El clamor de las personas desaparecidas: una justicia que no llega
“La desaparición forzada es uno de los peores crímenes que se pueden cometer contra un ser humano y sus seres queridos”.
Amnistía Internacional
Las historias de las familias de las personas desaparecidas en nuestro país son tragedias humanas que claman justicia. Cada caso representa el dolor de quienes buscan a sus seres queridos, enfrentándose no solo a la incertidumbre, sino también a la indiferencia y la burocracia de las instituciones.
Cuando un familiar desaparece, el primer paso suele ser acudir a la fiscalía o a la policía para presentar una denuncia. Sin embargo, lejos de recibir apoyo inmediato, muchas familias se encuentran con un proceso burocrático interminable, lleno de trabas y, en algunos casos, con la sospecha injustificada sobre sus propios allegados. Los días pasan, luego los meses, y en la mayoría de los casos, la respuesta sigue siendo la misma: silencio.
Las personas desaparecidas no son cifras, son personas comunes: jóvenes que salieron a una fiesta, trabajadores que iban rumbo a sus empleos, estudiantes que nunca llegaron a sus escuelas.
Esta realidad atraviesa todos los sectores de la sociedad, sin distinción de clase social ni situación económica. Sin embargo, las autoridades parecen sordas ante este clamor. En lugar de actuar, reducen a las personas desaparecidas a simples números en estadísticas, ignorando que detrás de cada caso hay una familia destrozada, una vida interrumpida y un grito desesperado por justicia.
Este infierno que viven miles de familias se ve agravado por la negligencia del Estado, que prefiere minimizar la crisis y dar la espalda al dolor de su gente. Se pretende imponer un silencio que oculte la violencia creciente en el país, pero la realidad es innegable: los datos muestran que las desapariciones y los feminicidios aumentan día con día.
A pesar de la magnitud de esta tragedia, la agenda pública no ha otorgado a este tema la prioridad que merece. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta agosto de 2024, México registra más de 116,000 personas desaparecidas, de las cuales el 88 % corresponde al periodo de 2006 a la fecha. Sin embargo, el gobierno ha dejado de proporcionar datos actualizados sobre el número de fosas y personas desaparecidas, dificultando dimensionar la magnitud de la crisis.
La impunidad en estos casos es alarmante. Según el informe “Impunidad en Delitos de Desaparición en México 2023”, de Impunidad Cero, el país presenta un nivel de impunidad del 99 % en los delitos de desaparición de personas. Esta cifra refleja una crisis humanitaria en aumento, con 9,068 personas desaparecidas y no localizadas registradas en 2022. El 74 % de estos casos corresponde a hombres y el 26 % a mujeres.
La falta de respuesta de las autoridades ha llevado a que sean las propias familias —madres, padres, hermanos e incluso niños— quienes tomen la dolorosa tarea de buscar a sus seres queridos.
La fuerza de los colectivos de víctimas ha roto el silencio y ha puesto en evidencia que el Estado ha fallado en su deber más básico: garantizar la seguridad y el derecho a la vida de sus ciudadanos.
La voz de las personas desaparecidas sigue clamando justicia. No podemos permitir que su ausencia se diluya en la indiferencia ni que su búsqueda quede solo en manos de sus familias.
La memoria, la exigencia y la resistencia son las únicas herramientas que quedan ante una deuda que el Estado aún no ha saldado.
* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C. (@Iniciativa_pcd).
De acuerdo a los resultados oficiales habrá segunda vuelta el 13 de abril entre el presidente Daniel Noboa y Luisa González, una reedición del balotaje de hace 14 meses.
El presidente Daniel Noboa obtiene una ligera ventaja sobre su rival Luisa González en las elecciones presidenciales de Ecuador de este domingo.
De acuerdo al resultado del 66 % de las actas escrutadas, Noboa suma el 44 % de los votos, lo que no le serviría para ganar ya la presidencia. Si los datos se mantienen, el 13 de abril habrá un balotaje entre Noboa y Luisa González, que obtiene el 43 % de votos.
Ambos ya se enfrentaron en las elecciones de 2023, hace casi 15 meses, y entonces ganó Noboa para terminar el mandato de su predecesor, Guillermo Lasso, y convertirse en el presidente más joven de la historia del país.
Noboa, del partido Acción Democrática Nacional (ADN), tuvo la violencia en el país como principal reto en estos meses que ha sido como presidente.
Aplicó el estado de excepción, permitiendo la movilización de las Fuerzas Armadas en las calles y dentro de las cárceles, lo que, junto a otras medidas de seguridad, redujo las muertes violentas en un 15 % y llevó a una caída de la violencia en las prisiones y a la captura de importantes líderes criminales.
“Ecuador ya cambió y quiere seguir cambiando, quiere consolidar el triunfo. Ya no somos una promesa, nosotros somos una realidad de que este país ya decidió”, dijo Noboa en el cierre de su campaña el jueves en Quito, en el que pidió que le renueven la confianza.
Noboa, de 37 años y heredero de una fortuna empresarial, aspiraba a ganar en la primera vuelta, para lo que necesitaba más del 50 % de los votos válidos o diez puntos de ventaja sobre su rival más cercano.
Tras alcanzar altos niveles de popularidad al inicio de su mandato, la imagen de Noboa, sin embargo, se fue desinflando a lo largo de los meses.
Los resultados de su anunciado proyecto de seguridad, denominado Plan Fénix, quedaron lejos del giro radical que muchos auguraban.
“A nivel de indicadores hay algunas pequeñas mejoras, pero no ha sido un cambio significativo”, dijo a BBC Mundo antes de las elecciones el analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga.
El promedio de asesinatos diarios bajó de 22 en 2023 a 19 en 2024, según datos oficiales, una variación que muchos consideran insuficiente teniendo en cuenta la magnitud de la campaña contra el crimen, financiada en parte con una subida de 3 puntos del IVA del 12 % al 15 %.
La criminalidad repuntó, además, con fuerza en enero de 2025, el mes más violento de los últimos tres años, con 731 asesinatos, un promedio de 23.5 por día, casi uno cada hora.
Ese es el principal argumento contra Noboa de González, una protegida del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y líder del izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Para ella, el crimen se debe combatir con operaciones militares y policiales permanentes, equipamiento de la fuerza pública, sanciones a jueces y fiscales supuestamente corruptos y con un plan de gasto social en las zonas más violentas del país.
“No se puede hablar de control a la violencia sin pensar en la justicia social, en construir un Ecuador de paz, no de guerra”, dijo González en su cierre de campaña el jueves en Guayaquil.
En lo económico, Ecuador sufrió en 2024 una recesión económica atribuida, entre otros factores, a una grave crisis energética que provocó apagones en todo el país.
En el cuarto trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 1.5 % interanual, uno de los peores datos desde la pandemia.
En esta situación, el FMI (Fondo Monetario Internacional) aprobó en mayo de 2024 un préstamo de US$4.000 millones a 48 meses con un desembolso inmediato de US$1.000 millones, algo que dio un respiro al país y se interpretó como una victoria del gobierno de Noboa.
La tasa de pobreza aumentó del 26 % en diciembre de 2023 al 28 % en el mismo mes de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Como dato positivo, la inflación se mantuvo a raya en la dolarizada economía ecuatoriana: en diciembre los precios variaron un 0.5% interanual.
Lo que sí es un gran problema, no solo económico sino también político y social, es la crisis energética.
Desde el pasado septiembre, Ecuador sufrió apagones programados que, en algunos casos, superaron las 12 horas diarias, una situación atribuida a la sequía que redujo la generación hidroeléctrica, principal fuente de energía del país, y a la falta de inversión en infraestructuras en años anteriores.
Noboa anunció al final de la campaña varias políticas de último momento que parecían diseñadas para atraer la atención de los votantes, incluida la ayuda económica a los inmigrantes que regresen de Estados Unidos, aranceles a las importaciones mexicanas y un acuerdo comercial con Canadá.
