No es ningún secreto que nuestro país es rico en costumbres de todo tipo y sin importar si somos creyentes o no, las religiosas son las más fascinantes y llamativas. Aquí te presentamos algunas tradiciones de Semana Santa en México que vale la pena ver al menos una vez en la vida.
Esta tradición que sucede entre los meses de marzo y abril reúne a miles de creyentes católicos en todo nuestro territorio. Y aunque la base es la misma (conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo), hay algunos lugares que realizan acontecimientos únicos.
Ya sea que te lances de último momento o que lo planees mejor para el próximo año, aquí mencionamos algunas tradiciones y rituales que destacan en nuestro país y con los que podrás ver esta festividad con otra perspectiva.
Dicen por ahí que chilanga que se respeta ha ido al viacrucis de Iztapalapa en la CDMX. Y es que sí es “casi una experiencia religiosa” por la enorme cantidad de personas que asisten a verlo.
Este 2022 se celebra la 179 representación teatral de la Pasión de Cristo; esta se realiza en las calles de Iztapalapa y culmina en el Cerro de la Estrella. En ella participan ciento de personas de la comunidad tanto como actores y actrices, como para crear los vestuarios y todos los materiales de utilería.
Es tan importante que ha llegado a juntar a dos millones de personas y hasta se transmite en televisión nacional anualmente.
Para hacer la Pasión de Cristo las personas ensayan durante semanas y algunas hasta pasan por arduos entrenamientos. Por ejemplo, hay requisitos muy específicos para conseguir el papel de Cristo: ser oriundo de uno de los ocho barrios de Iztapalapa, medir más de 1.75 metros, tener la primera comunión, no tener tatuajes y gozar de buena salud.
Axel será quien lleve tan importante rol este 2022 y le confirmó a Cuartoscuro que tiene una rutina de entrenamiento de cuatro horas diarias. En ellas se incluye cargar mínimo unas dos horas una cruz de madera que pesa más de 80 kilogramos.
Como sabes, hay muchas celebraciones católicas que en nuestro país se mezclaron con las de culturas prehispánicas para crear algo único. Un claro ejemplo de ello es lo que se vive en Chihuahua, que es de las tradiciones de Semana Santa en México más particulares.
Esta es realizada por la comunidad rarámuri que habita en la sierra, pues la Semana Santa católica coincidió con el culto que las comunidades tenían a las deidades de la luna y el sol.
Ambas tradiciones se mezclaron y hoy en día vemos el Tewerichic, un ritual donde se realiza una danza que representa la lucha entre el bien y el mal. Esta resulta en la victoria de soldados aliados de Dios sobre los guerreros del diablo.
Y hablando de tradiciones indígenas que se combinaron con la Semana Santa, no dejes de presenciar este extraordinario ritual que se realiza cada año en el pueblo mágico Tapijulapa en Tabasco.
Se hace en honor a las deidades de la lluvia, agua, tierra y la luna y se realiza en las albercas naturales que se forman en la Cueva de las Sardinas Ciegas para pedir por cosechas, pescas y lluvias abundantes.
Al ritmo de tambores y flautas, y luego de realizar una peregrinación por la selva, los indígenas zoques danzan en círculos y con canastos en las manos pescan las sardinas.
Otra de las tradiciones de Semana Santa en México muy famosas es la Procesión del Silencio que se realiza en San Luis Potosí que se desarrolla cada Viernes Santo desde 1954.
Aquí también hay un se representa la pasión y muerte de Cristo, pero abunda la solemnidad y el misticismo. La salida es de las puertas del Templo del Carmen, donde un grupo de tambores anuncia el inicio de esta marcha y no dejan de tocar hasta el final de la celebración y destacan en medio del silencio de la procesión.
Después salen las cofradías (congregación), que suelen ser unas 30 y cada una usa un color distinto. Pero lo que llama la atención de muchas personas son los encapuchados, cuya vestimenta representa luto y humildad.
Oaxaca tiene otra de las tradiciones de Semana Santa en México únicas en el mundo: el Día de la Samaritana. Este se celebra cada cuarto viernes de Cuaresma y consiste en regalar aguas de sabores.
Esta acción hace referencia al pasaje bíblico donde Jesús le pide agua para beber a una mujer Samaritana. Dicen que esta tradición nació en el siglo XIX cuando los párrocos comenzaron a regalar a agua a las y los devotos.
Pero ahora no solo personas católicas son partícipes, pues se puede ver que regalan agua en iglesias, parques, sitios públicos y también en algunos comercios.
En Sonora, Chihuahua, Sinaloa y hasta Durango es común que cada Cuaresma salgan los llamados “fariseos”, personajes que fueron introducidos a nuestra cultura por los jesuitas en la época colonial.
Ellos tienen la encomienda de representar el mal, por lo que es común que vistan máscaras que asemejan demonios y algunas están hechas con piel de animal. Su vestimenta también se caracteriza por los cascabeles que usan en brazos, piernas y cintura.
Muchos de los fariseos son personas que guardan alguna penitencia y al final de la cuaresma se realiza la quema de las máscaras para celebrar a los hombres detrás de estas figuras y para presentar que inician un nuevo ciclo libre de pecado.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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