Responsabilidad de los partidos políticos en el doble rasero de las acciones afirmativas
Las acciones afirmativas en el sistema electoral mexicano fueron diseñadas para corregir desigualdades históricas y permitir la participación de grupos históricamente marginados, como personas trans, LGB cisgénero, con discapacidad e indígenas. Sin embargo, su implementación ha estado marcada por irregularidades y una carga desproporcionada de responsabilidad sobre éstas candidaturas, mientras los partidos políticos evaden su deber de garantizar procesos incluyentes y postulaciones legítimas.
La creación de estas medidas responde a la necesidad de reparar siglos de exclusión y discriminación. Históricamente, estos grupos han sido relegados de la vida política, y las acciones afirmativas pretendían ser un puente para su inclusión en espacios de toma de decisiones.
No obstante, en la práctica, la burocracia impone exigencias adicionales a quienes ya han sufrido marginalización. Así, el acceso a la representación se convierte en una barrera, agravando las desigualdades que se buscaba erradicar.
Además, la responsabilidad de garantizar estos espacios recae en las candidaturas individuales, en lugar de en los partidos políticos, que deberían comprometerse con la inclusión estructural sin sobrecargar a las personas postulantes.
Una doble vara de medición
El problema central no es la validez de las candidaturas por acciones afirmativas, sino la exigencia desigual con la que son evaluadas. A quienes aspiran mediante estas medidas se les solicita acreditar su “identidad marginada” o demostrar una trayectoria activista, mientras que las candidaturas convencionales no enfrentan este escrutinio.
Este criterio no solo es injusto, sino que también reproduce dinámicas de exclusión y revictimización. La pregunta no debería ser: ¿quién es lo suficientemente trans, indígena o con discapacidad para postularse?, sino ¿por qué los partidos no garantizan procesos transparentes y comprometidos con las diversidades?
Esta doble exigencia genera un clima de inseguridad y frustración entre las poblaciones que se pretende beneficiar. Se les exige demostrar una “autenticidad” mediante pruebas invasivas, lo que implica una sobrecarga emocional y organizativa.
Este mecanismo de validación diferencial refuerza estereotipos y estigmatiza a quienes buscan espacios políticos, debilitando la confianza en un sistema que, en teoría, promueve la igualdad, pero que al mismo tiempo legitima candidaturas fraudulentas impulsadas por los propios partidos políticos.
Fraude y simulación: el verdadero problema
Otro problema es el fraude en la aplicación de la ley. Se han documentado casos de candidaturas falsas que buscan evadir la normativa. Esto no solo desvirtúa el propósito de las acciones afirmativas, sino que también evidencia la falta de mecanismos internos de verificación y rendición de cuentas dentro de los partidos políticos.
La solución no es endurecer los requisitos para las personas candidatas, sino trasladar la responsabilidad a los partidos, que reciben financiamiento público y deben garantizar una representación genuina.
Casos de simulación, en los que personas que no pertenecen a los grupos en cuestión se postulan de manera oportunista, evidencian la vulnerabilidad del mecanismo frente a maniobras fraudulentas. Esta práctica afecta la credibilidad de las políticas de inclusión y debilita la confianza ciudadana en el proceso electoral.
Para evitar estas irregularidades, se requiere establecer controles internos más rigurosos en los partidos políticos, como auditorías y comités de vigilancia integrado por sus propias militancias, particularmente de las poblaciones a beneficiar, para verificar la autenticidad de las candidaturas.
Hacia una reforma estructural
Para lograr un cambio real, es urgente reformar la Ley General de Partidos Políticos para fortalecer su responsabilidad en la promoción de liderazgos diversos, eliminar la exigencia desigual de acreditación de identidad o trayectoria en los lineamientos de paridad y acciones afirmativas, y sancionar efectivamente el uso fraudulento de las acciones afirmativas.
También es necesario promover liderazgos políticos diversos dentro de las dirigencias nacionales, estatales y municipales, e implementar mecanismos de rendición de cuentas que aseguren una inclusión real y no solo simbólica.
Una reforma legislativa permitiría unificar criterios de evaluación para todas las candidaturas, garantizando procesos de selección igualitarios y transparentes. Esto implicaría actualizar los estatutos partidistas para que la inclusión sea una obligación medible y no un trámite burocrático.
Asimismo, se debe establecer un régimen de sanciones que disuada el uso fraudulento de estas medidas, conectando el financiamiento público con resultados concretos en materia de inclusión.
Construyendo liderazgos diversos
La formación de nuevos liderazgos requiere la creación de programas de capacitación, mentoría y redes de apoyo para fortalecer la representación de las poblaciones históricamente excluidas.
Si el objetivo es construir una democracia representativa, la inclusión no puede depender únicamente de quienes han sido marginades. Los partidos políticos deben garantizar que la política deje de ser un espacio restringido y refleje auténticamente las diversidades de la sociedad mexicana.
Una verdadera democracia se enriquece con la pluralidad de voces y experiencias. Para ello, es necesario un compromiso activo de los partidos en la apertura de espacios de participación accesibles y significativos.
La inclusión no debe ser tratada como un simple requisito administrativo, sino como un pilar esencial en la construcción de políticas públicas que atiendan las necesidades y aspiraciones de todos los sectores sociales.
Finalmente, la responsabilidad de transformar la política en un espacio diverso debe ser compartida entre el Estado, los partidos y la sociedad civil, asegurando que cada persona se sienta representada y valorada dentro del proceso democrático.
* Rebeca Garza (@Rivka_Azatl) es funcionaria electoral y transfeminista.
México es el primer socio comercial de EU y más del 80 % de sus exportaciones van al mercado estadounidense. Se cree que los efectos podrían incluso provocar una recesión.
Después de muchas amenazas, finalmente llegó el día.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó establecer aranceles generales del 25 % a México y Canadá y del 10% a China este sábado a través de una orden ejecutiva.
Un arancel universal, es decir, a todos los productos de un país, es considerado por los expertos en comercio internacional como una medida muy dura, especialmente cuando está dirigida a sus mayores socios comerciales.
Los únicos productos que quedaron sujetos a un arancel reducido del 10 % fueron las importaciones energéticas provenientes de Canadá.
“Este arancel permanecerá vigente hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los inmigrantes ilegales detengan esta invasión de nuestro país”, informó la Casa Blanca en un comunicado.
A las pocas horas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que implementará medidas arancelarias y no arancelarias, en defensa de los intereses de su país.
Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que Canadá impondrá aranceles del 25 % sobre productos estadounidenses por un valor de 155 mil millones de dólares canadienses (unos US$100.000 millones), en represalia a los introducidos por Donald Trump.
¿Cómo puede afectar a México?
En los días previos al anuncio, en México había cierto escepticismo sobre la aplicación de un arancel del 25 % sobre todos los productos.
Parecía más factible que el gobierno de Estados Unidos escogiera algunos productos específicos, en vez de imponer un arancel universal.
Pero no fue así.
“Esto va a provocar una recesión en México“, dijo Valeria Moy, directora general del Centro de Investigación en Política Pública, IMCO, en México, en diálogo con BBC Mundo.
“Suena absurdo, suena como una locura”, agregó, refiriéndose a que el mandatario estaría dispuesto a quitar los aranceles solo cuando se resuelvan los problemas de migración y drogas.
México, el principal socio comercial de EU, envía más del 80 % de sus exportaciones al mercado estadounidense.
Es por eso que un 25 % de aranceles parece ser un golpe duro para una economía que le vende a su vecino desde autos y semiconductores, hasta petróleo y aguacates.
Analistas y empresarios han advertido que un arancel universal no solo afectará las exportaciones, sino también, el crecimiento económico, el empleo, las inversiones, las remesas y el peso mexicano.
¿Cómo funcionan los aranceles? Los aranceles no son otra cosa más que un impuesto a los productos importados. Los paga el importador del país que aplica el arancel, en este caso, el importador estadounidense, cuando llega el producto extranjero a la aduana.
Como el importador tiene que pagar un precio más alto, habitualmente traspasa una parte de ese costo extra, o todo el costo adicional, a los consumidores estadounidenses.
Pero Trump sostiene exactamente lo contrario, cuando argumenta que los aranceles van a “enriquecer a los estadounidenses” porque van a generar ingresos adicionales para el gobierno y van a aumentar la capacidad manufacturera del país, creando nuevos empleos y crecimiento económico.
La mayor parte de los economistas aseguran que los aranceles afectarán a los países a los que se les impone el gravamen, pero también a Estados Unidos.
“Creo que es muy absurdo poner aranceles a tus tres mayores socios comerciales, especialmente a Canadá y México”, comentó Kimberly Clausing, investigadora senior del Instituto Peterson de Economía Internacional y profesora de Derecho y Política Tributaria en la Universidad de California, Los Ángeles.
“No solo estás dañando a los consumidores, sino también a los trabajadores y a los productores estadounidenses”, le dijo a BBC Mundo.
Los productos más golpeados
La manufactura automotriz y la electrónica ocupan los primeros lugares en las exportaciones con mayor valor comercial que hizo México a Estados Unidos en 2023, según cifras de la Secretaría de Economía de México (SE).
El monto de esas exportaciones llega a unos US$200 mil millones. Eso es casi la mitad (46 %) del valor de todo lo que vendió México a Estados Unidos.
Partes de vehículos, autos, camiones, pantallas, equipos médicos, computadores, refrigeradores, y una infinidad de bienes manufacturados que viajan constantemente hacia el país vecino, se verán profundamente afectados.
También recibirán un duro golpe el sector energético, el acero y el aluminio, los semiconductores y los productos farmacéuticos, así como las frutas y verduras, los muebles, los productos de la industria panificadora o la cerveza y el tequila.
“Las empresas y los consumidores de las tres economías sufriremos consecuencias de no revertirse esta medida”, le dijo a BBC Mundo Pedro Casas, vicepresidente y director general de la American Chamber of Commerce Mexico, AmCham.
Entre ellas, explicó, está el aumento de los costos para los productores y exportadores, la pérdida de empleo, inflación y “menor poder adquisitivo de nuestras familias”.
Un análisis de la consultora internacional Standard and Poor’s no ve un panorama muy optimista.
La aplicación de aranceles del 25 %, “empujaría a la economía mexicana a una recesión”, señaló esta semana en un informe.
Un gran desafío para México
Los aranceles ponen en juego un sistema de libre comercio de 30 años que ha construido una economía entre los tres países norteamericanos altamente integrada, con autopartes que a veces cruzan las fronteras varias veces antes del ensamblaje final.
Si cada producto que forma parte de la manufactura de un bien final es gravado con un arancel cada vez que cruza la aduana, la cadena de suministro se encarece demasiado, poniendo en riesgo el futuro de muchas fábricas a los dos lados de la frontera.
Las inversiones estadounidenses en el sector manufacturero mexicano han crecido notablemente desde el primer mandato de Trump, beneficiándose de una mano de obra más barata y del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, T-MEC, que entró en vigor en julio de 2020 y reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).
Estos aranceles, dicen los expertos, pueden poner en juego la continuidad de ese tratado mientras no se resuelvan las diferencias.
El verdadero impacto en las tres economías de América del Norte será más posible de ponderar, en la medida que avance el tiempo.
Si los aranceles se imponen durante unas semanas y luego Trump decide suspenderlos, se configura un escenario muy diferente al que se dará si persisten durante un año completo.
De todos modos, incluso aunque estuvieran vigentes por unos meses, existen empresas a los dos lados de la frontera que difícilmente podrían resistirlos.
Y, por otro lado, la suspensión de inversiones en México por temor a la incertidumbre, también podría dejar una herida bastante dolorosa.
El nuevo escenario comercial significa un desafío para el Plan México, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum con la idea de fortalecer la industria nacional y atraer inversiones en el largo plazo.
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