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El Consejo Nacional de Seguridad Pública, creado para coordinar los esfuerzos entre la federación, los estados y los municipios, ha perdido relevancia en años recientes, afectando la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad. La primera reunión del Consejo en este sexenio puede ser una oportunidad crucial para recuperar este mecanismo y fortalecer la estrategia de seguridad en México.
En diciembre de 1994, la Constitución estableció la obligación de coordinar esfuerzos entre la federación, los estados y los municipios a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Como órgano superior de este sistema, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) tiene el mandato de reunirse al menos dos veces al año para generar políticas públicas integrales, formular programas nacionales y promover la coordinación entre las instancias de seguridad.
Sin embargo, el CNSP fue prácticamente abandonado en el sexenio anterior. Durante el mandato del expresidente López Obrador, el Consejo sesionó únicamente seis veces en seis años, muy por debajo de lo requerido. Además, los acuerdos alcanzados carecieron de profundidad y relevancia. De los 59 acuerdos formulados, la mayoría fueron administrativos o procedimentales, como la aprobación de actas o informes, mientras que los pocos que buscaban mejorar la coordinación institucional se redactaron de forma ambigua, sin plazos claros ni sanciones por incumplimiento. Este vacío en el liderazgo y la articulación del SNSP debilitó, sin duda, las capacidades institucionales para enfrentar los desafíos de seguridad pública.
Aunque no se puede afirmar que la crisis actual de inseguridad es consecuencia directa de este abandono, es evidente que ha sido un factor importante. En los primeros meses del nuevo sexenio, la violencia sigue dominando los titulares. Ejemplos alarmantes son los enfrentamientos prolongados entre grupos criminales en Sinaloa, el control territorial del crimen organizado en Guerrero y la violencia generalizada en Guanajuato. Eventos que reflejan la complejidad de la crisis de seguridad en el país.
Los datos son contundentes. Según el informe <a href="https://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2021/10/2021.10.04_Informe_atrocidades-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Galería del Horror: Atrocidades y Eventos de Alto Impacto</a>, los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum registran los niveles más altos de violencia extrema en el año. Entre las cifras más preocupantes se encuentran 238 casos de tortura, 134 de mutilación y descuartizamiento, 85 masacres, 62 asesinatos de mujeres con extrema violencia y el asesinato de 42 funcionarios y actores clave en materia de seguridad. A esto se suma la alarmante cifra de 64 policías asesinados en dos meses, lo que supera el promedio de un policía asesinado al día registrado en los últimos años.
En cuanto a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del SNSP, octubre registró 2,564 víctimas de homicidio, 7,738 casos de narcomenudeo, 48 víctimas de secuestro, 70 feminicidios, 943 casos de extorsión, 74 de trata de personas, 23,405 incidentes de violencia familiar y 3,493 robos de vehículo. Comparado con octubre de 2023, las cifras muestran una tendencia casi invariable, con fluctuaciones de aumento de entre el 2% y el 5%.
Ante esta situación, la primera reunión del CNSP en el nuevo sexenio no solo es crucial, sino también simbólica. Es el momento de recuperar este mecanismo como un espacio para la verdadera coordinación entre niveles de gobierno y para construir una estrategia integral de seguridad. El Consejo tiene el potencial de alinear esfuerzos, definir prioridades y garantizar que cada entidad cumpla con su papel en la reducción de la violencia.
El reto es monumental, pero también representa una oportunidad. Reforzar el Consejo implica dotarlo de acuerdos claros, medibles y vinculantes, que sirvan de guía para las instancias de seguridad en todo el país. Asimismo, es esencial que estos acuerdos apunten a las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades, además de fortalecer las capacidades de las policías y otras instituciones civiles.
La pacificación del país requiere un liderazgo que convoque a todos los actores a participar en una estrategia de largo plazo. Si se recupera el espíritu original del SNSP y del CNSP, se puede sentar la base para un sistema de seguridad que no solo enfrente los síntomas del problema, sino que también construya las condiciones para un México más seguro y justo para todos.
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Consejo Nacional de Seguridad Pública: una oportunidad para revertir la inseguridad

La militarización de la vida pública en México, agigantada como nunca durante el sexenio de López Obrador, es una de las claves de bóveda del nuevo régimen político. Tras las últimas reformas constitucionales, la dirección y tutela permanente de las Fuerzas Armadas sobre las tareas de seguridad y procuración de justicia no sólo ha sido legalizada, sino que puede comenzar a expandirse, ya sin demasiados impedimentos legales, hacia otras áreas gubernamentales. Las consecuencias de este nuevo rol del Ejército están a la vista, porque son ya conocidas.
La confección del nuevo orden militar de las cosas en que vivimos, precede a los últimos cambios constitucionales. Se anunciaba en las múltiples nuevas funciones asignadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el sexenio anterior, acompañadas siempre por un discurso laudatorio que reemplazó al razonamiento objetivo. Siempre faltaron las razones concretas por las que el Ejército debía asumir la construcción y dirección de puertos, aeropuertos y aduanas, o decidir sobre el suministro de medicamentos y el reparto de los apoyos sociales. En cambio, abundó una lírica vaga y celebratoria de las “virtudes militares” que, en los hechos, encubría un objetivo mucho más pedestre: que la administración de un creciente número de instituciones pasara a cargo de personal militar, en sustitución y a costa del prestigio de los funcionarios civiles.
El cambio es significativo, por lo que implica para las relaciones entre las autoridades y la capacidad estatal de implementar todo tipo de políticas, particularmente en el ámbito de la seguridad. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha heredado de su predecesor unas Fuerzas Armadas que están lejos de ser una fuerza de seguridad complementaria y con escasos incentivos para actuar de manera subordinada a la autoridad civil. Después de todo, su nueva capacidad empresarial y el nuevo marco constitucional bajo el que opera, dotan a la SEDENA de la capacidad de imponer condiciones y limitantes a la actuación de las instituciones de seguridad civiles; de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para empezar.
La superioridad de las Fuerzas Armadas por encima de las policías es, hoy más que nunca, la piedra angular sobre la que se organiza todo el edificio de la seguridad pública. Aunque en público el gobierno federal actual continúa negándose en reconocer la militarización heredada, sí da muestras de comenzar a padecer por el desbalance en las relaciones cívico-militares profundizado durante el sexenio anterior. Las recién aprobadas reformas al artículo 21 constitucional deben ser leídas como la búsqueda de una bocanada de aire entre las olas de un maremoto. No plantean métodos u objetivos distintos a lo que se ha repetido en el pasado ni instituyen una ruta para avanzar hacia la desmilitarización de la seguridad pública. En todo caso, estamos ante modificaciones constitucionales que no alteran el orden dominado por la SEDENA y, en cambio, si plantean nuevos retos operativos.
Entre lo más llamativo de la reforma está que la SSPC adquiere la facultad de investigar delitos, bajo la conducción del ministerio público, y de realizar labores de inteligencia, como cualquier otra policía del país. Esta modificación significa otorgarle a la SSPC la atribución legal de participar en la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, misma que es responsable de diseñar y coordinar. Sin embargo, al mismo tiempo, implica que la SSPC asuma una responsabilidad operativa para la que cuenta con muy escasos recursos. Aunado al hecho de que suma un actor adicional a un saturadísimo ecosistema de procuración de justicia que, de por sí, carece de mecanismos de coordinación efectivos y disímiles niveles de desarrollo institucional. <a href="#_edn1" name="_ednref1">i</a>
De acuerdo con la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, aprobada el pasado septiembre, además de transferirse el mando de la corporación a la SEDENA, todos los elementos provenientes de la extinta Policía Federal que la integraban fueron trasladados a la SSPC. De acuerdo con el último censo del INEGI, 13,812 expolicías federales laboraban en la Guardia Nacional. <a href="#_edn2" name="_ednref2">ii</a> Esto quiere decir que la SSPC podrá contar con un estado de fuerza policial equiparable al de la policía estatal del Estado de México. <a href="#_edn3" name="_ednref3">iii</a>
Con un personal policial inicial tan limitado, no es posible que la SSPC tenga una incidencia determinante en las labores de investigación, particularmente para la atención de los delitos del fuero común; al menos no en una escala nacional. Además, existiendo ya la Guardia Nacional para la persecución de delitos del fuero federal, las áreas de oportunidad en las que la SSPC puede tener incidencia se limitan a las labores de inteligencia. No es poca cosa, desde luego.
Las pretensiones de construir un sistema nacional de inteligencia, bajo la dirección de la SSPC, parten de un diagnóstico acertado sobre las deficiencias en la integración de las carpetas de investigaciones y las elevadas tasas de impunidad. Sin embargo, no está claro cómo la apuesta por un modelo centralizado, en el que las entidades están obligadas a alimentar a la SSPC de información delictiva, habrá de incidir en el diseño y ejecución de estrategias de persecución penal adecuadas a los diferentes contextos locales. El principal riesgo que se desprende de estos cambios constitucionales es que la SSPC se convierta en una “caja negra” que genera e instrumenta la inteligencia delictiva del país de manera opaca y discrecional. <a href="#_edn4" name="_ednref4">iv</a>
Finalmente, la reforma toma en consideración las preocupaciones respecto la inoperancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), instancia a través de la cual debería garantizarse la coordinación de las instituciones de seguridad, procuración de justicia y penitenciarias de los tres ámbitos de gobierno. Como hemos documentado en Causa en Común, <a href="#_edn5" name="_ednref5">v</a> la inoperancia del SNSP ha sido consecuencia de la intrascendencia de su Consejo que, pese a ser su órgano rector, no sesiona y formula acuerdos irrelevantes para el desarrollo y la coordinación institucional.
Ahora, la rectoría del SNSP pasa a ser responsabilidad de su Secretariado Ejecutivo, dotándolo de la facultad de emitir los acuerdos y lineamientos tendientes a homologar los niveles de desarrollo y estándares de actuación de las policías; además de poder auditar el uso de los recursos federales entregados a las entidades para la consecución de los fines anteriores. Siendo el Secretariado Ejecutivo una dependencia directa de la SSPC, esta última asume el reto de coordinar e impulsar esfuerzos para resarcir los saldos de un sexenio perdido para el fortalecimiento de las policías, fiscalías y centros penitenciarios. La construcción de una alternativa a la militarización, en favor de una agenda por la seguridad ciudadana, depende de la consolidación del Secretariado Ejecutivo y la puesta en marcha del SNSP. Resultado que, desde luego, dependerá de la asignación de presupuestos suficientes y del respaldo político. El legado de Claudia Sheinbaum, y su diferencia respecto a López Obrador, se medirán con base a la consecución de los objetivos trazados en esta reforma.
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<a href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> Además de la SSPC, tienen facultades de investigación de delitos las policías municipales y estatales, las fiscalías estatales y la federal, la Guardia Nacional y, de factor, las Fuerzas Armadas.
<a href="#_ednref2" name="_edn2">ii</a> Sin embargo, no tenemos mayor información sobre la especialidad o características de la formación de dichos elementos; por lo que no podemos afirmar que todos ellos tengan la formación pericial debida para desempeñar labores de investigación. Véase: INEGI, Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2024. Disponible <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspf/2024/doc/cnspf_2024_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref3" name="_edn3">iii</a> De acuerdo con el INEGI, en 2023, el personal preventivo de la policía estatal del Estado de México ascendía a los 13,968 elementos. Inmediatamente después, le sigue la policía estatal de Veracruz, con un tota de 7,310 policías preventivos. Véase: INEGI, Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024. Disponible <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspe/2024/doc/cnspe_2024_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref4" name="_edn4">iv</a> Esto último, desde luego, en detrimento de la soberanía de las entidades federativas y pasando una vez más por alto las ventajas que ofrece un modelo de persecución penal desde el ámbito municipal.
<a href="#_ednref5" name="_edn5">v</a> Véase: Causa en Común, Los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública: deficiencias, incumplimientos y opacidad, 2022. Disponible <a href="https://bit.ly/494YAvv" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

¿Nuevos rumbos para la seguridad pública?

El sábado 9 ocurrió en Querétaro, estado gobernado por el partido Acción Nacional, una masacre que cobró la vida de 10 personas y dejó un saldo de 13 heridos. Con tan sólo unas horas de diferencia entre un evento y otro, pero en otra latitud, el domingo 10, ocurrió otra masacre pero ahora en un estado gobernado por Morena, un comando asesinó a 6 personas y dejó a 7 heridas en un bar del municipio de Cuautitlán Izcalli.
Mientras se acumulan los eventos de alto impacto, la presidenta Claudia Sheinbaum aplazó su respuesta hasta el lunes en la “mañanera” para transmitir a los medios de comunicación que la masacre ocurrida en Querétaro tenía como objetivo “una persona”, pero no dio más detalle. A lo largo del día, el nombre de la persona y sus presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y antecedentes criminales (portación de arma) y actividades delictivas (robo de hidrocarburo), comenzaron a circular en medios.
En el otro ataque, la misma lógica, se presume que iban por dos integrantes de un grupo delictivo, pero terminaron con la vida de otras personas. En medios de comunicación, se hicieron públicos sus sobrenombres, actividades delictivas (extorsión, narcomenudeo y robo) y pertenencia a un grupo denominado Cártel Nueva Generación (CNG). ¿Existe conexión entre un evento y otro? No se descarta, pues también es información del dominio público, que estos grupos son escisiones de grupos locales y aliados del CJNG.
Del 2020 a junio del 2024, Causa en Común ha registrado un total de 2,371 masacres en México; este tipo de  eventos en donde se registra el homicidio de tres o más personas, se ha extendido a todo el territorio nacional abarcando a los 32 estados. Si se agrupan los estados con más de 100 masacres durante este lapso, Guanajuato encabeza con un total de 394, le sigue Zacatecas con 207, Michoacán  con 193, Guerrero con 166, Chihuahua con 151, Jalisco con 119, Estado de México con 112 y Baja California con 112; Querétaro se encuentra lejos de esas cifras con un total de 10.
De acuerdo con una base de datos realizada por el Universal a partir de informes de inteligencia militar que contabilizó un total de 2,468 municipios, se tenía registro de la presencia de grupos criminales en por lo menos el 48.6 %. El CJNG se encuentra presente en un total de 463 municipios de 23 estados de la República, mientras que la organización criminal Santa Rosa de Lima se detectó en 32 municipios de Guanajuato. En Querétaro, se registra la presencia de tres grupos delictivos, el CJNG, el Cártel de Santa Rosa de Lima, y los Hades. La presencia de los dos primeros coincide en el municipio de Corregidora, mientras que los Hades y Jalisco se habían detectado en San Juan del Río.
En el estado de México, la inteligencia militar había localizado la presencia de grupos delictivos en al menos 49.6 % de los municipios; específicamente en el municipio de Cuautitlán Izcalli se tenía conocimiento de las siguientes bandas: Alianza la Unión–Nuevo Imperio, Banda Charal y Banda Pamela. Además, de esta información, se advierte que el Cártel de Jalisco Nueva Generación es el grupo más fuerte dentro de esa entidad por su presencia en 54 municipios.
A pesar de la evidencia de la actividad de esta organización recolectada por el propio Ejército, llama la atención que durante cuatro años se ha dejado crecer el conflicto, la violencia criminal y las masacres en las que de alguna manera está involucrado el Cártel de Jalisco como atacante o víctima. La disputa que mantiene este cártel con otros grupos delincuenciales ha llevado a Guanajuato a tener la mayor cifra de masacres y homicidios desde el 2020.
Ahora cumplido el primer mes y medio del gobierno de Claudia Sheinbaum, se encuentra en medio de este escenario de rupturas y reacomodos de grupos delictivos, a la espera de que una vez aprobada la reforma para dotar de más facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se trabaje en el nuevo plan. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana se confía en que la estrategia utilizada en la Ciudad de México sirva para frenar la violencia en todo el país. Cabe recordar que la disminución de los homicidios se basó en el uso de inteligencia enfocada en lo que el actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llamó “generadores de violencia”.
Se entiende que toda estrategia requiere tiempo para empezar a dar resultados, sin embargo, al gobierno federal como se puede observar no le falta inteligencia para comenzar a perseguir a los generadores de violencia en el país. Lo que parece realmente determinante para que avance, es el sistema de coordinación que se logre construir para alinear a todas las instituciones policiales y de procuración de justicia en un solo objetivo. Se trata de  una estrategia ambiciosa que dependerá de que los titulares de todas las policías y fiscalías sean receptivos a la conducción y mando del titular de seguridad federal.
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Los generadores de violencia

Los primeros días del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum han estado marcados por una preocupante escalada de violencia en los estados de Guerrero, Guanajuato y Sinaloa. De acuerdo con el informe &#8220;<a href="https://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2021/10/2021.10.04_Informe_atrocidades-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Galería del Horror: Atrocidades y Eventos de Alto Impacto</a>&#8221; de Causa en Común, hasta el 25 de octubre se registraron 42 atrocidades en Guerrero, y 40 tanto en Sinaloa como en Guanajuato. Entre estas atrocidades destacan ataques con coches bomba a instituciones de seguridad, asesinatos de funcionarios y actores políticos, así como múltiples enfrentamientos entre grupos criminales y las fuerzas del orden. A esta alarmante cifra se suman 23 policías asesinados en el mismo periodo, elevando a 249 el número total en lo que va del 2024, con estos tres estados encabezando la incidencia.
En este contexto crítico, el martes 29 de octubre tuvo lugar la primera conferencia matutina de seguridad de la presidenta Sheinbaum, un evento que ha despertado expectativas. Por un lado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció la gravedad de la situación y anunció una reestructuración de la estrategia de seguridad para reforzar los estados críticos, entre ellos Michoacán y Chiapas, además de los ya mencionados. Por otro lado, Marcela Figueroa, nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó datos de incidencia delictiva y admitió tendencias preocupantes.
Si bien el reconocimiento oficial de la realidad es un paso necesario, no es suficiente. Las experiencias de sexenios anteriores han demostrado que las estrategias basadas únicamente en el despliegue de fuerzas de seguridad, sumadas a la negación o minimización de las cifras de violencia, resultan ineficaces. La nueva administración cometería un error monumental si replicara modelos que no han dado resultados.
Ante esta situación crítica, resulta imperativo replantear la estrategia de seguridad a partir de un análisis profundo de las omisiones y fallas de la administración anterior. Desde Causa en Común hemos señalado insistentemente que las causas y manifestaciones de la violencia en cada región son distintas y requieren enfoques regionalizados para su control y disminución. Las y los mexicanos no solo enfrentan violencia criminal, sino también violencia de género, familiar, comunitaria y social, una multiplicidad de violencias que se entrelazan y agravan la situación de inseguridad.
La acumulación de violencias y atrocidades en los últimos años refleja patologías sociales complejas que demandan soluciones integrales. Es necesario incorporar enfoques sociológicos y psicológicos para comprender las realidades locales y diseñar intervenciones efectivas. Fortalecer las estructuras y programas del sector salud, especialmente los relacionados con la atención psicológica, es fundamental para abordar las raíces profundas de la violencia en México.
Asimismo, es crucial que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda cuenten con los recursos necesarios para brindar servicios esenciales y ofrecer apoyo jurídico y económico a las víctimas de atrocidades. Financiar proyectos que documenten, visibilicen y expliquen las diversas formas de violencia permitirá formular propuestas que prevengan y atiendan la grave situación de criminalidad que enfrenta el país.
Para que estas iniciativas tengan éxito, la construcción de alianzas estratégicas es fundamental. El gobierno debe colaborar estrechamente con organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, el sector académico y gobiernos locales para diseñar y ejecutar programas de seguridad, prevención y desarrollo social que respondan a las necesidades específicas de cada comunidad y región.
El reto que enfrenta la nueva administración es enorme. Reconocer la realidad es solo el primer paso; sin embargo, este debe ir acompañado de acciones concretas y efectivas. El gobierno necesita apoyarse en la mayor cantidad posible de fuentes de información y aliados para obtener una visión completa de la violencia y la inseguridad en el país, y así diseñar estrategias que realmente marquen una diferencia.
México no puede permitirse repetir errores del pasado. La sociedad exige y merece un enfoque innovador y comprometido que priorice la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Es momento de actuar con responsabilidad, transparencia y colaboración para construir un país más seguro y justo.
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A un mes del sexenio, la realidad de la violencia demanda replantear la estrategia de seguridad

Tal como se puede leer en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el gobierno de López Obrador planteó la despenalización de las drogas como parte de un supuesto nuevo paradigma en cuanto a la forma de concebir y enfrentar la inseguridad. Sin embargo, el sexenio marchó en una dirección radicalmente contraria de dicho planteamiento. Pese a su mención, la despenalización las drogas nunca se planteó como una posibilidad seria y la escasa voluntad política a su favor siempre concluyó en iniciativas de ley defectuosas, congeladas en el Congreso. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> La prometida reformulación del combate a las drogas jamás se materializó en las acciones de las fuerzas de seguridad y, por el contrario, acabó sepultada por una intensificación de la misma lógica punitiva que se proponía desmantelar. Dicho en una frase, la guerra contra las drogas fue, una vez más, el telón de fondo de la fallida estrategia de seguridad del gobierno federal.
El fracaso del cambio de enfoque es patente en las contradicciones entre lo dicho y lo hecho, entre el planteamiento y el tratamiento del problema. Los informes anuales de la Secretaría de la Defensa Nacional son un buen ejemplo de la prevalencia de un enfoque securitario sobre la política de drogas. En todos ellos, el apartado referente a la seguridad interior estuvo dedicado, en su práctica totalidad, a describir las tareas de erradicación e intercepción de drogas, con todo y que el PND dice que habría que despenalizarlas. En ningún momento se explica, ni se demuestra, la relación o el impacto que estas acciones tienen en la reducción de los índices delictivos; tan sólo se afirma, como desde hace tiempo, que las drogas son uno de los gérmenes de nuestra violencia, y que para hacernos cargo de ella se requiere del Ejército.
No tiene sentido, por la falta de espacio y de tiempo, detenerme en los barruntos sociológicos y políticos que hay detrás de dicha equiparación. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Lo que importa ahora es tan sólo reconocer sus consecuencias. El discurso de la guerra contra las drogas plantea -y convence a buena parte de la sociedad- que la criminalidad se monta sobre la droga. El resultado de este entendimiento ha sido una legislación que progresivamente equipara a productores, distribuidores y adictos como amenazas; es decir: demerita la salud pública y se enfoca en perseguir y castigar a una “clase criminal narcótica”. En palabras de Claudio Lomnitz, la guerra contra las drogas tiene como condición y consecuencia el nacimiento de un nuevo tipo de Estado, que prioriza el castigo y las medidas de fuerza. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
En el crepúsculo del gobierno de López Obrador se consolidaron los cimientos necesarios para la fortificación de este nuevo Estado. La estadística oficial muestra un aumento exponencial del narcomenudeo, alcanzando máximos históricos cada cierre de año, y un promedio de 225 casos diarios durante el sexenio. No está claro, sin embargo, que dicho aumento signifique un incremento en el consumo de drogas, o una expansión de las redes de distribución; mucho menos se puede deducir una mayor efectividad de las autoridades en la persecución y procesamiento de este delito.
La legislación penal actual en materia de drogas, así se ha denunciado muchas veces, es restrictiva, inútil para desmantelar a las organizaciones criminales y un factor decisivo detrás de la saturación del sistema penal. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Los umbrales permitidos para la portación legal de drogas son bajos, por lo que es sumamente sencillo que un simple consumidor sea procesado como un narcomenudista y se enfrente a hasta tres años en prisión. Es decir, tenemos una legislación que criminaliza al consumo simple, que prioriza el castigo carcelario, y que incentiva a las autoridades a no ejercer sus funciones de investigación a fin de demostrar que la persona detenida tenía intención de comerciar o suministrar la droga a terceros.
Es seguro afirmar, aún careciendo de datos y relatos más precisos, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> que una importante cantidad de los detenidos y encarcelados por narcomenudeo en realidad son simples consumidores y no integrantes de grandes estructuras criminales dedicadas al contrabando. Miles de jóvenes, usualmente en contextos marginados, y principalmente consumidores de mariguana, todos los días se enfrentan a un sistema abusivo, propenso a la fabricación de delitos, que los detiene y procesa como criminales. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> La intención de ampliar la prisión preventiva oficiosa para incluir el delito de narcomenudeo, sumado a la aprobación para que militares puedan investigar delitos, concluye el proyecto de un Estado que, al tiempo que refrenda su compromiso con la guerra imposible contra las drogas, aprisiona y castiga sin tapujos a miles de sus habitantes.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Importa recordar, que los lentos avances hacia la regulación de la marihuana durante este sexenio, fueron resultado de procesos judiciales a cargo de la Suprema Corte de Justicia, y no de la voluntad política del legislativo o el ejecutivo. Véase: Alejandro Ravelo y Gerardo Álvarez, “<a href="https://seguridad.nexos.com.mx/la-regulacion-del-cannabis-paralisis-por-falta-de-voluntad-politica/" target="_blank" rel="noopener">La regulación del cannabis: parálisis por falta de voluntad política</a>”, Nexos, 14 de marzo de 2023.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Puede verse: Antonio Escohotado, “<a href="https://www.escohotado.org/articles/laprohibicionprincipiosyconsecuencias.htm" target="_blank" rel="noopener">La prohibición: principios y consecuencias</a>”, Drogas, hegemonía del cinismo, San Pablo, 1997.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Claudio Lomnitz, “<a href="https://www.nexos.com.mx/?p=54499" target="_blank" rel="noopener">México: el tejido roto</a>”, Nexos, 1° de abril de 2021.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Véase: Cristina Reyes Ortiz, “<a href="https://seguridad.nexos.com.mx/los-mitos-de-la-posesion-de-cannabis-que-pasa-si-solo-llevo-cinco-gramos/" target="_blank" rel="noopener">Los mitos de la posesión de cannabis: ¿qué pasa si sólo llevo cinco gramos</a>”, Nexos, 18 de junio de 2024.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Hay problemas en las cifras de personas privadas de su libertad por el delito de narcomenudeo, que dificultan su confiabilidad. Esto debido a las múltiples clasificaciones que puede recibir el delito: posesión simple, posesión con fines de comercio o suministro, comercio, suministro, etcétera. Véase: Marcela Nochebuena, “<a href="https://animalpolitico.com/salud/detenciones-posesion-drogas-crecen-gobierno-amlo" target="_blank" rel="noopener">Crecen detenciones por posesión de drogas y leyes facilitan violencia en gobierno de AMLO</a>”, Animal Político, 30 de noviembre de 2023.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Elementa DDHH, ReverdeSer, <a href="https://idpc.net/es/publications/2021/05/historias-de-detencion-por-posesion-simple" target="_blank" rel="noopener">Historia de detención por posesión simple: violaciones a los derechos humanos en contra de la población usuaria de drogas en México</a>, México, 2021.

Otra vez, la guerra contra las drogas

El pasado 16 de septiembre, el centro histórico de la Ciudad de México fue escenario del último desfile cívico-militar encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como en años anteriores, la revista militar destacó los avances en la capacitación, equipamiento y especialización de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional. Miles de soldados, vehículos blindados y aviones surcaron los cielos en una imponente demostración de fuerza y poderío. Sin embargo, mientras los militares marchaban con precisión y orgullo, la violencia en el país convirtió el espectáculo en un evento amargo.
En México, la militarización de la seguridad pública ha sido una estrategia constante durante las últimas décadas, intensificándose bajo el mandato de López Obrador. La Guardia Nacional, creada durante su gobierno, ha sido presentada como la solución a la violencia que afecta al país. Sin embargo, la realidad en las calles cuenta una historia diferente: la violencia persiste, las policías locales están en vias de desaparición y la estrategia de seguridad no ha dado resultados concretos. A pesar de incrementos presupuestales y los importantes avances en tecnología, equipamiento y destrezas tácticas, la falta de voluntad política para abordar el problema de fondo sigue siendo el principal obstáculo.
Durante las celebraciones del fin de semana, en Salvatierra, Guanajuato, una mujer policía y su hijo adolescente fueron brutalmente asesinados dentro de su hogar por un grupo armado. Este no fue un caso aislado; en total, durante las fiestas patrias, al menos cuatro policías fueron ejecutados en el Estado. En Oaxaca, dos elementos de la policía estatal también perdieron la vida, lo que llevó a las autoridades a cancelar las festividades. La violencia alcanzó tal magnitud que varias localidades en todo el país tuvieron que suspender las celebraciones patrias; en total, 30 municipios optaron por no realizar eventos públicos debido a las condiciones de inseguridad.
En Sinaloa durante toda la semana se reportaron tiroteos, bloqueos de carreteras y un creciente número de muertos y desaparecidos. Según la Fiscalía Estatal, del 9 al 16 de septiembre se registraron 18 personas asesinadas y 30 más desaparecidas. A todo esto, el Comandante de la Tercera Región Militar, máxima autoridad del Ejército en Sinaloa, reconoció que el control de la violencia no depende de las fuerzas castrenses, sino de que los grupos criminales se dejen de confrontar. Esta preocupante declaración pone en evidencia al Gobierno Federal y admite que la seguridad está, de hecho, en manos del crimen organizado.
El desfile cívico-militar del 16 de septiembre, con su despliegue de tecnología y fuerza, ofreció una imagen de seguridad y poder que contrastó drásticamente con la inquietante realidad que se vive en el país. El impresionante espectáculo de equipamiento y destrezas tácticas, en contraste con la incesante crisis de seguridad, revela una verdad incómoda: la verdadera capacidad de respuesta del gobierno parece estar muy lejos de lo que se muestra en estos eventos. La reciente ola de asesinatos de policías, la suspensión de celebraciones en numerosas localidades, el enfrentamiento armado que esta ocurriendo en Sinaloa y la desafortunada declaración del Comandante destacan que el verdadero poderío y control de la violencia y la seguridad ha sido, en gran medida, entregado a los grupos criminales.
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Marcha militar al ritmo de la inseguridad: la paradoja del desfile

En las últimas semanas, un suceso ha captado la atención de la opinión pública: la detención de niños sicarios en Sonora. El pasado 7 de octubre, las fuerzas de seguridad del Estado llevaron a cabo un operativo para liberar a personas que estaban secuestradas por el crimen organizado. Durante este operativo, el delegado de la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de aproximadamente siete menores de entre 12 y 13 años, lo que ha generado una profunda preocupación a nivel nacional.
En un país como México, caracterizado por una marcada desigualdad social, ¿deberíamos sorprendernos de que muchos niños opten por unirse a las filas de organizaciones criminales? Si bien la necesidad económica es un factor determinante en el reclutamiento de miles de personas por parte del crimen organizado, este aspecto por sí solo no explica completamente el fenómeno. Se estima que alrededor de 30,000 niños han sido incorporados al narcotráfico en los últimos años, lo cual sugiere que existen factores adicionales que deben ser considerados.
Una de las claves para comprender este fenómeno radica en la presencia de una narcocultura profundamente enraizada en la sociedad mexicana. Este país no solo enfrenta la desigualdad, sino que también está inmerso en una cultura que glorifica la vida de los narcotraficantes a través de productos culturales como los narcocorridos y las narcoseries. Estos productos idealizan y simplifican la vida de los líderes criminales, omitiendo con frecuencia los aspectos más negativos y violentos de su estilo de vida. Las canciones y series destacan los logros y lujos de los criminales sin retratar de manera adecuada las vidas llenas de violencia, donde el asesinato, la tortura y el secuestro son parte del día a día.
En este contexto, los niños, niñas y adolescentes, quienes son altamente influenciables y a menudo experimentan situaciones de precariedad o inseguridad, son particularmente vulnerables a la tentación de unirse a grupos criminales. Por esta razón, se vuelve imperativo promover la creación, consumo y distribución de productos culturales que, en lugar de glorificar la vida criminal, permitan a los jóvenes entender los verdaderos efectos y consecuencias de la violencia.
Aunque es cierto que ni la literatura, ni el cine, ni la música pueden por sí solos impedir que los menores expuestos a contextos violentos se unan a organizaciones criminales, es crucial cuestionar el impacto que nuestros productos culturales tienen en la sociedad. Debemos preguntarnos si estos productos están contribuyendo al reclutamiento de niños por parte de los grupos criminales o si están ayudando a formar constructores de paz. Si modificar las letras de las canciones, los guiones de las series y películas, o simplemente fomentar el consumo de historias que muestren la realidad del crimen puede evitar que algunos jóvenes se integren al crimen organizado, ¿no deberíamos intentarlo?
Abordar este problema mediante la regulación o prohibición de los productos culturales que romantizan el narcotráfico podría parecer una solución sencilla, pero es poco probable que sea efectiva. Al igual que en la producción de drogas, prohibir productos que no nos gustan por su vinculación con el crimen organizado no resolverá el problema. Aquellos que lucran con la creación y distribución de estos productos tienen el derecho de hablar de ellos, pero el verdadero problema radica en el consumo masivo de los mismos. ¿Qué dice de nosotros como sociedad el hecho de que necesitemos estos productos y sus historias para soñar con una salida de la precariedad? ¿Qué tan desesperanzada es la situación de nuestros jóvenes para que sueñen con convertirse en sicarios?
Nadie puede predecir con certeza el futuro de México, pero si no encontramos soluciones más efectivas al problema de la violencia y nuevas historias que ofrecer a nuestras infancias y adolescencias, es probable que en los próximos años las fuerzas de seguridad continúen deteniendo a muchos más niños sicarios.

¿Qué futuro le espera al país de los niños sicarios?

El abandono de las corporaciones policiacas no es un fenómeno nuevo en México, pero ha alcanzado niveles críticos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Causa en Común ha documentado a lo largo de estos últimos seis años el estancamiento del desarrollo institucional de las corporaciones policiales, patente en las disminuciones presupuestales, la precariedad laboral y los constantes embates de la violencia criminal en su contra. Finalmente, el deterioro acelerado de las policías en México es también una consecuencia del avance agigantado de la militarización durante este sexenio, acaparando una enorme cantidad del presupuesto, pero sin arrojar ningún resultado favorable en la materia.<a href="#_edn1" name="_ednref1">i</a>
Un primer nivel de análisis para evidenciar el abandono sistemático en el que se encuentran las policías del país, es la evolución del gasto federal en la materia. A lo largo del actual sexenio, el presupuesto para las policías predominantemente provino de tres grandes fondos: el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) para municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y también parte del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).
En 2020, el FASP contó con un presupuesto de aproximadamente 7,300 millones de pesos y el FORTASEG con 4,000 millones de pesos. En los últimos años, los aumentos al FASP han sido mínimos, mientras que el FORTASEG, que beneficiaba a 300 municipios, desapareció en el año 2021. Un nuevo fondo, el FOFISP (Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública), sólo reúne alrededor de una cuarta parte de los fondos que se agrupaban en el FORTASEG. En cuanto al FORTAMUN, en 2019 el CNSP emitió un “exhorto” para que, en lugar del 20 % sugerido para seguridad, se destinará el 50 %, lo que implicaría reducir el gasto para atender otras necesidades.
Entre el 2018 y 2022 el presupuesto federalizado sufrió decrementos y tuvo un ligero incremento entre 2023 y 2024. El presupuesto federalizado en miles de millones de pesos (MMDP) constantes se desglosa actualmente de la siguiente manera: FASP (9.2 MMDP) y FOFISP (1.1 MMDP), para un total de 10.3 MMDP.
<figure id="attachment_1437881" aria-describedby="caption-attachment-1437881" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1437881" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/presupuesto-policias.jpg" alt="Gráfica con la evolución de las transferencias federales a las corporaciones policiales durante el sexenio de López Obrador." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/presupuesto-policias.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/presupuesto-policias-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/presupuesto-policias-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/presupuesto-policias-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1437881" class="wp-caption-text">Elaborado por Causa en Común a partir de datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018-2024.</figcaption></figure>
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Los bajos salarios, la falta de prestaciones y el riesgo constante al que se enfrentan los policías son solo algunos de los problemas que aquejan a las corporaciones locales. De acuerdo con el último censo del INEGI, el 43 % del personal de seguridad pública municipal percibió ingresos mensuales de entre $ 5 mil y $ 10 mil pesos, <a href="#_edn2" name="_ednref2">ii</a> quedando por debajo de los $ 16,688 recomendados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en 2024. <a href="#_edn3" name="_ednref3">iii</a> Esto nos muestra que los salarios percibidos por los elementos policiales no son acordes con los niveles de riego que enfrentan, al tiempo que se mantienen niveles inaceptables en los delitos de alto impacto y se incrementan las partidas asignadas a las Fuerzas Armadas.
Aunado a los bajos salarios, en México se continúa careciendo de una ley que regule los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad policiales. La falta de esta regulación ha ocasionado una serie de abusos laborales que repercuten de manera directa en la salud y el desarrollo social y personal de las y los policías. De acuerdo con el INEGI, por ejemplo, al cierre de 2020, el 28 % de los policías municipales no contaban con seguridad social; mientras que únicamente el 10 % de los municipios otorgaban prestaciones para gastos funerarios a familias de policías abatidos; pese a ser un apoyo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. <a href="#_edn4" name="_ednref4">iv</a>
En 2019, Causa en Común aplicó la encuesta “¿Qué piensa la policía” <a href="#_edn5" name="_ednref5">v</a> a más de 5 mil policías federales y estatales en todo el país. Este ejercicio nos permitió conocer que alrededor del 44 % de los elementos policiales del país tienen jornadas de trabajo de más de 12 horas al día, situación que facilita su exposición a periodos de estrés prolongados y contribuye al desarrollo de problemas psicológicos, emocionales o trastornos psiquiátricos; y que, consecuentemente, les empujan a experimentar dinámicas de ausentismo, adicciones, incapacidades y muertes por accidentes o suicidio.
Por todo lo anterior son frecuentes las manifestaciones de policías que exigen mejoras en sus condiciones de trabajo. Causa en Común, entre el 1° de diciembre de 2018 y el 1° de agosto de 2024 registró al menos 413 movilizaciones de policías en todo el país, que incluyen 183 paros, 165 manifestaciones y 65 emplazamientos a paro. Destacan los estados de Hidalgo y Oaxaca, como aquellos en los cuales más paros de policías se registraron; con 21 y 19 respectivamente. Así como Sinaloa y Ciudad de México, como las entidades con el mayor número de manifestaciones de policías registradas, con 22 y 19.
Además de las protestas, otro indicador del abandono al que se enfrentan las policías locales es el alarmante número de asesinatos de agentes de seguridad. Entre el 1° de diciembre de 2018 y el 1° de agosto de 2024, al menos 2,417 policías fueron asesinados en México; concentrándose la incidencia en los estados de Guanajuato (360), Guerrero (167), Estado de México (167), Zacatecas (166) y Michoacán (152). Cabe destacar que la mayoría de los policías asesinados, alrededor del 55 %, pertenecían a corporaciones municipales. Estos asesinatos reflejan no solo la violencia extrema que se vive en el país, sino también la falta de protección y apoyo que enfrentan los policías en su día a día.
<figure id="attachment_1437887" aria-describedby="caption-attachment-1437887" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1437887" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/policias-asesinados-por-entidad-en-el-sexenio-de-amlo.jpg" alt="Gráfica con el número de policías asesinados durante el sexenio de AMLO." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/policias-asesinados-por-entidad-en-el-sexenio-de-amlo.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/policias-asesinados-por-entidad-en-el-sexenio-de-amlo-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/policias-asesinados-por-entidad-en-el-sexenio-de-amlo-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/policias-asesinados-por-entidad-en-el-sexenio-de-amlo-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1437887" class="wp-caption-text">Elaborado por Causa en Común a partir de notas periodísticas (del 01 de diciembre de 2018 al 01 de agosto  de 2024).</figcaption></figure>
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A medida que México se prepara hacia la llegada de un nuevo gobierno, es crucial reconocer los fracasos de la estrategia de militarización de la seguridad pública. Lejos de resolver los problemas de violencia y criminalidad, la militarización ha exacerbado las debilidades estructurales de las instituciones de seguridad, abandonando a las policías locales y poniendo en riesgo los derechos humanos y la democracia.
Es necesario revertir esta tendencia y fortalecer a las policías locales, dotándolas de los recursos y las capacidades necesarias para llevar a cabo su trabajo de manera efectiva. Esto implica no solo mejorar sus condiciones laborales, sino también asegurar que cuenten con la formación y el equipamiento adecuados para enfrentar los retos de seguridad en el país. Además, es fundamental restablecer el control civil sobre la seguridad pública y garantizar que las Fuerzas Armadas se limiten a sus funciones constitucionales, sin interferir en las tareas de seguridad pública​.
La seguridad en México no puede depender de una estrategia militar que ha demostrado ser ineficaz y contraproducente. Es momento de apostar por un enfoque integral que ponga en el centro a las instituciones civiles y respete los derechos humanos, garantizando así una seguridad duradera y sostenible para todos los mexicanos.
* Fernando Escobar Ayala es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, con líneas de investigación en sociología de las violencias, seguridad pública y militarización. Se ha desempañado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador en organizaciones de la sociedad civil en temas como el combate a la corrupción y la promoción de los derechos humanos.
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<a href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, Quinto Informe de la Guardia Nacional, , 2024. Disponible <a href="https://bit.ly/3yK9OZr" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref2" name="_edn2">ii</a> INEGI, Los gobiernos municipales en México Volumen III: Seguridad Pública, Justicia y Buen Gobierno, 2023. Disponible <a href="https://bit.ly/46QZifC" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref3" name="_edn3">iii</a> SESNSP, CONASAMI, Propuesta de salario digno para Policías, 2024. Disponible <a href="https://bit.ly/3XbRpyc" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref4" name="_edn4">iv</a> Ibídem.
<a href="#_ednref5" name="_edn5">v</a> Causa en Común, Encuesta, ¿Qué piensa la policía?, 2019. Disponible <a href="https://bit.ly/4fMYwUR" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
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Radiografía de un retraso crónico: la situación de las policías en México

La reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador referente a desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha encendido alarmas sobre el futuro de la transparencia en México. Fundado en 2003, el INAI ha sido un pilar crucial para la apertura gubernamental y la protección de datos personales, garantizando así el acceso a la información pública y vigilando el uso de datos privados. Su posible desaparición podría tener consecuencias graves para la democracia y la rendición de cuentas en México.
El INAI ha sido una institución fundamental para fomentar la transparencia gubernamental al permitir que los ciudadanos soliciten información sobre la administración pública y vigilen el desempeño de las autoridades. Su labor ha permitido descubrir irregularidades y promover una mayor responsabilidad por parte de los funcionarios; sin embargo, la propuesta de eliminarlo plantea serios riesgos. La falta de un organismo independiente podría llevar a una reducción en el acceso a la información y a una mayor opacidad en el gobierno, facilitando así la corrupción.
La protección de datos personales es otra área crítica afectada por esta propuesta. El INAI ha jugado un papel esencial en garantizar que los datos de los ciudadanos sean manejados de manera segura y conforme a la ley. Sin esta supervisión, los riesgos de abuso y violaciones a la privacidad aumentan significativamente, dado el creciente uso de tecnologías digitales y la recopilación masiva de datos.
El presidente ha propuesto reemplazar el INAI con una nueva estructura, la cual consiste en distribuir sus atribuciones entre la Secretaría de la Función Pública y las contralorías de las autoridades del Poder Legislativo y Judicial. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Lo anterior significa que la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las instituciones ya no estará a cargo de un organismo independiente y neutral, en su lugar serán las propias instituciones referidas las que decidan qué información publicar, cuándo y cómo, sin un control externo que lo supervise. La falta de detalles claros sobre esta nueva entidad deja muchas preguntas sin respuesta sobre su capacidad para garantizar la misma independencia y eficacia que el INAI. Esta incertidumbre genera preocupaciones sobre si el nuevo organismo podría mantener los estándares actuales de transparencia y protección de datos o no.
La desaparición del INAI podría marcar un retroceso significativo en los avances hacia una administración pública más abierta y responsable. En lugar de eliminar esta institución clave, es fundamental fortalecer y asegurar su capacidad para proteger los derechos de acceso a la información y la privacidad. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia, y cualquier cambio que comprometa estos principios debe ser cuidadosamente evaluado para evitar daños irreversibles al sistema de vigilancia y control ciudadano en México, ya que la falta de transparencia no solo perpetúa la corrupción, sino que también alimenta la criminalidad.
* Vanessa Matamoros Nava es licenciada en Criminología y Criminalística por la Universidad La Salle, con líneas de investigación en violaciones graves a derechos humanos. Se ha desempeñado como Visitadora Adjunta Auxiliar de Investigación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, específicamente en la Cuarta Visitaduría General, enfocada en violaciones graves a derechos humanos y personas que integran grupos de atención prioritaria, y ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil en proyectos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Gabriel Espinosa Ibarra (2024). ¿Qué pasaría si desaparece el INAI? Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Recuperado de <a href="https://acortar.link/ZWnK5N" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

El futuro de la transparencia en México: ¿qué sucedería si desaparece el INAI?

Desde hace cinco años, Causa en Común forma parte del <a href="http://causaencomun.org.mx/observatorioguardiayfuerzasarmadas/" target="_blank" rel="noopener">Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización de México</a>, integrado por organizaciones sociales, activistas, periodistas, académicos y ciudadanos, con el objetivo de documentar y difundir información sobre la conformación y operación de la Guardia Nacional (GN), visibilizando los efectos de la creciente influencia militar. A continuación, adelantamos las principales conclusiones de nuestro Quinto Informe, a publicarse y presentarse el próximo 31 de julio.
Desde la creación de la GN en 2019, el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública ha venido creciendo significativamente, sin arrastrar resultados favorables en la materia. Originalmente concebida como una fuerza de seguridad civil, la GN tan sólo ha servido para allanar el camino de la militarización, concluyendo con el traslado de su control operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 2022. Esta decisión, respaldada por los poderes ejecutivo y legislativo, no ha estado exenta de controversias, sobre todo motivadas por la creciente disputa entre el presidente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN).
Pese a que la SCJN declaró inconstitucional el traslado de la GN a la SEDENA, esta última abiertamente ha girado instrucciones para desacatar la resolución del máximo tribunal de justicia, incurriendo en una grave ilegalidad y, una vez más, reafirmando la nueva capacidad del Ejército para doblegar a las autoridad civiles. Por si fuera poco, el triunfo del oficialismo en el último proceso electoral confirma que el gobierno entrante dará la estocada militarista final, siendo ya conocidas las intenciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre aprobar el último paquete de reformas constitucionales enviado al Congreso por el presidente López Obrador.
A través de estas reformas, se busca cumplir los siguientes objetivos: 1) adscribir a la GN bajo el mando de SEDENA; 2) reconocer a la GN formalmente como una corporación de la Fuerza Armada Permanente; 3) facultar al presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad de manera ordinaria; 4) conceder la posibilidad de fuero militar a los guardias nacionales que cometan delitos y violaciones a los derechos humanos, y 5) despedir a los últimos elementos civiles de la GN: los policías federales.
Es importante decir que estos cambios constitucionales son la mera formalización de un proyecto militarista que, desde el día uno, ha orientado la construcción y el funcionamiento de la GN, y que ha marchado en paralelo con un proyecto político para concentrar el poder en la figura presidencial mediante las Fuerzas Armadas.
Esto último se advierte teniendo en cuenta la enorme serie de facultades y labores encargadas a la GN durante sus cinco años de existencia, los cuales se desvían significativamente de su función constitucional. La GN se encarga de labores de construcción de obra pública, de la distribución de vacunas, medicamentos, fertilizantes y los recursos de la política social, de la operación de aduanas, puertos y marinas, entre muchas otras. Esto no sólo ha implicado el reemplazo sin sentido de personal civil capacitado por funcionarios militares, sino también afectaciones al desarrollo y fortalecimiento de una corporación que debiera exclusivamente enfocarse en garantizar la seguridad pública.
Aunado a lo anterior, el control de facto que ejerce la SEDENA sobre la GN ha significado que la inmensa mayoría de su personal se componga de transferencias de las Fuerzas Armadas, sin que exista certidumbre sobre la calidad de su formación. En buena medida, estando adscrita a la SEDENA, la GN nunca ha sido una policía fiscalizable y auditable en términos de la certificación policial que obtienen sus elementos. Esta última, incluso, terminará volviéndose irrelevante una vez que la transición de la GN a la SEDENA se oficialice puesto que, en tanto entidad militar, dejará de adscribirse a la legislación aplicable para las policías del país.
La falta de información para evaluar la operación de la GN es también palpable en lo referente a su despliegue territorial. Nunca se han aclarado los criterios con los que se determinan el número de guardias nacionales desplegados, ni la construcción de sus cuarteles en las entidades del país. El único parámetro de medición oficial para la efectividad de la GN ha sido su porcentaje de aprobación ciudadana, el cual, a nivel nacional, suele ubicarse por encima del 60 %. Sin embargo, este dato es irrelevante como indicador de su efectividad en materia de seguridad pública, dado que el impacto de la GN en la reducción de la incidencia delictiva es sumamente limitado, según los propios informes de la corporación y los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Finalmente, importa decir que el avance de la militarización también se refleja en la asignación de recursos. En 2024, la GN recibió un total de 67 mil millones de pesos, cantidad que se suma a los 274 mil 551 destinados a la SEDENA y a los 68 mil 596 otorgados a la Marina. En conjunto, estos 383 mil 673 millones de pesos que componen el presupuesto militar representan el 3.4 % de presupuesto total del país, siendo el tercero más importante en la presente administración. No por obvio hay que dejar de advertir que estos aumentos presupuestales para las Fuerzas Armadas ocurren a expensas de otros programas de seguridad pública, como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG), que han experimentado recortes o han sido eliminados.
Además de estos incrementos presupuestarios, las Fuerzas Armadas también han obtenido ingresos adicionales a través del control de proyectos y empresas estatales, muchos de los cuales permanecen sin hacerse públicos. Por ejemplo, la empresa Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S. A. de C. V., controlada por la SEDENA, administra el Tren Maya y varios aeropuertos, y recibe el 80 % de los impuestos del cobro a extranjeros.
La militarización de la seguridad pública en México, como se detalla en el Quinto Informe del OGN, plantea serias preocupaciones sobre el balance de poder, la protección de los derechos humanos y la efectividad de las políticas de seguridad. El incremento en el presupuesto y las facultades otorgadas a las Fuerzas Armadas, junto con las denuncias de violaciones a los derechos humanos, sugieren la necesidad de reevaluar y posiblemente revertir esta tendencia. Es fundamental que se busquen alternativas que fortalezcan las instituciones civiles y aseguren una seguridad pública basada en el respeto a los derechos humanos y la transparencia.
* Fernando Escobar Ayala es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, con líneas de investigación en sociología de las violencias, seguridad pública y militarización. Se ha desempañado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador en organizaciones de la sociedad civil en temas como el combate a la corrupción y la promoción de los derechos humanos.

Cinco años de militarización

Desde 2018, la organización Causa en Común, en colaboración con una red de periodistas especializados en temas de seguridad, ha llevado a cabo un exhaustivo seguimiento hemerográfico de los asesinatos de elementos de la policía en México. Este esfuerzo surge como respuesta a la alarmante ola de violencia que azota al país y al evidente abandono institucional que sufren las fuerzas policiales en todos los estados. 
Durante casi seis años, esta combinación ha resultado en el control casi total del crimen organizado en diversos ámbitos de la vida pública y ha dejado a los cuerpos policiales en condiciones de absoluta vulnerabilidad frente a estos grupos criminales.
El precio de este abandono es alto. Desde el inicio del sexenio y hasta el pasado 20 de junio, se han asesinado a 2,373 elementos policiacos en el país. Para comprender la magnitud de esta tragedia, basta con pensar que esta masacre de policías equivale a eliminar a toda la fuerza policial de municipios como Nezahualcóyotl, en el Estado de México; Chihuahua, en el estado de Chihuahua, o Zapopan, en Jalisco.
El año más letal para nuestros elementos fue 2020, durante el cual se registraron 524 asesinatos, lo que equivale a un promedio de 1,4 casos al día. 
El Estado de Guanajuato es el más peligroso para la función policial, con 417 elementos asesinados durante el sexenio. Aunque Guanajuato ha ocupado consistentemente el primer lugar en estos registros, otros estados también presentan cifras alarmantes. Entre ellos se encuentran el Estado de México (210), Guerrero (206), Chihuahua (166), Veracruz (163) y Michoacán (160).
<figure id="attachment_1417422" aria-describedby="caption-attachment-1417422" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-1417422" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/grafica-600x400.jpg" alt="Gráfica asesinatos policías en México" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/grafica-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/grafica-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/grafica-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/grafica.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1417422" class="wp-caption-text">Gráfica asesinatos policías en México</figcaption></figure>
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La difícil situación que enfrentan nuestras policías se debe a un retraso crónico en su desarrollo y fortalecimiento. Durante este sexenio, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, encargado de establecer las pautas en capacitación, profesionalización, presupuestos y dignificación de la labor policial, quedó en total abandono. 
Además, los presupuestos federales, como el FASP y el FORTASEG, se han quedado sin recursos debido a la decisión del Gobierno Federal de enfocar todos sus esfuerzos en las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
Lamentablemente, la estrategia militarista no ha dado resultados en términos de seguridad y ha desencadenado una constante cacería de policías que carecen de los recursos mínimos indispensables para realizar su trabajo. Hoy en día, las comandancias no cuentan con suficiente equipo, chalecos, municiones, patrullas e incluso gasolina. Además, la falta de capacitación continua, las precarias compensaciones laborales y el escaso apoyo institucional para los elementos y sus familias han convertido la labor policial en una condena.
Es de suma importancia rescatar a nuestras policías locales y estatales, ya que son ellas quienes están en contacto directo con la ciudadanía, las redes vecinales y otras autoridades locales, y quienes enfrentan directamente al crimen organizado. 
Del total de elementos asesinados en el periodo mencionado, el 53.9% eran policías municipales, el 39.9% eran estatales y sólo el 6.1% eran federales. Esto evidencia que la violencia en nuestro país debe ser atendida de manera regional, fortaleciendo cuerpos policiacos capaces de realizar labores de prevención en lugar de limitarse a reaccionar ante el crimen cuando ya es demasiado tarde.
Para recuperar parte de la paz que hemos perdido, es crucial abordar con seriedad el tema de la seguridad, comenzando por apoyar a las personas que salen todos los días a sus municipios y carreteras para mantener el orden y procurar la paz. 
Desde Causa en Común continuaremos todos los días buscando el fortalecimiento y dignificación de las policías. Esta organización se fundó con la intención de apoyar a nuestras instituciones policiales, con la firme convicción de que para tener seguridad debemos cuidar a quienes tienen la tarea de cuidarnos.
Desde Causa en Común mandamos a las familias de todos aquellos elementos de seguridad que han perdido la vida protegiéndonos, nuestro más sentido pésame.
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Violencia e indiferencia: La matanza silenciosa de los Policías en México

El recién concluido proceso electoral 2023-2024, además de ser el más gran y complejo de la historia moderna, ha sido también el más violento. En esto coinciden todos los monitoreos y estudios llevados a cabo por diversas organizaciones sociales y académicas. En Causa en Común, hasta el día de hoy, hemos contabilizado 65 actores políticos asesinados en el marco del proceso electoral, incluyendo 38 aspirantes o candidatos. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Esta cifra es superior a los 30 asesinatos de aspirantes o candidatos registrados en el proceso electoral 2020-2021, y a los 24 del 2017-2018.
La violencia política no es ninguna novedad, ni está delimitada por las coyunturas electorales. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Como resultado de la debilidad de las instituciones y la capacidad de grupos criminales para incidir en el campo gubernamental, la violencia se ha vuelto un recurso común, accesible y cotidiano para dirimir los conflictos inherentes al quehacer político, sobre todo en el ámbito municipal.
Como hemos aprendido a partir del diálogo con otras organizaciones e investigadores, no existe un consenso sobre cómo medir la violencia política, en buena medida porque es difícil delimitar las expresiones que la conforman y el perfil de sus víctimas. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Por ejemplo, a los asesinatos de actores políticos, se pueden también sumar desapariciones, secuestros, amenazas y atentados que, pese a ser crímenes diferentes, pueden estar orientados por una misma lógica política: incidir en los procesos de toma de decisiones que dan forma a lo que entendemos como la “vida pública”: el resultado de una elección, la conformación y el funcionamiento de un gobierno, las modalidades de participación comunitaria, etcétera.
Asumiendo estas dificultades para conceptualizar un fenómeno tan complejo, en Causa en Común optamos por delimitar nuestra exploración de la violencia política a los asesinatos de actores relevantes para el proceso electoral 2023-2024, entre los que consideramos a aspirantes/candidatos, funcionarios públicos, dirigentes y colaboradores partidistas.
A lo largo del periodo de análisis, 17 entidades del país registran el asesinato de al menos un actor político, concentrándose la incidencia en los estados de Guerrero (13), Michoacán (11) y Chiapas (9). En el caso de los aspirantes o candidatos asesinados, el 31.6% contendía por MORENA, mientras que el 23.7% lo hacía por el PRI y otro 15.8% por el PAN. Es importante también destacar que el 92% de los aspirantes o candidatos asesinados pertenecían al ámbito municipal, siendo este nivel de gobierno el eslabón político más afectado por la violencia durante la pasada elección.
Es difícil, prácticamente imposible, dada la escasez de información y la debilidad de nuestras instituciones de procuración de justicia, saber qué proporción de estos asesinatos está asociado con la delincuencia organizada. Sin embargo, es imposible ignorar que las condiciones que permiten el desarrollo y la expansión del crimen organizado son fundamentalmente políticas, lo que convierte a los procesos electorales en un factor crucial para determinar la acumulación o la pérdida de poder de las organizaciones criminales.
Para enfrentar esta problemática es fundamental que las autoridades y la sociedad civil trabajen en conjunto para fortalecer las instituciones democráticas y de procuración de justicia. Esto incluye la implementación de mecanismos efectivos de protección para los actores políticos, así como la creación de estrategias de prevención que aborden las causas profundas de la violencia. Es crucial promover una cultura de legalidad y transparencia, y asegurar que los crímenes relacionados con la violencia política no queden impunes, pues la falta de justicia solo perpetúa el ciclo de violencia y desconfianza en las instituciones.
Finalmente, es imperativo reconocer que la violencia política es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta el país en términos de gobernabilidad y seguridad. La colaboración entre gobiernos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional es vital para desarrollar soluciones integrales y sostenibles. Solo a través de un esfuerzo concertado y coordinado se podrá construir un entorno político seguro y estable, donde los procesos electorales puedan desarrollarse sin el temor constante de la violencia, y donde la voluntad del pueblo se exprese de manera libre y democrática.
* Fernando Escobar Ayala es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, con lineas de investigación en sociología de las violencias, seguridad pública y militarización. Se ha desempeñado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador en organizaciones de la sociedad civil en temas como el combate a la corrupción y la promoción de los derechos humanos.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> El monitoreo inicia en junio de 2023, dado el inicio anticipado de los procesos de selección de candidatos al interior de los partidos políticos. La base de datos del monitoreo puede consultarse en: Causa en Común, Asesinato de Actores Políticos.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Por ejemplo, entre 2020 y 2023, Causa en Común registró un total de 237 asesinatos de actores políticos. Véase: Causa en Común, Galería del horror. Disponibles <a href="https://causaencomun.org.mx/beta/atrocidades-galeria-del-horror/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Además de la clase gobernante, actores como periodistas, activistas y demás representantes sociales ejercen labores que impactan en el orden político. Véase: Juan Pablo Ortiz Polo, “Violencia política: más allá de candidaturas y elecciones”, Nexos, 29 de febrero de 2024.

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