Programas sociales llegan a más hogares este sexenio pero no a los más pobres, según datos del Inegi
Hacia la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los programas sociales registran un claroscuro: por un lado, tocaron un máximo histórico al llegar a más personas pero a la vez llegan menos a las poblaciones más vulnerables.
Así, 36% de los hogares en México reportó en 2022 recibir alguno de los 17 programas sociales a cargo del gobierno federal, de acuerdo con un análisis del investigador Máximo Ernesto Jaramillo-Molina con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicados el 29 de mayo pasado.
Se trata del mayor porcentaje de hogares beneficiados por un programa social en México desde 2009, año en que se tiene registro y el Inegi pregunta a través de la ENOE a los propios miembros de un hogar si reciben algún apoyo económico por esta política social.
“En general, eso es algo bueno, se cumple un poco más con el derecho de todas las personas a tener algún tipo de protección social garantizada”, considera Jaramillo-Molina en entrevista.
Los alcances de los programas sociales en otros sexenios
El sexenio pasado, de Enrique Peña Nieto, cerró un 27% y en 2018 el de López Obrador comenzó con un bache de 26% que se recuperó hasta alcanzar el 36% registrado en 2022.
En México hay alrededor de 35.2 millones de hogares, según el censo de 2020 del Inegi.
Aproximadamente unos 12.7 millones de esos hogares recibieron algún apoyo económico con un programa social del gobierno federal.
Los hogares pobres reciben menos programas sociales y en los ricos aumenta
El mayor alcance de los programas sociales es la parte luminosa de ese claroscuro, pero hay otra que preocupa a los especialistas y afecta a las poblaciones más pobres del país.
“Tenemos actualmente el máximo histórico,el alcance más alto de toda la historia de los programas sociales (…) al mismo tiempo tenemos el alcance más bajo de los programas sociales a los más pobres”, dice Jaramillo-Molina.
Los hogares más pobres recibieron menos apoyos económicos a través de programas sociales que en sexenios pasados y, paradójicamente, en los hogares más ricos aumentó la recepción de estas transferencias de recursos.
Así, con Felipe Calderón en 2012 los apoyos de programas sociales llegaban a 63% de los hogares más pobres, en 2016, ya con Peña Nieto, llegaban a 68% y en 2023, con López Obrador, llegan sólo a 54%.
Los hogares más pobres son aquellos que tienen un ingreso mensual de unos 700 pesos por persona que lo integran, viven en su mayoría en poblaciones rurales, son mujeres y en su gran mayoría hablan una lengua indígena, explica Jaramillo-Molina.
En contraste, los hogares más ricos y a los que les han llegado más los apoyos de programas sociales tienen un ingreso al menos de 30 mil pesos mensuales por persona, viven en Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, cuentan con todos los servicios, no hablan una lengua indígena.
Lee más: ¿25 o 30 millones? AMLO dio cifras distintas de beneficiarios de programas, pero esto dicen informes
La lejanía en la que viven las personas de los hogares más pobres dificulta su acceso a programas sociales, aunque instancias como el Inegi sí logran llegar hasta ellos, destaca Jaramillo.
Desaparición de programas focalizados por universales
Que los hogares más pobres en México reciban menos programas sociales en un sexenio cuyo lema es “primero los pobres” se explica por otro sello de esta administración: deshacer políticas del pasado sin calcular los daños y diseñar alternativas eficientes.
Así, la desaparición del programa Prospera es una de las explicaciones de por qué ahora los más pobres reciben menos apoyos.
Con Prospera, los recursos se destinaban a poblaciones más vulnerables o en otros términos, iba focalizado a ellos.
En cambio, este sexenio dio prioridad presupuestal a un programa universal como el de la pensión de adultos mayores.
Llaman a crear un programa focalizado y mantener pensión a adultos mayores
Ante este claroscuro en los programas sociales, son hay mayor alcance pero los más pobres reciben menos y los más ricos reciben más que antes, la alternativa es optar por diseñar un programa que atienda a esos hogares pobres de manera más focalizada.
Por ejemplo, un programa que apoye a los hogares pobres con niños y apoyar desde inicio de su vida a este segmento.
Sin embargo, eso no impica en dar pasos atrás y recortar el presupuesto y el alcance de programas universales como el de adultos mayores.
5) No nos confundamos: requerimos más política social universal como la Pensión de Adultos Mayores. Eso es bueno.
Pero PROSPERA no debería haber desaparecido, se debería haber transformado a un empiezo de ingreso básico universal para las infancias, empezando por los más pobres.
— Máximo Ernesto Jaramillo-Molina (@rojo_neon) May 29, 2023
El problema es de dónde se pueden obtener recursos para no desaparecer uno que ha sido exitoso en alvance y diseñar uno que repare el daño a los más pobres.
Desde la perspectiva de Jaramillo, la respuesta es aumentar la recaudación fiscal del país a través de una reforma que cobre más a quienes más ganan.
Sin embargo, recuerda que eso no ocurrió al inicio de este sexenio y no ocurrirá hacia la recta final, pues no es de interés cobrar más impuesto, como lo aseguró López Obrador al inicio de su periodo.
Morena propone reforma para que quien gane más, pague más impuestos
Este año, Morena presentó una iniciativa para incorporar en la Constitución el principio de “progresividad tributaria”.
Su objetivo es que quienes ganen más, paguen más impuestos.
El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que el concepto de progresividad tributaria se refiere a que las personas o empresas que tengan una mayor capacidad económica o de pago, deberían pagar un porcentaje mayor de impuestos.
“Dicho en palabras más sencillas: Que pague más quien más gana o tiene, y que reciba más quien menos gana o tiene”, señala.
Sin embargo, la iniciativa está detenida.
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Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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