Reconstruir la seguridad desde las instituciones: lista de deseos para 2026
Hablar de seguridad en México es hablar del dolor que atraviesa al país: de las familias que siguen buscando a sus desaparecidos, de las madres que no encuentran justicia para sus hijas, de las policías que trabajan sin respaldo, sin equipo y sin protección, de comunidades enteras sometidas por criminales que gobiernan más que el propio Estado. Pero también es hablar de algo mucho menos vistoso y mucho más decisivo: instituciones. Por brutal que suene, México no fracasa en seguridad porque “sea un país violento”, sino porque sus instituciones llevan años fallando en lo más básico: formar, supervisar, evaluar, corregir, proteger.
Por eso, Causa en Común presenta una agenda para cerrar este año con algo más que indignación. i Lo que proponemos es simple de decir y difícil de ejecutar: reconstruir las instituciones de seguridad pública y justicia desde sus cimientos, lo indispensable si queremos que 2026 no sea un año más de excusas y tragedias.
La primera prioridad es la reconstrucción institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Proponemos que el Secretariado Ejecutivo y el Consejo Nacional recuperen su función técnica: definir criterios claros para distinguir a la seguridad pública de la seguridad nacional, auditar registros en posesión de las instituciones de seguridad y justicia, diseñar indicadores de desempeño y dar seguimiento puntal al uso de recursos federales y al cumplimiento de acuerdos, en ambos casos sancionando los posibles incumplimientos. ii En la práctica eso significa desarrollar un programa nacional de depuración de policías, fiscalías y penales; un registro nacional del personal con seguimiento por género, rango y certificación, y auditorías de la calidad de la información para detectar anomalías y manipulación de la estadística sobre incidencia delictiva. iii
La profesionalización y las condiciones laborales del personal de seguridad y justicia son el segundo eje. En el caso de las policías imprescindible diseñar esquemas de carrera, homologar salarios y prestaciones y garantizar seguridad social y acceso a servicios de salud mental. Proponemos la creación de un Fondo de Aportaciones para la Seguridad Social, protocolos de atención psicológica temprana y políticas que incorporen de forma obligatoria la perspectiva de género en formación, códigos de conducta y procesos disciplinarios. La prevención de la corrupción y la fuga de talento empieza por ofrecer condiciones de trabajo dignas y mecanismos efectivos de supervisión interna.
En la Fiscalía y el Poder Judicial las reformas deben apuntar hacia la prevalencia de su autonomía, la meritocracia y la capacidad técnica de su personal. Recomendamos fiscalías con mandatos transexenales, mecanismos colegiados para designaciones y remociones de sus titulares, la creación de unidades de análisis criminal y de una Ley Nacional de Carrera Judicial que profesionalice el acceso y la promoción de jueces. También proponemos una Ley General de Servicios Forenses y centros regionales de identificación humana para romper cuellos de botella que impiden esclarecer crímenes y entregar justicia y verdad a las víctimas.
Las cárceles son otra pieza del rompecabezas: recuperar el control de los penales, certificar su operación, ampliar su capacidad y dignificar las condiciones de vida en su interior, son todas tareas urgentes. La agenda incluye la creación de planes integrales de reinserción social y la reversión de reformas que facultan al Ejecutivo a otorgar amnistías sin mecanismos que protejan a víctimas y sociedad. iv
En materia de Fuerzas Armadas y su papel en la seguridad pública, planteamos un plan de repliegue y desmilitarización que recupere las competencias civiles perdidas y construya una policía federal civil plenamente capacitada. Donde la presencia militar sea necesaria, esta debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada. Además, proponemos transparencia del gasto militar y revisión constitucional para delimitar sus responsabilidades en tiempos de paz. La seguridad democrática exige instituciones civiles fuertes. v
La desmilitarización no implica abandonar la lucha contra la delincuencia común y la organizada. Al respecto, proponemos reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, invertir en aduanas y resguardo de armas, y colaborar estrechamente con el gobierno de los Estados Unidos para desarticular redes transnacionales. En drogas proponemos transitar hacia la regulación sanitaria y la despenalización gradual del consumo, junto con centros comunitarios de rehabilitación y campañas públicas enfocadas en la prevención y el consumo responsable.
Finalmente, la prevención y la pacificación deben ser políticas de largo plazo: inversión en municipios golpeados por la violencia, programas de desarrollo local, justicia transicional para casos emblemáticos y campañas masivas por la legalidad y la igualdad de género. Nada de esto se logra sin recursos: las propuestas insisten en presupuestos multianuales y en recuperar y ampliar fondos como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).
Nada de esto es glamoroso. Nada de esto da aplausos fáciles. Y sin embargo, es exactamente lo que un país roto necesita. Responder “¿qué proponen?” no exige ingenio, exige responsabilidad. Proponemos instituciones que dejen de simular. Proponemos dejar atrás los atajos y ocurrencias. Proponemos lo que a nadie entusiasma, pero lo que a todos nos urge: reglas, profesionalización, datos, controles, auditorías, personal policial protegido, fiscalías capaces, penales seguros y un Estado que por fin haga su trabajo.
Esta es la lista de deseos con la que Causa en Común cierra el año. Una lista para un país que quiere avanzar, que quiere sanar y que quiere instituciones que le respondan. Porque cuando la seguridad deja de ser un campo de batalla político y se convierte en un proyecto común, todos ganamos.
i Nuestro documento completo de propuestas, así como una versión resumida en 20 puntos, puede consultarse aquí.
ii Respecto a la inoperancia e irrelevancia actualmente padecidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, véase aquí.
iii Los hallazgos relativos a las anomalías en los registros oficiales de incidencia delictiva, se recopilan aquí. Para el caso específico de las anomalías en los registros de homicidio doloso (eje de la propaganda gubernamental actual), véase aquí.
Los fiscales y los organismos antidrogas de Estados Unidos acusaron al exgobernante de haber convertido su país en un “narcoestado” para enriquecerse y mantenerse en el poder. El indulto de Trump podría ocurrir a días de las elecciones en Honduras.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., podría quedar en libertad.
¿El motivo? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario, por considerar que “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según escribió en su red social Truth Social.
El momento elegido para concederle el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta llamativo.
En primer lugar, el anuncio se produjo a menos de 48 horas de que los hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro, una circunstancia que Trump no desaprovechó. Así, el republicano también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.
Además, el hecho de que Trump indulte a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. sorprende teniendo en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.
Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”.
Una carrera meteórica
Antes de convertirse en el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992, Hernández ya había roto otros récords. En 2014 se convirtió en el presidente más joven del país centroamericano desde 1980 y, en 2017, en el primero en ser reelegido en décadas.
La historia del político conocido en su país por las siglas JOH empezó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde creció como el número 15 de 17 hermanos.
Tras completar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, estudió derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
En la universidad inició su andadura política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil entre 1988 y 1989.
Luego de graduarse entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya era diputado y allí comenzó a tejer contactos en el todopoderoso Partido Nacional.
Al culminar unos estudios de administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, cargo que ejerció durante cuatro períodos legislativos desde 1998.
En 2010 alcanzó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo e impulsó una agenda de seguridad y mano dura contra el crimen organizado que le ganó respaldo de sectores conservadores y empresariales.
En 2012 ganó las elecciones internas del Partido Nacional y un año después se impuso en los comicios presidenciales.
“Soy Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo del pueblo soy el presidente de Honduras”, dijo durante su juramentación el 27 de enero de 2014.
Durante sus campañas y actos proselitistas evocaba con frecuencia ese vínculo con el líder indígena.
Una gestión convulsa
Hernández llegó a la presidencia prometiendo “hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo”, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico.
El crimen organizado infiltró distintas instituciones y disparó la tasa de homicidios hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.
La disposición de Hernández a extraditar a sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y algunas reformas en los cuerpos de seguridad fueron presentadas como muestras de su voluntad adecentar el país.
Sin embargo, las sospechas de sus nexos con los carteles estallaron cuando en 2018 uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami (EE.UU.) por agentes federales y acusado de traficar con narcóticos.
“No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, aseguró en el Congreso en 2021, tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el incremento de los indicios en su contra.
Y si lo anterior no fuera suficiente, las acusaciones de que fondos del Seguro Social fueron desviados desataron protestas masivas en el país, en las cuales se exigió su renuncia.
Su decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia creada en acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, dañó a un más su imagen.
No obstante, lo anterior no impidió al político buscar un segundo mandato consecutivo, pesa a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Precisamente los deseos de Manuel Zelaya, su gran rival, por reelegirse fueron la justificación para deponerlo en 2009.
Un cuestionado fallo de la Corte Suprema le permitió competir en sus comicios, que la OEA pidió repetir por considerar que las irregularidades que los rodearon “hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
El anuncio de su reelección desató una nueva ola de protestas que fue duramente reprimida por las autoridades y dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La solicitud fue ignorada y Hernández siguió en el poder hasta 2022.
¿Jugando para dos equipos?
En febrero de 2022, apenas días después de abandonar la presidencia, el exmandatario fue detenido y a las semanas fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico.
“Pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU., protegido por ametralladoras”, afirmaron los fiscales que lo procesaron.
Atrás quedaban los días en que Washington lo consideraba como un aliado confiable en la lucha contra las drogas, al que entregó más de US$ 50 millones en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump llegó agradecerle su cooperación.
Aunque Trump y los aliados de Hernández consideran que el exgobernante fue tratado injustamente por el gobierno del demócrata Joe Biden, lo cierto es que las investigaciones en su contra se iniciaron durante la primera administración del republicano.
Durante sus averiguaciones, los fiscales estadounidenses descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes al menos desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y que facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a EE.UU.
Con la ayuda de registros telefónicos y testimonios de criminales arrepentidos, los investigadores concluyeron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.
Los fiscales señalaron que la alianza de Hernández con los carteles no solo tenía “el fin de enriquecerse”, sino que también perseguía “mantenerse en el poder (…) de forma corrupta”.
Según la acusación en su contra, el político empleó el dinero que obtuvo de los narcotraficantes para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que compitió.
Hernández, por su parte, ha negado estos señalamientos y ha afirmado que fue “acusado errónea e injustamente”.
No obstante, las pruebas y testimonios expuestos en el tribunal que lo procesó lo contradijeron.
“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices”, le dijo el exmandatario al narco Geovanny Fuentes Ramírez, aseguró uno de los testigos que declaró en su juicio.
Otro procesado, el exalcalde Alexander Ardón, aseveró que entregó millones de dólares tanto a Hernández como al expresidente Lobo para asegurarse rutas sin obstáculos para mover las drogas.
Ardón calculó que con la ayuda de las autoridades hondureñas movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína, en sociedad con Tony Hernández, el hermano del exmandatario, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU.
En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo condenó al expresidente a permanecer casi medio siglo en prisión, sino que le impuso una multa de US$ 8 millones.
Pero Hernández no solo tiene problemas judiciales en Estados Unidos. En Honduras, apenas fue extraditado, la justicia de ese país le confiscó 33 bienes inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, informó el Ministerio Público.
Ahora resta por saber cuándo se materializarán el indulto y la excarcelación del expresidente y si volverá a Honduras para retomar su carrera política.
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