“Será recordada por sus omisiones”: entre críticas de oposición y protesta virtual, Rosario Piedra defiende ante el Congreso su gestión en CNDH
Rosario Piedra presentó este miércoles su cuarto informe como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante el Congreso de la Unión, en una comparecencia en la que presumió el mayor número de resoluciones y atención a víctimas por parte del organismo en años, pero que estuvo marcada por la crítica de legisladores de oposición, quienes acusaron que su gestión ha estado marcada por las omisiones y el silencio ante la crisis de derechos humanos.
En ella, Piedra Ibarra afirmó que, durante los cuatro años de su gestión, la CNDH ha “antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas”, y, haciendo referencia a la iniciativa anunciada por el presidente para desaparecer a otros organismos públicos, remarcó que esta Comisión es la única de ellos “que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano”.
“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, expresó.
La ombudsperson señaló que la actual gestión de la CNDH ha atendido a 51 mil 219 personas quejosas y 8 mil 519 han sido reconocidas como víctimas en recomendaciones emitidas, mediante labores que han combatido “las prácticas inerciales que sobrevivían de la antigua Comisión, creadas para ocultar una estrategia perversa de caracterización de los perpetradores como defensores de derechos humanos, lobos con piel de ovejas, contratados para minimizar y para ocultar las violaciones a los derechos humanos que cometía el Estado”.
Como prueba del “criterio de progresividad de derechos humanos”, la titular del organismo indicó que en 2023 se resolvieron 13 mil 1 expedientes de queja, con los que se dio solución a las problemáticas de 37 mil 961 personas agraviadas, mientras que para 2019 el número de resoluciones fue de 4 mil 246 asuntos, es decir, 48% menos.
Oposición reclamó silencio de la CNDH ante “crisis de derechos humanos”
Durante la comparecencia, legisladores de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y del Grupo Plural criticaron que la actual administración de la CNDH ha guardado silencio ante la creciente militarización de las labores de seguridad, el nuevo censo de personas desaparecidas, la violencia contra migrantes, así como los homicidios y feminicidios.
Laura Ballesteros, senadora por MC, inició su participación pidiendo al Congreso y a la titular de la CNDH “un minuto de silencio por las víctimas mortales en este país a las que se han violado sus derechos, desaparecidos, mujeres asesinadas, migrantes y la niñez que está perdiendo la vida en manos del crimen y del Estado”.
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“En un caso como el que estamos viviendo dice mucho más el silencio que las palabras, el país vive hoy una de las peores crisis de derechos humanos, no solo por el aumento de cifras en asuntos que duelen a la nación, sino porque la brújula y la misión de la CNDH está perdida. Su gestión, Rosario, se ha caracterizado por la falta de autonomía, independencia e imparcialidad como vigilante de las violaciones a derechos humanos y contrapeso como órgano autónomo”, agregó Ballesteros.
En representación del PAN, la senadora Estrella Rojas recordó que la actual ombudsperson “llegó al cargo carente de legitimidad y legalidad, lo que generó una mayor expectativa que la obligaba a legitimarse con una gestión pulcra, del lado de las víctimas, y por el contrario, desde su llegada ha habido una crisis y un lamentable encubrimiento al gobierno”.
El diputado panista Iván Arturo Rodríguez reclamó que en la actual administración del gobierno “el pueblo ha sido víctima colectiva de una visión autoritaria por parte del Ejecutivo, quien ha demostrado su desprecio por los derechos humanos”.
“Muchos hemos lamentado, sin sorpresa, que la CNDH ha sido cómplice de manera silenciosa del inepto de Palacio Nacional, en sus acciones para retroceder en la materia vemos una marcha inexorable hacia el militarismo y la CNDH no ha hecho más que guardar silencio, lo mismo con el debilitamiento del Poder Judicial”, lamentó.
La diputada Sue Ellen Bernal, del PRI, expresó que en el contexto de “violencia y violaciones de derechos humanos que padece nuestro país, es alarmante que la dependencia a su cargo solo se dedique a desestimar la crisis en la que vivimos como sociedad mexicana”.
“Su paso por la presidencia dejará una huella imborrable, será recordada, no por sus logros, pero sí por sus omisiones y escándalos, desde el dudoso proceso en el que fue electa, hasta su postura a favor de deudores alimentarios, recordaremos a la titular de la CNDH a la que no importaron las recomendaciones internacionales, que defendió la militarización de la seguridad”, señaló Bernal Bolnik.
Germán Martínez, senador de Grupo Plural, expuso que la CNDH ha incumplido con su encomieda de ser contrapeso del poder político, y demandó que el organismo atienda temas como la migración, derechos de personas con discapacidad, el asesinato de periodistas, la búsqueda de personas desaparecidas y el desplazamiento forzado, de los cuales hay “cada vez menos recomendaciones”.
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La defensa de la CNDH de Morena, PT y el PVEM
En contraste con los comentarios de los legisladores de oposición, la diputada Alma Delia Navarrete, de Morena, reconoció la labor de Rosario Piedra al frente de la CNDH, a la que calificó como “una mujer víctima, una ciudadana mexicana con toda la fortaleza para ejercer el cargo”, y se dijo convencida “de que es la persona idónea para dirigir la Comisión con compromisos y resultados incuestionables”.
Fátima Almendra, diputada del Partido Verde, se sumó a las expresiones de reconocimiento al trabajo de Piedra Ibarra, pues en su gestión “pueden verse los resultados de un cambio de paradigma que pone a las personas al centro de las prioridades. Sin lugar a dudas, la CNDH ha sido congruente con el objetivo de procurar los derechos humanos, principalmente de los sectores que más lo necesitan”.
Acerca de las críticas contra Rosario Piedra, el diputado Benjamín Torres, del PT respondió a los legisladores de oposición que “su desvergüenza es mayúscula, porque han de creer que nadie se acuerda de que sus gobiernos nos hundieron en esta crisis de derechos humanos, pero se equivocan, no se nos olvida, el pueblo tiene memoria y por eso los repudia en las urnas”.
“Seguro no se acuerdan del papel de la CNDH en el pasado, siempre tibia frente a las atrocidades de los gobiernos, fue por eso que se emprendió la reestructuración”, apuntó.
Después de escuchar a todos los legisladores enlistados para participar en la comparecencia, Rosario Piedra dijo que escuchó con atención los posicionamientos y agradeció el reconocimiento a su trabajo. Sobre las críticas, indicó que tomó nota para corregir errores, pero también invitó a los legisladores de oposición a que “lean el informe, pero también la historia de este país, porque veo que hay un enorme desconocimiento de lo que ha sucedido por décadas”.
Al concluir su intervención ante el Congreso, la titular de la CNDH pidió a los legisladores presentes dejar de utilizar a su madre, Rosario Ibarra, para criticar su gestión.
“Hago un llamado para que por favor no se utilice el nombre de mi madre, que ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver cómo los usurpadores de las demandas del pueblo de México ahora se convierten en adalides de la libertad de expresión, de los migrantes y de los ombudsperson de la CNDH que fueron represores”, expresó.
Entre críticas internacionales
La última comparecencia de la CNDH durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ocurrió el mismo día en el que México se sentó frente a más de 100 países que integran el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal 2024, en el que el país fue sometido al escrutinio internacional.
Entre los principales temas y cuestionamientos que le fueron planteados al Estado mexicano estuvieron la creciente militarización de la seguridad pública, las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, las agresiones a mujeres y a personas migrantes.
Los representantes del Estado mexicano respondieron destacando los avances en materia de seguridad, al asegurar que hubo una reducción en los índices delictivos, así como buenos resultados en políticas públicas de carácter social, como las diferentes becas destinadas a las personas más necesitadas, que habrían reducido la pobreza en el país.
“Más de 5 millones de personas dejaron la pobreza”, subrayó uno de los integrantes de la comitiva mexicana, que también hizo hincapié en que durante el actual gobierno se han realizado cambios en beneficio de la inclusión laboral de la mujer.
CNDH y Diputados censuran protestas virtuales
Desde el inicio de la comparecencia de Rosario Piedra, la transmisión de YouTube que realizó la Cámara de Diputados tuvo diversos comentarios críticos contra la titular de la CNDH, por el trato que ha tenido contra activistas como Karla Tello, Magda Soberanes y Flora Marcelo, a quienes ha demandado penalmente por protestar contra los resultados de su gestión.
Con etiquetas como #LaCNDHMiente, #LaCNDHNoMeCuida, #RenunciaRosario y #ProtestarEsUnDerechoReprimirEsUnDelito, diversos usuarios reclamaron que Rosario Piedra mantiene procesos abiertos contra mujeres que se han manifestado en su contra, con el argumento de que han realizado comentarios ofensivos dirigidos a la institución y a su persona.
El grupo ‘Libres ya’, conformado por familiares y activistas en exigencia de justicia para Karla y Magda –acusadas de despojo por la CNDH, por la toma del edificio de República de Cuba–, señaló que las acciones de protesta no pudieron realizarse en las redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos porque inhabilitaron los comentarios, por lo que las consignas fueron llevadas a las transmisiones del Congreso.
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EU recibe a decenas de afrikáners como refugiados tras una orden de Trump que denuncia que son perseguidos por cuestiones raciales, algo que el gobierno sudafricano niega rotundamente.
Un avión procedente de Johannesburgo con 59 sudafricanos blancos a bordo aterrizó este lunes en Washington DC.
Es el primer grupo de afrikáners que llegan a Estados Unidos como refugiados bajo un programa de reasentamiento promovido por el presidente Donald Trump, que considera a esta comunidad víctima de “discriminación racial” en Sudáfrica.
Su arribo a EE.UU. se produce tras meses de tensiones diplomáticas entre el país norteamericano y Sudáfrica.
Trump firmó en febrero una orden ejecutiva en la que denunciaba presuntas violaciones de derechos humanos contra blancos en Sudáfrica, citando expropiaciones de tierras sin compensación y asesinatos en zonas rurales.
El presidente también se ha referido a lo que describió como una “matanza a gran escala de agricultores” blancos, un argumento que ha respaldado públicamente el empresario Elon Musk, nacido en Pretoria, quien llegó a hablar incluso de un “genocidio de blancos”.
El gobierno sudafricano rechaza estas acusaciones y niega la existencia de una persecución racial contra los blancos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamoa, afirmó este lunes que “no hay persecución de sudafricanos blancos afrikáners” y aseguró que los datos policiales contradicen la narrativa impulsada desde Washington.
Los afrikáners, descendientes en su mayoría de colonos holandeses, han desempeñado un rol central en la historia del país, desde la colonización hasta el régimen del apartheid.
Quiénes son los afrikáners
El programa de reasentamiento de Trump está dirigido a los afrikáners, una comunidad blanca sudafricana descendiente en su mayoría de colonos neerlandeses, franceses hugonotes y alemanes que comenzaron a instalarse en el sur de África desde 1652.
Durante siglos, los afrikáners dominaron la política y la producción agrícola del país, especialmente bajo el apartheid (1948-94), donde conformaban el grupo blanco mayoritario y puntal ideológico del régimen.
Hoy representan poco más del 5% de la población en Sudáfrica -unos 2,7 millones de personas- y la mayoría habla afrikáans como lengua materna.
Trump justifica su programa con el argumento de que los afrikáners sufren “discriminación racial” bajo las políticas del Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde el fin del apartheid en 1994.
En su orden ejecutiva de febrero, el presidente estadounidense citó específicamente la reciente ley sudafricana de expropiación sin compensación de tierras improductivas, abandonadas o adquiridas de manera fraudulenta durante el régimen segregacionista.
Aunque la norma ha sido defendida como una herramienta para corregir desigualdades históricas, tanto sectores conservadores estadounidenses -incluidos influyentes empresarios como Elon Musk y Peter Thiel- como muchos afrikáners en Sudáfrica la consideran una amenaza directa a los derechos de propiedad de los blancos.
Trump también denunció lo que describió como “una matanza a gran escala de agricultores blancos”, tesis respaldada por Musk, Thiel y otros miembros de la llamada “mafia de PayPal”, un influyente grupo de Silicon Valley que mantiene lazos con Sudáfrica.
El gobierno sudafricano niega que exista una persecución racial: el canciller Lamoa consideró infundadas las acusaciones de Washington y alegó que los informes policiales desvinculan la violencia rural de un supuesto genocidio blanco.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 44 homicidios en zonas agrícolas, de los cuales ocho fueron de granjeros.
El Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (SAIRR) concluyó que los ataques afectan tanto a trabajadores blancos como negros y suelen estar motivados por robos o conflictos laborales.
¿Víctimas de racismo?
BBC Mundo habló con el analista sudafricano Ryan Cummings, director de la consultora Signal Risk, que cuestiona el fundamento jurídico y humanitario de conceder asilo a los afrikáners.
“Ciertamente no enfrentan ningún tipo de marginación colectiva por su cultura, raza o idioma”, afirma.
El experto considera que las leyes de acción afirmativa impulsadas por el ANC no son punitivas hacia los blancos, sino mecanismos para revertir la exclusión histórica de la población negra, y remarca que “los afrikáners aún se encuentran en el extremo superior de la escala socioeconómica”.
Cummings añade que la percepción de inseguridad en zonas rurales, donde se han producido ataques violentos a granjas, ha alimentado una narrativa política dentro de sectores afrikáners más conservadores.
“Se han presentado como actos de violencia étnica, como si hubiera un genocidio sistemático en curso, pero en realidad responden a dinámicas locales: granjas aisladas, guardias de seguridad deficientes, armas y dinero en efectivo almacenados en las instalaciones”, considera.
Reconoce, no obstante, que figuras como Julius Malema, líder del partido comunista Luchadores por la Libertad Económica, han alimentado esa sensación de amenaza con cánticos como Kill the Boer (“Mata al granjero”), lo que ha reforzado el temor de algunos afrikáners a un resurgimiento del nacionalismo negro en sus formas más violentas.
El conflicto geopolítico
El gobierno sudafricano ha sido muy activo a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza, y en enero presentó un caso de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Esto causó un deterioro en las relaciones entre Sudáfrica y EE.UU., aliado de Israel.
“Trump quiere destacar ante la comunidad internacional que el mismo gobierno que lleva a Israel ante un tribunal internacional por presuntas violaciones de derechos humanos está infringiendo esos mismos derechos sobre su propia ciudadanía”, evalúa Cummings.
En marzo, la administración estadounidense expulsó al entonces embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, después de que este denunciara una “insurgencia supremacista” impulsada desde Estados Unidos.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justificó la medida calificando al diplomático como un “agitador racial” que “odia a América”.
Por su parte, el gobierno sudafricano sostiene que la narrativa promovida desde Washington es infundada y responde a intereses políticos internos en Estados Unidos.
Desde que Trump firmó la orden, más de 70.000 sudafricanos blancos expresaron interés en emigrar, según la Cámara de Comercio Sudafricana en Atlanta.
El grupo de 59 personas que aterrizó esta semana en Washington es el primero en beneficiarse del plan.
Cómo se ve desde Sudáfrica
Desde Sudáfrica, el programa de reasentamiento de Trump se percibe con escepticismo o incluso con cierto sarcasmo, según el director de Signal Risk.
“Muchos sudafricanos ven a los afrikáners que se acogen al programa de Trump como personas que buscan una salida, un modo de hallar la utopía que están buscando: una sociedad donde puedan existir sin tener que compartir espacio con sudafricanos negros”, sostiene Cummings.
Según el experto, hay “muchas almas dañadas” entre los afrikáners que crecieron durante el final del apartheid.
“Sienten que no fueron cómplices, pero que se les está haciendo pagar por lo que ocurrió décadas antes de que nacieran”, indica.
Sin embargo, concluye que la mayoría de los sudafricanos está de acuerdo con la idea de una sociedad multirracial y que quienes se resisten a ello -y ahora emigran- “probablemente no estaban interesados en participar en ese proyecto desde el principio”.
Cummings incluso cree que muchos sudafricanos moderados ven con buenos ojos la emigración de ciertos afrikáners a Estados Unidos bajo la iniciativa de Trump.
Parte de la sociedad sudafricana la considera “una manera de deshacerse de personas que han sostenido una ideología racista o supremacista blanca “.
“Muchos sudafricanos sienten que Sudáfrica, como país, probablemente estará mejor sin ellos, en el sentido de que estaremos perdiendo a individuos que esencialmente no tienen interés en participar en la construcción nacional ni en vivir en un país multirracial”, sentencia.
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