
En medio de las montañas de Oaxaca hay una guerra que lleva más de medio siglo latiendo en silencio. Un conflicto armado que ha marcado generaciones enteras de la comunidad Triqui, pero que para millones de personas fuera de esa región sigue siendo apenas un rumor lejano.
De ese territorio atravesado por el miedo, el desplazamiento forzado y la fractura comunitaria nace “Mujer Triqui”, el libro de Beatriz “Bety” Pérez López, publicado por Grijalbo, una obra que entrelaza memoria personal, historia colectiva y una apuesta firme por la reconciliación.
El libro no es solo la autobiografía de una mujer indígena que llegó al Congreso de la Unión; es también la radiografía de un pueblo que ha resistido décadas de violencia alentada por cacicazgos, intereses políticos y actores externos que encontraron en la división una forma de control territorial.
A través de su propia vida, Pérez López reconstruye la experiencia de miles de mujeres triquis que crecieron entre la guerra, el desarraigo y la necesidad de sobrevivir.
Originaria de San Juan Copala, en la región triqui de Oaxaca, Beatriz Pérez López pasó de una infancia comunitaria de familia y vida colectiva a una realidad donde el peligro era parte del día a día.
Su padre fue uno de los hombres que se rebelaron frente al nuevo orden impuesto en su territorio, lo que obligó a la familia a vivir separaciones, ocultamientos y riesgos constantes. Desde muy pequeña entendió que la violencia no era una noticia ajena, sino el entorno cotidiano.
La infancia, en su caso, se transformó en aprendizaje forzado de supervivencia.
Sin embargo, en medio de ese escenario también encontró redes de apoyo que marcaron su vida: las monjas del internado que la acompañaron, amistades que se volvieron familia, y sobre todo las mujeres que sostenían a la comunidad mientras los hombres se enfrentaban a la guerra.
“Una mujer lucha por todo un pueblo, porque nosotras estamos acostumbradas… es parte de nuestra raíz, es parte de nuestro origen, caminar en colectivo”, señala Pérez López, subrayando el papel esencial de las mujeres triquis, muchas veces invisibilizadas, como columna vertebral de la resistencia comunitaria.
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Uno de los ejes más potentes de Mujer triqui es desmontar la idea de que el conflicto fue simplemente una confrontación interna entre comunidades.
Pérez López señala la intervención de cacicazgos y actores externos que fomentaron divisiones para controlar territorio y recursos naturales. Esa lectura la llevó a comprender que la violencia no era un destino inevitable, sino una construcción política.
Esa conciencia se afianzó con su formación académica: estudió Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ahí comenzó a mirar el conflicto no solo desde la experiencia emocional, sino también desde la estructura legal y política que lo rodeaba. La rabia que sintió al entender la dimensión del problema se convirtió en impulso para actuar desde otros frentes.
Pero en ese proceso tomó una decisión que define el libro entero: no reproducir la violencia, sino buscar una alternativa.
“Ese tipo de cosas que fueron pasando en mi vida me hicieron entender de verdad que uno está para dos cosas, o sigues la violencia y ese camino, o haces este tema de la paz”, expresó.
Escribir Mujer Triqui implicó volver a episodios dolorosos: la separación familiar, el miedo constante, la discriminación y la violencia. No fue un proceso sencillo, pero sí profundamente transformador. La escritura funcionó como un ejercicio de memoria, pero también como catarsis y sanación.
La idea de contar su historia surgió, en parte, al recordar su paso por internados, cuando creyó que su experiencia era aislada, hasta que escuchó relatos similares de otras niñas atravesadas por la violencia.
Comprendió entonces que su historia era colectiva, que había un patrón de silencios que urgía romper. El libro, así, no solo narra lo vivido, también dignifica esas memorias y les da un lugar en la historia pública.
El camino de Pérez López no se quedó en la denuncia ni en el activismo comunitario.
Llegó a ser diputada federal entre 2018 y 2024, representando a decenas de municipios de Oaxaca. Desde el Congreso impulsó la reforma al Artículo Segundo Constitucional, que en 2024 logró el reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho en México, un paso clave en una deuda histórica del Estado con las comunidades indígenas.
Su trayectoria muestra un tránsito poco frecuente: de vivir la violencia en carne propia a trabajar por transformaciones estructurales desde las instituciones.
Mujer Triqui es una historia personal, pero también una postura política.
Insiste en la importancia de cuidar la autonomía de los territorios y de rechazar las intervenciones externas que fragmentan comunidades. Es una reflexión sobre justicia, memoria y reconciliación, y sobre el papel que pueden jugar las mujeres indígenas en la construcción de paz.
El libro deja una idea que atraviesa cada página: la paz no es olvido ni silencio, es una decisión consciente que exige memoria, organización y transformación.
Desde una región históricamente marginada, Beatriz Pérez López plantea una pregunta que rebasa a su comunidad y alcanza al país entero: qué hacemos con nuestras violencias y si somos capaces de elegir otro camino.
Porque si algo demuestra su historia es que incluso quienes crecieron en la guerra pueden convertirse en arquitectas de paz. Y que escuchar esas voces, por fin, también es una forma de empezar a sanar como sociedad.

La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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