¿El Cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO?
El martes pasado tres medios internacionales –Propublica, Insight Crime y DW– publicaron dos reportajes y un columna, respectivamente, sobre una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la presunta aportación de entre dos y cuatro millones de dólares del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
En la investigación, basada en declaraciones de testigos protegidos, el gobierno de Estados Unidos tuvo indicios de que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña de López Obrador. A cambio, el cártel pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del procurador General de la República si este ganaba la elección.
Durante los dos años de investigación, la Fiscalía y la DEA obtuvieron testimonios de quiénes participaron de esa trama, a través de audios del Cártel de Sinaloa y del círculo cercano de López Obrador, que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero.
Por parte del Cártel de Sinaloa el principal responsable de las negociaciones fue Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leyva, y Roberto López Nájera, responsable del pago de sobornos del cártel a las autoridades gubernamentales en México.
Del lado de la campaña de López Obrador para recibir el dinero fueron Nicolás Mollinedo, conocido como Nico, entonces su chofer y colaborador más cercano, y Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del Congreso Nacional de Morena. Ha sido su operador en las campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018.
El tercer involucrado es el empresario Francisco León García, en 2006 candidato a senador por el PRD en Coahuila. En marzo de 2007 desapareció y hasta ahora se desconoce su paradero. El cuarto involucrado es el empresario Emilio Dipp Jones, quien tenía actividades económicas en Coahuila y en Acapulco, ciudad que estaba bajo el control de los Beltrán Leyva.
La investigación se recoge en el documento “Operación Polanco” elaborado por la DEA. Se afirma que todo comenzó a fines de 2005 durante una reunión celebrada en un hotel en Nuevo Vallarta, Nayarit. Ese año López Obrador presentó su renuncia a jefe de Gobierno para irse a la campaña por la presidencia de la República.
En el primer encuentro entre los representantes del Cártel de Sinaloa y de López Obrador se acordó entregar dos millones de dólares a la campaña y que López Nájera sería el contacto para hacer llegar el dinero. El segundo encuentro fue en las oficinas de Mollinedo y Soto Caballero en la colonia Polanco. El gobierno de Estados Unidos supo que en esa oficina se hizo la mayoría de las entregas de dinero en efectivo a lo largo de la campaña presidencial del 2006.
Los reportajes de Propublica y de Insight Crime especifican que la investigación no prosperó porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que no había elementos contundentes para iniciar un proceso y para no intervenir en el proceso electoral de 2012. Las preguntas pendientes tras la revelación de los dos reportajes y la columna son: ¿por qué no se sabía hasta ahora de esa investigación? ¿Qué pasó después? ¿Hubo detenidos?
La agencia está bajo escrutinio tras el letal tiroteo de una mujer en Mineápolis llamada Renee Nicole Good.
El letal tiroteo de Renee Nicole Good, de 37 años, en Mineápolis provocó protestas y aumentó el escrutinio sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El ICE ha realizado miles de arrestos desde que Trump regresó a la Casa Blanca, por lo general en espacios públicos.
Estas acciones están llevando a sus agentes con cada vez más frecuencia a comunidades de todo el país, lo que ha generado resistencia por parte de algunos residentes locales que se oponen a sus operaciones.
¿Qué es el ICE y cuándo se creó?
El ICE está liderando la implementación de la iniciativa de deportación masiva de la administración Trump, una promesa central de su campaña electoral.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha ampliado significativamente el ICE, su presupuesto y su misión.
La agencia hace cumplir las leyes de inmigración y realiza investigaciones sobre la inmigración indocumentada. También participa en la expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Esta legislación creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el ICE como una de sus agencias subsidiarias.
¿Qué facultades tienen los agentes del ICE para arrestar personas?
El ICE considera que su misión abarca tanto la seguridad pública como la seguridad nacional. Sin embargo, sus facultades son diferentes a las de un departamento de policía local promedio en Estados Unidos.
Sus agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin documentación legal.
Pueden detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto, agrede a un oficial o si el ICE sospecha que la persona está en Estados Unidos sin documentos.
A pesar de esto, según ProPublica, una agencia de noticias independiente sin ánimo de lucro, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se produjeron más de 170 incidentes en los que agentes federales retuvieron a ciudadanos estadounidenses contra su voluntad.
Estos casos incluían a estadounidenses que los agentes sospecharon eran inmigrantes indocumentados.
¿Qué facultades tiene el ICE para usar la fuerza?
Las acciones de uso de la fuerza por parte del ICE se rigen por una combinación de la Constitución de los Estados Unidos, la legislación estadounidense y las propias directrices del Departamento de Seguridad Nacional.
Según la Constitución de Estados Unidos, las fuerzas del orden “solo pueden usar fuerza letal si la persona representa un peligro grave para sí misma o para otras personas, o si ha cometido un delito violento”, declaró Chris Slobogin, director del programa de justicia penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt.
Sin embargo, históricamente la Corte Suprema de los Estados Unidos ha concedido una amplia indulgencia a los agentes que toman decisiones en el momento sin el beneficio de la retrospectiva.
Un memorando de política del DHS de 2023 establece que los agentes federales “solo pueden usar fuerza letal cuando sea necesario” cuando tengan “una creencia razonable de que la persona a la que se aplica dicha fuerza representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves” para sí misma o para otra persona.
¿Dónde opera el ICE?
Normalmente, el ICE opera dentro de Estados Unidos, con algún personal en el extranjero. Su agencia hermana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., técnicamente patrulla las fronteras estadounidenses.
Sin embargo, estas funciones se han desdibujado cada vez más, a medida que la administración Trump retiró agentes de diversas agencias federales del orden público para participar en la aplicación de la ley migratoria.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza operan cada vez más dentro de EE.UU., participando en redadas con el ICE.
El ICE y otras agencias han desplegado cientos de agentes en ciudades como Los Ángeles, Chicago y ahora Mineápolis, en colaboración con otras agencias federales del orden público.
Hasta 2.000 agentes federales se desplegarán en Mineápolis como parte de la última operación, según informó Associated Press.
¿Qué sucede con las personas detenidas por el ICE?
La magnitud de las deportaciones durante la era Trump ha sido significativa.
La administración afirmó haber deportado a 605.000 personas entre el 20 de enero y el 10 de diciembre de 2025.
También indicó que 1,9 millones de inmigrantes se habían “autodeportado voluntariamente”, tras una agresiva campaña de concienciación pública que animaba a las personas a abandonar el país por su cuenta para evitar ser arrestados o detenidos.
Un inmigrante que se encuentra con el ICE puede enfrentar diversas consecuencias.
En ocasiones, una persona es retenida temporalmente y luego liberada tras un interrogatorio. En otras circunstancias, el ICE la detiene y la traslada a un centro de detención más grande, de los cuales existen varios en todo Estados Unidos.
Aunque muchos inmigrantes continúan luchando por su estatus legal mientras están detenidos, si no lo logran podrían ser deportados.
Alrededor de 65.000 personas se encontraban detenidas por el ICE a 30 de noviembre de 2025, según datos obtenidos por el proyecto de inmigración del Transactional Records Access Clearinghouse, un compendio de datos gubernamentales de la Universidad de Syracuse.
Abogados de inmigración dijeron a la BBC que, una vez que el ICE detiene a una persona, a veces puede llevar días para que las familias o los abogados averigüen dónde se encuentra.
¿Cuáles son las críticas al ICE y qué oposición han encontrado sus agentes?
Muchas comunidades han respondido cuando el ICE y agencias asociadas, como la Patrulla Fronteriza, realizan operativos.
Ahora es común que los residentes filmen a los agentes del ICE mientras realizan arrestos. Algunos encuentros entre los agentes y el público se han tornado agresivos o violentos.
Durante operativos del ICE en Chicago, Illinois, un colectivo de organizaciones de medios de comunicación demandó a la Patrulla Fronteriza. Alegaron que los agentes usaron fuerza indebida contra periodistas, líderes religiosos y manifestantes.
Un juez federal falló a favor del grupo, antes de que un tribunal de apelaciones revocara la decisión.
El tiroteo en Mineápolis no es el primero en que una persona resulta herida por disparos durante un operativo de control migratorio.
En octubre hubo dos incidentes en Los Ángeles en los que los agentes dispararon a conductores, según informó Los Angeles Times. El DHS afirmó en ambos casos que los conductores habían amenazado a los oficiales con sus vehículos.
Los oficiales del ICE y otros agentes de inmigración han sido criticados por usar máscaras para ocultar su rostro mientras realizan sus operativos.
Funcionarios del DHS defienden esta práctica, argumentando que protege a los agentes de la divulgación de información personal o el acoso.
¿Cuál es la postura de los estadounidenses respecto al ICE y las deportaciones?
Las encuestas sugieren que los estadounidenses tienen una visión compleja de los planes de Trump para controlar la inmigración.
Poco más de la mitad cree que es necesario algún nivel de deportación, según una encuesta realizada en octubre de 2025 por el Centro de Investigación Pew, una entidad no partidista.
Esta cifra es aproximadamente la misma que Pew encontró en marzo del año anterior.
Sin embargo, la misma encuesta sugiere que a los estadounidenses les preocupan los métodos de Trump.
Se encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses (53%) creía que la administración Trump estaba yendo “demasiado lejos” para deportar a inmigrantes indocumentados. Alrededor del 36% apoyó este enfoque.
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