Corte autoriza reanudar las corridas de toros en CDMX; desecha amparo que impedía la tauromaquia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió el futuro de las corridas de toros en la Plaza de Toros de la Ciudad de México (CDMX), suspendidas desde mayo de 2022, cuando un juez ordenó su suspensión contra los reglamentos que permiten la tauromaquia en la capital.
Este 6 de diciembre, la Segunda Sala de la Corte autorizó reanudar las corridas de toros en la CDMX luego de revocar la suspensión otorgada a una asociación civil en un juicio de amparo, que impedía la realización de espectáculos taurinos en la Monumental Plaza de Toros México.
El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que fue discutido, propuso anular la suspensión definitiva otorgada en mayo de 2022 por el juez Jonathan Bass, quien accedió a la solicitud de la asociación civil Justicia Justa para impugnar el Reglamento Taurino y la Ley para Celebración de Espectáculos Públicos en la CDMX.
Los ministros que integran la Sala estimaron incorrecto el otorgamiento de la suspensión debido a que la asociación civil “no acreditó la existencia de una afectación inminente e irreparable en su contra, que hiciera necesaria una medida cautelar en lo que se resuelve el fondo del juicio”.
Además, consideraron que la concesión de la suspensión afectaba derechos legalmente constituidos a favor de las personas que participan en las corridas de toros y que dependen económicamente de estos eventos al tratarse de una actividad legalmente reconocida como lícita.
Esto ocurre a días de que la corrida Guadalupana del 12 de diciembre, un evento importante para los “protaurinos”, y como antecedente está la prohibición de la Corte de considerar a los espectáculos taurinos y las peleas de gallos en Nayarit como un bien inmaterial cultural.
La suspensión de las corridas de toros en la CDMX
En mayo de 2022, un juez federal prohibió los espectáculos taurinos, luego de que la organización Justicia Justa llevó hasta un tribunal la denuncia contra el Reglamento Taurino y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, amparándose en que la justicia federal prohíbe el maltrato animal.
El juez Jonathan Bass aceptó a trámite la suspensión bajo el argumento de que “la sociedad está interesada en que se respete la integridad física y emocional de todos los animales”.
Sin embargo, “defensores de la tauromaquia” señalan que estos argumentos podrían extenderse a cualquier actividad que afecte a los animales, excluyendo la naturaleza de los toros de lidia, criados específicamente para las corridas, de cualquier ecosistema a preservar.
Protestan en la SCJN “protaurinos” y defensores de animales
A las afueras de la SCJN, este 6 de diciembre organizaciones “protaurinas” y defensoras de animales protestan, por un lado para que se reanuden las corridas de toros en la CDMX y por otro para que se mantenga la prohibición.
El debate es entre quienes apoyan la eliminación de la tauromaquia, un espectáculo que fomenta el sufrimiento de los animales y otro sector que argumenta que las corridas de toros son una tradición que debe mantenerse.
Cabe destacar que distintas organizaciones civiles han promovido a lo largo de los años acciones legales para que se prohíban las corridas, una tradición de 500 años en México, aunque no habían tenido éxito.
Los defensores taurinos, en tanto, reivindican la tradición y el valor económico de la industria, que en 2018 movió 343 millones de dólares, creando unos 80 mil empleos directos y 146 mil indirectos.
En México, cinco de 32 estados han prohibido los espectáculos taurinos y apenas este 5 de diciembre, un juez federal con sede en Jalisco suspendió de forma indefinida las corridas de toros en el municipio de Guadalajara, en donde opera la Plaza Nuevo Progreso.
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La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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