciendo en ese momento”, dijo Staples. “Nos dijeron que tal vez no podríamos salvar a todos”.
“Para mí, fue como coordinar un servicio de inmigración clandestino. Tuve que completar los documentos de las visas e intentar transferir dinero a Afganistán para que las chicas compraran pasaportes”.
“Fueron seis semanas de recopilación de información de los miembros de las familias de las jugadoras, tratando de obtener identificaciones, pero solo teníamos esta hoja de cálculo con los detalles de todos”.
La comunicación con las jugadoras fue “realmente desafiante”, pero “nada que Google Translate no pudiera solucionar”, según contó Staples.
“Todo pasó tan rápido para ellas que no creo que tuvieran tiempo de pensar en lo que tuvieron que dejar atrás. No tengo dudas de que algunas de ellas están pasando por la culpa del sobreviviente”.
Jones, de 52 años, quien ahora trabaja como locutora de cricket, dijo que hubo momentos en los que no estaba claro si la misión tendría éxito. Las cosas sucedían minuto a minuto”, dijo.
“Sin sonar frívola, hubo momentos en los que parecía que estabas en una película de Jason Bourne”, contó, recordando que intentaba comentar en televisión mientras enviaba mensajes a una jugadora afgana que trataba de encontrar el auto correcto que la llevara a un lugar seguro.
“Esa fue la parte que me dio miedo, el asegurarme de que tomaran las decisiones correctas”.
Escondidas y luego ignoradas
Durante meses después de aterrizar en Australia, las jugadoras mantuvieron en secreto su paradero, mientras vivían en un alojamiento temporal, ya que todavía temían por su seguridad.
Los clubes de cricket locales a los que se unieron también ayudaron a proteger sus identidades.
Esperaron hasta diciembre de 2022 y luego escribieron al ICC para decirles que vivían en Australia y para plantear dos grandes preguntas: ¿qué había pasado con sus contratos con la ACB y qué había pasado con el dinero destinado a la ACB y que debería usarse en su preparación?
También solicitaron que algunos de esos fondos se redirigieran a las jugadoras en Australia.
Después de un mes, el ICC respondió que los contratos eran un asunto de la ACB y que dependía de la junta decidir cómo gastar los fondos que recibe del organismo rector mundial.
Pero como la ACB se negó a tratar con las jugadoras, el equipo se quedó con la sensación de que los organismos rectores del deporte se habían desentendido de ellas.
En junio de 2024, tras la llegada del equipo masculino de Afganistán a las semifinales del Mundial T20, las mujeres aprovecharon el momento para escribir una segunda carta al ICC.
Esta vez pidieron que se les permitiera formar un equipo internacional de refugiadas.
Dicen que nunca han recibido respuesta a esa carta.
“Es tan doloroso y tan decepcionante”, dijo Shabnam Ahsan, quien tenía solo 14 años cuando huyó de su país. “No entiendo por qué ellos [el ICC] no están haciendo nada para ayudarnos. Hemos trabajado muy duro y merecemos ayuda como cualquier otro equipo”.
El ICC le dijo a BBC Sport en un comunicado que “sigue comprometido con la situación en Afganistán, con el bienestar y las oportunidades de los jugadores como nuestra máxima prioridad”.
Su presidente, Jay Shah, añadió: “Estamos comprometidos a apoyar el desarrollo del cricket a través de la Junta de Cricket de Afganistán, al tiempo que reconocemos los desafíos que enfrenta el cricket femenino afgano, incluidas las preocupaciones de las jugadoras que viven en el exilio”.
“El ICC también está revisando ciertas comunicaciones relacionadas con el cricket femenino de Afganistán y explorando cómo se las puede apoyar dentro del marco legal y constitucional del ICC. Nuestro enfoque está en el diálogo constructivo y en soluciones viables que salvaguarden los mejores intereses de todas las jugadoras de cricket afganas”.
¿Qué pasará ahora?
El día del partido en Melbourne estuvo lleno de emoción y alegría, pero aún queda una pregunta importante: ¿qué le espera al equipo?
No cuentan con financiación oficial, aunque al día siguiente del partido se puso en marcha un fondo en línea llamado “Pitch Our Future”, que pretende recaudar cerca de US$950.000 para ayudar a asegurar el futuro del equipo.
La Marylebone Cricket Club Foundation de Reino Unido también se ha comprometido a que las jugadoras de Afganistán sean las primeras beneficiarias de su nuevo Fondo Mundial de Cricket para Refugiados.
Las jugadoras aún tienen grandes sueños de jugar algún día en el escenario internacional, pero eso depende de que el ICC colabora con ellas.
Sin embargo, una cosa es segura: en un momento en el que las mujeres de Afganistán sienten que no tienen voz, este equipo no será silenciado.
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