Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun.

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El pasado 16 de septiembre, el centro histórico de la Ciudad de México fue escenario del último desfile cívico-militar encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como en años anteriores, la revista militar destacó los avances en la capacitación, equipamiento y especialización de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional. Miles de soldados, vehículos blindados y aviones surcaron los cielos en una imponente demostración de fuerza y poderío. Sin embargo, mientras los militares marchaban con precisión y orgullo, la violencia en el país convirtió el espectáculo en un evento amargo.
En México, la militarización de la seguridad pública ha sido una estrategia constante durante las últimas décadas, intensificándose bajo el mandato de López Obrador. La Guardia Nacional, creada durante su gobierno, ha sido presentada como la solución a la violencia que afecta al país. Sin embargo, la realidad en las calles cuenta una historia diferente: la violencia persiste, las policías locales están en vias de desaparición y la estrategia de seguridad no ha dado resultados concretos. A pesar de incrementos presupuestales y los importantes avances en tecnología, equipamiento y destrezas tácticas, la falta de voluntad política para abordar el problema de fondo sigue siendo el principal obstáculo.
Durante las celebraciones del fin de semana, en Salvatierra, Guanajuato, una mujer policía y su hijo adolescente fueron brutalmente asesinados dentro de su hogar por un grupo armado. Este no fue un caso aislado; en total, durante las fiestas patrias, al menos cuatro policías fueron ejecutados en el Estado. En Oaxaca, dos elementos de la policía estatal también perdieron la vida, lo que llevó a las autoridades a cancelar las festividades. La violencia alcanzó tal magnitud que varias localidades en todo el país tuvieron que suspender las celebraciones patrias; en total, 30 municipios optaron por no realizar eventos públicos debido a las condiciones de inseguridad.
En Sinaloa durante toda la semana se reportaron tiroteos, bloqueos de carreteras y un creciente número de muertos y desaparecidos. Según la Fiscalía Estatal, del 9 al 16 de septiembre se registraron 18 personas asesinadas y 30 más desaparecidas. A todo esto, el Comandante de la Tercera Región Militar, máxima autoridad del Ejército en Sinaloa, reconoció que el control de la violencia no depende de las fuerzas castrenses, sino de que los grupos criminales se dejen de confrontar. Esta preocupante declaración pone en evidencia al Gobierno Federal y admite que la seguridad está, de hecho, en manos del crimen organizado.
El desfile cívico-militar del 16 de septiembre, con su despliegue de tecnología y fuerza, ofreció una imagen de seguridad y poder que contrastó drásticamente con la inquietante realidad que se vive en el país. El impresionante espectáculo de equipamiento y destrezas tácticas, en contraste con la incesante crisis de seguridad, revela una verdad incómoda: la verdadera capacidad de respuesta del gobierno parece estar muy lejos de lo que se muestra en estos eventos. La reciente ola de asesinatos de policías, la suspensión de celebraciones en numerosas localidades, el enfrentamiento armado que esta ocurriendo en Sinaloa y la desafortunada declaración del Comandante destacan que el verdadero poderío y control de la violencia y la seguridad ha sido, en gran medida, entregado a los grupos criminales.
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Marcha militar al ritmo de la inseguridad: la paradoja del desfile

En las últimas semanas, un suceso ha captado la atención de la opinión pública: la detención de niños sicarios en Sonora. El pasado 7 de octubre, las fuerzas de seguridad del Estado llevaron a cabo un operativo para liberar a personas que estaban secuestradas por el crimen organizado. Durante este operativo, el delegado de la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de aproximadamente siete menores de entre 12 y 13 años, lo que ha generado una profunda preocupación a nivel nacional.
En un país como México, caracterizado por una marcada desigualdad social, ¿deberíamos sorprendernos de que muchos niños opten por unirse a las filas de organizaciones criminales? Si bien la necesidad económica es un factor determinante en el reclutamiento de miles de personas por parte del crimen organizado, este aspecto por sí solo no explica completamente el fenómeno. Se estima que alrededor de 30,000 niños han sido incorporados al narcotráfico en los últimos años, lo cual sugiere que existen factores adicionales que deben ser considerados.
Una de las claves para comprender este fenómeno radica en la presencia de una narcocultura profundamente enraizada en la sociedad mexicana. Este país no solo enfrenta la desigualdad, sino que también está inmerso en una cultura que glorifica la vida de los narcotraficantes a través de productos culturales como los narcocorridos y las narcoseries. Estos productos idealizan y simplifican la vida de los líderes criminales, omitiendo con frecuencia los aspectos más negativos y violentos de su estilo de vida. Las canciones y series destacan los logros y lujos de los criminales sin retratar de manera adecuada las vidas llenas de violencia, donde el asesinato, la tortura y el secuestro son parte del día a día.
En este contexto, los niños, niñas y adolescentes, quienes son altamente influenciables y a menudo experimentan situaciones de precariedad o inseguridad, son particularmente vulnerables a la tentación de unirse a grupos criminales. Por esta razón, se vuelve imperativo promover la creación, consumo y distribución de productos culturales que, en lugar de glorificar la vida criminal, permitan a los jóvenes entender los verdaderos efectos y consecuencias de la violencia.
Aunque es cierto que ni la literatura, ni el cine, ni la música pueden por sí solos impedir que los menores expuestos a contextos violentos se unan a organizaciones criminales, es crucial cuestionar el impacto que nuestros productos culturales tienen en la sociedad. Debemos preguntarnos si estos productos están contribuyendo al reclutamiento de niños por parte de los grupos criminales o si están ayudando a formar constructores de paz. Si modificar las letras de las canciones, los guiones de las series y películas, o simplemente fomentar el consumo de historias que muestren la realidad del crimen puede evitar que algunos jóvenes se integren al crimen organizado, ¿no deberíamos intentarlo?
Abordar este problema mediante la regulación o prohibición de los productos culturales que romantizan el narcotráfico podría parecer una solución sencilla, pero es poco probable que sea efectiva. Al igual que en la producción de drogas, prohibir productos que no nos gustan por su vinculación con el crimen organizado no resolverá el problema. Aquellos que lucran con la creación y distribución de estos productos tienen el derecho de hablar de ellos, pero el verdadero problema radica en el consumo masivo de los mismos. ¿Qué dice de nosotros como sociedad el hecho de que necesitemos estos productos y sus historias para soñar con una salida de la precariedad? ¿Qué tan desesperanzada es la situación de nuestros jóvenes para que sueñen con convertirse en sicarios?
Nadie puede predecir con certeza el futuro de México, pero si no encontramos soluciones más efectivas al problema de la violencia y nuevas historias que ofrecer a nuestras infancias y adolescencias, es probable que en los próximos años las fuerzas de seguridad continúen deteniendo a muchos más niños sicarios.

¿Qué futuro le espera al país de los niños sicarios?

El abandono de las corporaciones policiacas no es un fenómeno nuevo en México, pero ha alcanzado niveles críticos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Causa en Común ha documentado a lo largo de estos últimos seis años el estancamiento del desarrollo institucional de las corporaciones policiales, patente en las disminuciones presupuestales, la precariedad laboral y los constantes embates de la violencia criminal en su contra. Finalmente, el deterioro acelerado de las policías en México es también una consecuencia del avance agigantado de la militarización durante este sexenio, acaparando una enorme cantidad del presupuesto, pero sin arrojar ningún resultado favorable en la materia.<a href="#_edn1" name="_ednref1">i</a>
Un primer nivel de análisis para evidenciar el abandono sistemático en el que se encuentran las policías del país, es la evolución del gasto federal en la materia. A lo largo del actual sexenio, el presupuesto para las policías predominantemente provino de tres grandes fondos: el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) para municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y también parte del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).
En 2020, el FASP contó con un presupuesto de aproximadamente 7,300 millones de pesos y el FORTASEG con 4,000 millones de pesos. En los últimos años, los aumentos al FASP han sido mínimos, mientras que el FORTASEG, que beneficiaba a 300 municipios, desapareció en el año 2021. Un nuevo fondo, el FOFISP (Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública), sólo reúne alrededor de una cuarta parte de los fondos que se agrupaban en el FORTASEG. En cuanto al FORTAMUN, en 2019 el CNSP emitió un “exhorto” para que, en lugar del 20 % sugerido para seguridad, se destinará el 50 %, lo que implicaría reducir el gasto para atender otras necesidades.
Entre el 2018 y 2022 el presupuesto federalizado sufrió decrementos y tuvo un ligero incremento entre 2023 y 2024. El presupuesto federalizado en miles de millones de pesos (MMDP) constantes se desglosa actualmente de la siguiente manera: FASP (9.2 MMDP) y FOFISP (1.1 MMDP), para un total de 10.3 MMDP.
<figure id="attachment_1437881" aria-describedby="caption-attachment-1437881" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1437881" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/presupuesto-policias.jpg" alt="Gráfica con la evolución de las transferencias federales a las corporaciones policiales durante el sexenio de López Obrador." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/presupuesto-policias.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/presupuesto-policias-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/presupuesto-policias-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/presupuesto-policias-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1437881" class="wp-caption-text">Elaborado por Causa en Común a partir de datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018-2024.</figcaption></figure>
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Los bajos salarios, la falta de prestaciones y el riesgo constante al que se enfrentan los policías son solo algunos de los problemas que aquejan a las corporaciones locales. De acuerdo con el último censo del INEGI, el 43 % del personal de seguridad pública municipal percibió ingresos mensuales de entre $ 5 mil y $ 10 mil pesos, <a href="#_edn2" name="_ednref2">ii</a> quedando por debajo de los $ 16,688 recomendados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en 2024. <a href="#_edn3" name="_ednref3">iii</a> Esto nos muestra que los salarios percibidos por los elementos policiales no son acordes con los niveles de riego que enfrentan, al tiempo que se mantienen niveles inaceptables en los delitos de alto impacto y se incrementan las partidas asignadas a las Fuerzas Armadas.
Aunado a los bajos salarios, en México se continúa careciendo de una ley que regule los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad policiales. La falta de esta regulación ha ocasionado una serie de abusos laborales que repercuten de manera directa en la salud y el desarrollo social y personal de las y los policías. De acuerdo con el INEGI, por ejemplo, al cierre de 2020, el 28 % de los policías municipales no contaban con seguridad social; mientras que únicamente el 10 % de los municipios otorgaban prestaciones para gastos funerarios a familias de policías abatidos; pese a ser un apoyo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. <a href="#_edn4" name="_ednref4">iv</a>
En 2019, Causa en Común aplicó la encuesta “¿Qué piensa la policía” <a href="#_edn5" name="_ednref5">v</a> a más de 5 mil policías federales y estatales en todo el país. Este ejercicio nos permitió conocer que alrededor del 44 % de los elementos policiales del país tienen jornadas de trabajo de más de 12 horas al día, situación que facilita su exposición a periodos de estrés prolongados y contribuye al desarrollo de problemas psicológicos, emocionales o trastornos psiquiátricos; y que, consecuentemente, les empujan a experimentar dinámicas de ausentismo, adicciones, incapacidades y muertes por accidentes o suicidio.
Por todo lo anterior son frecuentes las manifestaciones de policías que exigen mejoras en sus condiciones de trabajo. Causa en Común, entre el 1° de diciembre de 2018 y el 1° de agosto de 2024 registró al menos 413 movilizaciones de policías en todo el país, que incluyen 183 paros, 165 manifestaciones y 65 emplazamientos a paro. Destacan los estados de Hidalgo y Oaxaca, como aquellos en los cuales más paros de policías se registraron; con 21 y 19 respectivamente. Así como Sinaloa y Ciudad de México, como las entidades con el mayor número de manifestaciones de policías registradas, con 22 y 19.
Además de las protestas, otro indicador del abandono al que se enfrentan las policías locales es el alarmante número de asesinatos de agentes de seguridad. Entre el 1° de diciembre de 2018 y el 1° de agosto de 2024, al menos 2,417 policías fueron asesinados en México; concentrándose la incidencia en los estados de Guanajuato (360), Guerrero (167), Estado de México (167), Zacatecas (166) y Michoacán (152). Cabe destacar que la mayoría de los policías asesinados, alrededor del 55 %, pertenecían a corporaciones municipales. Estos asesinatos reflejan no solo la violencia extrema que se vive en el país, sino también la falta de protección y apoyo que enfrentan los policías en su día a día.
<figure id="attachment_1437887" aria-describedby="caption-attachment-1437887" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1437887" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/policias-asesinados-por-entidad-en-el-sexenio-de-amlo.jpg" alt="Gráfica con el número de policías asesinados durante el sexenio de AMLO." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/policias-asesinados-por-entidad-en-el-sexenio-de-amlo.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/policias-asesinados-por-entidad-en-el-sexenio-de-amlo-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/policias-asesinados-por-entidad-en-el-sexenio-de-amlo-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/policias-asesinados-por-entidad-en-el-sexenio-de-amlo-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1437887" class="wp-caption-text">Elaborado por Causa en Común a partir de notas periodísticas (del 01 de diciembre de 2018 al 01 de agosto  de 2024).</figcaption></figure>
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A medida que México se prepara hacia la llegada de un nuevo gobierno, es crucial reconocer los fracasos de la estrategia de militarización de la seguridad pública. Lejos de resolver los problemas de violencia y criminalidad, la militarización ha exacerbado las debilidades estructurales de las instituciones de seguridad, abandonando a las policías locales y poniendo en riesgo los derechos humanos y la democracia.
Es necesario revertir esta tendencia y fortalecer a las policías locales, dotándolas de los recursos y las capacidades necesarias para llevar a cabo su trabajo de manera efectiva. Esto implica no solo mejorar sus condiciones laborales, sino también asegurar que cuenten con la formación y el equipamiento adecuados para enfrentar los retos de seguridad en el país. Además, es fundamental restablecer el control civil sobre la seguridad pública y garantizar que las Fuerzas Armadas se limiten a sus funciones constitucionales, sin interferir en las tareas de seguridad pública​.
La seguridad en México no puede depender de una estrategia militar que ha demostrado ser ineficaz y contraproducente. Es momento de apostar por un enfoque integral que ponga en el centro a las instituciones civiles y respete los derechos humanos, garantizando así una seguridad duradera y sostenible para todos los mexicanos.
* Fernando Escobar Ayala es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, con líneas de investigación en sociología de las violencias, seguridad pública y militarización. Se ha desempañado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador en organizaciones de la sociedad civil en temas como el combate a la corrupción y la promoción de los derechos humanos.
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<a href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, Quinto Informe de la Guardia Nacional, , 2024. Disponible <a href="https://bit.ly/3yK9OZr" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref2" name="_edn2">ii</a> INEGI, Los gobiernos municipales en México Volumen III: Seguridad Pública, Justicia y Buen Gobierno, 2023. Disponible <a href="https://bit.ly/46QZifC" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref3" name="_edn3">iii</a> SESNSP, CONASAMI, Propuesta de salario digno para Policías, 2024. Disponible <a href="https://bit.ly/3XbRpyc" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref4" name="_edn4">iv</a> Ibídem.
<a href="#_ednref5" name="_edn5">v</a> Causa en Común, Encuesta, ¿Qué piensa la policía?, 2019. Disponible <a href="https://bit.ly/4fMYwUR" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
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Radiografía de un retraso crónico: la situación de las policías en México

La reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador referente a desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha encendido alarmas sobre el futuro de la transparencia en México. Fundado en 2003, el INAI ha sido un pilar crucial para la apertura gubernamental y la protección de datos personales, garantizando así el acceso a la información pública y vigilando el uso de datos privados. Su posible desaparición podría tener consecuencias graves para la democracia y la rendición de cuentas en México.
El INAI ha sido una institución fundamental para fomentar la transparencia gubernamental al permitir que los ciudadanos soliciten información sobre la administración pública y vigilen el desempeño de las autoridades. Su labor ha permitido descubrir irregularidades y promover una mayor responsabilidad por parte de los funcionarios; sin embargo, la propuesta de eliminarlo plantea serios riesgos. La falta de un organismo independiente podría llevar a una reducción en el acceso a la información y a una mayor opacidad en el gobierno, facilitando así la corrupción.
La protección de datos personales es otra área crítica afectada por esta propuesta. El INAI ha jugado un papel esencial en garantizar que los datos de los ciudadanos sean manejados de manera segura y conforme a la ley. Sin esta supervisión, los riesgos de abuso y violaciones a la privacidad aumentan significativamente, dado el creciente uso de tecnologías digitales y la recopilación masiva de datos.
El presidente ha propuesto reemplazar el INAI con una nueva estructura, la cual consiste en distribuir sus atribuciones entre la Secretaría de la Función Pública y las contralorías de las autoridades del Poder Legislativo y Judicial. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Lo anterior significa que la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las instituciones ya no estará a cargo de un organismo independiente y neutral, en su lugar serán las propias instituciones referidas las que decidan qué información publicar, cuándo y cómo, sin un control externo que lo supervise. La falta de detalles claros sobre esta nueva entidad deja muchas preguntas sin respuesta sobre su capacidad para garantizar la misma independencia y eficacia que el INAI. Esta incertidumbre genera preocupaciones sobre si el nuevo organismo podría mantener los estándares actuales de transparencia y protección de datos o no.
La desaparición del INAI podría marcar un retroceso significativo en los avances hacia una administración pública más abierta y responsable. En lugar de eliminar esta institución clave, es fundamental fortalecer y asegurar su capacidad para proteger los derechos de acceso a la información y la privacidad. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia, y cualquier cambio que comprometa estos principios debe ser cuidadosamente evaluado para evitar daños irreversibles al sistema de vigilancia y control ciudadano en México, ya que la falta de transparencia no solo perpetúa la corrupción, sino que también alimenta la criminalidad.
* Vanessa Matamoros Nava es licenciada en Criminología y Criminalística por la Universidad La Salle, con líneas de investigación en violaciones graves a derechos humanos. Se ha desempeñado como Visitadora Adjunta Auxiliar de Investigación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, específicamente en la Cuarta Visitaduría General, enfocada en violaciones graves a derechos humanos y personas que integran grupos de atención prioritaria, y ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil en proyectos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Gabriel Espinosa Ibarra (2024). ¿Qué pasaría si desaparece el INAI? Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Recuperado de <a href="https://acortar.link/ZWnK5N" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

El futuro de la transparencia en México: ¿qué sucedería si desaparece el INAI?

Desde hace cinco años, Causa en Común forma parte del <a href="http://causaencomun.org.mx/observatorioguardiayfuerzasarmadas/" target="_blank" rel="noopener">Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización de México</a>, integrado por organizaciones sociales, activistas, periodistas, académicos y ciudadanos, con el objetivo de documentar y difundir información sobre la conformación y operación de la Guardia Nacional (GN), visibilizando los efectos de la creciente influencia militar. A continuación, adelantamos las principales conclusiones de nuestro Quinto Informe, a publicarse y presentarse el próximo 31 de julio.
Desde la creación de la GN en 2019, el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública ha venido creciendo significativamente, sin arrastrar resultados favorables en la materia. Originalmente concebida como una fuerza de seguridad civil, la GN tan sólo ha servido para allanar el camino de la militarización, concluyendo con el traslado de su control operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 2022. Esta decisión, respaldada por los poderes ejecutivo y legislativo, no ha estado exenta de controversias, sobre todo motivadas por la creciente disputa entre el presidente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN).
Pese a que la SCJN declaró inconstitucional el traslado de la GN a la SEDENA, esta última abiertamente ha girado instrucciones para desacatar la resolución del máximo tribunal de justicia, incurriendo en una grave ilegalidad y, una vez más, reafirmando la nueva capacidad del Ejército para doblegar a las autoridad civiles. Por si fuera poco, el triunfo del oficialismo en el último proceso electoral confirma que el gobierno entrante dará la estocada militarista final, siendo ya conocidas las intenciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre aprobar el último paquete de reformas constitucionales enviado al Congreso por el presidente López Obrador.
A través de estas reformas, se busca cumplir los siguientes objetivos: 1) adscribir a la GN bajo el mando de SEDENA; 2) reconocer a la GN formalmente como una corporación de la Fuerza Armada Permanente; 3) facultar al presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad de manera ordinaria; 4) conceder la posibilidad de fuero militar a los guardias nacionales que cometan delitos y violaciones a los derechos humanos, y 5) despedir a los últimos elementos civiles de la GN: los policías federales.
Es importante decir que estos cambios constitucionales son la mera formalización de un proyecto militarista que, desde el día uno, ha orientado la construcción y el funcionamiento de la GN, y que ha marchado en paralelo con un proyecto político para concentrar el poder en la figura presidencial mediante las Fuerzas Armadas.
Esto último se advierte teniendo en cuenta la enorme serie de facultades y labores encargadas a la GN durante sus cinco años de existencia, los cuales se desvían significativamente de su función constitucional. La GN se encarga de labores de construcción de obra pública, de la distribución de vacunas, medicamentos, fertilizantes y los recursos de la política social, de la operación de aduanas, puertos y marinas, entre muchas otras. Esto no sólo ha implicado el reemplazo sin sentido de personal civil capacitado por funcionarios militares, sino también afectaciones al desarrollo y fortalecimiento de una corporación que debiera exclusivamente enfocarse en garantizar la seguridad pública.
Aunado a lo anterior, el control de facto que ejerce la SEDENA sobre la GN ha significado que la inmensa mayoría de su personal se componga de transferencias de las Fuerzas Armadas, sin que exista certidumbre sobre la calidad de su formación. En buena medida, estando adscrita a la SEDENA, la GN nunca ha sido una policía fiscalizable y auditable en términos de la certificación policial que obtienen sus elementos. Esta última, incluso, terminará volviéndose irrelevante una vez que la transición de la GN a la SEDENA se oficialice puesto que, en tanto entidad militar, dejará de adscribirse a la legislación aplicable para las policías del país.
La falta de información para evaluar la operación de la GN es también palpable en lo referente a su despliegue territorial. Nunca se han aclarado los criterios con los que se determinan el número de guardias nacionales desplegados, ni la construcción de sus cuarteles en las entidades del país. El único parámetro de medición oficial para la efectividad de la GN ha sido su porcentaje de aprobación ciudadana, el cual, a nivel nacional, suele ubicarse por encima del 60 %. Sin embargo, este dato es irrelevante como indicador de su efectividad en materia de seguridad pública, dado que el impacto de la GN en la reducción de la incidencia delictiva es sumamente limitado, según los propios informes de la corporación y los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Finalmente, importa decir que el avance de la militarización también se refleja en la asignación de recursos. En 2024, la GN recibió un total de 67 mil millones de pesos, cantidad que se suma a los 274 mil 551 destinados a la SEDENA y a los 68 mil 596 otorgados a la Marina. En conjunto, estos 383 mil 673 millones de pesos que componen el presupuesto militar representan el 3.4 % de presupuesto total del país, siendo el tercero más importante en la presente administración. No por obvio hay que dejar de advertir que estos aumentos presupuestales para las Fuerzas Armadas ocurren a expensas de otros programas de seguridad pública, como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG), que han experimentado recortes o han sido eliminados.
Además de estos incrementos presupuestarios, las Fuerzas Armadas también han obtenido ingresos adicionales a través del control de proyectos y empresas estatales, muchos de los cuales permanecen sin hacerse públicos. Por ejemplo, la empresa Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S. A. de C. V., controlada por la SEDENA, administra el Tren Maya y varios aeropuertos, y recibe el 80 % de los impuestos del cobro a extranjeros.
La militarización de la seguridad pública en México, como se detalla en el Quinto Informe del OGN, plantea serias preocupaciones sobre el balance de poder, la protección de los derechos humanos y la efectividad de las políticas de seguridad. El incremento en el presupuesto y las facultades otorgadas a las Fuerzas Armadas, junto con las denuncias de violaciones a los derechos humanos, sugieren la necesidad de reevaluar y posiblemente revertir esta tendencia. Es fundamental que se busquen alternativas que fortalezcan las instituciones civiles y aseguren una seguridad pública basada en el respeto a los derechos humanos y la transparencia.
* Fernando Escobar Ayala es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, con líneas de investigación en sociología de las violencias, seguridad pública y militarización. Se ha desempañado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador en organizaciones de la sociedad civil en temas como el combate a la corrupción y la promoción de los derechos humanos.

Cinco años de militarización

Desde 2018, la organización Causa en Común, en colaboración con una red de periodistas especializados en temas de seguridad, ha llevado a cabo un exhaustivo seguimiento hemerográfico de los asesinatos de elementos de la policía en México. Este esfuerzo surge como respuesta a la alarmante ola de violencia que azota al país y al evidente abandono institucional que sufren las fuerzas policiales en todos los estados. 
Durante casi seis años, esta combinación ha resultado en el control casi total del crimen organizado en diversos ámbitos de la vida pública y ha dejado a los cuerpos policiales en condiciones de absoluta vulnerabilidad frente a estos grupos criminales.
El precio de este abandono es alto. Desde el inicio del sexenio y hasta el pasado 20 de junio, se han asesinado a 2,373 elementos policiacos en el país. Para comprender la magnitud de esta tragedia, basta con pensar que esta masacre de policías equivale a eliminar a toda la fuerza policial de municipios como Nezahualcóyotl, en el Estado de México; Chihuahua, en el estado de Chihuahua, o Zapopan, en Jalisco.
El año más letal para nuestros elementos fue 2020, durante el cual se registraron 524 asesinatos, lo que equivale a un promedio de 1,4 casos al día. 
El Estado de Guanajuato es el más peligroso para la función policial, con 417 elementos asesinados durante el sexenio. Aunque Guanajuato ha ocupado consistentemente el primer lugar en estos registros, otros estados también presentan cifras alarmantes. Entre ellos se encuentran el Estado de México (210), Guerrero (206), Chihuahua (166), Veracruz (163) y Michoacán (160).
<figure id="attachment_1417422" aria-describedby="caption-attachment-1417422" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-1417422" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/grafica-600x400.jpg" alt="Gráfica asesinatos policías en México" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/grafica-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/grafica-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/grafica-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/grafica.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1417422" class="wp-caption-text">Gráfica asesinatos policías en México</figcaption></figure>
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La difícil situación que enfrentan nuestras policías se debe a un retraso crónico en su desarrollo y fortalecimiento. Durante este sexenio, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, encargado de establecer las pautas en capacitación, profesionalización, presupuestos y dignificación de la labor policial, quedó en total abandono. 
Además, los presupuestos federales, como el FASP y el FORTASEG, se han quedado sin recursos debido a la decisión del Gobierno Federal de enfocar todos sus esfuerzos en las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
Lamentablemente, la estrategia militarista no ha dado resultados en términos de seguridad y ha desencadenado una constante cacería de policías que carecen de los recursos mínimos indispensables para realizar su trabajo. Hoy en día, las comandancias no cuentan con suficiente equipo, chalecos, municiones, patrullas e incluso gasolina. Además, la falta de capacitación continua, las precarias compensaciones laborales y el escaso apoyo institucional para los elementos y sus familias han convertido la labor policial en una condena.
Es de suma importancia rescatar a nuestras policías locales y estatales, ya que son ellas quienes están en contacto directo con la ciudadanía, las redes vecinales y otras autoridades locales, y quienes enfrentan directamente al crimen organizado. 
Del total de elementos asesinados en el periodo mencionado, el 53.9% eran policías municipales, el 39.9% eran estatales y sólo el 6.1% eran federales. Esto evidencia que la violencia en nuestro país debe ser atendida de manera regional, fortaleciendo cuerpos policiacos capaces de realizar labores de prevención en lugar de limitarse a reaccionar ante el crimen cuando ya es demasiado tarde.
Para recuperar parte de la paz que hemos perdido, es crucial abordar con seriedad el tema de la seguridad, comenzando por apoyar a las personas que salen todos los días a sus municipios y carreteras para mantener el orden y procurar la paz. 
Desde Causa en Común continuaremos todos los días buscando el fortalecimiento y dignificación de las policías. Esta organización se fundó con la intención de apoyar a nuestras instituciones policiales, con la firme convicción de que para tener seguridad debemos cuidar a quienes tienen la tarea de cuidarnos.
Desde Causa en Común mandamos a las familias de todos aquellos elementos de seguridad que han perdido la vida protegiéndonos, nuestro más sentido pésame.
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Violencia e indiferencia: La matanza silenciosa de los Policías en México

El recién concluido proceso electoral 2023-2024, además de ser el más gran y complejo de la historia moderna, ha sido también el más violento. En esto coinciden todos los monitoreos y estudios llevados a cabo por diversas organizaciones sociales y académicas. En Causa en Común, hasta el día de hoy, hemos contabilizado 65 actores políticos asesinados en el marco del proceso electoral, incluyendo 38 aspirantes o candidatos. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Esta cifra es superior a los 30 asesinatos de aspirantes o candidatos registrados en el proceso electoral 2020-2021, y a los 24 del 2017-2018.
La violencia política no es ninguna novedad, ni está delimitada por las coyunturas electorales. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Como resultado de la debilidad de las instituciones y la capacidad de grupos criminales para incidir en el campo gubernamental, la violencia se ha vuelto un recurso común, accesible y cotidiano para dirimir los conflictos inherentes al quehacer político, sobre todo en el ámbito municipal.
Como hemos aprendido a partir del diálogo con otras organizaciones e investigadores, no existe un consenso sobre cómo medir la violencia política, en buena medida porque es difícil delimitar las expresiones que la conforman y el perfil de sus víctimas. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Por ejemplo, a los asesinatos de actores políticos, se pueden también sumar desapariciones, secuestros, amenazas y atentados que, pese a ser crímenes diferentes, pueden estar orientados por una misma lógica política: incidir en los procesos de toma de decisiones que dan forma a lo que entendemos como la “vida pública”: el resultado de una elección, la conformación y el funcionamiento de un gobierno, las modalidades de participación comunitaria, etcétera.
Asumiendo estas dificultades para conceptualizar un fenómeno tan complejo, en Causa en Común optamos por delimitar nuestra exploración de la violencia política a los asesinatos de actores relevantes para el proceso electoral 2023-2024, entre los que consideramos a aspirantes/candidatos, funcionarios públicos, dirigentes y colaboradores partidistas.
A lo largo del periodo de análisis, 17 entidades del país registran el asesinato de al menos un actor político, concentrándose la incidencia en los estados de Guerrero (13), Michoacán (11) y Chiapas (9). En el caso de los aspirantes o candidatos asesinados, el 31.6% contendía por MORENA, mientras que el 23.7% lo hacía por el PRI y otro 15.8% por el PAN. Es importante también destacar que el 92% de los aspirantes o candidatos asesinados pertenecían al ámbito municipal, siendo este nivel de gobierno el eslabón político más afectado por la violencia durante la pasada elección.
Es difícil, prácticamente imposible, dada la escasez de información y la debilidad de nuestras instituciones de procuración de justicia, saber qué proporción de estos asesinatos está asociado con la delincuencia organizada. Sin embargo, es imposible ignorar que las condiciones que permiten el desarrollo y la expansión del crimen organizado son fundamentalmente políticas, lo que convierte a los procesos electorales en un factor crucial para determinar la acumulación o la pérdida de poder de las organizaciones criminales.
Para enfrentar esta problemática es fundamental que las autoridades y la sociedad civil trabajen en conjunto para fortalecer las instituciones democráticas y de procuración de justicia. Esto incluye la implementación de mecanismos efectivos de protección para los actores políticos, así como la creación de estrategias de prevención que aborden las causas profundas de la violencia. Es crucial promover una cultura de legalidad y transparencia, y asegurar que los crímenes relacionados con la violencia política no queden impunes, pues la falta de justicia solo perpetúa el ciclo de violencia y desconfianza en las instituciones.
Finalmente, es imperativo reconocer que la violencia política es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta el país en términos de gobernabilidad y seguridad. La colaboración entre gobiernos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional es vital para desarrollar soluciones integrales y sostenibles. Solo a través de un esfuerzo concertado y coordinado se podrá construir un entorno político seguro y estable, donde los procesos electorales puedan desarrollarse sin el temor constante de la violencia, y donde la voluntad del pueblo se exprese de manera libre y democrática.
* Fernando Escobar Ayala es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, con lineas de investigación en sociología de las violencias, seguridad pública y militarización. Se ha desempeñado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador en organizaciones de la sociedad civil en temas como el combate a la corrupción y la promoción de los derechos humanos.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> El monitoreo inicia en junio de 2023, dado el inicio anticipado de los procesos de selección de candidatos al interior de los partidos políticos. La base de datos del monitoreo puede consultarse en: Causa en Común, Asesinato de Actores Políticos.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Por ejemplo, entre 2020 y 2023, Causa en Común registró un total de 237 asesinatos de actores políticos. Véase: Causa en Común, Galería del horror. Disponibles <a href="https://causaencomun.org.mx/beta/atrocidades-galeria-del-horror/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Además de la clase gobernante, actores como periodistas, activistas y demás representantes sociales ejercen labores que impactan en el orden político. Véase: Juan Pablo Ortiz Polo, “Violencia política: más allá de candidaturas y elecciones”, Nexos, 29 de febrero de 2024.

Violencia contra actores políticos

Hace al menos tres años que se volvió insostenible la visión triunfalista del gobierno federal sobre el estado de la seguridad en el país. En ese momento, ante las preguntas expresas sobre la violencia, la inseguridad y el fortalecimiento de los grupos delictivos, el presidente respondía que él tiene “otros datos”. Pues bien, hemos llegado al punto en que los periodistas, la sociedad civil, los investigadores, las víctimas y la realidad difieren de esos dichos.
Mientras el gobierno federal –y la candidata de la continuidad- siguen presumiendo flamantes disminuciones de todos los delitos, con énfasis en aquellos de alto impacto para la sociedad, se acumulan las menciones de que se ha roto el récord de mayor número de homicidios y con ello los días que adquieren el título de “más violento” del mes, año o sexenio. Más allá de las comparaciones, nadie podría negar que la realidad que vivimos es aterradora. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta hasta abril de 2024, 175,967 víctimas de homicidio doloso; 5,148 de feminicidio; 5,402 de secuestro; 53,131 víctimas de extorsión, y 4,221 víctimas de trata, por lo que el México que recibirá el nuevo gobierno será el más violento e inseguro de la historia.
Lo anterior en un escenario en el que los delitos de secuestro y extorsión representan solo el 2 % de los eventos que efectivamente ocurren (cifra negra estimada mediante la Encuesta Nacional de Victimización) y en donde, además, se ha detectado que pudiera haber una migración de los registros de homicidios dolosos. Por ejemplo, en lo que va del sexenio se han reportado 75,170 víctimas por “otros delitos otra la vida y la integridad física”. Tan solo en el primer cuatrimestre de 2024 se reportaron 5,189 víctimas en ese rubro, mientras que se reportaron 9,776 víctimas de homicidio doloso en el mismo periodo.
El país del presidente también es el país en el que la organización Causa en Común ha registrado el asesinato de al menos 2,363 policías en lo que va del sexenio (hasta el 28 de mayo de 2024), de los cuales 133 han ocurrido este año. El país en el que se han asesinado a 56 actores políticos relacionados con el proceso electoral 2023-2024.
Hasta este punto podemos darle la razón a quienes dicen que los números no mienten, pero hay que agregar que mienten las personas que los usan para respaldar sus historias, que los maquillan, los ocultan o los enaltecen en comparaciones que beneficien sus discursos, pero que en su sentido más llano son una descripción de una porción de la realidad que vivimos. ¿Qué importa que 175,967 sea más o menos que en el sexenio pasado cuando pensamos que hay ese mismo número de familias que perdieron de manera violenta a un ser querido?
Si se puede contar cualquier historia con los números, ¿por qué no encontrar la forma de aceptar la realidad? Léase esta pregunta con una sincera preocupación en torno a que la aceptación de la realidad es el primer paso para la resiliencia, y con ello para encontrar soluciones en torno a las diferentes problemáticas que la conforman. El no hacerlo en lo individual provoca depresión y ansiedad, en la comunidad agudiza el conflicto y en un país impide el desarrollo eficiente de políticas públicas.
El arraigo crónico de las violencias que asolan al país es, en buena medida, consecuencia del abandono de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia en los tres ámbitos de gobierno. El reto ante nosotros requiere de una profunda revisión y reconstrucción del orden institucional sobre el que descansan estas tareas. En ese sentido, toda política pública orientada a la disminución de las violencias debe implementarse sobre la base de instituciones sólidas, homologadas en cuanto a sus capacidades técnicas, con suficiente solvencia operativa para atender y adaptarse a las diversas necesidades estructurales, los contextos sociales, económicos y políticos existentes en el país, y en permanente observancia de los derechos humanos.
En el contexto político es importante hacer lo necesario para modificar la narrativa triunfalista a un plan de acción para entender y superar las condiciones que por ahora aceitan la maquinaria de la violencia y la impunidad. En ese sentido, Causa en Común ha generado una propuesta para la articulación y ratificación de un Pacto Nacional por la Seguridad y la Justicia que incluya no sólo a las autoridades públicas, sino también la participación de organismos autónomos, medios de comunicación, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las sindicales, empresariales y religiosas. Dicho Pacto parte de las siguientes premisas:
<ul>
<li>La política de seguridad y procuración de justicia debe ser una política de Estado, que trascienda calendarios políticos y que convoque y vincule a autoridades y ciudadanía. Los participantes del Pacto deben subordinar sus intereses particulares a la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad del Estado mexicano.</li>
<li>A los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno les corresponderá cumplir la vigilancia y ejecución de las estrategias emanadas del Pacto.</li>
<li>Todo compromiso y acción emanados del Pacto deberán incluir mecanismos de rendición de cuentas y habrán de conducirse sobre indicadores de seguimiento y evaluación.</li>
</ul>
Éstas ideas pudieran sentar las bases para un primer paso en un giro de timón para la construcción de una política de seguridad pública y nacional que parta de la realidad tal cuál es. La sociedad sigue teniendo otros datos, nada alentadores y estamos en el momento perfecto para hacer algo al respecto.
* Nancy Angélica Canjura Luna es investigadora de Causa en Común.

La sociedad sigue teniendo otros datos

En días recientes, la organización Causa en Común llevó a cabo el foro titulado &#8220;Más allá de las urnas: explorando la violencia en el proceso electoral de México 2024&#8221;, donde presentaron una actualización de los datos sobre la violencia electoral. Según el monitoreo realizado por la organización, desde junio de 2023, fecha que marca el inicio del proceso electoral, se han registrado al menos 41 asesinatos de actores políticos. Esta cifra contrasta notablemente con los 24 candidatos asesinados durante las elecciones federales de 2018 y los 30 asesinatos registrados en los comicios de 2021, lo que convierte al actual proceso electoral en el más violento en la historia contemporánea de nuestro país.
Durante el foro se destacó en el análisis que los estados con la mayor incidencia de violencia electoral son Guerrero, con 9 casos, y Michoacán, con 6. Además, resalta el hecho de que el 40 % del total de las víctimas de este delito eran militantes de Morena. Asimismo, se señaló que de los 15 estados donde se han registrado casos de políticos asesinados, 13 están actualmente bajo el gobierno de Morena.
Durante el transcurso del foro, Armando Vargas, consultor senior en Integralia, señaló que varios factores contribuyen a la prevalencia y al aumento de la violencia política en diversas regiones del país, destacando entre ellos la existencia de mercados ilícitos no tradicionales, como la extorsión o el tráfico de migrantes. Este fenómeno explica la concentración de la violencia política en áreas como la “Tierra Caliente” de Michoacán o la frontera entre Chiapas y Centroamérica. Además, resaltó que el programa gubernamental de protección a candidatos ha fracasado rotundamente al no basarse en un diagnóstico de riesgo preciso que tome en cuenta las dinámicas de control territorial por parte del crimen organizado.
Itzel Soto, analista de datos de Data Cívica, destacó los hallazgos del estudio &#8220;<a href="https://votar-entre-balas.datacivica.org/" target="_blank" rel="noopener">Votar entre Balas</a>&#8220;, donde se concluyó que la violencia político-electoral ha experimentado un significativo aumento desde 2022. Advirtió que abril de este año fue el mes más violento en términos de violencia electoral y se espera que mayo sea aún más violento. Asimismo, señaló que la violencia no se limita al proceso electoral y que, si se observa un periodo de 10 años entre 2013 y 2023, los casos de violencia político-criminal se han triplicado.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, hizo hincapié en el claro consenso respecto a la creciente violencia política durante el actual proceso electoral, lo que lo convierte en el más violento de la historia moderna. Lamentó que, debido a esta violencia y a la creciente influencia del crimen organizado, muchos ciudadanos no puedan ejercer su derecho al voto de manera libre el próximo 2 de junio, lo que afecta la legitimidad y la solidez institucional de nuestra democracia. Finalmente, instó a las autoridades a incluir en sus agendas medidas integrales para abordar la violencia política una vez finalizado el proceso electoral, con el fin de fortalecer las capacidades a nivel local y restaurar el estado de derecho en aquellos territorios actualmente bajo la influencia de intereses criminales.
En resumen, el foro presenta un panorama desalentador de cara a las elecciones federales, donde los criminales han dirigido su atención hacia los candidatos a las presidencias municipales con el objetivo de mantener su dominio territorial, controlar aspectos como la seguridad, las finanzas y la infraestructura pública. En las zonas más afectadas por la violencia, los criminales atentan contra los candidatos, lo que, combinado con la inseguridad generalizada, podría disuadir a la población de participar en las elecciones por temor. La violencia política, el financiamiento de campañas, la imposición de candidatos, así como la manipulación y la obstrucción del voto lamentablemente determinarán los resultados en algunos estados el 2 de junio.
<a href="https://twitter.com/causaencomun" target="_blank" rel="noopener">@causaencomun</a>

Más allá de las urnas: violencia y asesinato de candidatos

En nuestra conversación pública ya no es extraño, salvo para los círculos promotores del oficialismo, que se reconozca a la militarización como una de las claves de la política del presente. Para estos últimos, no vale la pena siquiera hablar del asunto, a menos que sea para reiterar la indispensabilidad del Ejército para construir y gestionar caminos, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, aduanas y bancos; para repartir los recursos de la política social y, como condición básica, para hacerse cargo de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional.
Haciendo caso a la realidad, la historia del sexenio de López Obrador es la de una reorganización profunda de la estructura del Estado mexicano, con las Fuerzas Armadas readquiriendo cuotas de poder que modifican de manera definitiva el equilibrio de fuerzas entre civiles y militares. La enorme cantidad de dinero venido del presupuesto, sumada a las nuevas oportunidades para los negocios, el respaldo político y el poder de las armas, han consolidado a la SEDENA como una institución con carta libre para cometer todo tipo de actos y omisiones sin tener que preocuparse por rendir cuentas ante la sociedad o cualquier otra institución.
La publicación del <a href="https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/3/2024-02-01-1/assets/documentos/2do_Informe_Semestral_Fuerza_Armada_Permanente.pdf" target="_blank" rel="noopener">Segundo Informe de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública</a>, remitido al Senado el pasado 1° de febrero, sirve para profundizar sobre este último argumento. Entre otras cosas, el informe da cuenta sobre la cantidad y el resultado de los enfrentamientos entre miembros del Ejército y civiles, como parte de las operaciones contra el crimen organizado. Llama la atención la intrascendencia del tema en la conversación pública, pero también la manera en que la SEDENA presenta las cifras. Nadie en el Senado, ni en los medios de comunicación, pareció interesado en revisarlas o en verificar la información. El actuar de las Fuerzas Armadas se dejó pasar, otra vez, sin supervisión alguna.
Investigaciones en el pasado arrojan, una y otra vez, la misma conclusión: el Ejército es una corporación propensa al uso de la fuerza letal, <a style="color: #0000ff;" href="#_edn2" name="_ednref2">i</a> que opera sin protocolos para corroborar que ese uso de la fuerza se hace conforme a los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas.<a style="color: #0000ff;" href="#_edn3" name="_ednref3">ii</a> Sin más, por regla, en sus conteos oficiales y comunicados de prensa, las Fuerzas Armadas se refieren a estos hechos como “agresiones” que siguen un patrón sospechosamente idéntico: siempre se trata de un patrullaje de rutina emboscado con violencia, que resulta en una gran cantidad de agresores muertos y una menor cantidad (en ocasiones cero) de heridos o detenidos.<a style="color: #0000ff;" href="#_edn4" name="_ednref4">iii</a>
Conforme a esta descripción oficial de SEDENA, el uso de la fuerza letal de sus elementos queda sin más justificado como un acto de defensa propia frente a la delincuencia; pero sin proporcionar evidencia o rendir explicaciones adicionales que permitan saber realmente quiénes eran esas personas a quienes el Ejército dio muerte. Las Fuerzas Armadas no informan sobre qué hacía el Ejército al momento de las llamadas agresiones, o si existen las debidas constancias de lo sucedido elaboradas por el ministerio público, y tampoco sabemos dónde están o qué pasó con los heridos, los detenidos y los muertos. La falta de interrogaciones y el silencio de la clase política, como pasa hoy, alimentan un clima de opacidad e impunidad que sólo puede ser redituable para las propias Fuerzas Armadas.
De acuerdo con los reportes más actualizados de la SEDENA, desde 2007 y hasta el 1° de abril de 2024, se han registrado 5,832 enfrentamientos entre personal militar y civiles, que han resultado en 5,627 presuntos agresores muertos, 880 heridos y 4,914 detenidos. Estos valores son notoriamente más elevados que el total de 356 militares muertos y 1,958 heridos en el mismo periodo. En proporción, el número de presuntos agresores muertos es 1,480% superior al número de militares muertos en enfrentamientos.
<figure id="attachment_1394781" aria-describedby="caption-attachment-1394781" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1394781" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/agresiones-militares.jpg" alt="Tabla con los datos de la letalidad del Ejército desde 2007 a la fecha." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/agresiones-militares.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/agresiones-militares-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/agresiones-militares-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/agresiones-militares-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1394781" class="wp-caption-text">Elaboración propia, a partir de datos de SEDENA. iv</figcaption></figure>
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No es novedad, ni deja de ser cuestionable, que las autoridades presenten conteos o estadísticas sobre el número de muertes para presuntamente demostrar el cumplimiento de la ley o el avance de una estrategia. Sin embargo, llama la atención la manera en que la SEDENA presenta los anteriores datos como un indicador de éxito, remitiéndose al conocido “índice de letalidad”.
Explicado a grandes rasgos, este último es un recurso para medir y calificar el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las corporaciones de seguridad, calculando el número de civiles muertos por cada civil herido en enfrentamientos con elementos de seguridad. Si el resultado de este cálculo arroja valores superiores a uno, es pertinente advertir sobre la existencia de patrones de abuso de la fuerza, resaltando la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas sobre el actuar de las corporaciones de seguridad. <a style="color: #0000ff;" href="#_edn6" name="_ednref6">v</a> Sin embargo, lo que la SEDENA llama en su informe como “índice de letalidad” no se parece en nada a lo que recién acabamos de describir.
De acuerdo con la explicación adjunta al informe, la SEDENA calcula la letalidad de sus efectivos restando el número de presuntos agresores heridos y detenidos del total de presuntos agresores muertos. Si dicha operación arroja un número negativo, en palabras de la SEDENA, su desempeño puede calificarse como favorable, puesto que demostraría que las Fuerzas Armadas son más efectivas para incapacitar o detener a los agresores, en vez de sólo provocarles la muerte. Desde luego, se trata de una operación extraña. No tiene sentido que el número de detenidos y el número de heridos se cuenten como dos cosas diferentes a menos que, en un acto inverosímil y criminal, los heridos en los enfrentamientos no estén siendo remitidos al ministerio público como parte de los detenidos.
Un rápido cálculo mental, a partir de los datos expuestos en la tabla anterior, muestra que, de ajustarnos al método establecido por la SEDENA, con salvedad del periodo entre 2011 y 2013, en todos los años la institución alcanzó resultados favorables en cuanto al índice de letalidad. Lo que nos llevaría a concluir, como pretende la SEDENA, que las Fuerzas Armadas han recurrido al uso de la fuerza letal en completo apego a la ley. Sin embargo, el método exhibe la intención verdadera. De manera engañosa, indudablemente deliberada, la SEDENA calcula su letalidad mediante una doble contabilidad con la que restar valor a la gran cantidad de muertos que producen sus enfrentamientos con civiles.
En cambio, si calculamos el índice de letalidad como es debido, los resultados marchan en dirección contraria. De hecho, como puede verse en la siguiente gráfica, el índice de letalidad del Ejército durante el sexenio de López Obrador conserva valores superiores a la unidad deseada, contraviniendo la narrativa de un Ejército ajeno a los valores autoritarios y de una estrategia de seguridad enfocada en la construcción de paz. Pese a lo dicho, las Fuerzas Armadas continúan siendo tan letales como lo han sido desde el arranque de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
<figure id="attachment_1394783" aria-describedby="caption-attachment-1394783" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1394783" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Indice-de-letalidad-del-ejercito.jpg" alt="Gráfica con el índice de letalidad del ejército de 2007 al 2024." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Indice-de-letalidad-del-ejercito.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Indice-de-letalidad-del-ejercito-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Indice-de-letalidad-del-ejercito-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/Indice-de-letalidad-del-ejercito-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1394783" class="wp-caption-text">Elaboración propia, a partir de datos de SEDENA.</figcaption></figure>
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No hay que perder de vista que, más allá de los números e indicadores, como se ha dicho incontables veces sobre los tiempos de violencia crónica en que vivimos, hay vidas humanas arrebatadas al amparo de instituciones irresponsables. Rumbo al fin del sexenio, las reglas del juego han cambiado en favor de las Fuerzas Armadas. En los hechos, han sustituido a las policías, sin contar con la debida preparación o regulación, y sin ninguna autoridad debidamente interesada en supervisar y hacerles rendir cuentas sobres sus acciones.
El nuevo lugar de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional se revela en el problema de su letalidad. Los militares tienen el poder de dar muerte a ciudadanos mexicanos, para después tergiversar la información y afirmar que esas muertes son coherentes conforme al derecho y favorables conforme a la estrategia. Pueden hacerlo porque es lo que el respaldo incondicional de las autoridades civiles les ha permitido. Ese fenómeno tiene un nombre en nuestro país: militarización.
* Fernando Escobar Ayala es investigador de <a href="https://twitter.com/causaencomun" target="_blank" rel="noopener">@causaencomun</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> Véase: Alejandro Madrazo, Rebeca Calzada y Jorge Javier Romero, “La guerra contra las drogas. Análisis de los combates de las fuerzas públicas 2006-2011”, Política y Gobierno, XXV, no. 2, 2018, pp. 379-402.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref3" name="_edn3">ii</a> Como se establece en: Diario Oficial de la Federación, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Artículo 4°.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref4" name="_edn4">iii</a> Véase: Catalina Pérez Correa, “Cuando los ciudadanos se vuelven enemigos”, Nexos, 1° de enero de 2021.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref5" name="_edn5">iv</a> Secretaría de la Defensa Nacional, Agresiones contra el personal militar. Disponible <a href="https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/agresiones-contra-el-personal-militar" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref6" name="_edn6">v</a> Este indicador ha sido replicado por diferentes organismos internacionales, a partir de las anotaciones de: Paul G. Chevigny, “Police Deadly Force as Social Control: Jamaica, Argentina and Brazil”, Crimminal Law Forum, 1, no. 3, 1990, pp. 389-425.

Las Fuerzas Armadas: un poder letal, sin rendición de cuentas

La violencia ha sido una constante en México desde sus inicios como nación; sin embargo, ha experimentado momentos en los que se percibe una disminución de ésta, ya sea real o no. También hay que decir que la percepción de la inseguridad y la violencia dependen de múltiples factores, como lo son la experiencia personal, el género, la escolaridad, la localidad, el grado de exposición a las redes sociales y las noticias; el discurso que tienen tanto los medios de comunicación como los gobiernos sobre el tema, en términos subjetivos, y la incidencia real, la victimización, el tipo de delitos que se cometen, el sector poblacional afectado y la respuesta institucional al fenómeno.
En constantes oportunidades se ha mencionado el poder del presidente de la República para imponer su discurso tanto en la población como en la agenda mediática del país, lo que ha llevado a una opinión polarizada de realidad, en donde una parte de la ciudadanía considera verdadero lo que se dice en las mañaneras, y otra lo descalifica completamente; en medio quedan las víctimas, cuya experiencia de vida supera el velo de la información pública.
Este poder derivado del carisma del presidente ha sido utilizado para generar la idea de que el problema de inseguridad y violencia en México es en realidad un problema de calumnia y denostación por parte de sus detractores, por lo que se enaltece a toda costa la estadística delictiva –que representa una porción de 2 delitos de cada 100 que se cometen, según la cifra negra estimada-. Recientemente, el 16 de abril se dieron a conocer los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los que se muestra una disminución de 4 % en las víctimas de homicidio doloso, 21 % en las de feminicidio, 13 % en las de secuestro y 29 % en las de trata, según los reportes de enero a marzo de 2024, respecto del mismo periodo de 2023.
Sin embargo, ¿en realidad significan algo esos números? En el rubro de seguridad estamos viviendo una dinámica similar a la simulación que vivimos en otros rubros de la agenda pública como la <a href="https://mexicocomovamos.mx/animal-politico/2024/02/pobreza-el-regreso-de-los-otros-datos/" target="_blank" rel="noopener">pobreza</a>, <a href="https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Aspectos-sobre-la-educacion-en-Mexico-en-5-graficos-20220918-0001.html" target="_blank" rel="noopener">educación</a> o <a href="https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/5-graficos-sobre-el-acceso-a-la-salud-en-Mexico-20230803-0051.html" target="_blank" rel="noopener">salud</a>, en donde el discurso señala que cada vez hay menos pobres gracias a la política asistencialista del gobierno; la educación es mejor y nos acercamos a un modelo de salud como el de Dinamarca…
Basta con echar un vistazo al proceso electoral, que es una expresión de la institucionalización efectiva de la democracia en nuestro país, que responde a una organización puntual y minuciosa, pero que requiere de un ambiente de seguridad y gobernabilidad para florecer adecuadamente, y que es una prueba no superada por el mundo de ensueño del que se jacta el gobierno federal. Hasta la primera mitad de abril, Causa en Común ha contabilizado al menos 37 actores políticos asesinados en el marco del actual proceso electoral. De estos 37 actores políticos, 25 eran aspirantes o candidatos.
También podemos medir el grado de violencia, ingobernabilidad y desconfianza en las autoridades con el número de candidatos que han decidido renunciar a sus aspiraciones por motivos de seguridad. Tan solo en Michoacán, de acuerdo con una investigación realizada por El Universal, 22 casos de candidatos que renunciaron por amenazas corresponden a integrantes del PRI; 10 del PAN y 14 del PRD, en su mayoría aspiraban a presidencias municipales. Esta información se obtuvo de las denuncias que se realizaron a las dirigencias, situación que no es pública o posible en todos los estados; sin embargo, es de esperarse que ocurra un fenómeno similar en Guerrero, Guanajuato y Chiapas, por mencionar las entidades que actualmente concentran violencia por la acción de grupos delictivos organizados.
Ante ese panorama podemos decir que los propios aspirantes al tomar una posición de poder desconfían de la eficacia del gobierno para protegerlos, para blindar el proceso electoral y para hacer valer el Estado de Derecho. En México, la desconexión entre el discurso oficial y la cruda realidad que enfrentan millones de ciudadanos en materia de inseguridad y violencia es un fenómeno cada vez más evidente. A pesar de los esfuerzos por proyectar una imagen de estabilidad y progreso, la persistencia de la violencia homicida, la desaparición forzada y la cooptación del proceso electoral por parte del crimen organizado plantean serias interrogantes sobre la verdadera situación del país.
La creciente discrepancia entre lo que se dice y lo que se vive refleja una profunda crisis en materia de seguridad y derechos humanos. Los altos índices de homicidios, la presencia del crimen organizado en diversas regiones y la impunidad generalizada han generado un clima de temor e incertidumbre entre la población. A esto se suma la preocupante interferencia del crimen organizado en el proceso electoral, socavando los principios democráticos y la legitimidad de las instituciones.
La discrepancia entre el discurso oficial y la realidad plantea importantes reflexiones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el país. ¿Cómo es posible que, mientras las autoridades aseguran que todo va bien, los ciudadanos continúen enfrentando niveles alarmantes de violencia e inseguridad? Esta brecha entre lo que se dice y lo que se vive pone en tela de juicio la credibilidad de las instituciones y la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Para abordar esta crisis, es fundamental que las autoridades reconozcan y enfrenten de manera honesta y efectiva los problemas de inseguridad y violencia en el país. Esto incluye la implementación de políticas integrales que fortalezcan a las policías, promuevan la rendición de cuentas y garanticen el respeto por los derechos humanos. Asimismo, es crucial fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y denuncia de la violencia y la corrupción, construyendo una sociedad más justa y segura para todos.
La brecha entre el discurso oficial y la realidad en materia de inseguridad y violencia en México es un fenómeno preocupante que requiere una atención urgente y acciones concretas por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto. Solo a través de un enfoque honesto, transparente y comprometido se podrá avanzar hacia la construcción de un país más seguro y justo para todos sus ciudadanos.
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Entre el relato y la realidad sobre la violencia en México

Este 1 de marzo comenzaron las campañas electorales rumbo a lo que será la elección más grande en la historia de México. El Instituto Nacional Electoral detalló que el 2 de junio 98.9 millones de mexicanos acudirán a las urnas a votar por 20,079 cargos públicos, entre los que destacan 629 cargos federales y 19,738 locales, incluyendo 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la CDMX, y elecciones en más de 1,800 municipios.
Con motivo del arranque de las campañas, Causa en Común ha presentado un conjunto integral de propuestas destinadas a fortalecer la seguridad y la justicia en México. El documento contiene 18 propuestas puntuales dirigidas a reformar diversas áreas cruciales en materia de seguridad, buscan restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y fomentar un entorno donde los ciudadanos puedan vivir sin miedo. Estas son algunas de las propuestas planteadas por la organización.
Fortalecimiento de la red institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública
La propuesta aboga por revitalizar la red institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consolidando a policías, fiscalías y centros penitenciarios. Esta medida busca definir estrategias nacionales, acordar la distribución de responsabilidades y garantizar una coordinación efectiva en todos los niveles de gobierno.
Incremento de recursos para la Seguridad Pública en entidades federativas
Causa en Común propone impulsar el aumento de recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, beneficiando a las entidades federativas. También, aboga por la recuperación de los fondos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, dirigido a municipios, para garantizar una distribución equitativa y eficiente de los recursos.
Creación del Servicio Nacional de Policía
Se propone la creación de un Servicio Nacional de Policía, encargado de la formación y profesionalización a nivel nacional. Este servicio no solo buscará la homologación de las condiciones laborales, sino que también elevará los estándares de competencia y ética en todas las fuerzas policiales del país.
Impulso a Fiscalías Autónomas y mejora en la atención a víctimas
Causa en Común aboga por la promoción de fiscalías autónomas, con planes de persecución penal robustos. Además, se enfoca en fortalecer las unidades de atención a víctimas y propone mecanismos alternativos de solución de controversias para agilizar los procesos judiciales.
Plan integral para centros penitenciarios y agilización de la justicia
La organización propone un plan para recuperar el control de los centros penitenciarios, reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de vida de los presos. En colaboración con el Poder Judicial, se busca incrementar el número de juzgados y agilizar la impartición de justicia.
Sistema Nacional de Atención a Víctimas y recuperación de fondos
La propuesta incluye la edificación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, conforme a la ley, y la recuperación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Restablecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas
Causa en Común aboga por restablecer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, eliminado previamente, e incrementar los recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda.
Repliegue gradual de Fuerzas Armadas y construcción de Policía Civil Federal
La propuesta destaca la necesidad de coordinarse con las Fuerzas Armadas para un repliegue inmediato de elementos militares a sus funciones constitucionales. Se busca acatar el mandato constitucional de construir una corporación policial federal de carácter civil.
El camino hacia un México más seguro y justo no solo depende de las propuestas presentadas por organizaciones como Causa en Común o bien nuestros candidatos, sino también de la participación activa y consciente de la ciudadanía durante las elecciones. Es imperativo que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera informada, considerando las propuestas detalladas que abordan las complejas problemáticas de seguridad y justicia en nuestro país. Invitamos fervientemente a los candidatos a revisar estas propuestas con detenimiento, reconociendo en ellas una guía valiosa para la construcción de un México más seguro y justo. La adopción de estas medidas no solo fortalecerá las instituciones, sino que también enviará un claro mensaje de compromiso con la mejora continua y el bienestar de la sociedad a la que aspiran a liderar. En este proceso electoral, la colaboración entre la ciudadanía y los líderes políticos es esencial para alcanzar un futuro que todos anhelamos: un México donde la seguridad y la justicia sean pilares indiscutibles de nuestra convivencia.
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