Inegi formaliza la creación de un área encargada de medir la pobreza tras la extinción del Coneval
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) oficializó este viernes la creación de una nueva instancia interna encargada de la medición de la pobreza y la evaluación integral de la política de desarrollo social, luego de asumir formalmente las funciones que realizaba el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo que desapareció tras una reforma aprobada por el Congreso en junio de este año.
La publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) corresponde a la Reforma al Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante la cual se crea la Dirección General de Evaluación y Medición de Pobreza, así como dos direcciones generales adjuntas especializadas: una en evaluación integral de la política de desarrollo social y otra en medición de pobreza.
Cambios al Reglamento Interior del Inegi
De acuerdo con el documento, la reforma modifica la fracción XIII del artículo 3 del Reglamento Interior del Instituto para incorporar formalmente la nueva estructura administrativa.
En ese apartado se establece la creación de la Dirección General de Evaluación y Medición de Pobreza, integrada por la Dirección General Adjunta de Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social y la Dirección General Adjunta de Medición de Pobreza.
Con ello, el Inegi consolida en su estructura orgánica las tareas que durante años estuvieron a cargo del Coneval, organismo autónomo que fue extinguido como parte de una reforma más amplia que implicó la desaparición de diversos órganos constitucionales y reguladores.
Las nuevas atribuciones del Inegi en materia de pobreza
El nuevo Capítulo XX, “De la Dirección General de Evaluación y Medición de Pobreza”, detalla las atribuciones específicas de esta área. Entre ellas se encuentra “coordinar y supervisar la programación y los procesos de diseño, captación, actualización, organización, procesamiento, integración y compilación de información para la evaluación integral de la política de desarrollo social y medición de pobreza, así como realizar estudios e investigaciones en la materia, en los términos establecidos en la LGDS”.
También se le asigna la responsabilidad de “coordinar la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables” y de “elaborar y actualizar lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de pobreza, en los términos que establece el artículo 36 de la LGDS”.
El reglamento establece que esta Dirección General deberá “proponer a la Presidencia del Instituto los lineamientos, criterios y metodologías para la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social y medición de pobreza”, así como “definir las temáticas de la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social y coordinar los procesos de consulta con los sectores público, social y privado”.
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Además, tendrá la facultad de “requerir a las dependencias federales, entidades federativas y municipios la información necesaria para llevar a cabo las funciones de la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social”, así como de establecer acuerdos y convenios con autoridades y organizaciones nacionales e internacionales para promover la evaluación y el uso de la información derivada de la medición de pobreza.
Entre sus tareas también figura “integrar la propuesta de programa anual, así como los informes de resultados de medición de pobreza y de la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, que el Instituto está obligado a rendir en términos de lo dispuesto por la LGDS”.
Dos direcciones adjuntas especializadas
El acuerdo publicado en el DOF detalla, además, las funciones específicas de las dos direcciones generales adjuntas que integran esta nueva área.
La Dirección General Adjunta de Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social será responsable de “dirigir las actividades y procesos de planeación, programación, diseño, recopilación, actualización, organización, procesamiento, integración, armonización, compilación, validación, evaluación y análisis de información para la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social”.
Entre sus atribuciones se encuentra “realizar las propuestas de lineamientos, criterios y metodologías para la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social” y “verificar la realización de actividades y el cumplimiento de las disposiciones en materia de evaluación por parte de las instituciones evaluadoras externas”.
También deberá “dirigir la consulta y el análisis de las propuestas de los sectores público, social y privado para identificar los requerimientos de la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social”, así como “promover el uso de la información en materia de evaluación integral de la Política de Desarrollo Social por parte de las personas responsables de impulsar la Política de Desarrollo Social, contribuyendo en la construcción de evidencia para el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de la Política de Desarrollo Social, en los tres niveles de gobierno”.
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Por su parte, la Dirección General Adjunta de Medición de Pobreza tendrá a su cargo “dirigir las actividades de programación, actualización, organización, procesamiento, integración y compilación de información para medición de pobreza, en los términos establecidos en la LGDS”.
Entre sus funciones se incluye “desarrollar conceptos, definiciones, clasificaciones, nomenclaturas, abreviaturas, identificadores, directorios, símbolos y demás elementos que permitan garantizar la homogeneidad y comparación de la información para medición de pobreza”, así como “realizar la estimación y el análisis de los resultados de medición de pobreza”.
Esta área también deberá “desarrollar técnicas y metodologías para la generación de estadísticas e indicadores sobre medición de pobreza”, “dirigir estudios e investigaciones en materia de medición de pobreza” y “promover el uso de la información en materia de pobreza multidimensional por parte de las personas responsables de propiciar su goce, contribuyendo en la construcción de evidencia para el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de la Política de Desarrollo Social”.
La desaparición del Coneval
La creación de esta nueva instancia formaliza un proceso que comenzó meses atrás. El 23 de julio de 2025, el Inegi informó que había asumido las funciones que realizaba el Coneval, por lo que ahora se encargaría de medir la pobreza y evaluar la política integral en desarrollo social.
En ese momento, el Instituto aseguró que asumiría el nuevo mandato “con apego estricto a sus principios de independencia, objetividad, rigor técnico, transparencia y replicabilidad”.
En el mismo comunicado, destacó que los nuevos procesos de información que se integran al Inegi serán un insumo esencial para la toma de decisiones en las instituciones de los tres órdenes de gobierno que diseñan e implementan políticas orientadas a reducir la desigualdad, la pobreza, el rezago social y la exclusión.
El Inegi también precisó que resguardará el acervo histórico que generó el Coneval y permanecerá disponible para consulta pública, y garantizó el acceso ininterrumpido a las series de medición de pobreza como a las evaluaciones de la política de desarrollo social.
“Los informes sobre Líneas de Pobreza por Ingresos, Pobreza Multidimensional y Pobreza Laboral conservarán su periodicidad habitual. (…) Tanto la información como la metodología mantendrán los estándares técnicos vigentes y estarán disponibles en el portal electrónico del Inegi”, señaló entonces.
La extinción del Coneval fue aprobada por el Senado con 73 votos a favor y 34 en contra, como parte de una reforma que también implicó la desaparición de otros organismos, cuyas funciones serían absorbidas por distintas dependencias del gobierno federal.
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Los nuevos lineamientos de seguridad muestran el interés de Washington por frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Tanto el reciente bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela como el inusual rescate financiero a Argentina de octubre son muestras de la relevancia que América Latina tiene para Donald Trump.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región. Publicado por la Casa Blanca el 4 de diciembre, el documento plasma la visión del mundo de la actual gestión.
“Mi gobierno ha actuado con una urgencia y velocidad históricas para restaurar la fuerza estadounidense en el país y en el exterior“, dice la carta firmada por el mandatario que antecede el documento de 29 páginas.
Según los nuevos lineamientos de seguridad, Trump mira a América Latina decidido a frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Para hacerlo, propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de “América para los Americanos”, con la que EE.UU. declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente.
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dice el nuevo documento que llama a este enfoque “corolario Trump a la doctrina Monroe”.
Este enfoque se ganó el apodo de la “doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre Donald y Monroe. El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.
Entonces, ¿estamos ante una nueva doctrina de Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina? ¿Cómo hará para ampliar su influencia en el continente?
De Monroe a Trump
Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.
“Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”, dice el documento.
Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un “nuevo giro a una vieja idea”.
“Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración”, dijo Freeman a BBC Mundo.
“Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original”, agrega.
La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio “corolario Roosevelt” a esa doctrina del Siglo XIX.
En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.
En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado “corolario Trump” es bastante vago. Por eso, el analista recomienda no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.
“Trump no sigue una política exterior tan consistente como para llamarla doctrina. Tampoco hace ninguna declaración que nos ayude a entender cómo se relacionan las medidas que está tomando con sus objetivos más ambiciosos”, dice.
Intereses en la región
Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero a la vez pueden ser la clave para resolverlos.
El documento presenta a la “migración ilegal y desestabilizadora” como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región, principalmente de México.
“Es la parte del mundo que más le interesa para sus objetivos de política interna”, dice Freeman.
A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.
En ese sentido, para Bernabé Malacalza, autor del libro “Las cruzadas del siglo XXI”, que trata sobre la relación entre Estados Unidos y China, la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que Estados Unidos considera a la región como “parte de su frontera de seguridad interna”.
“América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos. Adquirió un lugar que antes no había tenido y que se explica en que la seguridad hemisférica ganó protagonismo”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.
En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (Estados Unidos primero). El documento plantea el uso de “aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”, algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.
En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales.
“Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados al nearshoring (estrategia de una empresa para transferir parte de su producción a países cercanos), porque entiende que la región es parte de la reconfiguración de las cadenas de valor”, señala Malacalza.
Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.
Según el documento, “un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.
“Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política”, resume Freeman.
Represalias y recompensas
El mastodóntico portaaviones USS Gerald Ford, en el Caribe desde noviembre, no solo presiona al gobierno de Venezuela, sino que también refleja los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos.
Según el documento, la Casa Blanca busca desplegar una “presencia (militar) más adecuada” y “despliegues específicos” para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.
Estados Unidos habilita incluso “el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”, menciona el documento.
“La fuerza es el mejor elemento disuasorio”, agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.
Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de “paz por medio de la fuerza” (Peace Through Strength), el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.
Para Malacalza, la política de seguridad hacia América Latina “no configura una arquitectura regional o hemisférica, sino que busca que los países se alineen a Estados Unidos y, en última instancia, a Trump”.
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.
“Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.
La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales “capaces de promover una estabilidad razonable en la región”, que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.
Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.
En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada “doctrina Donroe” entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.
“Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región“, sintetiza Freeman.
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