En México, una persona llega a saber que la policía lee los derechos que un detenido tiene… pero sólo cuando mira una película hollywoodense.

Ahora, el gobierno federal busca llevar lo que es ficción para muchos a la realidad de México, un país que en los últimos años ha enfrentado críticas sobre los procedimientos para aprehender a sospechosos.

“Inocente hasta que se demuestre lo contrario”

La cartilla contiene nueve apartados que deberán ser leídos, entre ellos que el detenido es considerado inocente, hasta que se le demuestre lo contrario; que tiene derecho a declarar o guardar silencio; a un defensor, a un traductor o intérprete, y a ser entregado sin demora ante la autoridad competente y en caso de ser extranjero a notificar al consulado de su país.

El anuncio ocurre dos días después de que la Suprema Corte revocara una sentencia por secuestro contra la francesa Florence Cassez y ordenara su libertad inmediata, tras encontrar violaciones a sus derechos, entre ellos no haber sido puesta a disposición inmediata de la autoridad ni haber notificado con prontitud al consulado de su país.

Cassez fue detenida en diciembre de 2005 por agentes federales junto con un mexicano acusado de encabezar una banda de secuestradores, mientras la televisión mexicana cubría lo que decían era una operación en vivo.

Aunque el funcionario no lo mencionó, para algunos la medida anunciada el viernes es consecuencia del resultado del caso de la francesa.

Miguel Sarre, profesor y experto en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, dijo a The Associated Press que el gobierno reconoce con esta medida “que hay un problema, que hay necesidad de cuidar esos momentos de la detención”.

Sin embargo, Sarre, dijo que esto también se deriva de un nuevo sistema de justicia aprobado en 2008, que entre otras cosas plantea el reconocer en todo momento la presunción de inocencia de las personas y transitar de juicios a puerta cerrada a otros orales.

Algunos de los 31 estados del país han comenzado a implementar el nuevo sistema, aunque se estableció 2016 como el plazo para ponerlo completamente en práctica.

Sánchez dijo que el gobierno federal busca acelerar la implementación del nuevo sistema de justicia penal que, dijo, contribuirá “a que las fallas de procedimiento no sean un obstáculo para que el Poder Judicial determine la culpabilidad o inocencia de una persona”.

El funcionario, quien no aceptó preguntas de la prensa, no dijo si habrá consecuencias jurídicas en caso de que los policías federales no lean los derechos a un detenido.

Sanciones

En una respuesta posterior a una solicitud de la AP, el área de prensa de Gobernación señaló que en caso de incumplirse la lectura de los derechos, un policía podría hacerse acreedor a alguna amonestación o incluso inhabilitación temporal, mientras que la persona imputada podría promover un amparo contra la detención.

No obstante, la dependencia aseguró que eso no invalidaría el proceso judicial en su conjunto, por lo que una persona que pudiera conseguir un amparo contra la detención, aún debería enfrentar en libertad un juicio por los delitos que se le imputen.

En lo que es una situación común en Estados Unidos, por ejemplo, en México la lectura de derechos a detenidos es conocida a través de medios como películas de Hollywood.

Conocidos como los derechos Miranda, en Estados Unidos son leídos desde la década de 1960 a los detenidos.

AP