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A partir de este 30 de marzo, con el inicio de las campañas electorales, a la ciudadanía nos han pasado la responsabilidad en esta inédita elección judicial. Desde el primer minuto de ese domingo, las personas candidatas a ocupar alguno de los 881 cargos en disputa de la judicatura federal se pudieron dirigir hacia el electorado, de una manera atípica: el esquema es el mismo, pero la carencia de reglas específicas y, sobre todo de un referente, han convertido esta etapa en un concurso de popularidad que poco o nada tiene que ver con la justicia.
Esta campaña, exactamente como cualquier otra, es la posibilidad única de que las candidaturas se presenten ante el electorado para ofrecer su perspectiva y conseguir su voto, solo que en este particular caso, se entiende, no podrán primar las promesas de campaña, sino los méritos, la trayectoria y la visión sobre la impartición de justicia.
El INE ha dispuesto una <a href="https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/" target="_blank" rel="noopener">plataforma</a> en internet para que la ciudadanía conozca sus candidatas y candidatos, en la que estos difunden su imagen y trayectoria. Desde la sociedad civil organizada, el Observatorio Electoral Judicial, del que forma parte Laboratorio Electoral, ha hecho un gran esfuerzo para generar, además de los informes periódicos de hallazgos, un ejercicio de investigación y análisis de los perfiles de quienes buscan un cargo en la elección. En el <a href="http://www.oej.mx/" target="_blank" rel="noopener">sitio</a> se encuentran fichas de información sobre las y los candidatos a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral del PJF y al recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, en donde además de la información básica se incluye la huella digital y notas periodísticas que detallan aspectos adicionales de su trayectoria como, por ejemplo, conflictos de interés.
De este análisis se encontró, por ejemplo, que de las y los aspirantes a un cargo para la SCJN, el 53.1 % tiene grado de doctorado y 31.2 % de maestría. El 29.6 % vienen postulados exclusivamente desde el Poder Ejecutivo, 23.4 % desde el Legislativo, y 21.8 % del Judicial. De esos, el 45.3 % aseguran que tienen experiencia en el Poder Judicial y 28.1 % la tienen como litigantes. Sus propuestas se pueden consultar en la mencionada plataforma.
Los perfiles que participan en la elección son sumamente variados: desde juristas con amplia y probada experiencia y conocimientos comprobables, hasta técnicos del Derecho improvisados para participar en este ejercicio inédito, desde luego pasando por políticos que tienen un título de licenciatura en Derecho y otros sujetos que ostentan múltiples reconocimientos y estudios, pero cuya trayectoria es bastante cuestionable. Identificamos también algunos perfiles con nula o baja experiencia judicial, con claros vínculos políticos y cuyas postulaciones no abonan al fortalecimiento del Poder Judicial.
La responsabilidad de saber quién es quién en la elección es nuestra, de la ciudadanía. En algún momento, dentro de tanto alboroto, se ha perdido el objetivo principal de la elección: lo que está en juego es elegir a la persona que estudiará el caso acerca de un delito que se cometa, la persona que divorciará parejas o que aplique la ley en juicio sucesorios. Se elegirá a quienes resolverán los conflictos y controversias que todos los días se presentan entre particulares, así como respecto de la autoridad, quienes serán los garantes del Estado de Derecho, de la interpretación de la ley y de salvaguardar la Constitución. Una función no menor dentro del Estado mexicano.
En este mar de candidaturas sin aparente control debemos tener muy claro el perfil de juzgadores que el país requiere. Hablamos de personas con amplios conocimientos en la materia, que lleguen a resolver los casos, a impartir justicia; no podemos pagar la curva de aprendizaje. Que tengan una formación académica sólida, preparados para desempeñar la función jurisdiccional, con experiencia y madurez profesional. Que tengan el carácter y talante para enfrentar las presiones de litigantes, de empresarios, del gobierno y de cualquiera que pretenda intimidarlos, pero probablemente lo más importante, personas íntegras y éticas, que sepan la responsabilidad que tienen y que estén a la altura de la misma. Las personas juzgadoras deben ser una referencia para la ciudadanía, tener su respeto y reconocimiento como la autoridad jurisdiccional que son.
Más allá de pensar en el abstencionismo, quienes decidan experimentar por primera vez el voto judicial deben hacerlo de manera consciente, sabiendo que es necesario informarse, hacer un amplio trabajo de investigación para emitir un voto informado, entendiendo la importancia de lo que está en juego. Si la responsabilidad nos la han trasladado a la ciudadanía, habremos de asumirla en su justa dimensión.

Quién es quién en la elección judicial

Estamos a unos cuantos días de que comience el plazo legal de campañas para la elección judicial, donde las personas candidatas a los 881 cargos en disputa iniciarán la difusión de su trayectoria y méritos, buscando el voto del electorado de cara a la jornada electoral del próximo 1 de junio. ¿Qué podemos esperar para las campañas de abogados y abogadas sin experiencia en elecciones?
Para contestar a esta pregunta, es necesario saber que las candidaturas a un cargo judicial tienen en común la carrera en Derecho, pero pocos tienen experiencia electoral y ninguno, salvo excepciones, saben pisar las <a href="https://open.spotify.com/episode/159O5hxWvEN7zqEc8KMPa6?si=8d791f0c2fbe414b" target="_blank" rel="noopener">arenas movedizas de la política</a>; es decir, las candidaturas, ya definidas y registradas ante el INE, aún no son necesariamente conscientes de la cantidad de reglas y prohibiciones legales que tendrán que atender incluso antes de empezar su campaña. Lo que hace aún más complicado todo.
A partir del 30 de marzo veremos un escenario muy distinto al que conocemos, pues solo hemos presenciado campañas políticas. Las candidaturas tendrán la posibilidad de usar tiempos oficiales en medios de comunicación, debates, mítines, gastos y fiscalización, pero tienen prohibido difundir propaganda gubernamental, aunque deberán respetar la veda los tres días previos a la jornada. Los tiempos de radio y televisión serán administrados por las autoridades electorales, por lo que las candidaturas no podrán promocionarse en ellos; sin embargo, los debates, de concretarse, serán un desafío porque será imposible establecer igualdad de condiciones para todas las candidaturas, y en las reuniones o mítines no habrá promesas de campaña, sino difusión de trayectorias y méritos académicos, por ejemplo.
El medio principal para comunicar el perfil de las candidaturas será internet. Además de que las redes sociales serán el único espacio para difusión masiva, el INE ha dispuesto la creación del micrositio “Conóceles” dentro de su página web, en el que las candidaturas deberán identificarse por su imagen y cargar información estandarizada: su currículum, sus medios de contacto, la visión de lo que es ser una persona juzgadora, de la impartición de justicia y las propuestas de mejora a la labor judicial de su competencia. Dado que ninguna candidatura tendrá posibilidad de acceso a radio y televisión de manera individual, será el INE quien difunda spots genéricos invitando a las y los potenciales votantes a que naveguen en la página.
En ambos casos, lo complejo de entender el procedimiento de votación y la razón por la que debemos de votar por las y los integrantes del Poder Judicial, se une a la realidad de que no todas las personas votantes tenemos acceso a internet (ni a navegar en la confusa página web del INE), o a identificar a las y los candidatos de las elecciones federales y locales, y dar con sus redes sociales para analizar a conciencia y definir el voto. Además del ejercicio adicional que implica analizar a cabalidad cada uno de los perfiles.
Otro ejemplo de que las campañas son lo mismo, pero no igual, es la fiscalización y la propaganda. Definitivamente en esta, como en cualquier otra campaña, habrá gastos fiscalizables bajo las estrictas reglas del INE, lo que supone que todas las candidaturas deben ser especialmente cuidadosas en los aspectos técnicos de una campaña con un tope de gastos de 200 mil pesos, provenientes de su propio bolsillo e insuficientes para un cargo nacional. Posiblemente, aquello incluirá una estructura detrás que les sirva de apoyo, como la tienen los partidos políticos.
Si desde septiembre se han señalado nubarrones en el horizonte, a partir de ahora nos adentraremos en la tormenta perfecta. Las condiciones están dadas con miles de candidaturas en las calles sin un conocimiento pleno de lo que conlleva organizar y participar en una campaña, un INE asfixiado presupuestalmente e inoperante por carecer de reglas especiales para esta elección, un Tribunal más enfocado en confrontaciones para legitimar lo inevitable, un Poder Judicial debilitado, y un Ejecutivo y Legislativo con un poder avasallante y desorganizado. En medio de todo estamos las y los ciudadanos que aún no dimensionamos -o quizá <a href="https://open.spotify.com/episode/4MyvPEqI5hwGrQlf4hPQgE?si=f17a95161aec4e46" target="_blank" rel="noopener">preferimos no hacerlo</a>&#8211; la importancia de seleccionar a quienes, al final del día, nos habrán de brindar la seguridad jurídica necesaria para vivir en comunidad.

¿Qué podemos esperar de las campañas?

Aparentemente el trabajo de los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial dentro del Proceso Electoral Extraordinario <a href="https://www.oej.mx/report/sexto-informe" target="_blank" rel="noopener">concluyó</a> el 12 de febrero en medio de diversas críticas y señalamientos. Sus trabajos, de acuerdo a lo definido en la reforma, terminaban con la entrega del Senado al INE de los listados de las personas candidatas que, tras un proceso de evaluación y uno de insaculación, consideraron idóneas y que serán las personas que aparecerán en las boletas.
Sin embargo, desde el Laboratorio no podríamos asegurar que su labor ha finalizado, pues es tiempo de enmendar, dentro de lo posible, el desorden. Cabe señalar que el resultado del proceso de selección de las candidaturas judiciales ha sido muy cuestionable: por la parcialidad con la que se condujeron los Comités; el cambio constante de reglas; los errores en los procedimientos, y la carencia de una metodología sólida y rigurosa en la que se basara su labor. Sin mencionar los oídos sordos que se hicieron desde y hacia varios frentes ante las críticas al proceso.
Aunque jurídicamente se consideraba como finalizada esta etapa del proceso, la realidad es que aún existe mucha incertidumbre por las múltiples versiones que existen de las listas y los vacíos legales para subsanarlas. El propio INE ha señalado que las listas traen fuertes problemas: nombres duplicados, datos incompletos, personas que están postuladas a dos cargos distintos, personas que no se inscribieron, otras que se desistieron, y un larguísimo etcétera de inconsistencias y errores, todos ellos producto del desaseo en los procesos de selección.
Se han presentado algunos casos en los que, bajo el supuesto de estar “en funciones” o tener “pase directo”, muchas personas aparecieron en los listados sin querer buscar el cargo y a lo que sucedieron diversas renuncias. En otros casos, se encuentran nombres duplicados en más de una lista, condición que está prohibida por la legislación y que da muestra del poco cuidado que se tuvo durante la confección del listado final remitido por el Senado de la República.
Al recibir los listados, el INE hizo evidente que la información de las candidaturas que le había sido proporcionada no era suficiente para mantener una comunicación directa con ellas para efectos, entre otras cosas, de la difusión de su perfil y trayectoria en la plataforma Conóceles, o para las cuestiones de fiscalización, por lo que dio un plazo de 48 horas al Senado para subsanar esa omisión. Todo lo anterior a pesar de que la reforma judicial constitucional marcaba el 12 de febrero como fecha límite y que la reforma de supremacía constitucional impedía a terceros hacer ningún tipo de excepción o interpretación al texto constitucional.
El plazo fue aprovechado para, además, incluir a las ministras Batres, Esquivel y Ortiz que, por omisión, no habían sido inscritas en el primer listado integrado. Todo lo anterior, de nuevo, a pesar de la fecha límite marcada en la Constitución.
El Senado determinó que 6 de los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) accedieran a las candidaturas a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) por estar “En Funciones”. Esto a pesar de que el CJF es un órgano de carácter administrativo sancionador, pero no de naturaleza jurisdiccional como lo será el TDJ una vez que se instale.
Por todo lo anterior, el INE tuvo que subsanar bastantes errores por su cuenta, pues el Senado desoyó prácticamente todas las solicitudes de corrección, y avanzar con la aprobación de las listas de candidaturas para cubrir los apretados tiempos que tiene que cumplir para imprimir las boletas electorales y distribuirlas. La batalla contrarreloj es uno de los criterios que ha definido la organización de esta elección, ante una autoridad electoral que se ha visto en la situación de improvisar -sujeto también errores- en su intento por estar a la altura de sus propios estándares.

El desastre de las listas de candidaturas a la elección judicial

Estamos en la antesala de nuevas modificaciones a las reglas electorales. No podemos hablar de una reforma profunda, pero si de un ajuste que se busca para eliminar la reelección que apenas se incorporó al texto constitucional en 2014 y establecer nuevas reglas para evitar el nepotismo en los cargos de elección popular.
En el camino reformador de nuestro sistema electoral hemos visto que cualquier modificación a las reglas electorales tienen un impacto en la estabilidad y legitimidad del aparato gubernamental; aunque la gran mayoría de las veces el contenido sea técnico, en realidad las motivaciones son políticas. En este escenario resulta fundamental que la reforma se consulte y consense, nunca que se imponga.
La propuesta de <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/Reforma_Electoral_2024" target="_blank" rel="noopener">reforma</a>r el sistema electoral mexicano no es nueva. Desde el inicio de la administración anterior se han planteado diferentes modificaciones, entre ellas: la disminución de los costos de las elecciones y del financiamiento público a partidos políticos, la eliminación de la representación proporcional y la reducción del número de legisladores/as, la desaparición del INE y la creación del INEC, por señalar algunas.
Hasta ahora no se ha logrado llevar a cabo una reforma de gran calado ni seguir los postulados que se habían planteado. Sin embargo, en los últimos días, la presidenta y algunos legisladores afines han propuesto una reforma electoral parcial, que se enviará en el segundo periodo ordinario de sesiones -entre febrero y abril de este año-, y otra que se discutirá después de las elecciones judiciales del 1 de junio. La primera versa sobre la no reelección en cargos de votación popular y la prohibición del nepotismo para impedir que los cargos del Poder Ejecutivo sean sucedidos por familiares inmediatos; la segunda consiste en la reducción de costos en los procesos electorales y del financiamiento de partidos, así como la eliminación de la figura de <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/La_representacion_proporcional_en_Mexico" target="_blank" rel="noopener">representación proporcional</a>.
Lo deseable es que sea posible abrir espacios de análisis para estas propuestas, en las que podamos plantear y buscar respuestas para preguntas como ¿cómo podemos procurar la integridad y legitimidad de esta reforma? ¿Con qué criterios debemos analizarla?
Como parámetro para hacer un análisis sobre estos aspectos, el Global Network for Securing Electoral Integrity (GNSEI) ha establecido seis principios para una reforma electoral democrática, los cuales son aplicables a cualquier contexto político y subtipo de reforma, y que para el Laboratorio deberían tomarse en cuenta en este nuevo proceso de reforma:
<ol>
<li>⁠Construcción de consenso político mediante discusiones inclusivas, identificación objetiva de intereses comunes e incentivos políticos.</li>
<li>⁠Transparencia, priorizando la comunicación clara y accesible en cada etapa del proceso, incluyendo la participación de personas observadoras, asociaciones civiles y partidos de oposición.</li>
<li>⁠Inclusión que facilite procesos consultivos, aportes de personas expertas y actores sociales, especialmente de segmentos clave de la sociedad, como mujeres y personas marginadas.</li>
<li>Evidencia y visión a largo plazo, lo cual es posible a través de información concreta y de calidad, evidencia proveniente de fuentes fiables, reportes y recomendaciones internacionales, auditorías y estudios académicos comparados.</li>
<li>⁠Marcos de tiempo y recursos adecuados para evitar cambios repentinos que provoquen la incapacidad de implementación de la reforma o poco tiempo para que las personas votantes los comprendan.</li>
<li>Estructuras de rendición de cuentas que garanticen claridad en los roles y responsabilidades de las y los involucrados en la reforma, tiempos y plazos definidos y criterios clave para evaluarla.</li>
</ol>
Estamos convencidos que en democracia se debe escuchar a todas y todos, y en un proceso de reforma de las reglas electorales esta es una premisa fundamental.
<a href="https://x.com/Eleccionesymas" target="_blank" rel="noopener">@Eleccionesymas</a>

Vigilar la próxima reforma electoral

El 2024 fue un año convulso y de muchos cambios para la región. Los resultados de diversos procesos electorales pusieron en marcha nuevas dinámicas y cambiaron el contexto político de muchos países. Como resultado, el 2025 se perfila como un año de definiciones y aún más cambios.
<h2>1. Elecciones judiciales</h2>
El primer reto que tendrá nuestra democracia electoral este año, sin duda serán las elecciones judiciales. En México se está desarrollando en este momento un proceso electoral judicial nacido de una reforma precipitada, con reglas poco claras, mucha <a href="https://www.youtube.com/live/FoMmC-rd4xc?feature=shared" target="_blank" rel="noopener">incertidumbre</a> y poco <a href="https://oej.mx/report/deficit-presupuestario-riesgo-democratico" target="_blank" rel="noopener">presupuesto</a>. Además de los cargos cuya elección son competencia del INE, se elegirán cargos judiciales locales, cuya competencia estará en el OPLE. Estos son los estados que hasta ahora han anunciado la realización de elecciones judiciales locales en 2025 y 2027:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1491208" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-1.jpg" alt="Mapa con los estados que hasta ahora han anunciado la realización de elecciones judiciales locales en 2025 y 2027." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
A diferencia de las elecciones políticas, en las elecciones judiciales las candidaturas aparecerán en la boleta por virtud de una tómbola, luego de haber completado alguno de los procesos de selección realizado por alguno de los <a href="https://x.com/Eleccionesymas/status/1866532641081569571/photo/1" target="_blank" rel="noopener">Comités de Evaluación</a> del Poder <a href="https://x.com/Eleccionesymas/status/1861089704751362445/photo/1" target="_blank" rel="noopener">Ejecutivo</a>, <a href="https://x.com/Eleccionesymas/status/1861089702540910681/photo/1" target="_blank" rel="noopener">Legislativo</a> o <a href="https://x.com/Eleccionesymas/status/1861089851694514608/photo/1" target="_blank" rel="noopener">Judicial</a>. Las boletas tendrán un formato diferente al conocido hasta ahora y la forma de emitir el voto será diferente pues no se marcarán emblemas o imágenes, sino que se escribirán los códigos indicativos de las candidaturas en recuadros:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1491214" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-2.jpg" alt="Ejemplo de boleta que se utilizará en la elección judicial." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
<h2>2. Registro de nuevos partidos políticos</h2>
Como cada seis años, en enero del año posterior a la elección federal se abre la ventana para que las asociaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden convertirse en partidos políticos manifiesten su <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://x.com/Eleccionesymas/status/1877046051770872214/photo/1" target="_blank" rel="noopener">intención</a> e inicien el camino que los lleve a obtener el registro y poder participar en las elecciones federales intermedias, en este caso las de 2027. En este proceso que requerirá de la realización de asambleas, existen varias organizaciones que buscarán participar, algunas que por primera vez lo intentarán y otras que son las eternas participantes.
<h2>3. Reforma Electoral</h2>
2025 será el año en el que se lleve a cabo una nueva reforma electoral. Y mientras existen propuestas que implican el debilitamiento de los partidos políticos de oposición a través de la eliminación de la representación proporcional y la reducción de financiamiento a partidos políticos, la presidenta ha señalado que por el momento buscará eliminar la posibilidad de la reelección legislativa y municipal, así como la prohibición del nepotismo en los cargos de elección popular. Aunque no es claro el alcance que tendrá esta reforma, lo que sí se sabe es que pronto tendremos algunas modificaciones a las bases del sistema electoral.
<h2>4. Elecciones en América Latina</h2>
En el panorama de la región estamos frente a un nuevo ciclo electoral, en el cual Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras tendrán elecciones presidenciales este año, y otros países como México elecciones locales. La tendencia en la región nos exige seguir de cerca la integridad y los resultados de esas elecciones:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1491215" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-3.jpg" alt="Calendario con las elecciones que habrá en 2025 en América Latina." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-3.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-3-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-3-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Eleccion-judicial-3-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Desde el Laboratorio Electoral estaremos monitoreando la democracia, la integridad electoral y los resultados que estas elecciones traigan para la estabilidad y la gobernabilidad de la elección.
<a href="https://x.com/Eleccionesymas" target="_blank" rel="noopener">@Eleccionesymas</a>

Los retos electorales para 2025

En los preparativos para organizar las elecciones judiciales de 2025, el INE aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Extraordinario para las elecciones judiciales, así como el marco geográfico para el proceso judicial electoral extraordinario. Estos pasos son esenciales para poder tener algo de certeza sobre la organización de estas elecciones.
El plan y calendario constituye el mecanismo de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control de las actividades que desarrolla el INE. Este se basa, por lo menos, en dos líneas: la cantidad de potenciales votantes que se proyectan para junio de 2025 y el presupuesto solicitado por el Instituto para hacer frente a las actividades de la elección. Es con base en estos documentos que se puede conocer cuántas casillas se habrán de instalar, cuántas boletas se deberán imprimir, cuánto material electoral y de papelería se requerirá y, por supuesto, el dinero que se deberá destinar a cada actividad (consultar <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata/elecciones-judiciales-presupuesto" target="_blank" rel="noopener">entrada</a> anterior).
Uno de los retos principales de la elección es que la experiencia del INE se basa en contiendas estrictamente políticas en las que la participación de los partidos es fundamental para la autovigilancia de la elección, y si bien existe un programa institucional de promoción del voto, esa responsabilidad se diluye cuando son las y los candidatos quienes, bajo el cobijo de las estructuras partidistas, solicitan el voto de la ciudadanía en las campañas. Para la elección judicial la contienda tendrá un periodo de campañas que servirá para conocer a los perfiles y las trayectorias de quienes aspiran a un cargo en la judicatura, dejando en manos de la autoridad la difusión de los cargos por elegir, el número de candidaturas en cada cargo y circunscripción y, sobre todo, la manera en la que se va a votar, lo cual dependerá del modelo de boleta que se utilizará y las características de este, una labor pedagógica de gran alcance.
Dentro de las actividades que contempla el INE realizar para garantizar la universalidad del sufragio se encuentran, por ejemplo, las diversas modalidades en el ejercicio del voto además de la tradicional en boleta: el voto extraterritorial, el voto anticipado por estado de postración y el voto de personas en prisión preventiva, aún y cuando este último suponga, por lo menos, un conflicto ético de las personas que estando privadas de su libertad, más no de sus derechos político-electorales, puedan votar por personas que, eventualmente, pudieran conocer del asunto que los mantiene en prisión.
Además, será necesario emitir múltiples acuerdos y lineamientos, los cuales serán de especial relevancia ante la ausencia de regulación. Por ejemplo: lineamientos para la asignación de tiempos en radio y televisión, lineamientos para el financiamiento a las campañas y su fiscalización, por mencionar algunos. Esta última tarea, la fiscalización de las campañas, conlleva la realización de operativos en campo para la revisión in situ de la aplicación de esas disposiciones, lo que implica la contratación de personal temporal dedicado exclusivamente a tales actividades. Sobre este tema la legislación es contradictoria al no permitir cualquier gasto de campaña, pero sí la difusión de trayectoria utilizando recursos propios (algo que supuestamente también se encuentra prohibido).
En preparación a la jornada electoral se deberán capacitar a las y los funcionarios de casilla que ese día reciban la votación, además de mandar imprimir millones de boletas electorales y miles de materiales electorales –urnas, mamparas, actas, plumones, tinta indeleble, entre otros-. Igualmente, de cara a la jornada electoral se prevé que haya observación electoral, así como un ejercicio de estimación estadística para conocer los resultados preliminares de la elección de la Suprema Corte.
La autoridad electoral ha asumido la planeación de la parte del proceso electoral que le toca conducir, como sabe; con seriedad y responsabilidad a fin de tener una elección bajo estándares de integridad. A pesar de ello, ya sabemos que la Cámara de Diputados no ha autorizado los recursos solicitados y que por el contrario planteó un recorte de más de 13 millones de pesos, lo que obligará a la autoridad electoral a replantear la forma de organizar estas elecciones. El desarrollo de estas elecciones judiciales exige de la sociedad civil un ejercicio de observación permanente, mismo que estaremos realizado desde el <a href="https://oej.mx/" target="_blank" rel="noopener">Observatorio Electoral Judicial</a> en conjunto con Disentir y Práctica.
Es necesario que como ciudadanía sepamos que sin la suficiencia presupuestaria solicitada el INE no será capaz de llevar a cabo gran parte de las acciones y actividades que se necesitan para llevar a buen puerto estas elecciones, lo cual demeritará en la calidad de las elecciones.
<a href="https://x.com/Eleccionesymas" target="_blank" rel="noopener">@Eleccionesymas</a>

Planeación electoral sin presupuesto

Desde que se realizaron los foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial se señaló la necesidad de un presupuesto bien planeado y estructurado. Este fue uno de los temas fundamentales de dichas discusiones por dos razones: incertidumbre sobre cuánto costaría una elección de este tipo, y necesidad de garantizar el presupuesto suficiente para asegurar un proceso exitoso que garantice la mayor participación posible.
En cuanto al primer aspecto, aunque ninguno de los actores involucrados consultó a la autoridad electoral para estimar el presupuesto que se necesitaría, en diferentes momentos se señaló que el costo de una elección presidencial podría ser una buena referencia; las presidenciales de 2024 tuvieron un costo de casi 9 mil millones de pesos. En cuanto al segundo punto, se sostuvo que debía considerarse que al ser una elección inédita en nuestro país y novedosa a nivel mundial era necesario tomar en cuenta numerosos aspectos, tales como los materiales y documentación electoral, la capacitación de funcionarios de casilla y la operación propia de la autoridad electoral, sin perder de vista que se trata de una elección de carácter nacional.
Ante un panorama de total <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata/reforma-judicial-incertidumbres" target="_blank" rel="noopener">incertidumbre</a>, en el que no se sabe exactamente cómo van a funcionar múltiples aspectos de la elección, el INE hizo un cálculo del costo para organizar la elección judicial nacional de 13 mil 205 millones de pesos para poder elegir 881 cargos. Este presupuesto cubriría el total de las actividades de la elección nacional.
De cara al 1º de junio de 2025 el INE deberá realizar diversas actividades como insacular y capacitar a quienes recibirán la votación; instalar casillas en lugares propicios que faciliten la participación ciudadana; realizar una campaña intensiva de actualización del padrón electoral y de la emisión de la Credencial para Votar; contratar personal eventual para la fiscalización de los ingresos y egresos de los aspirantes a un cargo -aún y cuando no se ha definido este aspecto de la campaña-; difundir las trayectorias de las candidaturas, lo que requiere de más dinero al ser una actividad que no recae normalmente en el instituto. El INE está contemplando un ejercicio de estimación de tendencias de la elección de ministras y ministros de la SCJN, es decir, un ejercicio similar al conteo rápido, en concordancia con la calidad de información que acostumbra publicarse el día de la jornada.
El presupuesto del INE se basa en dos aspectos principales: i) la organización electoral y ii) la capacitación y educación cívica, mismos que suman 11 millones 352 mil pesos, equivalente al 86 % del total. La mayor parte de ese recurso se destinará, de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto del INE, al pago de servicios personales (nómina) del personal eventual que participará directamente en las labores en campo (integrantes de los Consejos Distritales, Supervisoras y Supervisores Electorales, y Capacitadoras y Capacitadores Electorales) y en los servicios generales (impresión de boletas y adquisición de canceles electorales, urnas, papelería e insumos para las casillas, logística, bodegas y distribución y resguardo de materiales).
En respuesta al anteproyecto, el gobierno y la mayoría legislativa han señalado que el presupuesto planteado por el INE es excesivo e imposible de garantizar, y aunque se ha buscado que parte de los recursos provengan de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, estos no son suficientes para cubrir el monto necesario para llevar a cabo una elección como la que se plantea. En diversas notas periodísticas, se ha afirmado que la cantidad máxima a otorgar rondaría los 8 mil millones de pesos, dado que la prioridad del presupuesto federal se centra en megaproyectos, universidades públicas, cultura, agua, seguridad, defensa y salud.
Esta situación pone en evidencia que la prioridad de quienes impulsaron la elección de jueces no parece estar en garantizar un proceso íntegro y fiel de la voluntad ciudadana. El INE por su lado ha estado dispuesto a revisar y ajustar su presupuesto pero los ajustes se enfilan más a convertirse en recortes y deficiencias.
Como se señaló desde hace varios meses, una reforma de esta envergadura exigía tanto a impulsores como detractores un diagnóstico previo, un análisis de sus implicaciones y un estudio sobre sus costos de implementación. Ninguno de estos requisitos se cumplió.
En este contexto, parece que hay un riesgo latente de que al no dotar de recursos suficientes a la autoridad electoral, se atente no solo contra la organización misma de la elección, sino contra la libertad y universalidad del voto, ya que la ciudadanía vería mermada la calidad, transparencia y, por ende, la legitimidad de la elección. Vimos que algo similar sucedió con la <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leerdocumento/Revocacion_de_mandato__Un_balance_" target="_blank" rel="noopener">Revocación de Mandato</a>, cuyos resultados además trajeron fuertes <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/candidata/revocacion-de-mandato-las-grietas-que-dejo" target="_blank" rel="noopener">críticas al INE</a> por situaciones que estaban fuera de sus manos. La autoridad electoral y toda su estructura enfrenta un reto mayúsculo y condiciones adversas, lo menos que podemos hacer es exigir que se le entregue el dinero suficiente para que las elecciones judiciales puedan realizarse en las mejores condiciones posibles.
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Elecciones judiciales: el presupuesto

Mientras la elección judicial federal avanza, pareciera que hemos olvidado la dimensión local, es decir, que las elecciones judiciales también se tienen que llevar a cabo en 2025 o 2027.
El transitorio octavo del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial dispone que las entidades federativas cuentan con 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a sus constituciones locales; esto a efecto de adaptar la reforma a los poderes judiciales locales y llevar a cabo elecciones de la judicatura local. Aunque la reforma les brinda a las entidades federativas cierta libertad configurativa para que, sin superar los límites constitucionales, en cada estado se determinen los términos y modalidades para las elecciones -lo cual puede dar margen a numerosos ajustes- lo que sí se dispone es que la renovación de la totalidad de los cargos deberá hacerse durante 2025 o 2027.
Por lo tanto, antes del 15 de marzo de 2025 las legislaturas locales deben desarrollar y aprobar, tanto en los congresos locales como en al menos la mitad de los cabildos, la reforma a la constitución local, y publicarla. Adicionalmente, deberán realizar los ajustes respectivos a la legislación secundaria para que la nueva elección sea operativa o, en su caso, retomar las reglas operativas que el INE implemente para la elección de 2025.
Hasta ahora son pocos los estados que han iniciado sus procesos de reformas locales, hasta el momento, solo las legislaturas de Campeche (2027), Durango, Michoacán y Tamaulipas han modificado sus textos constitucionales. En tres de esos cuatro estados, sus elecciones judiciales locales se realizarían en 2025, lo que les implicará además tomar las previsiones presupuestales necesarias para poder llevar a cabo estos comicios.
En este escenario, varias entidades renovarán en 2025 no solo la judicatura federal, sino también la local. Esto es un movimiento que resulta un tanto arriesgado, tanto por la inexperiencia de todos los involucrados (autoridades electorales nacional y locales, autoridades jurisdiccionales y fiscalías electorales, poderes) en un ejercicio comicial de este tipo, como por la falta de reglamentación para los procesos, que cada vez se hace más evidente.
No olvidemos que se trata de una elección en la que existen muchas más interrogantes que certezas. Por ejemplo: no se tiene una idea precisa sobre cómo podrán hacer campaña las candidaturas, aún no queda definido el modelo de las boletas, y habrá un esquema inédito del escrutinio y cómputo de los votos (y actividades como capacitación de funcionariado, mecanismos de recolección, sesiones distritales).
El procedimiento local será el reflejo del federal. Allí tendrá que ser el congreso local quien emita una convocatoria a los Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) locales para conformar los Comités de Evaluación que recibirán las solicitudes de las personas interesadas, definirán los criterios de evaluación y entregarán la lista final de candidaturas para que inicien las campañas electorales y se impriman las boletas, todo esto con fecha culminante el 1 de junio, día de la elección.
Los tiempos ya son apresurados para la autoridad federal, que inició su proceso en septiembre y sin duda lo serán aún más para las locales que realizarán elecciones en 2025 y que aún no inician los procesos electorales respectivos, ni han modificado sus constituciones locales. El escenario no es mejor para las entidades que decidieran organizar las elecciones hasta 2027.
Lo anterior porque, en ese supuesto, las elecciones judiciales locales coincidirían con las judiciales federales en las que se renovarán la mitad de los cargos judiciales que no se eligen en 2025 y con las elecciones de diputaciones federales, ambas organizadas por el INE. Además se tendrían que considerar las elecciones locales que correspondan conforme la concurrencia, mismas que en algunas entidades serán de todos los cargos &#8211; gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales-.
Un ejercicio de elecciones concurrentes a este nivel aumentará el número de boletas y urnas en las casillas y, por ejemplo, dificultará la reglamentación al estar en un proceso electoral concurrente con la participación de partidos políticos que en elecciones judiciales tienen prohibido participar, y en donde habrá campañas para cargos políticos locales y nacionales coexistiendo con candidaturas a la judicatura estatal y nacional en donde no existirá esa figura.
Es por todo lo anterior que no debemos perder la dimensión local, pues también tendrá un impacto en la justicia y los derechos humanos. No importa el escenario, el reto será enorme.
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La dimensión local de las elecciones judiciales

La anunciada reforma judicial y la elección que de ella se desprende nos coloca en escenarios inéditos en México y en una realidad de incertidumbres que solo Gramsci ha descrito adecuadamente: “cuando el pasado aún no muere, y el futuro tarda en aparecer, es el claroscuro donde surgen los monstruos”. Los monstruos en este caso son muchos.
El primero es la incertidumbre jurídica. La integridad electoral se sustenta en diversos pilares, siendo uno de ellos el de la certeza jurídica, esa que permite a todos los actores que participan en una elección conocer de antemano las reglas, los requisitos y el marco bajo el cual se desarrollará. En este caso la reforma constitucional no vino acompañada por una ley secundaria para el proceso extraordinario 2024-2025, dejando la responsabilidad al INE de emitir la reglamentación de este proceso.
Tras la publicación de la reforma constitucional que posibilitó la elección de personas juzgadoras, se dio inicio al proceso electoral. A raíz de eso, el Consejo General del INE mandató, hace ya un mes, que se elaborara una agenda de actividades que guiara el actuar profesional de las personas que participan en el proceso electoral, sin que a la fecha se haya establecido ese calendario.
En este inédito proceso se ha dado el banderazo de salida, se ha animado a las y los competidores a participar de la contienda, y apenas se dieron a conocer las vacantes a elegir y el presupuesto que se necesitaría para la organización de la elección. Los procesos para definir ambos puntos han estado, sin embargo, llenos de irregularidades también; el segundo monstruo.
La reforma constitucional publicada estableció que en el proceso de selección de los cargos a renovarse en el proceso electoral extraordinario debían elegirse la mitad de las personas juzgadoras y magistraturas de cada circuito judicial -una circunscripción geográfica que equivale normalmente a una entidad federativa-, considerando de inicio las vacantes por renuncia, jubilación o retiro, insaculando el resto hasta llegar a la cantidad pretendida. Para ello se requirió que el Consejo de la Judicatura Federal emitiera un listado de todas las plazas, ocupadas o no, para proceder a la insaculación en cada estado de la mitad de los cargos.
Sin embargo, y a pesar del transitorio en la reforma que solo permite su interpretación literal, en la sesión del Senado el procedimiento fue diferente: del universo total de cargos se realizaron dos listados -uno para juzgadoras y otro para magistradas- señalando materias especializadas (Administrativa, Penal, Civil, Laboral o Mixta) y se definieron a quienes se elegirían en el proceso extraordinario de 2025 y a quienes hasta las elecciones ordinarias de 2027 a través de un rústico sistema de esferas en una tómbola.
Otro gran monstruo es el presupuesto. Es conocido que el presupuesto de las autoridades electorales se solicita cada año y se encuentra detalladamente catalogado. Es por ello que el INE tuvo que solicitar un presupuesto diferenciado para la organización del proceso. El proceso costaría alrededor de 13 mil millones de pesos, cuya principal inversión iría en la impresión de boletas y otra documentación, y la producción de materiales electorales. Lo anterior teniendo en cuenta que la autoridad electoral ha recibido fuertes y graves recortes presupuestales en los últimos años, especialmente en áreas logísticas y administrativas internas.
Y, por ahora, el riesgo más difícil es el de las tensiones entre los poderes de la Unión. Ha habido diferentes intentos por parte de integrantes del Poder Judicial por detener la implementación de la reforma por diferentes razones, especialmente por violaciones a la Constitución, sin ningún éxito. Aunque estas tensiones no parecen tener un desenlace positivo en los próximos días, la Suprema Corte entrará el fondo del asunto. Sobre todos estos dimes y diretes hablaremos en una próxima entrega.
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Reforma judicial: vorágine de incertidumbres

En 2025 iremos nuevamente a las urnas, esta vez en un proceso novedoso en nuestro país e inédito en el mundo: elegiremos más de 1400 cargos judiciales, jueces, magistrados y ministros. Ningún país del mundo ha tenido unas elecciones de este tipo; el caso más similar en comparativa es el de Bolivia.
Aunque la organización de elecciones es una situación superada en el país, no existe un antecedente de elecciones como las que tendremos en 2025. En las últimas semanas se especuló que en los Estados Unidos o en Suiza se elegían algunos jueces, pero lo cierto es que el perfil de estos es más un híbrido con funciones administrativas menores, y no de un tribunal constitucional, por ejemplo.
Bolivia es sin duda el caso más parecido, pues en 2009 establecieron a nivel constitucional que cuatro órganos del Poder Judicial se eligieran por voto popular; estos son el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
A partir de 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional, órgano legislativo de dicho país, preseleccionó a las personas postulantes por cada departamento, dejando en manos de la autoridad electoral la organización del proceso. La única restricción constitucional era que las y los postulantes no podían pertenecer a organizaciones políticas; sin embargo, la intervención del legislativo, al menos, contradecía esa situación. Otra restricción legal consistía en no haber ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan relación comercial con el Estado. La evaluación de méritos de las y los aspirantes recayó en la propia Asamblea, ésta evaluó la formación académica, la producción intelectual y la experiencia de aspirantes.
Dentro del proceso boliviano tampoco se encontraban previstas las campañas electorales, siendo la autoridad administrativa electoral la responsable de difundir los méritos de las candidaturas, habilitando la contratación de tiempos en radio y televisión, y distribuyéndolos de manera igualitaria. Si bien se entiende que con la ausencia de las campañas se trataba de no politizar un evento que es de origen político, lo que produjo fue, en palabras de un político boliviano, postulantes mudos, medios de comunicación silenciados y ciudadanía desinformada.
Así, el 16 de octubre de 2011 se realizó la primera jornada electoral para elegir, entre 348 aspirantes, los 56 cargos judiciales en disputa. Entre las candidaturas no se encontraron los mejores perfiles jurídicos, quienes habían impugnado el proceso. Aparecieron en la boleta perfiles sin experiencia, sin producción intelectual, simulaciones de candidaturas indígenas, pero seleccionados por comisiones de la misma Asamblea sin un criterio único en cuestiones como la experiencia necesaria o sin tomar en cuenta su preparación profesional, valiendo más las vivencias que las cualidades académicas.
La ciudadanía, quien no pareció particularmente involucrada en el ejercicio, decidió no participar: de poco más de 5 millones de empadronados, 1 millón no acudió a las urnas en un país donde el voto es obligatorio. No se vio el interés esperado ni en el proceso ni en las candidaturas ni en el resultado. En su momento se comentó que hubo un cierto “grado de confusión” por el alto número de candidaturas postuladas. Contando votos nulos y en blanco (60 %) los votos válidos alcanzaron, apenas, un 40%.
Tras este primer ejercicio, ocurrió un segundo en 2017, sin mayor éxito, con un 20 % de abstencionismo. No obstante, el éxito de ambos procesos fue el de legitimar un Poder Judicial controlado por el gobierno. En un análisis realizado por organizaciones de la sociedad civil boliviana, se indicó que a pesar de que aumentaron los juzgados y el presupuesto, no aumentó la capacidad de personas juzgadoras para resolver más rápido y de manera más efectiva los asuntos sometidos a su jurisdicción; en cambio, sí se incrementaron los procedimientos burocráticos y, con ello, el manejo político en la designación de jueces, juezas y personal administrativo.
En 2023 debieron llevarse a cabo nuevamente elecciones judiciales, sin embargo, estas fueron pospuestas para 2024. El balance después de 15 años de la reforma al Poder Judicial boliviano es que el mismo carece de independencia, y es altamente cuestionado pues presenta un gran rezago, ya que la justicia se ha vuelto lenta e ineficaz.
Aunque poco sabemos de las elecciones judiciales, la experiencia comparada indica que son un reto tanto en la organización, como en el funcionamiento y operación cotidiana de la justicia.
Síguenos en nuestras redes sociales para conocer nuestro materiales pedagógicos y didácticos sobre las elecciones judiciales, los cuales puedes consultar <a href="https://x.com/Eleccionesymas/status/1834729622904205450" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
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Elecciones judiciales. El antecedente boliviano

Las elecciones no terminaron el 2 de junio. Aunque el resultado fue contundente, en las siguientes semanas se ha llevado a cabo la etapa de resultados e impugnaciones.
Para el caso de la elección presidencial se interpusieron por parte de los partidos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, juicios de inconformidad por nulidad de la votación recibida en casilla que, en conjunto sumaron 240 medios de impugnación y además la validez de la elección por parte de la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, y los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
En los últimos días la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha abocado a resolver las impugnaciones presentadas. Respecto de los cómputos distritales desestimó las impugnaciones presentadas por los partidos políticos. No se anuló ni un solo voto, ni una sola casilla, así es que los resultados quedaron intactos.
En cuanto a la validez de la elección presidencial, el resultado no fue muy diferente. Como señala la ley, se formó una Comisión Especial de magistrados, en este caso integrada solo por dos, la cual tuvo a su cargo sustanciar y elaborar el proyecto de resolución de estas inconformidades. Aunque tenían de plazo hasta el 31 de agosto para resolver, el proyecto se presentó desde el 24 de julio, y finalmente el 12 de agosto fue abordado por el Pleno y aprobado en sus términos por una mayoría de magistraturas.
De esta forma se confirmaron no solo los resultados, sino que se determinó que la elección era válida pues no hubo irregularidad alguna que impactara en el resultado.
Vale la pena destacar los puntos más importantes de lo resuelto por el TEPJF.
La Sala Superior en pleno consideró que no había elementos suficientes para declarar la nulidad de la elección presidencial. Las magistraturas coincidieron en que no había anomalías suficientes que probaran afectaciones específicas al ejercicio de los derechos político-electorales ni de la ciudadanía, ni de la candidata Gálvez Ruíz.
Hubo algunos puntos que fueron motivo de división entre las y los magistrados, particularmente el contexto de violencia generalizada y la intervención de servidores públicos, específicamente del presidente en las mañaneras.
Sobre la violencia generalizada, las y los denunciantes consideraron como prueba suficiente la renuncia masiva de candidaturas, la disminución de participación en la jornada, por cierre de casillas por violencia, homicidios de candidaturas y familiares, hechos de violencia e intervención del crimen organizado después de la jornada electoral, entre otros. Para ello presentaron como pruebas notas periodísticas y reportes que hacían referencia a la percepción de seguridad en México, registro de agresiones y asesinatos a personas candidatas y sus familiares durante el proceso electoral, mapas de riesgos de violencia político-electoral en México, pronunciamientos de organizaciones internacionales sobre la violencia electoral, entre otros.
El TEPJF consideró que las pruebas no habían sido suficientes para demostrar una afectación determinante a los resultados, y que las agresiones se dieron principalmente a nivel municipal, no dentro de la elección presidencial. Una minoría de magistraturas consideraron que no podía desconocerse el nivel de violencia en el que se habían realizado las elecciones en algunas partes del país, y que no era prudente esperar a que la violencia afectara a las candidaturas presidenciales; aunque ello no fuera suficiente para la nulidad de la elección presidencial, no consideraban pertinente desechar de facto el contexto de violencia durante el proceso.
Respecto de la intervención de servidores públicos, específicamente del presidente de la República en sus mañaneras, se declararon como infundadas las acusaciones, independientemente de las más de 30 medidas cautelares y decenas de sanciones por los dichos en las conferencias matutinas. Al respecto, de nuevo, la minoría de magistraturas observaron que la intervención presidencial estaba prohibida por la Constitución y, a pesar de no considerarlo suficiente para la nulidad de la elección, sí creían pertinente llamar la atención sobre esta conducta.
Después de un <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/Calificacion_de_la_eleccion_presidencial" target="_blank" rel="noopener">análisis</a> tanto de las impugnaciones como de la resolución, consideramos que efectivamente los juicios presentados no eran insuficientes para anular la elección presidencial; sin embargo, no vemos como buena señal que haya pasado prácticamente desapercibidos temas como la violencia electoral y la intervención presidencial, los cuales tienen una afectación directa en la integridad de la elección.
Reconocer que no había suficientes elementos ni políticos ni sociales ni jurídicos para anular una elección presidencial, ganada con esos niveles de apoyo y participación, no debe implicar el desconocimiento de las irregularidades que se presentaron durante el proceso y que, en cualquier otro escenario, habrían implicado fuertes cuestionamientos no solo a la legitimidad de la elección, sino de las propias autoridades electorales.
La integridad electoral es un estándar que debe regir el actuar de la ciudadanía, los actores políticos, los órganos nacionales y las autoridades electorales, independientemente de quién pierda o quién gane. Es un piso mínimo para asegurar que los avances no se estanquen y la democracia se enlode, constituye un parámetro para juzgar la validez de la elección.
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Calificación de la elección presidencial: una cuestión de integridad

Tras las elecciones de 2024 viene una necesaria recomposición de los partidos políticos, en cuanto a sus liderazgos, pero también en cuanto al mapa político nacional. Tras los resultados tenemos una fuerza política ampliamente dominante, que en lo individual tiene una votación mayoritaria de cerca del doble que la siguiente fuerza política y que en conjunto con sus aliados tendrá mayorías abrumadoras.
Las fuerzas opositoras también tendrán un reacomodo, ya no hay tres partidos políticos grandes, más bien quedan tres fuerzas opositoras medianas cuya alianza está en duda. Estos son algunos datos que es importante tener en cuenta:
<ul>
<li>Las únicas fuerzas políticas que tienen presencia nacional son Morena y Movimiento Ciudadano. El PAN y el PRI en no cuentan con acreditación local en 1 entidad, el PVEM no tiene acreditación en 2 entidades, y el PT en 5.</li>
<li>En cuanto a votación Morena se mantuvo en los porcentajes obtenidos en 2018 y 2021, mientras que el PT, Verde y MC crecieron, el PRI y PAN decrecieron.</li>
<li>Lo más probable es que a partir de ahora haya solo 6 partidos políticos nacionales. El PRD no ha alcanzado el porcentaje necesario para mantener el registro, por lo que entraría en un proceso de liquidación. Aunque podría convertirse en partido político local en al menos 10 entidades.</li>
<li>En lo local de los 83 partidos que tenían registro a nivel local, solamente 26 lograrían mantenerlo, el resto desaparecerá tras un proceso de liquidación.</li>
<li>En 2025 se abre la ventana de oportunidad para que organizaciones ciudadanas y de la sociedad civil, así como agrupaciones políticas, busquen obtener el registro como partido político a nivel nacional.</li>
</ul>
El proceso para obtener el registro como partido político a nivel nacional es largo y complejo: se tienen que realizar 200 asambleas distritales o 20 locales en las que se deben aprobar los estatutos del nuevo partido político, además se deben conseguir un mínimo de 3 mil militantes en por lo menos 20 entidades federativas, o 300 en por lo menos 200 distritos, sin que el número total de militantes en el país sea inferior al 0.26 % del padrón electoral. Todo esto en un plazo de año y medio desde que se da el aviso de intención de conformar un nuevo partido político. Además cabe señalar que si bien deben dar cumplimiento a las obligaciones de fiscalización, no reciben recursos para este proceso.
El registro como partido político implica el acceso a las prerrogativas: financiamiento público y tiempos de radio y televisión, principalmente. El registro se aprueba finalmente unos meses antes del siguiente proceso electoral federal, es decir a mediados de 2026, y de inmediato deben ponerse a prueba para saber si tienen un respaldo ciudadano mínimo del 3 % de la votación, de lo contrario perderían el registro.
El voto del 2 de junio fue claro: a la ciudadanía ya no le atraen los partidos políticos tradicionales, sus nombres y marcas parecen estar desgastadas; buscan fuerzas políticas nuevas, aunque tengan a las mismas personas que los partidos tradicionales.
De esta forma vemos que 2025 será una nueva oportunidad de crear una fuerza política que represente una alternativa para muchas ciudadanas y ciudadanos que no se sienten representados por los partidos políticos tradicionales, y que se cree una nueva forma de ejercer de manera auténtica y libre los derechos políticos y electorales de millones de electores a quienes la clase política actual aún no les convence. No podemos ignorar que la participación en 2024 fue <a href="https://x.com/Eleccionesymas/status/1800256535563567561" target="_blank" rel="noopener">más baja</a> que en 2018, pues no salió a votar más gente a pesar de que el listado nominal era mucho mayor.
La pregunta es si van a estar a la altura los partidos políticos.
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