Gloria Trevi demanda a Sergio Andrade, su exagente y productor, por presunto abuso sexual. La cantante argumenta que él fue un “verdadero depredador” que la sometió a ella y a otras chicas entre finales de los 80 y 90.
La polémica entre Trevi y Andrade ha existido desde los 90, cuando fueron acusados de pertenecer a una presunta red sexual. Te dejamos todo lo que debes saber de esta nueva demanda.
La denuncia de Gloria Trevi es una respuesta a una demanda que hicieron dos mujeres –que se mantienen anónimas– en enero del 2023 contra Trevi y Andrade en Los Ángeles.
Ellas señalan que en los 90, cuando eran menores de edad, fueron víctimas de grooming y explotación por parte de Trevi y Andrade.
Por eso, esta nueva demanda fue puesta en Estados Unidos y no en México.
Durante años, Gloria Trevi ha sostenido que ella fue una víctima más de Andrade; sin embargo, no había procedido legalmente como ahora.
En un comunicado compartido a medios especializados como Variety y Rolling Stone, la cantante explica que había decidido no proceder legalmente sobre el “horrible abuso” para evitar revivir “las horribles experiencias” y, sobre todo, “proteger a sus hijos y familia”.
La intérprete emprendió ahora esta acción legal para buscar justicia y evitar que se vuelvan a repetir los hechos violentos que denuncia:
“He decidido emprender esta acción legal para luchar por la justicia y enviar el mensaje de que no deben tolerarse actos tan atroces. Nadie debería tener que pasar por lo que yo viví, y estoy decidida a hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos”, expresa el comunicado.
En la nueva demanda de Gloria Trevi a Sergio Andrade, la cante es representada por la firma de abogados Brown Rudnick LLP.
Específicamente, quien está a cargo de su caso es Camille M. Vásquez, exabogada de Johnny Depp en el caso contra Amber Heard.
En el comunicado, Vásquez comentó: “Estamos completamente preparadas para presentar nuestro caso y buscar justicia en su nombre”.
El comunicado enviado a medios especializado, se describe toda la serie de abusos que Sergio Andrade cometió contra Gloria Trevi y otras jóvenes a finales de los 80 y 90.
Se especifica que Trevi estaba siendo “controlada, torturada mental y físicamente, y esclavizada por Andrade”, quien la consideraba su “activo más valioso”.
Igual explica que Andrade pudo hacer todo eso sin conocimiento del público y sin represalias gracias a la “posición de poder e influencia” que tenía al ser hermano de un senador mexicano.
“Esa posición le permitió atraer a muchas jóvenes a su esfera de influencia, con la esperanza de que las guiara, les sirviera de mentor y lanzara sus carreras en el mundo del espectáculo”, explica el comunicado.
“Pero una vez se veían atraídas por sus sueños de estrellato, las sometía a un control total y a un abuso sádico: mental, económico, físico y sexual. Trevi era una de esas jóvenes”, explica su abogada.
La polémica de Gloria Trevi y Sergio Andrade reviven más de 20 años después. En los 2000 fueron arrestados en Río de Janeiro por presumanete atraer a menores de edad a unared sexual que fue apodado el “clan Trevi-Andrade”.
El caso que los puso en el centro de la justicia fue una demanda de la madre de Karina Alejandra Yapor Gómez, quien acusaba a Andrade, Trevi, María Taquenel Portillo “Mary Boquitas” y Marlene Calderón de rapto, corrupción, abuso y explotación de su hija menor de edad.
Fue hasta 2002 cuandi Gloria Trevi fue extraditada de Brasil a México y estuvo detenida en Chihuahua. Salió de prisión casi cuatro años y medio despupes, en 2004, siendo absuelta de los delitos de rapto y corrupción de menores.
“Mary Boquitas” y Marlene Calderón también fueron exoneradas.
Sergio Andrade fue trasladado a México hasta 2003 y fue sentenciado a siete años y 10 meses de cárcel. En 2007 fue puesto en libertad.
EU recibe a decenas de afrikáners como refugiados tras una orden de Trump que denuncia que son perseguidos por cuestiones raciales, algo que el gobierno sudafricano niega rotundamente.
Un avión procedente de Johannesburgo con 59 sudafricanos blancos a bordo aterrizó este lunes en Washington DC.
Es el primer grupo de afrikáners que llegan a Estados Unidos como refugiados bajo un programa de reasentamiento promovido por el presidente Donald Trump, que considera a esta comunidad víctima de “discriminación racial” en Sudáfrica.
Su arribo a EE.UU. se produce tras meses de tensiones diplomáticas entre el país norteamericano y Sudáfrica.
Trump firmó en febrero una orden ejecutiva en la que denunciaba presuntas violaciones de derechos humanos contra blancos en Sudáfrica, citando expropiaciones de tierras sin compensación y asesinatos en zonas rurales.
El presidente también se ha referido a lo que describió como una “matanza a gran escala de agricultores” blancos, un argumento que ha respaldado públicamente el empresario Elon Musk, nacido en Pretoria, quien llegó a hablar incluso de un “genocidio de blancos”.
El gobierno sudafricano rechaza estas acusaciones y niega la existencia de una persecución racial contra los blancos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamoa, afirmó este lunes que “no hay persecución de sudafricanos blancos afrikáners” y aseguró que los datos policiales contradicen la narrativa impulsada desde Washington.
Los afrikáners, descendientes en su mayoría de colonos holandeses, han desempeñado un rol central en la historia del país, desde la colonización hasta el régimen del apartheid.
El programa de reasentamiento de Trump está dirigido a los afrikáners, una comunidad blanca sudafricana descendiente en su mayoría de colonos neerlandeses, franceses hugonotes y alemanes que comenzaron a instalarse en el sur de África desde 1652.
Durante siglos, los afrikáners dominaron la política y la producción agrícola del país, especialmente bajo el apartheid (1948-94), donde conformaban el grupo blanco mayoritario y puntal ideológico del régimen.
Hoy representan poco más del 5% de la población en Sudáfrica -unos 2,7 millones de personas- y la mayoría habla afrikáans como lengua materna.
Trump justifica su programa con el argumento de que los afrikáners sufren “discriminación racial” bajo las políticas del Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde el fin del apartheid en 1994.
En su orden ejecutiva de febrero, el presidente estadounidense citó específicamente la reciente ley sudafricana de expropiación sin compensación de tierras improductivas, abandonadas o adquiridas de manera fraudulenta durante el régimen segregacionista.
Aunque la norma ha sido defendida como una herramienta para corregir desigualdades históricas, tanto sectores conservadores estadounidenses -incluidos influyentes empresarios como Elon Musk y Peter Thiel- como muchos afrikáners en Sudáfrica la consideran una amenaza directa a los derechos de propiedad de los blancos.
Trump también denunció lo que describió como “una matanza a gran escala de agricultores blancos”, tesis respaldada por Musk, Thiel y otros miembros de la llamada “mafia de PayPal”, un influyente grupo de Silicon Valley que mantiene lazos con Sudáfrica.
El gobierno sudafricano niega que exista una persecución racial: el canciller Lamoa consideró infundadas las acusaciones de Washington y alegó que los informes policiales desvinculan la violencia rural de un supuesto genocidio blanco.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 44 homicidios en zonas agrícolas, de los cuales ocho fueron de granjeros.
El Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (SAIRR) concluyó que los ataques afectan tanto a trabajadores blancos como negros y suelen estar motivados por robos o conflictos laborales.
BBC Mundo habló con el analista sudafricano Ryan Cummings, director de la consultora Signal Risk, que cuestiona el fundamento jurídico y humanitario de conceder asilo a los afrikáners.
“Ciertamente no enfrentan ningún tipo de marginación colectiva por su cultura, raza o idioma”, afirma.
El experto considera que las leyes de acción afirmativa impulsadas por el ANC no son punitivas hacia los blancos, sino mecanismos para revertir la exclusión histórica de la población negra, y remarca que “los afrikáners aún se encuentran en el extremo superior de la escala socioeconómica”.
Cummings añade que la percepción de inseguridad en zonas rurales, donde se han producido ataques violentos a granjas, ha alimentado una narrativa política dentro de sectores afrikáners más conservadores.
“Se han presentado como actos de violencia étnica, como si hubiera un genocidio sistemático en curso, pero en realidad responden a dinámicas locales: granjas aisladas, guardias de seguridad deficientes, armas y dinero en efectivo almacenados en las instalaciones”, considera.
Reconoce, no obstante, que figuras como Julius Malema, líder del partido comunista Luchadores por la Libertad Económica, han alimentado esa sensación de amenaza con cánticos como Kill the Boer (“Mata al granjero”), lo que ha reforzado el temor de algunos afrikáners a un resurgimiento del nacionalismo negro en sus formas más violentas.
El gobierno sudafricano ha sido muy activo a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza, y en enero presentó un caso de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Esto causó un deterioro en las relaciones entre Sudáfrica y EE.UU., aliado de Israel.
“Trump quiere destacar ante la comunidad internacional que el mismo gobierno que lleva a Israel ante un tribunal internacional por presuntas violaciones de derechos humanos está infringiendo esos mismos derechos sobre su propia ciudadanía”, evalúa Cummings.
En marzo, la administración estadounidense expulsó al entonces embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, después de que este denunciara una “insurgencia supremacista” impulsada desde Estados Unidos.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justificó la medida calificando al diplomático como un “agitador racial” que “odia a América”.
Por su parte, el gobierno sudafricano sostiene que la narrativa promovida desde Washington es infundada y responde a intereses políticos internos en Estados Unidos.
Desde que Trump firmó la orden, más de 70.000 sudafricanos blancos expresaron interés en emigrar, según la Cámara de Comercio Sudafricana en Atlanta.
El grupo de 59 personas que aterrizó esta semana en Washington es el primero en beneficiarse del plan.
Desde Sudáfrica, el programa de reasentamiento de Trump se percibe con escepticismo o incluso con cierto sarcasmo, según el director de Signal Risk.
“Muchos sudafricanos ven a los afrikáners que se acogen al programa de Trump como personas que buscan una salida, un modo de hallar la utopía que están buscando: una sociedad donde puedan existir sin tener que compartir espacio con sudafricanos negros”, sostiene Cummings.
Según el experto, hay “muchas almas dañadas” entre los afrikáners que crecieron durante el final del apartheid.
“Sienten que no fueron cómplices, pero que se les está haciendo pagar por lo que ocurrió décadas antes de que nacieran”, indica.
Sin embargo, concluye que la mayoría de los sudafricanos está de acuerdo con la idea de una sociedad multirracial y que quienes se resisten a ello -y ahora emigran- “probablemente no estaban interesados en participar en ese proyecto desde el principio”.
Cummings incluso cree que muchos sudafricanos moderados ven con buenos ojos la emigración de ciertos afrikáners a Estados Unidos bajo la iniciativa de Trump.
Parte de la sociedad sudafricana la considera “una manera de deshacerse de personas que han sostenido una ideología racista o supremacista blanca “.
“Muchos sudafricanos sienten que Sudáfrica, como país, probablemente estará mejor sin ellos, en el sentido de que estaremos perdiendo a individuos que esencialmente no tienen interés en participar en la construcción nacional ni en vivir en un país multirracial”, sentencia.
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