El Estado Mexicano es funcional, cuando opera de la mano del crimen organizado

El funcionamiento y la estabilidad del Estado mexicano dependen, en gran medida, del mantenimiento de alianzas con grupos de poder, incluidos aquellos de carácter ilegal e informal. Estos grupos operan con una especie de licencia otorgada por los gobiernos en turno, a cambio de rentas por protección. Este trueque, facilitado por una relación simbiótica entre el Estado y el crimen organizado, se ha convertido en una herramienta de consolidación estatal.

La relación simbiótica con el crimen organizado

Cuando el PRI perdió el poder en el 2000, la relación simbiótica con el crimen organizado continuó, a pesar de esta transición. Esto puede evidenciarse en los siguientes acontecimientos:

• A finales los años 90, el titular de la SEDENA y director del entonces Instituto Nacional para el Combate de las Drogas, José de Jesús Gutiérrez Rebollo, fue detenido y acusado de proteger al Cartel de Juárez.
• Lo mismo pasó con el titular de la SEDENA del gobierno de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido por la DEA (por sus siglas en inglés, la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos) y acusado de tener nexos con el narcotráfico. Tiempo después, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador trabajó con las autoridades estadounidenses para su liberación.
• Genaro García Luna, exsecretario de seguridad de Felipe Calderón, también fue acusado y sentenciado de tener nexos con el crimen organizado.
• Una investigación de la DEA del 2010 y 2011 determinó que López Obrador, en ese entonces candidato a la presidencia, recibió sobornos de grupos criminales durante su campaña presidencial del 2006.
• Una vez en el poder, el periódico The New York Times evidenció en una investigación los vínculos mantenidos entre Lopez Obrador y sus colaboradores cercanos con el crimen organizado.
• Recientemente, el gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó la extradición de regreso a México de Ismael “el Mayo” Zambada, uno de los líderes fundadores del Cártel de Sinaloa.

• Por esta razón, después de su captura, Benjamín Arellano Felix (líder del cartel de Tijuana) declaró que “a mí me extraditó el PAN, por qué el PRI no me extradita” —su captura fue durante el gobierno de Fox, en el 2002.
• En 2012, Edgar “La Barbie” Váldez Villareal acusó al gobierno de Felipe Calderón de haber buscado un “arreglo” con todos los grupos criminales de aquel entonces. Al no querer ser partícipe de este arreglo, se inició una persecución aguda en su contra.
• Por último, el gobierno de Felipe Calderón fue acusado en múltiples ocasiones de proteger al cártel de Sinaloa, pues este terminó fortalecido durante su sexenio, mientras otros grupos se vieron severamente debilitados.

Pero estas persecuciones representan meramente una renegociación, no una anulación de esta relación simbiótica. Siempre ha habido un esfuerzo por parte del gobierno en aras de mantener y/o renegociar estas alianzas, pues el Estado mexicano busca operar por medio del mantenimiento de esta relación.

Si el Estado y los grupos criminales operan bajo este acuerdo, ¿por qué, entonces, hay violencia? La respuesta es sencilla, pero compleja. En primer lugar, los antiguos acuerdos que surgieron durante la época del PRI han sido desmantelados y se han iniciado nuevos acomodos. En segundo lugar, hoy en día existen muchos más grupos de crimen organizado que cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006. Como resultado, el Estado se ve obligado a hacer más arreglos, mientras que la competencia entre los criminales se intensifica cada vez más.

En ocasiones, el propio Estado no tiene la capacidad para garantizar la seguridad y la paz en regiones o ciudades donde los grupos criminales compiten por el control de una plaza. Jesús Leana Ojeda, la máxima autoridad militar en Sinaloa, comentó recientemente, al abordar el tema de la seguridad en Culiacán, que la seguridad dependía de los grupos criminales y no de las fuerzas del Estado. En situaciones como estas, la seguridad termina en manos de los grupos criminales y no en el control del Estado.

La violencia también puede ser utilizada por los grupos criminales como una herramienta de capital y cabildeo político. Como explican Guillermo Trejo y Sandra Ley en su investigación sobre la incidencia del crimen organizado en la política, esto ocurre cuando estos actores buscan influir en las políticas públicas o presionar a los gobiernos para que tomen decisiones que les favorezcan.

Un ejemplo de esto es el caso de Ygnacio López, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, quien fue ejecutado por el Cártel de los Caballeros Templarios después de negarse a pagar el 10 % de los fondos federales que su gobierno había recibido.

Por otro lado, Rafael García, alcalde de Coalcomán, Michoacán, se vio obligado a rendir su policía municipal al servicio del Cártel de los Caballeros Templarios para evitar represalias graves y atenerse a las consecuencias. En octubre de 2024, antes de asumir la alcaldía de Chilpancingo, el alcalde Alejandro Arcos fue asesinado después de acusar a su antecesora de estar coludida con el Cártel de los Ardillos y de declarar su compromiso con un verdadero cambio.

En estos casos, cuando los grupos criminales ejercen coerción, incluso cuando existe voluntad política para efectuar un cambio, algunos actores políticos optan por ceder y alinearse con los grupos delictivos para evitar pagar el precio con su vida. Intentar desmantelar la relación simbiótica puede significar la muerte.

El choque entre el Estado y grupos criminales

Así como el Estado puede perseguir a ciertos grupos criminales de forma selectiva, los grupos criminales también pueden selectivamente violentar contra ciertos agentes del Estado. Estas acciones representan una renegociación de los términos de la relación simbiótica. La paz puede existir siempre y cuando hayan intereses mutuos. La mera existencia del casamiento entre el Estado y grupos criminales constata que —más que una falta de capacidad del Estado Mexicano en resolver la crisis de seguridad— el Estado tiene agencia, pero decide no hacer un compromiso real, no tomar las acciones necesarias para solucionar el tema de la violencia.

Esto ocurre porque abordar el problema de raíz implica también atacar la propia existencia del Estado mexicano. El principal objetivo del Estado es su consolidación, lo que garantiza su supervivencia a través del mantenimiento de la relación simbiótica con grupos criminales. Este presunto “fracaso” ante la inseguridad no es resultado de una u otra administración; más bien, el mantenimiento de esta relación simbiótica ha sido parte del modus operandi del Estado desde su concepción.

A lo largo de múltiples sexenios, independientemente del partido político en el poder, han salido a la luz casos de colusión entre el gobierno y grupos criminales. ¿Los resultados? Sin importar las estrategias de seguridad implementadas por cada administración, la violencia, la corrupción y la impunidad siguen sin cesar. Los muertos también siguen acumulándose.

* Walter Walle es maestro en Relaciones y Asuntos Internacionales y Seguridad por la George Washington University.  Es egresado del Diplomado sobre Violencia y Paz de El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, generación 2024.