Home
>
Analisis
>
Organizaciones
>
El blog del Seminario sobre Violencia y Paz
>
El Estado Mexicano es funcional, cuando opera de la mano del crimen organizado
El blog del Seminario sobre Violencia y Paz
El blog del Seminario sobre Violencia y Paz
Desde el 2014, el Seminario sobre Violencia y Paz genera conocimiento aplicado sobre la violencia... Continuar Leyendo
6 minutos de lectura

El Estado Mexicano es funcional, cuando opera de la mano del crimen organizado

¿México está gobernado por el crimen organizado? Existe una suerte de cogobernanza entre el Estado mexicano y los grupos criminales que debe ser abordada.
15 de marzo, 2025
Por: Walter Walle

El funcionamiento y la estabilidad del Estado mexicano dependen, en gran medida, del mantenimiento de alianzas con grupos de poder, incluidos aquellos de carácter ilegal e informal. Estos grupos operan con una especie de licencia otorgada por los gobiernos en turno, a cambio de rentas por protección. Este trueque, facilitado por una relación simbiótica entre el Estado y el crimen organizado, se ha convertido en una herramienta de consolidación estatal.

La relación simbiótica con el crimen organizado

La relación entre los grupos criminales y el Estado, entendida como una especie de acuerdo tácito entre ambos actores, ha existido durante largo tiempo. Durante los más de setenta años en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México, se consolidó una especie de “pax narca”. Este período se caracterizó por una paz relativa, siempre y cuando el Estado mantuviera un control sobre el manejo del mercado de las drogas, como ha señalado el Dr. Sergio Aguayo, de El Colegio de México.

Cuando el PRI perdió el poder en el 2000, la relación simbiótica con el crimen organizado continuó, a pesar de esta transición. Esto puede evidenciarse en los siguientes acontecimientos:

A pesar de mantenerse esta relación simbiótica, pueden surgir diferencias de intereses, lo cual lleva a una renegociación (por medio de coerción) de los términos. Al dejar de estar mancomunados dichos intereses, puede realizarse una persecución deliberada por parte del Estado:

Pero estas persecuciones representan meramente una renegociación, no una anulación de esta relación simbiótica. Siempre ha habido un esfuerzo por parte del gobierno en aras de mantener y/o renegociar estas alianzas, pues el Estado mexicano busca operar por medio del mantenimiento de esta relación.

¿Y la violencia?

Si el Estado y los grupos criminales operan bajo este acuerdo, ¿por qué, entonces, hay violencia? La respuesta es sencilla, pero compleja. En primer lugar, los antiguos acuerdos que surgieron durante la época del PRI han sido desmantelados y se han iniciado nuevos acomodos. En segundo lugar, hoy en día existen muchos más grupos de crimen organizado que cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006. Como resultado, el Estado se ve obligado a hacer más arreglos, mientras que la competencia entre los criminales se intensifica cada vez más.

En ocasiones, el propio Estado no tiene la capacidad para garantizar la seguridad y la paz en regiones o ciudades donde los grupos criminales compiten por el control de una plaza. Jesús Leana Ojeda, la máxima autoridad militar en Sinaloa, comentó recientemente, al abordar el tema de la seguridad en Culiacán, que la seguridad dependía de los grupos criminales y no de las fuerzas del Estado. En situaciones como estas, la seguridad termina en manos de los grupos criminales y no en el control del Estado.

En políticas públicas

La violencia también puede ser utilizada por los grupos criminales como una herramienta de capital y cabildeo político. Como explican Guillermo Trejo y Sandra Ley en su investigación sobre la incidencia del crimen organizado en la política, esto ocurre cuando estos actores buscan influir en las políticas públicas o presionar a los gobiernos para que tomen decisiones que les favorezcan.

Un ejemplo de esto es el caso de Ygnacio López, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, quien fue ejecutado por el Cártel de los Caballeros Templarios después de negarse a pagar el 10 % de los fondos federales que su gobierno había recibido.

Por otro lado, Rafael García, alcalde de Coalcomán, Michoacán, se vio obligado a rendir su policía municipal al servicio del Cártel de los Caballeros Templarios para evitar represalias graves y atenerse a las consecuencias. En octubre de 2024, antes de asumir la alcaldía de Chilpancingo, el alcalde Alejandro Arcos fue asesinado después de acusar a su antecesora de estar coludida con el Cártel de los Ardillos y de declarar su compromiso con un verdadero cambio.

En estos casos, cuando los grupos criminales ejercen coerción, incluso cuando existe voluntad política para efectuar un cambio, algunos actores políticos optan por ceder y alinearse con los grupos delictivos para evitar pagar el precio con su vida. Intentar desmantelar la relación simbiótica puede significar la muerte.

El choque entre el Estado y grupos criminales

Así como el Estado puede perseguir a ciertos grupos criminales de forma selectiva, los grupos criminales también pueden selectivamente violentar contra ciertos agentes del Estado. Estas acciones representan una renegociación de los términos de la relación simbiótica. La paz puede existir siempre y cuando hayan intereses mutuos. La mera existencia del casamiento entre el Estado y grupos criminales constata que —más que una falta de capacidad del Estado Mexicano en resolver la crisis de seguridad— el Estado tiene agencia, pero decide no hacer un compromiso real, no tomar las acciones necesarias para solucionar el tema de la violencia.

Esto ocurre porque abordar el problema de raíz implica también atacar la propia existencia del Estado mexicano. El principal objetivo del Estado es su consolidación, lo que garantiza su supervivencia a través del mantenimiento de la relación simbiótica con grupos criminales. Este presunto “fracaso” ante la inseguridad no es resultado de una u otra administración; más bien, el mantenimiento de esta relación simbiótica ha sido parte del modus operandi del Estado desde su concepción.

A lo largo de múltiples sexenios, independientemente del partido político en el poder, han salido a la luz casos de colusión entre el gobierno y grupos criminales. ¿Los resultados? Sin importar las estrategias de seguridad implementadas por cada administración, la violencia, la corrupción y la impunidad siguen sin cesar. Los muertos también siguen acumulándose.

* Walter Walle es maestro en Relaciones y Asuntos Internacionales y Seguridad por la George Washington University.  Es egresado del Diplomado sobre Violencia y Paz de El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, generación 2024.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia
Tú puedes ayudarnos a seguir.
Sé parte del equipo
Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.
Iniciar sesión

Registrate
Suscribete para comentar...
Imagen BBC
Un juez en Guatemala ordena el regreso a prisión del periodista José Rubén Zamora
3 minutos de lectura

Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.

11 de marzo, 2025
Por: BBC News Mundo
0

Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.

Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.

También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.

La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.

Prisión preventiva

El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.

En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.

El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.

Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.

Zamora en el juicio
Getty Images
El presidente Bernardo Arévalo y Organizaciones como Amnistía Internacional consideran injustificado que se imponga prisión preventiva a Zamora a la espera del juicio.

Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.

Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.

Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Bajo la mira de los fiscales

El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.

La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.

La fiscal Consuelo Porras
Getty Images
La fiscal Consuelo Porras está en las listas negras de corruptos de EE.UU. y la Unión Europea.

Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.

Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.

Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.

línea
BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia
Tú puedes ayudarnos a seguir.
Sé parte del equipo
Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.
Iniciar sesión

Registrate
Suscribete para comentar...