
A casi 25 años del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, la Corte Interamericana concluyó que el Estado mexicano falló en prevenir, investigar y sancionar la violencia extrema contra la joven de 17 años, así como en proteger a su madre en la búsqueda de justicia, estableciendo una nueva condena internacional contra México por feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez.
La sentencia, notificada este viernes, concluye que México incurrió en múltiples violaciones a derechos humanos en un caso marcado por la violencia de género, la impunidad y la ausencia de debida diligencia de las autoridades.

En el fallo del caso García Andrade y otros Vs. México, la Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado por la “desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade”, una joven de 17 años, madre de dos hijos y trabajadora de una maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde existía “un contexto de violencia de género y de impunidad generalizada”.
La Corte también declaró la responsabilidad internacional de México por la falta de prevención de los ataques y amenazas sufridos por Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, “impidiendo así ejercer su derecho a defender derechos humanos”.
El tribunal concluyó que el Estado violó las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a la igualdad, debido a la ausencia de una investigación diligente tanto del feminicidio como de los atentados contra la madre de la víctima.
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De acuerdo con la sentencia, Lilia Alejandra García Andrade tenía 17 años y trabajaba en una planta maquiladora. Era madre de dos hijos pequeños: Jade Tikva y José Kaleb García Andrade. El 14 de febrero de 2001 salió a trabajar, pero no regresó a su casa.
Cuando su madre acudió a denunciar su desaparición, esta “no fue tramitada con diligencia”. El 21 de febrero de 2001, el cuerpo de Lilia Alejandra fue encontrado en un terreno baldío. La Corte detalló que la causa de muerte fue “estrangulamiento manual con características de homicidio posterior a un ataque sexual”.
En su análisis, el tribunal subrayó que estos hechos ocurrieron en un contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, ya reconocido previamente por la propia Corte IDH en el caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México.
La sentencia documenta que entre 2001 y 2010 la investigación estuvo a cargo de diversas fiscalías, sin que se registraran avances significativos. El proceso estuvo marcado por “una falta de debida diligencia por parte de las autoridades” y por dudas sobre “la integridad y la exhaustividad en el análisis de la prueba”.
No fue sino hasta 2023 cuando se inició un proceso contra M.N.R. como principal sospechoso del feminicidio, ante el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, procedimiento que actualmente continúa en curso.
La Corte consideró que el Estado incumplió con su deber de debida diligencia frente a la desaparición de mujeres, por lo que era responsable por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de Lilia Alejandra García Andrade.
Además, señaló que en la búsqueda e investigación no se aplicaron medidas con enfoque de género ni se tomaron en cuenta los factores de vulnerabilidad que confluían en su caso.
En uno de los puntos más contundentes del fallo, la Corte IDH estableció que Lilia Alejandra fue víctima de tortura sexual. Aunque no se tiene certeza sobre la autoría material de los hechos, el tribunal concluyó que la ausencia de acciones diligentes de búsqueda, pese a que se conocía su desaparición en un contexto de violencia sexual contra las mujeres en Ciudad Juárez, constituyó “una actuación negligente y omisa de las autoridades”.
Esa omisión, determinó la Corte, “constituyó un acto de tolerancia frente a los actos de tortura, de violencia sexual que finalmente sufrió”, lo que permite atribuir responsabilidad al Estado mexicano.
La sentencia dedica un apartado específico a la situación de Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, quien tras el feminicidio de su hija se hizo cargo de sus dos nietos y asumió un papel activo en la búsqueda de justicia. La Corte tuvo por acreditado que los atentados sufridos en su contra fueron ataques dirigidos a una defensora de derechos humanos.
El tribunal reiteró su jurisprudencia sobre el derecho autónomo a defender derechos humanos y la obligación de los Estados de prevenir e investigar los atentados contra quienes realizan esta labor. También destacó la necesidad de reconocer y garantizar el trabajo de las madres de víctimas de feminicidio, “quienes se convierten en activistas frente a la inacción estatal”.
La Corte también analizó las afectaciones sufridas por los familiares de Lilia Alejandra, subrayando el impacto del feminicidio en tres generaciones de una misma familia. En particular, destacó la carga que recayó sobre la madre de la víctima, quien asumió simultáneamente el cuidado de sus nietos y la búsqueda de la verdad ante la ineficiencia de las autoridades.
El fallo concluyó que se violaron no solo los derechos de la niñez de los hijos de Lilia Alejandra, sino también el derecho a la protección de la familia y los derechos de circulación y residencia de sus familiares. Además, la Corte determinó que el Estado violó el derecho a conocer la verdad, reconocido en los artículos 8.1, 13.1 y 25.1 de la Convención Americana.
Durante el proceso, el Estado mexicano realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad por su falta al deber de prevención en relación con las violaciones a diversos derechos de Lilia Alejandra, así como por la ausencia de estructuras especializadas para garantizar mecanismos judiciales efectivos.
No obstante, la Corte IDH fue más allá y ordenó una serie de reparaciones, entre ellas continuar con las investigaciones de los hechos, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de disculpas públicas, llevar a cabo diagnósticos normativos e institucionales para una política integral contra la violencia de género y las desapariciones, mejorar la implementación y armonización del Protocolo Alba, y adoptar medidas de protección para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como para las madres de víctimas.

La violencia digital está aumentando y millones de mujeres y niñas sufren abusos en línea cada año, lo que las está alejando de internet.
La violencia digital es una de las formas de abuso que más se está incrementando y está alejando a las mujeres de internet. Desde el acoso y el troleo hasta las deepfakes y el doxing, millones de mujeres y niñas sufren hostigamiento virtual cada año.
Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías digitales, alrededor de seis mil millones de personas utilizan internet en todo el mundo, y 280 millones más hombres que mujeres estuvieron conectados este año.
Las mujeres, las niñas y las personas no conformes con su género tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia y sufrir consecuencias más graves y duraderas debido a su género, según la ONU.
Estudios en todo el mundo muestran que hasta el 58 % de las mujeres y niñas han sido víctimas de violencia en línea, según la organización de la ONU para las Mujeres.
El troleo consiste en publicar mensajes intencionalmente provocativos u ofensivos en línea para molestar a alguien, provocar una reacción o causar problemas.
Según el Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH), una ONG británico-estadounidense que busca frenar la propagación del discurso de odio y la desinformación en internet, existen dos tipos principales de troles:
Existen muchas razones por las que las personas pueden trolear en línea, y la diferencia varía de un trol a otro.
Los troles suelen disfrutar molestando a quienes atacan, por lo que si su víctima responde, esto solo los anima a continuar.
El troleo puede causar altos niveles de ansiedad y baja autoestima en la víctima.
El doxing se refiere a la divulgación de información privada sobre personas en internet, generalmente con malas intenciones.
Puede tener consecuencias en la vida real, como acoso, amenazas e incluso violencia física.
En 2021, J.K. Rowling, autora de Harry Potter, declaró haber sido víctima de doxing después de que una fotografía tomada fuera de su casa, que revelaba su dirección, circulara en línea.
Sin embargo, la policía declaró que no se tomarían medidas contra los activistas que la señalaron.
Desde abril de 2022, Facebook e Instagram (propiedad de Meta) prohíben compartir la dirección particular de una persona, incluso si aparece en registros públicos o noticias.
Los usuarios pueden seguir compartiendo su propia dirección, pero otros no pueden compartirla.
Este cambio se realizó siguiendo las recomendaciones de la Junta de Supervisión de Meta para fortalecer la protección de la privacidad y reducir los riesgos del doxing.
Los deepfakes son videos, imágenes o clips de audio creados con inteligencia artificial para que parezcan reales.
Pueden usarse para diversión o incluso para investigación científica, pero a veces se emplean para suplantar la identidad de políticos o líderes mundiales con el fin de engañar deliberadamente al público.
También se utilizan cada vez más para crear videos o imágenes pornográficas de famosos o de gente común.
Una encuesta reciente de la policía en Reino Unido reveló que “una de cada cuatro personas considera que no hay nada de malo en crear y compartir deepfakes sexuales, o se siente neutral al respecto, incluso cuando la persona representada no ha dado su consentimiento”.
Compartir o amenazar con compartir imágenes íntimas sin consentimiento es un delito penal en Reino Unido, que ahora se incluye en la Ley de Seguridad en Línea de 2023. Esto abarca las imágenes fabricadas o manipuladas, incluidas los deepfakes.
Muchos otros países, como Australia e Irlanda, cuentan con leyes similares para proteger a las personas del abuso con imágenes íntimas.
Los niños y jóvenes pueden ser objetivos de manipulación y grooming en línea.
Los agresores pueden usar plataformas en internet para establecer una relación de confianza con el menor y abusar de él.
Este abuso puede ocurrir en línea o el agresor puede concertar una cita con el niño o niña en persona con la intención de abusar de ellos.
El abuso también puede ocurrir cuando otros graban, suben o comparten contenido dañino en línea.
Ya sea que el abuso ocurra en internet o fuera de éste, puede tener un impacto duradero en el bienestar general del niño, provocando ansiedad, autolesiones, trastornos alimenticios, pensamientos suicidas o incluso suicidio.
El ciberacoso, o acoso en línea, se produce cuando alguien se enfrenta a un comportamiento acosador en redes sociales, aplicaciones de mensajería, juegos en línea y otros lugares de internet.
El acoso puede ocurrir tanto en línea como fuera de ella al mismo tiempo, y en ocasiones la persona que lo realiza es conocida de la víctima.
También es común sufrir acoso por parte de personas que no conoces en persona, pero que conoces de comunidades en línea, juegos o redes sociales. El abusador también puede ser anónimo.
Estos son algunos consejos para reducir el riesgo de ser víctima de abuso en línea, según la ONU.
Para prevenir eficazmente la violencia en línea facilitada por la tecnología, es fundamental comprender su especificidad y su impacto en las mujeres y las niñas, afirma la ONU.
Un estudio de ONU Mujeres de 2021 en la región de los Estados árabes reveló que el 60% de las mujeres usuarias de internet habían estado expuestas a violencia en línea ese año.
Un estudio europeo reveló que las mujeres tienen 27 veces más probabilidades de sufrir acoso en línea que los hombres, y otro análisis reveló que el 92% de las mujeres reportaron que la violencia en línea afecta negativamente su bienestar.
Las mujeres en la vida pública, como políticas, periodistas y defensoras de los derechos humanos, son especialmente blanco de ataques, y los riesgos son aún mayores para las mujeres negras, las personas LGBTQI+ y las mujeres con discapacidad, según la ONU.
La organización lanzó hasta el 10 de diciembre una campaña para erradicar la violencia digital contra todas las mujeres y niñas.
La campaña insta a los gobiernos a proteger la información personal y a penalizar la violencia digital, y pide a las grandes empresas tecnológicas eliminar el contenido dañino.
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