Como ocurre cada seis años después de una elección presidencial, en este 2025 se ha abierto la puerta para la constitución de nuevos partidos políticos en México. Se trata de un largo y complejo proceso de un año, del que deberían surgir opciones que enriquezcan las opciones de voto para la ciudadanía.
En un sistema político que transitó del partido hegemónico (el PRI gobernó desde 1929 hasta el 2000) al tripartidismo (PRI, PAN y PRD dominaron el sistema entre 1990 y 2018), el portal que se abre cada seis años ha arrojado como resultado principal la creación de partidos satélite que gravitan alrededor de las fuerzas mayoritarias.
En la etapa de la transición, el Partido Convergencia -hoy Movimiento Ciudadano (MC)-, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) lograron sobrevivir entre una pléyade de partiditos que añadían siglas a las boletas, cobraban jugosas prerrogativas, pero nunca fueron alternativas para la ciudadanía.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), el Partido Alianza Social (PAS), el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), el Partido del Centro Democrático (PCD); Democracia Social (DS), México Posible, Fuerza Ciudadana, Partido Socialdemócrata (PSD), Nueva Alianza (Panal), Partido Encuentro Social y su vertiente Partido Encuentro Solidario (PES), Partido Humanista (PH), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FxM) son las fuerzas políticas que, con más o menor éxito, vivieron y se extinguieron en los últimos 25 años.
En casi todos los casos, se trató de negocios familiares o de grupos políticos, sindicales y hasta eclesiásticos, que sólo sirvieron para enriquecer a sus dirigentes.
Después de la transición, la única fuerza política que logró insertarse con éxito en el sistema político mexicano fue el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el año 2014.
El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador debutó en las elecciones federales de 2015, y su éxito fue tal, que de inmediato desplazó al PRD (con el que competía como la opción política de la izquierda mexicana) y en sólo tres años conquistó la Presidencia de la República.
Diez años después de haber obtenido el registro, en un proceso semejante al que se ha abierto en este enero, Morena es hoy la primera fuerza política nacional.
La respuesta es sí, indudablemente. Cuando PRI y PAN se han vuelto irrelevantes políticamente, y MC sigue siendo en realidad dos partidos locales grandes (en Jalisco y Nuevo León), Morena se enfila hacia la construcción de un nuevo régimen de partido hegemónico.
Sus aliados, PVEM y PT, son dos grupos de oportunistas que sirven a Morena para disfrazar candidaturas, amplificar su votación y darle la vuelta a las reglas de sobrerrepresentación, hacer enjuagues políticos en el Congreso y poco más. Ni el Verde ni el PT, son partidos del que surjan ideas, políticas públicas, agendas relevantes o políticos presentables. Todo lo contrario, gracias a su alianza con el oficialismo hoy pueden servirse de más recursos del erario (su única finalidad).
Hoy más que nunca haría falta una alternativa política realmente nacional, inteligente, congruente con un ideario, capaz de conectar con millones de ciudadanos desencantados con Morena y también con el PRI y Acción Nacional.
Una alternativa que le diga algo a millones de jóvenes nacidos después de la alternancia del año 2000, y que cada vez pesan más en el padrón electoral.
La respuesta es no, lamentablemente. De las 18 organizaciones que hasta el momento han manifestado su intención de crear un nuevo partido ante el Instituto Nacional Electoral, destacan sólo dos, pero no por buenas, sino por lo insólito de sus postulados.
Se trata de dos organizaciones de ultraderecha, afines al sometimiento de México frente a Estados Unidos, y apoyadores del próximo presidente norteamericano, Donald Trump.
Por un lado está el Partido México Republicano, dirigido por Juan Iván Peña Neder, un controvertido personaje involucrado en polémicas cuando fue funcionario de la Secretaría de Gobernación, ligado a Elba Esther Gordillo, autodefinido como “ciudadano conservador” y promotor del “conservadurismo pronorteamericano”, cercano a movimientos neonazis y defensor de una agenda antiderechos.
El otro es Movimiento Viva México, dirigido por Eduardo Verástegui, un actor metido en política que intentó ser candidato independiente a la Presidencia en 2024 y que también defiende una agenda contraria al aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.
Entre los 18 inscritos hasta el pasado 17 de enero en el INE, figura también la agrupación Alternativa Popular, dirigida por el expriista chiapaneco César Augusto Santiago, quien no quita el dedo del renglón, a pesar de haber intentado infructuosamente candidaturas independientes y nuevos partidos en los últimos 15 años.
A partir de hoy quedarán 11 días para que las agrupaciones acudan al INE a inscribir su aviso de intención, y en ese periodo podrían aparecer “nuevos” viejos conocidos.
Uno de los que podrían reaparecer es el Partido Encuentro Social y/o Solidario, de Hugo Eric Flores, que ya obtuvo el registro en 2014, lo perdió en 2018, lo volvió a obtener en 2020 y lo perdió en 2021. Ligado a los evangélicos, el PES tiene actualmente registro local en una veintena de estados.
El extinto Fuerza por México, del líder sindical Pedro Haces, también podría regresar con nuevas siglas, aunque su dirigente real es actualmente diputado federal por Morena y mano derecha del coordinador Ricardo Monreal, en San Lázaro.
Pero quizás la inscripción más esperada es la del Frente Cívico Nacional, que encabeza el exdirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, y en la que confluyen personajes como Gustavo Madero, exlíder del PAN; Cecilia Soto, excandidata presidencial del PT; Emilio Álvarez Icaza, exsenador sin partido, y otros personajes expanistas y experredistas, como Fernando Belaunzarán y Amado Avendaño.
Además del FCN, confluyen en este proyecto la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOCEM) y México Unido (MU).
Este grupo, ya conocido como Plataforma Ciudadana, ha anunciado que estará el miércoles 22 de enero en el INE para iniciar el trámite, acompañado de ciudadanas y ciudadanos, y de sus nuevos fichajes en la estructura directiva: Edmundo Jacobo, quien durante 15 años fue secretario ejecutivo del INE; José Antonio Crespo, analista político; Guillermo Valdés, director del CISEN en el gobierno de Felipe Calderón; Rodrigo Morales, exfuncionario del IFE; la economista Adina Chelminsky, y Enrique de la Madrid, quien aspiró a la candidatura presidencial del PRI en 2024, entre otros.
Los interesados en crear nuevos partidos políticos deberán acreditar una serie de requisitos ante el INE para obtener su luz verde para ir a buscar afiliados y llevar a cabo las asambleas que se requieren para obtener el registro: pueden ser 200 distritales con al menos 300 asistentes, o 20 asambleas estatales con mínimo 3 mil personas.
El INE les habilitará una aplicación móvil para registrar a sus afiliados, que deberán representar, al menos, el 0.26 por ciento del padrón electoral; esto es, 256 mil 30 ciudadanos con credencial para votar.
Las asambleas estatales o distritales deberán llevarse a cabo durante 2025 y, antes del 25 de febrero de 2026, la organización solicitante deberá llevar a cabo su asamblea nacional constitutiva.
El INE verificará las afiliaciones, las asambleas y que los interesados cumplan con las reglas de financiamiento, fiscalización y evitar apoyos de sindicatos o iglesias, uso de recursos públicos o apoyos desde el extranjero.
En febrero de 2026 el INE estará informando qué organizaciones cumplieron los requisitos y otorgará un registro como partidos político nacional condicionado. Esto es, los nuevos partidos podrán participar en las elecciones federales intermedias de 2027, pero sólo si en esos comicios alcanzan mínimo el 3 por ciento de la votación nacional por sí solos (no pueden aliarse) estarán en la boleta en la elección presidencial de 2030.
El antecedente inmediato anterior es ilustrativo del gran interés de grupos de toda índole por crear un partido, cuántos lo logran y cuántos sobreviven: en 2019, 106 organizaciones notificaron al INE su intención de constituir un nuevo partido; 89 solicitudes fueron procedentes, pero sólo siete lograron las asambleas. De esos partidos, sólo tres obtuvieron el registro y participaron en las elecciones federales de 2021 (PES, RSP y FxM). Ninguno de los tres llegó vivo a los comicios de 2024.
En este 2025, la ruta y las reglas son claras; que de ahí surja una alternativa real… eso sí está por verse.
La juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo como presidente, coloca a la oposición en Venezuela en una situación difícil tras no haber sido capaz de concretar una transición en el poder pese a asegurar que derrotó al actual gobernante en las elecciones del 28 de julio.
La trayectoria política de la oposición venezolana es como una suerte de montaña rusa en la que cada ascenso suele estar sucedido por una bajada vertiginosa con fuertes curvas.
En esa ruta probablemente la mayor subida ocurrió durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio cuando, de acuerdo con las actas publicadas por la oposición, su candidato, Edmundo González, obtuvo casi el 70% de los votos frente al 30% de Nicolás Maduro, quien buscaba permanecer en el cargo.
Las actas de la oposición fueron convalidadas por estudios independientes y por el Centro Carter, que envió una misión de observación internacional a Venezuela.
Adicionalmente, decenas de gobiernos optaron por no legitimar la reelección de Maduro, tomando en consideración que el Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados pormenorizados de las votaciones ni permitió una auditoría internacional e independiente que permitiera verificar sus cifras.
Si las actas que avalan el triunfo de González son ciertas, la oposición obtuvo una victoria apabullante el 28J que debió haber abierto el camino para una transición política en Venezuela y que debió haberse concretado el pasado 10 de enero.
Pero eso no fue lo que ocurrió.
Ese día, Maduro se juramentó para cumplir un tercer periodo en la presidencia de Venezuela, mientras González permaneció en el extranjero donde se encuentra asilado desde septiembre de 2024 para evadir una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República, organismo afín al gobierno.
Así, las expectativas de cambio político en Venezuela terminaron de entrar en una fuerte caída que ya se había iniciado con la represión de las protestas postelectorales de la oposición -durante las cuales hubo según el gobierno más de 2.000 detenidos, incluyendo menores de edad-, que continuó con el exilio de González y que se ha visto marcada recientemente por la detención por razones políticas de 83 personas en los primeros 12 días de enero, de acuerdo con la ONG Foro Penal.
Las autoridades venezolanas no han admitido que todas estas personas se encuentren detenidas. Y, cuando lo han hecho, suelen alegar que los arrestados estaban vinculados a algún plan desestabilizador.
Ante este escenario, ¿cuáles son las opciones que le quedan a la oposición en Venezuela?
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que, según la teoría política, los procesos de transición ocurren cuando hay unos niveles de presión que hacen que para el gobierno sea muy costoso permanecer en el poder.
“Si nos vamos a lo teórico, no habrá transición política mientras los niveles de presión no hagan que el gobierno considere que resulta mejor negocio, por decirlo así, negociar su salida del poder y tratar de obtener garantías, amnistía, lo que se pueda obtener, que mantener el poder”, dice Alarcón.
“Normalmente, cuando un gobierno negocia su salida del poder es porque siente de alguna manera que no tiene las condiciones para sostener el poder y eso justamente es lo que no ha ocurrido en Venezuela”, agrega.
Ante la consulta de BBC Mundo, el experto explica que siguiendo esa perspectiva teórica, quizá la opción que le queda a la oposición sea seguir con lo que ya estaba haciendo: intentar movilizar a la población internamente para generar presión, al mismo tiempo que busca coordinar con la comunidad internacional para que genere también presión desde afuera.
Pero el camino de la teoría a la práctica no está libre de obstáculos y, en este caso concreto, durante los últimos meses muchos analistas han destacado lo difícil que puede resultar ahora para la oposición ejercer presión interna a través de grandes manifestaciones de calle como las que ha realizado en el pasado, entre otros motivos porque -sobre todo tras la represión postelectoral- hay miedo a protestar.
De hecho, durante los últimos meses son muchos los venezolanos, incluso sin ningún tipo de activismo político, que han adoptado la práctica de borrar constantemente sus mensajes en WhatsApp y redes sociales para evitar la posibilidad de que funcionarios de los cuerpos de seguridad los detengan en la calle y terminen arrestándolos tras encontrar en sus celulares algún contenido político que consideren inapropiado.
A esto se suman las detenciones de periodistas y de defensores de derechos humanos como el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.
Carmen Beatriz Fernández, analista de la consultora DatastrategIA y doctora en comunicación pública de la Universidad de Navarra, piensa que las grandes manifestaciones de calle ya no tienen tanto sentido.
“Creo que el 10 de enero marca una lógica distinta en la acción política para la oposición. Ahora necesitan cuidarse más. Empiezan a tener sentido otras cosas más pequeñas, realizadas por organizaciones menos verticales, menos visibles, a escala micro y semi-independientes, como modelo de organización de acción política”, apunta.
Colette Capriles, profesora de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, indica que probablemente en este momento la oposición atenderá, sobre todo, a la preservación de los partidos y de todos los liderazgos.
Luego de la toma de posesión de Maduro el 10 de enero, el desánimo se ha propagado en una parte de la oposición y han circulado mensajes que, en algunos casos, cuestionan incluso los esfuerzos que se hicieron de cara a las elecciones del 28 de julio.
En ese sentido, Capriles indica que ese evento fue muy importante como expresión clara de la voluntad del pueblo.
Considera que quizá a la oposición le convendría hacer recuento de una serie de activos de los que aún dispone.
“El ánimo de la gente para ir a votar y, luego, defender su voto y contribuir por un trabajo colaborativo a tener ese capital político es algo que siempre hay que considerar. Ese es el gran activo para empezar”, señala.
Capriles piensa que en Venezuela los partidos políticos y, en general, los actores políticos están nuevamente frente al dilema de reconstruir sus capacidades, sus relaciones con las bases y con los ciudadanos.
“Ahí también va a ocupar probablemente un lugar importante la capacidad de la propia sociedad civil, de los movimientos sociales”, apunta.
La experta cree que el momento actual demanda nuevas estrategias y mucho liderazgo de parte de la oposición.
“El liderazgo no es poner mensajes en redes sociales. Eso forma parte, pero creo que la gente quiere también ser escuchada y asegurarse de que todo no está perdido. Ahora hay un momento emocional, pero después viene la vida cotidiana y ahí es donde las personas se enfrentan con las cosas que les hicieron votar contra Maduro”, señala.
Explica que a la oposición le convendría entender qué fue lo que movió la gente a votar.
“La gente vota contra el estado actual de cosas, por lo que la oposición tiene la posibilidad de capitalizar el deseo de cambio, valorarlo y fortalecerlo”, indica.
Desde hace varios años, una visión predominante en la oposición venezolana es que hace falta debilitar la cohesión en torno a los actores que apoyan al gobierno de Maduro.
Ese fue un elemento clave en la política de sanciones aplicada durante el primer gobierno de Donald Trump que con su discurso de “todas las opciones están sobre la mesa” buscaba crear fisuras entre los actores que respaldan a Maduro.
“Creo que la oposición podría apostar a la cohesión de los que son mayoría, en lugar de apostar al quiebre de la coalición dominante. El trabajo es al revés. Conseguir esa cohesión que hace que la gente entienda que no es que hay un plan que nadie conoce, sino que el plan es la propia gente haciendo cosas, organizándose en su comunidad y reclamando sus derechos. Entonces, es un trabajo de otro tipo”, apunta Capriles.
Advierte que ese enfoque implica mucho esfuerzo, mucho liderazgo y una relación distinta incluso con la opinión pública, pues tal vez el trabajo no tenga que venir dado simplemente por declaraciones públicas, sino más bien de la vinculación cotidiana con la gente.
“Todo esto implica el abandono de una promesa de cambio inmediato y eso es quizás el precio más caro que la oposición tendría que pagar. Parte del entusiasmo tal vez de la gente era ver la victoria como muy cerca y ahora esto se ha alejado”, indica.
Más allá de decepcionar a quienes buscaban un cambio político en Venezuela, la juramentación de Maduro trajo consigo nuevos e inmediatos retos para la oposición, pues el gobernante venezolano anunció una reforma constitucional, así como la convocatoria a tres elecciones en 2025: alcaldes, gobernadores y Asamblea Nacional.
De esta forma, Maduro ha tomado la iniciativa política y ha puesto a la oposición en un difícil dilema.
“La intención del gobierno llamando a elecciones es generar incentivos para dividir a la oposición. Cuando tú llamas a una elección de gobernadores y de alcaldes, empieza el gran debate entre los partidos, entre los que quieren ir a la elección y los que no”, señala Benigno Alarcón.
“El problema que tienen los partidos de la oposición es que después de lo sucedido con las elecciones del 28J, la gente no tiene ningún incentivo para votar. Ir a una elección cuando ya fuiste a una, la ganaste por mucho y no se respetó el resultado, hace muy poco probable que en la próxima elección la gente salga a votar y a apoyarte”, agrega.
Carmen Beatriz Fernández, por su parte, advierte sobre la posibilidad de que en Venezuela no se sigan haciendo elecciones como las que se hicieron hasta el 28 de julio, con un sistema electoral automatizado y con muchos puntos de auditoría del proceso, vistas las irregularidades denunciadas por la oposición en los últimos comicios.
“Es probable que estas nuevas elecciones sean más parecidas a las que se hicieron para escoger jueces de paz, que fueron manuales y muy arbitrarias. No digo que la oposición tenga o no que participar. Hay que evaluar cada situación y cada convocatoria por separado”, dice.
Para Fernández, es posible que las elecciones del futuro en su país “se parezcan más al sistema cubano, donde la gente vota permanentemente pero no elige”.
Una de las fortalezas de la oposición, según Carmen Beatriz Fernández, reside en el hecho de que hasta ahora ha habido sintonía entre los venezolanos que están en el país y los que están en la diáspora.
De acuerdo con datos de la ONU, unos 7,89 millones de venezolanos emigraron en la última década.
“Una cosa que la oposición podría seguir haciendo es la integración entre la Venezuela de afuera y la Venezuela de adentro. Hay sociedades que han sufrido diásporas importantes, donde se genera una animadversión entre el país de adentro y el país de afuera. En el caso venezolano, no ha pasado así y eso favorece a la oposición, porque su lucha se consolida y se fortalece cuando trabajan unidas la Venezuela de adentro y la Venezuela de afuera como un solo país”, apunta.
Otro elemento destacable fronteras afuera es el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que ha generado una cierta incertidumbre dada la fuerza con la que el político estadounidense se implicó durante su primer mandato en la crisis política venezolana.
Abundan las especulaciones sobre si Trump buscará una negociación pragmática con Maduro o si retomará el camino de las sanciones duras.
Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en señalar que el hecho de que una parte importante de la comunidad internacional ponga en duda la legitimidad de Maduro es algo que puede ayudar a la oposición en su búsqueda de un cambio político.
Esto, no obstante, no es garantía de cambio, pues ya en 2019 unos 60 gobiernos del mundo respaldaron al opositor Juan Guaidó cuando se juramentó como presidente interino de Venezuela, mientras Maduro siguió gobernando el país.
Colette Capriles cree que el hecho de que haya una lectura internacional sobre la crisis venezolana puede ayudar a encausar el conflicto político.
“Eso pudiera ayudar a que se presione para volver a construir un espacio de negociación. Habrá que volver a construir un espacio donde pueda haber unos consensos mínimos que funcionaron en el pasado, porque eso fue lo que permitió que hubiera primarias opositoras y elecciones el 28 de julio”, afirma.
“Eso es importante destacarlo cuando dicen que la negociación no sirvió. La negociación sirvió para lo que estaba diseñada: lograr una elección que mostró inequívocamente la voluntad de cambio de la población. Más temprano que tarde será necesario algún tipo de negociación que reconozca esa voluntad de cambio y plantee una ruta para la transición política”, agrega.
La montaña rusa de la oposición venezolana prosigue su recorrido.
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