
En Estados Unidos, el combate al narcotráfico —particularmente al fentanilo— ha sido plenamente incorporado al marco de la seguridad nacional. Este escalamiento en el nivel de atención abrió la puerta a la movilización de su aparato militar para intervenir directamente sin esperar a que prosperen mecanismos de cooperación bilateral, basada en intercambio de información y asistencia técnica. El combate al narcotráfico se desplaza a una lógica estratégica más amplia, orientada a la estabilidad regional y a la contención de actores percibidos como adversarios sistémicos.
En este marco, la narrativa de “mano dura” contra los cárteles cumple una función instrumental: permite articular políticas de seguridad interna con objetivos geopolíticos hemisféricos. América Latina vuelve a ser conceptualizada como un espacio de competencia estratégica, no solo por su ubicación geográfica, sino por la presencia creciente de China, Rusia, Irán y Cuba en ámbitos económicos, políticos y de seguridad.
México ocupa una posición crítica en este esquema. A su papel como socio comercial clave de Estados Unidos se suma que desde el Departamento de Estado se observa una acelerada presencia económica china y el fortalecimiento de vínculos políticos con gobiernos que mantienen tensiones abiertas con Washington. Esta combinación inserta a la seguridad mexicana en un tablero regional más amplio, donde las decisiones internas tienen externalidades geopolíticas inmediatas.
Las presiones externas interactúan con restricciones internas que complejizan la definición de una estrategia coherente. Dentro de Morena no existe una posición unificada en política exterior ni en seguridad. Coexisten visiones pragmáticas, orientadas a la cooperación con Estados Unidos, con corrientes que privilegian la narrativa soberanista y el realineamiento estratégico contra la hegemonía estadounidense.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el antiintervencionismo operó como un eje discursivo central y como mecanismo de cohesión política interna. Esa lógica persiste en sectores del oficialismo y condiciona la forma en que se procesan las exigencias externas en materia de seguridad.
En el segundo año del gobierno de Claudia Sheinbaum, sin embargo, se enfrenta un punto de inflexión. Las investigaciones y procesos judiciales impulsados por Estados Unidos contra actores políticos de la región —como el caso venezolano— generan incentivos para un eventual distanciamiento selectivo de alineamientos previos. El resultado es una contradicción estructural: mientras la presión externa empuja hacia un realineamiento estratégico con Estados Unidos, subsisten vínculos políticos, económicos y simbólicos con gobiernos considerados adversarios por Washington.
El escenario emergente apunta a una estrategia de seguridad estructurada en tres niveles interdependientes. El primero corresponde a la seguridad pública, enfocada en la contención de la violencia y el debilitamiento de las capacidades operativas del crimen organizado. El segundo se inscribe en el ámbito de la seguridad nacional, e involucra la investigación de vínculos transnacionales, flujos financieros ilícitos y redes de protección institucional. El tercero introduce una dimensión hemisférica, orientada al desmantelamiento de estructuras políticas y económicas consideradas funcionales a intereses estratégicos adversos a Estados Unidos.
Desde esta lógica, la evaluación del avance en la cooperación bilateral deja de centrarse en indicadores tácticos —como detenciones— y se desplaza hacia métricas estructurales: judicialización de redes políticas y empresariales, investigaciones financieras complejas, operaciones multinacionales coordinadas y ruptura de circuitos transnacionales de protección, adicionalmente a la adopción de políticas económicas y comerciales que proyecten la competitividad de Estados Unidos, y contrarresten la expansión de China.
La implementación simultánea de estos tres niveles no está exenta de tensiones. La seguridad pública orientada a mejorar la percepción ciudadana puede verse subordinada a prioridades de estabilidad estatal y seguridad hemisférica, con el riesgo de normalizar prácticas de excepción y violaciones sistemáticas a derechos humanos.
En términos operativos, la presión estadounidense se traduce en la expectativa de una confrontación más decidida con organizaciones criminales de alta capacidad territorial y logística, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. La evidencia histórica muestra que este tipo de confrontación genera reacomodos violentos, disputas territoriales y aumentos en delitos de alto impacto, incluso cuando se plantea como una estrategia focalizada o basada en inteligencia.
El antecedente del gobierno de Felipe Calderón, durante el enfrentamiento con Los Zetas, ilustra que el debilitamiento de organizaciones criminales puede coexistir con un deterioro acelerado de la legitimidad gubernamental y de la percepción de control del Estado. La lección central es que el costo político del uso intensivo de la fuerza es estructural, no coyuntural.
Factores coyunturales, como la organización conjunta del Mundial de Futbol entre México, Estados Unidos y Canadá, imponen en el corto plazo un equilibrio entre contención y confrontación. Es previsible que, una vez concluido este compromiso internacional, la presión estratégica sobre México se intensifique.
Estados Unidos ha utilizado de forma recurrente la acusación de vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales como instrumento judicial y diplomático. En un escenario de cooperación intensificada, esta lógica puede adquirir centralidad también en el ámbito interno mexicano, funcionando como un mecanismo de reconfiguración del poder y de asignación selectiva de costos políticos.
Si la estrategia impulsada por Donald Trump se consolida electoralmente, figuras como Marco Rubio podrían profundizar una política hemisférica más activa y exigente. Para México, ello implicaría enfrentar un ciclo prolongado de presión externa generando el riesgo de mayor fragilidad y debilitamiento institucional.
En este contexto, la seguridad en 2026 no dependerá únicamente de la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado. Dependerá, sobre todo, de su capacidad para procesar presiones hemisféricas sobre su agenda interna. Más que un problema de violencia, el escenario que se abre es uno de redefinición del ejercicio del poder bajo condiciones de hegemonía externa. La pregunta central no es cuánta violencia puede contener el Estado, sino qué tipo de Estado emerge cuando la seguridad se convierte en una variable estratégica de un orden regional en disputa.

Después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar que lo trasladó a Nueva York, el presidente Donald Trump ha intensificado su discurso y lanzó advertencias directas a varios países y territorios
El segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está siendo moldeado por sus ambiciones en política exterior.
Trump cumplió con sus amenazas contra Venezuela, capturando a su presidente y a su esposa, en la residencia de ambos fuertemente fortificada en Caracas, en una dramática redada nocturna en la madrugada del sábado.
Al describir la operación, Trump desempolvó la Doctrina Monroe de 1823 y su promesa de supremacía estadounidense en el Hemisferio Occidental, rebautizándola como la “Doctrina Donroe”.
Estas son algunas de las advertencias que ha lanzado en los últimos días contra otros países que están en la órbita de Washington.
Estados Unidos ya cuenta con una base militar en Groenlandia, la Base Espacial Pituffik, pero Trump quiere la isla entera.
“Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional”, sostuvo el presidente ante los periodistas, asegurando que la región estaba “plagada de barcos rusos y chinos por todas partes”.
Esta vasta isla ártica, que forma parte del Reino de Dinamarca, se encuentra a unos 3.200 kilómetros al noreste de Estados Unidos.
Es rica en minerales de tierras raras, que son cruciales para la producción de teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y equipos militares. Actualmente, la producción de tierras raras de China supera con creces la de Estados Unidos.
Groenlandia también ocupa una posición estratégica clave en el Atlántico Norte, lo que le da acceso al cada vez más importante Círculo Polar Ártico. Por eso, se prevé que, a medida que los hielos polares se derritan en los próximos años, se abran nuevas rutas marítimas.
El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, respondió a Trump calificando la idea del control estadounidense sobre la isla de “fantasía”.
“No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero esto debe hacerse a través de los canales adecuados y con respeto al derecho internacional”, declaró Nielsen.
Horas después de la operación militar en Venezuela, Trump le advirtió al presidente colombiano Gustavo Petro que “cuide su trasero”.
Colombia, país vecino de Venezuela al oeste, cuenta con importantes reservas de petróleo y es un importante productor de oro, plata, esmeraldas, platino y carbón.
También es un centro clave para el narcotráfico en la región, especialmente de cocaína.
Desde que Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en septiembre, alegando sin pruebas que transportaban drogas, Trump se ha visto envuelto en una creciente disputa con el presidente de izquierda del país.
Estados Unidos impuso sanciones a Petro en octubre, alegando que estaba permitiendo que los cárteles “prosperaran”.
Hablando a bordo del Air Force One el domingo, Trump dijo que Colombia estaba siendo “gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos”.
“No va a seguir haciéndolo por mucho tiempo”, añadió. Cuando se le preguntó si Estados Unidos llevaría a cabo una operación contra Colombia, Trump respondió: “Me parece una buena idea”.
Históricamente, Colombia ha sido un aliado cercano de Washington en la guerra contra las drogas, recibiendo cientos de millones de dólares anualmente en asistencia militar para combatir a los cárteles.
Irán se enfrenta en este momento a protestas masivas contra el gobierno y Trump advirtió anoche que las autoridades iraníes que serán “duramente castigadas” si pierden la vida más manifestantes.
“Lo estamos observando muy de cerca. Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos los castigará con dureza”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.
Aunque Irán queda en teoría fuera del alcance definido por la “Doctrina Donroe”, Trump, no obstante, ya había amenazado al régimen iraní con nuevas acciones tras atacar sus instalaciones nucleares el año pasado.
Esos ataques se produjeron después de que Israel lanzara una operación a gran escala con el objetivo de neutralizar la capacidad de Irán para desarrollar un arma nuclear, lo que culminó en el conflicto entre Israel e Irán de 12 días.
En una reunión, celebrada la semana pasada en Mar-a-Lago, en Florida, entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se informó que Irán fue el tema principal de la agenda. Los medios estadounidenses informaron que Netanyahu planteó la posibilidad de nuevos ataques contra Irán en 2026.
El ascenso de Trump al poder en 2016 estuvo marcado por sus promesas de “construir el muro” a lo largo de la frontera sur con México.
En su primer día de regreso en el cargo en 2025, firmó una orden ejecutiva para renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”.
Ha afirmado con frecuencia que las autoridades mexicanas no están haciendo lo suficiente para detener el flujo de drogas o inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos.
En declaraciones el domingo, Trump dijo que las drogas estaban “entrando a raudales” a través de México y que “tendremos que hacer algo”, añadiendo que los cárteles allí eran “muy poderosos”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado públicamente cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano.
Cuba, ubicada a solo 145 kilómetros al sur de Florida, ha estado bajo sanciones estadounidenses desde principios de la década de 1960 y mantenía estrechas relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro.
Trump sugirió el domingo que no era necesaria una intervención militar estadounidense, porque Cuba está “a punto de colapsar”.
“No creo que necesitemos ninguna acción”, dijo. “Parece que se está desmoronando”.
“No sé si van a resistir, pero Cuba ahora no tiene ingresos”, añadió. “Todos sus ingresos venían de Venezuela, del petróleo venezolano”.
Según algunos informes, Venezuela suministra aproximadamente el 30% del petróleo de Cuba, lo que deja a La Habana en una situación vulnerable si el suministro cae tras la salida de Maduro.
El senador estadounidense Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha pedido durante mucho tiempo un cambio de régimen en Cuba, y dijo ante un grupo de periodistas este sábado: “Si viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado, al menos un poco”.
“Cuando el presidente (Trump) habla, hay que tomarlo en serio”, agregó.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.