
Desafiando las tensiones geopolíticas, el turismo internacional aumentó un 4% en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto de la historia, con 1.520 millones de viajes internacionales, informó este martes ONU Turismo.
Según esta agencia de la ONU con sede en Madrid, los ingresos del sector registraron una progresión del 5% hasta alcanzar los 1,9 billones de dólares, con un particular dinamismo de África y Asia, y un crecimiento notable de Brasil, con un aumento del 37% de las llegadas.
“La demanda de viajes se mantuvo alta a lo largo de 2025, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas“, explicó la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnowais, en una nota de prensa.
“Esperamos que esta tendencia positiva continúe en 2026, ya que se prevé que la economía mundial se mantenga estable y que los destinos que aún están por debajo de los niveles previos a la pandemia se recuperen por completo”, añadió.
Si bien Europa siguió siendo el continente más visitado, con 793 millones de llegadas, Sudamérica registró una subida del 7% de las llegadas internacionales, con 39,2 millones, impulsado por Brasil.
Centroamérica también siguió esta tendencia positiva (13,5 millones de llegadas, +5%), respaldada por los sólidos resultados de destinos como Guyana (+24%), Guatemala (+8%), Honduras y El Salvador (+7 % cada uno).
Aunque algunas zonas del Caribe se estancaron debido al impacto del huracán Melissa en el último trimestre, México mantuvo un crecimiento del 6%.

España, segundo destino mundial después de Francia, que se acerca año a año a los 100 millones de visitantes, registró un aumento de llegadas del 7%.
El Índice de Confianza de ONU Turismo es positivo y para 2026 se espera que el turismo internacional crezca entre un 3% y un 4%.
Este crecimiento estará impulsado por la demanda de mercados emergentes y por la celebración de grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán- Cortina, en Italia, y el Mundial-2026 de futbol, que se llevará a cabo conjuntamente en Canadá, Estados Unidos y México.
Sin embargo, “la incertidumbre derivada de los riesgos geopolíticos y los conflictos actuales, las tensiones comerciales y los fenómenos climáticos podrían afectar a la confianza en los viajes”, avisó la agencia.
“Un sector tan ligado a la movilidad internacional es especialmente vulnerable a crisis sanitarias, geopolíticas o climáticas”, señaló a la AFP Rafael Pampillón, profesor de Economía en la IE Business School de Madrid.
Así, por ejemplo, en España, “el impacto del cambio climático —con olas de calor más frecuentes y un creciente estrés hídrico— obligará a adaptar los calendarios turísticos, las infraestructuras y la propia oferta, tanto en los destinos de sol y playa como en las ciudades”, añadió Pampillón.
Además, el aumento de la afluencia turística está generando tensión con los vecinos, ya que la concentración de visitantes en un número reducido de lugares provoca cada vez más problemas de congestión, pero también un aumento vertiginoso de los precios de la vivienda, porque muchos propietarios prefieren alquilar a precios elevados a los turistas.

Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
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